Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138219
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.219, "Enríquez, Cintia Gabriela y Luna, Gustavo Daniel s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 113.557 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 10 de mayo de 2022, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial de Cintia Gabriela Enríquez y Gustavo Daniel Luna, contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Zárate-Campana que, en el marco de un proceso de juicio abreviado, condenó a los nombrados a la pena de 4 años y 1 mes de prisión, multa de 45 unidades fijas, accesorias legales y costas, por resultar autores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (arts. 40, 41 y 45, Cód. Penal y 5 inc. "c", ley 23.737).
Contra ese fallo, el señor defensor oficial del Departamento Judicial de Zárate-Campana, doctor Francisco Morell Otamendi, interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación digital). La sala recurrida declaró inadmisible el recurso extraordinario de nulidad y parcialmente admisible el de inaplicabilidad de ley, solo "...en torno de la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva, vinculada con la interpretación que el recurrente realiza con respecto de la pena de multa aplicada [...] en virtud del art. 5 inc. 'c' de la ley 23.737, al cual considera inconstitucional" (resol. digital de 10-XI-2022). Tal decisión fue cuestionada por la parte mediante queja, que tramitó ante esta Corte como causa P. 137.990-Q y fue rechazada (v. resol. digital de 24-V-2023).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 20-X-2023), dictada la providencia de autos el 25 de octubre de 2023 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. Dado el alcance de la admisibilidad mencionada en los antecedentes, solo corresponde analizar el planteo federal por el cual fue admitido el recurso extraordinario en trato, conforme resolución citada -especialmente, punto 2."a" párrafo quinto-, por lo que con esos lindes serán reseñados y abordados los agravios vinculados con la tacha de inconstitucionalidad de la pena de multa.
I.2. El señor defensor oficial se queja de la desestimación del planteo de inconstitucionalidad que formuló respecto a la pena de multa de 45 unidades fijas impuesta en el caso.
En ese andarivel, alude al art. 21 del Código Penal, que prescribe que dentro de las pautas a tener en cuenta para la fijación de las penas de multa se debe considerar la situación económica del penado, siendo que esta sanción "...debe ser graduada y proporcional, dado que deriva de la comisión del delito y no del daño o perjuicio ocasionado".
Apunta que se encuentra acreditado que tanto Luna como Enríquez transitaban al momento de su detención por una precaria situación socioeconómica, que persiste en la actualidad.
Asevera que una multa de la magnitud de la fijada viola los principios de proporcionalidad, racionalidad, culpabilidad, y resulta de imposible cumplimiento, al desconocer la situación económica de los imputados como una de las variables que debe ser tenida en consideración al dosificarla.
Agrega: "No quedan dudas de que la actualización de los montos de la multa prevista en la ley 23.737 ha sido pensada para otra entidad de delitos y de imputados" y que, en la situación juzgada "...surge con claridad manifiesta que la misma resulta irracional". Recuerda que el padecimiento de la pena no puede implicar la imposición de condiciones de imposible cumplimiento, debiéndose garantizar que el condenado podrá cumplir con la pena, en virtud del principio de reinserción social consagrado en el art. 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Denuncia fundamentación aparente de la sentencia, al no haber dado debida respuesta a los planteos formulados por la defensa en el recurso de casación.
Por todo lo expuesto, solicita que se declare la inconstitucionalidad del excesivo monto de la pena de multa prevista por el art. 5 de la ley 23.737.
II. La Procuración General aconsejó rechazar el recurso extraordinario (v. dictamen digital).
III. Coincido con su opinión. Entiendo que el recurso es insuficiente para revertir lo resuelto (conf. art. 495, CPP).
IV. El órgano revisor rechazó el agravio referido a la inconstitucionalidad que se predicó de la pena de multa contemplada por el art. 5 inc. "c" de la ley 23.737 y, frente a ello, la parte se limitó a reeditar textualmente la mayor parte del planteo sin hacerse cargo en lo más mínimo de ese contenido decisorio. Veamos.
IV.1. El señor fiscal de la instancia, los imputados y su defensa arribaron a un acuerdo de juicio abreviado, que fue admitido por el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Zárate-Campana, con integración unipersonal. En consecuencia, se condenó a Cintia Gabriela Enríquez y Gustavo Daniel Luna a la pena de 4 años y 1 mes de prisión, multa de 45 unidades fijas, accesorias legales y costas del proceso como autores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
IV.2. Al presentar el recurso de casación contra el fallo de condena, la defensa oficial se agravió -en lo que importa destacar para la solución del caso-, de la pena de multa por considerarla inconstitucional en el caso concreto. Argumentó que para la fijación de dichas penas debe meritarse la situación económica del penado (art. 21, Cód. Penal). Afirmó que la imposición de una multa tan elevada lesiona la racionalidad y proporcionalidad que debe regir en materia de punición, y que tal desproporción -de ser confirmada- se vería reflejada en un incremento de la pena a cumplir (conf. art. 21 cit.), incurriéndose en inequidad. Finalmente, propuso de manera subsidiaria que se aplicase la solución ideada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia nacional, en cuanto ofrece como alternativa una conversión favorable a la persona imputada, pues con cada día de prisión "extra" podría satisfacer un monto de $13.500 de multa impaga.
IV.3. La Sala V del Tribunal de Casación estimó que no se había demostrado la configuración de una colisión normativa que justificase la solución peticionada, ya que "...no ha sido puesto en evidencia que la pena de multa impuesta a los encausados, en el marco de su escala legal (art. 5 inc. c, ley 23.737), sea desproporcionada o irracional, desde la óptica constitucional postulada por la defensa, con relación a la naturaleza de la conducta típica atribuida en la norma aplicada y que le da origen".
Destacó que la conducta juzgada, como casi todas -sino todas- las reprimidas en el art. 5 de la ley 23.737, están acompañadas de una finalidad lucrativa derivada del comercio de la sustancia prohibida, y que de ella se sigue que válidamente se prevea una sanción pecuniaria complementaria como respuesta punitiva.
Dijo que no basta con señalar que el monto de la multa resultaría excesivo, desproporcionado o que superaría la capacidad económica del imputado, deviniendo de imposible cumplimiento, "...si ello no es relacionado con el caso en concreto, deficiencia que no queda subsanada con la mera referencia a que el imputado carecería de dinero para afrontar la multa, sin que se concrete, por ejemplo, cuál sería su realidad patrimonial y financiera, pues de esa forma la impugnación ha quedado inhabilitada para ingresar al procedimiento de excepción, como lo es la no aplicación de la pena cuestionada".
Añadió que tampoco quedó evidenciado que el monto excediera la capacidad económica o financiera de los obligados, por falta de exposición de datos que ilustrasen suficientemente a fin de demostrar la afectación constitucional denunciada. Explicó que no hay sumas dinerarias que en sí mismas puedan ser consideradas confiscatorias sino en relación a una situación patrimonial y financiera, particular y concreta.
En orden al planteo por el cual se afirmó que la pena de multa impuesta implicaría una prisión por deudas prohibida constitucionalmente, entendió que "...son prematuras las elucubraciones que podrían ensayarse en torno a las eventuales proyecciones agravatorias que traería aparejado su incumplimiento, pues se trata de aspectos que se vinculan con situaciones que en el caso sometido a examen aún no vienen dadas (imposibilidad de afrontarla, transformación de la multa en prisión) y que conciernen, y serán materia de eventual análisis, en la etapa ejecutiva de la condena".
De esa manera, verificó que la defensa no poseía agravio actual, con lo que devenía precoz la consideración del planteo referido a la incompatibilidad constitucional del sistema de conversión de la pena de multa impaga en días de prisión prevista en el art. 21 del Código Penal.
Concluyó que estas cuestiones resultaban hipotéticas, por lo que no alcanzaban a demostrar -de momento- la afectación constitucional denunciada.
En definitiva, descartó el pedido de la defensa sobre la posibilidad de excepcionar, sin más, la previsión legal relativa a la multa y su monto -reduciéndola por debajo del mínimo legal (aplicado en el caso)- pues "...los topes punitivos legislativamente impuestos resultan, en principio, vinculantes para los magistrados, y en el caso, [...], la parte no ha demostrado la concurrencia de ninguna circunstancia que permit[a] excepcionar dicha regla".
V. Como adelanté, el recurso no prospera.
Las alegaciones de la defensa resultan inidóneas para evidenciar que la sentencia recurrida padezca del vicio de fundamentación aparente que le atribuye.
Se advierte que el juzgador intermedio expresó los motivos y los elementos que tuvo en cuenta para convalidar la pena de multa impuesta, brindando las razones por las que descartó que fuese desproporcionada o irracional, desde la óptica constitucional postulada.
Para ello, hizo hincapié en que la conducta juzgada está acompañada de una finalidad lucrativa -derivada del comercio de la sustancia prohibida- que justifica una sanción pecuniaria complementaria como respuesta punitiva. Además, destacó que el reclamo de la defensa era puramente dogmático, habida cuenta de que no fueron mencionadas en el recurso circunstancias particulares de los hechos o sus autores que habilitaran la solución pretendida. Y, en tal sentido, dijo que no resultaba suficiente aducir que la multa era "excesiva" o que superaba la capacidad económica de los obligados tornándose de "imposible cumplimiento", sin alegar sobre su realidad patrimonial y financiera.
Las críticas de la defensa, en rigor, pretenden apuntalar su propia opinión discordante con la del sentenciante, sin demostrar que se haya incurrido en vicio lógico alguno o en una arbitraria valoración capaz de conmover lo resuelto. De este modo, no se aprecia un déficit insalvable en la tarea revisora llevada a cabo por el tribunal intermedio (doctr. art. 495, CPP).
Cabe destacar que es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no son aptos para abrir la instancia extraordinaria los agravios que reiteran dogmáticamente los reclamos ya vertidos sin plantear una crítica razonada de todos y cada uno de los argumentos dados para desecharlos (Fallos: 312:389; 314:481; SCBA causa P. 128.079, sent. de 13-XII-2017; e.o.).
Por lo que la afirmación de la defensa en torno a que, en dicho escrutinio, la Casación incurrió en el vicio de fundamentación aparente por no dar debida respuesta a los planteos de la defensa, resulta huérfana de todo sustento argumental, y, por tanto, indemostrada.
Finalmente, las genéricas y reiteradas consideraciones del impugnante dan cuenta de que el planteo de inconstitucionalidad no procede y debe ser rechazado por insuficiente (doctr. art. 495, cit.). Es doctrina de esta Suprema Corte que la declaración de inconstitucionalidad de las leyes solo tiene cabida como último recurso del orden jurídico, de allí que para su procedencia se requiere que el interesado demuestre acabadamente de qué manera la norma cuestionada contraría la Constitución causándole de ese modo un agravio. Así, para que pueda ser atendido un planteo de tal índole, debe tener un sólido desarrollo argumental que no exhibe el presente (conf. causas P. 82.601, sent. de 1-VI-2005; P. 105.301, sent. de 9-VI-2010; P. 119.505, sent. de 21-IX-2016; P. 131.690, sent. de 23-X-2019; e.o.).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/05/2024 17:48:02 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/05/2024 20:03:11 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/05/2024 09:55:14 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/05/2024 23:26:08 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/05/2024 09:12:05 - OCAMPO Gabriela Amalia Noemi - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 15/05/2024 11:20:25 hs. bajo el número RS-101-2024 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia