Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138264
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.264, "D'Gregorio, María Laura, Fiscal titular interina ante el Tribunal de Casación Penal s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 114.454 del Tribunal de Casación Penal, Sala II seguida a Insaurralde, Cristian Omar y Valles, Víctor Marcelo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Torres, Kogan.
La Sala II del Tribunal de Casación Penal rechazó los recursos de la especialidad presentados por la señora agente fiscal del Departamento Judicial de Quilmes y la representante del particular damnificado -doctora M. Camila Gerini- contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 departamental que, el 24 de septiembre de 2021, absolvió a Cristian Omar Insaurralde y a Víctor Marcelo Valles, en orden al delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la condición de funcionario policial y por su comisión en ocasión de sus funciones (art. 119, segundo y cuarto párrafos, inc. "e", Cód. Penal), el primero en carácter de autor y el segundo en condición de cómplice primario, según fuera requerido por la acusación (v. sent. de fecha 15-VII-2022).
Contra ese pronunciamiento, la señora fiscal titular ante el Tribunal de Casación Penal, interinamente a cargo, doctora María Laura D'Gregorio, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue admitido por la Sala de mención (v. resol. digital de 7-II-2023).
Oído el señor Procurador General -dictamen del 25 de agosto de 2023-, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la representante del Ministerio Público Fiscal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. La acusación sostiene que el domingo 12 de junio de 2016, en horas de la madrugada, en el interior de la Comisaría Quinta, sita en Avenida Mosconi esquina Jujuy, de Quilmes Oeste, los imputados Víctor Valles y Cristian Omar Insaurralde, abusaron sexualmente -del por entonces menor de edad- G.A.F., quien contaba con solo diecisiete años al momento del hecho, introduciéndole Insaurralde un objeto no determinado vía anal, mientras Valles lo sostenía por las esposas que F. tenía colocadas, constituyendo dicho accionar un sometimiento sexual gravemente ultrajante (cuando la víctima se encontraba aprehendida por haber sido hallada por personal policial de esa seccional en una sociedad de fomento donde estaba consumiendo bebida alcohólica y bajo el efecto de consumo de estupefacientes, tras una alerta por un hecho de tentativa de robo).
El señor fiscal le atribuyó al nombrado Insaurralde el carácter de autor y, a Valles, el de partícipe primario, ambos del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, por pertenecer los autores a las fuerzas policiales y por ser cometido en ocasión de sus funciones, a tenor de las previsiones de los arts. 45 y 119 segundo párrafo, en función del cuarto párrafo inc. "e" del Código Penal.
La representante del particular damnificado adhirió a los lineamientos de la acusación pública.
Por su lado, la defensa, más allá de la absolución reclamada respecto de sus asistidos, señaló que dicha parte no dudaba acerca de "que F. haya sido abusado, porque así lo ha demostrado la pericia médica, pero ello no ocurrió en la seccional policial...".
Como consecuencia de este reconocimiento, el presidente del tribunal aclaró que "... al no estar controvertidos todos los hechos de la acusación, los interrogatorios deb[ía]n ceñirse al suceso de controversia " (el destacado me pertenece).
I.2. A tenor de los elementos de prueba incorporados por lectura al debate (art. 366, último párrafo y párrafos cuarto y sexto, CPP; v. fs. 851/852), junto con las declaraciones de los testigos propuestos por las partes, la del propio damnificado G.A.F. y del coimputado Víctor Marcelo Adrián Valles, el tribunal del juicio sostuvo que no era posible afirmar que el abuso haya ocurrido ni en el lugar, ni en la ocasión, ni del modo descriptos por la víctima. Tampoco que los imputados hubieran cometido el denunciado abuso sexual.
Para así decidir, se refirió a las declaraciones de E. A. A., presidente de la sociedad de fomento donde había sido aprehendido el joven, quien dio detalles sobre esa circunstancia; que mientras estuvo en la comisaría pasó un tiempo en la guardia, a unos ocho metros de distancia del lugar donde tenían alojado al joven, sin haber escuchado gritos; que vio cuando a F. lo llevaron al cuerpo médico, aclarando que no estaba esposado; y que todavía estaba cuando llegó la madre del menor.
Valoró, además, el testimonio de la funcionaria policial de guardia, Alejandra Noelia Zoppi, quien indicó que, al llegar a la sociedad de fomento, le avisaron que el detenido era menor de edad; que al interrogarlo acerca de dónde vivía, lo notó desorientado, aunque logró determinar su lugar de residencia, por lo que fue a buscar a su madre, demorando aproximadamente veinte minutos en llevarla hasta la comisaría; que llevaron al detenido al cuerpo médico y alrededor de las siete llegaron nuevamente a la comisaría; que entonces dejaron al menor con su madre en el cuarto que estaba ubicado junto a la oficina del oficial de servicio. Refirió que antes de ello a G.A.F. lo habían dejado en la cocina de la comisaría, sin esposarlo, dada su condición de menor, y bajo el cuidado del imputado Insaurralde, quien estaba sentado en el pasillo y se lo podía ver desde la guardia.
Consideró que la testigo Yanina Rodríguez, secretaria del sector judiciales de la comisaría en cuestión, fue conteste al declarar que al menor lo dejaron en la cocina, bajo el cuidado de Insaurralde -aunque aclaró que Insaurralde no era personal de esa seccional, sino del comando-; que en un momento le llamaron la atención a Insaurralde porque estaba entretenido con el teléfono celular en lugar de estar atento al joven aprehendido; que el menor en todo momento estuvo tranquilo y que cuando se lo entregó a la madre, a las ocho de la mañana, se puso agresivo, porque estaba enojado con ella. Refirió que no vio renguear al detenido y que no se secuestró en su poder ningún arma de juguete ni ninguna prenda interior de mujer, según había relatado la víctima.
El tribunal meritó además la declaración brindada por el coimputado Valles; la del testigo C. O. R., vecino del barrio de la víctima y su familia, en cuanto contó que se había corrido la novedad de que G.A.F. había ido al barrio Springfield a comprar drogas y que allí había sido abusado sexualmente. Dijo que ese rumor se había difundido con anterioridad a que el joven quedara detenido.
Según los jueces del caso, estas versiones contradicen el testimonio de la víctima en varios extremos de su relato. Mientras G.A.F. dijo que los policías lo golpearon desde que lo detuvieron y también cuando lo encerraron en la comisaría, los restantes testigos -entre ellos el testigo civil A.-, relataron que F. en ningún momento había sido golpeado. Tampoco se acreditó lo dicho por él en cuanto a que había estado esposado en una celda, en el interior de la comisaría, siendo que los demás testigos -entre los que se encuentra A.-, dijeron que la víctima había permanecido en la cocina de la comisaría, sin esposas, dada su condición de menor. A su vez G.A.F. dio a entender que después de su liberación había intentado regresar a su casa en colectivo, siendo que los demás testigos dieron cuenta de que se había retirado con su madre desde la comisaría. Apunta que F. sostuvo que quien le había realizado la revisión médica había sido el imputado Insaurralde con un delantal de enfermero, cuando los testigos contaron que el joven fue llevado al cuerpo médico, siendo revisado por el médico forense. G.A.F. narró que en el barrio se burlaban de él porque había sido abusado en la comisaría, pero el testigo R., del vecindario, dijo que el rumor era que habían abusado de él con anterioridad, en el barrio Springfield, cuando había ido a comprar drogas.
Destaca que todos los testigos de la defensa e incluso E. A., testigo de la fiscalía, describieron los distintos ambientes de la comisaría y coincidieron en remarcar que se trataba de una edificación relativamente pequeña. Que A. señaló que F. había quedado en una habitación, bajo la vigilancia en la puerta, del lado del pasillo, de un policía que estaba sentado custodiándolo -en concordancia con lo testimoniado por el coimputado Valles y las testigos Zoppi y Rodríguez-, quienes explicaron que ese funcionario era el coimputado Insaurralde, a quien habían tenido que llamarle la atención porque estaba con el teléfono celular descuidando la custodia del muchacho.
Respecto al imputado Valles mencionó las declaraciones de Zoppi y Rodríguez quienes explicaron que estaba trabajando en su oficina, junto a la sala de guardia, lo que fue corroborado por A..
Especificó que tanto este testigo, como Zoppi y Rodríguez aclararon que la madre de G.A.F. había llegado a la comisaría unos veinte minutos después de que ingresara su hijo detenido, y según lo señalado por la funcionaria Zoppi poco después de volver del cuerpo médico, el joven se quedó con su madre, "...lo que reduce aún más el tiempo que la víctima habría permanecido aislada".
Valoró el testimonio prestado en el debate por el médico Juan Arturo Sapia, especialista en psiquiatría y psicología médica propuesto por la defensa, quien advirtió en G.A.F. una desorientación témporo-espacial. Dijo que era una persona anímicamente inestable, que el joven le contó que escuchaba voces y susurros que le decían que tenía que suicidarse -aclarándole que esos susurros pertenecían a su hermana fallecida-. Destacó que F. había consumido estupefacientes y alcohol desde los catorce años y que de niño había tenido una fractura de cráneo con consecuencias neurológicas. Notó que no podía responder preguntas básicas, que la víctima tenía alucinaciones auditivas y que solía confundir cosas existentes con otras que no lo eran.
Tuvo en especial consideración el informe del médico forense Ricardo Palucito, fechado el 14 de junio de 2016, en el que figura que la víctima refería fuertes dolores en dorso, flancos y miembros inferiores que le dificultaban su desplazamiento. Allí se describió que en el ala nasal izquierda la víctima tenía una lesión costrosa con secreción serohemática, compatible con lesión térmica de aproximadamente 96 horas de evolución; otra lesión costrosa, más pequeña y redondeada, por debajo del párpado inferior del ojo derecho, así como otra a nivel del dorso de la mano izquierda, entre el primero y el segundo metacarpiano, también redondeada y costrosa. Explicó que, si bien esta última lesión adoptaba la forma típica de una lesión térmica, como la del apoyo de una colilla de cigarrillo, por las características evolutivas, ambas en período de pérdida de la costra, correspondía asignarles una data de aproximadamente seis a siete días. Advirtió otra pequeña lesión escoriativa en la base de la uña del dedo pulgar de la misma mano, de 24 a 48 horas de evolución. En cuanto al examen anal, consignó que se observaba un ano edematizado, con ingurgitación vascular severa, con esfacelo de la mucosa anal de horas 10 a 2 y 5 a 7 del cuadrante horario, con desgarro mucoso en horas 12 y 6, en este último con secreción mucosa, con esfínter anal externo muy doloroso al tacto y con tonicidad disminuida. Concluyó que los hallazgos referidos a nivel anal eran indicativos de la existencia de un abuso sexual con una data estimada de tres a cuatro días.
En esta senda el sentenciante aseveró que las lesiones constatadas en el ano, de acuerdo con la estimación de Palucito, habrían sido producidas uno o dos días antes de su detención, entre el 10 y el 11 de junio.
Seguidamente se refirió a los informes efectuados por las peritas en psicología Stella Maris Puhl y Lia Ruiz; así como al de la psicóloga clínica, licenciada María Lucrecia Monteagudo, quien concluyó que frente al cuadro descripto por las licenciadas Puhl y Ruiz, y a través del examen realizado por el médico Palucito, se verificaba la no correspondencia de fechas en cuanto a los hechos sucedidos y el relato del menor, lo que era compatible con la patología definida en el informe psicológico.
Meritó asimismo el informe psiquiátrico elaborado por las psiquiatras de la Asesoría Pericial y de la Defensoría General, Silvia Mónica Suárez y Sandra Ricagna.
En definitiva, no obstante aclarar que no se discutió en el debate "...que G.F. fue abusado sexualmente y hasta es posible, como él lo relatara, que haya recibido burlas en el barrio por esa razón", dedujo que "...esas burlas, [...] aparentemente no se referían a un supuesto abuso en la Comisaría Quinta de Quilmes, sino a una situación que la víctima habría tenido que atravesar unos días antes...". Por ello, frente al cuadro de incertidumbre que apreció en las discordancias apuntadas, absolvió a los imputados Valles e Insaurralde en orden al delito por el que fueron acusados (arts. 1, 210 y 373, CPP).
I.3. La víctima G.A.F. -con el patrocinio letrado de la doctora M. Camila Gerini, abogada de la Secretaría de Derechos Humanos del Municipio de Quilmes- y la señora agente fiscal de la instancia, doctora Mariel del Valle Calviño, interpusieron sendos recursos de casación, en los que se denunció la arbitraria valoración de la prueba en cuanto a la existencia y autoría del hecho.
I.4. La Sala II del Tribunal de Casación Penal trató conjuntamente ambos recursos y confirmó el pronunciamiento absolutorio de primera instancia.
La señora jueza Budiño -a cuyo voto prestó adhesión simple el doctor Mancini- convalidó la conclusión del tribunal del juicio respecto de la falta de elementos probatorios suficientes para formar la convicción necesaria con relación a la materialidad delictiva reprochada en cuanto a las condiciones de lugar y modo y la participación responsable de Insaurralde y Valles en el abuso sexual.
Destacó que los magistrados repasaron los términos en que se expresó la víctima en el debate, las declaraciones del testigo A. -presidente de la sociedad de fomento donde fue aprehendido-, las policías Zoppi y Rodríguez, el perito psiquiatra Sapia y la perito psicóloga Monteagudo.
Resaltó que se hizo hincapié en que los peritos coincidieron en los trastornos que presentaba la víctima, posiblemente originados a partir de la fractura de cráneo con daño neurológico que sufrió a los pocos meses de vida y agravados por la ingesta temprana de drogas ilegales y alcohol. También en cuanto a las observaciones sobre los problemas de memoria, su estado depresivo y las dificultades para el control de la agresividad.
Mencionó que en lo único que no coinciden es en sus respectivas observaciones acerca de la credibilidad del relato de G.A.F. y en punto a la existencia o no de ideaciones delirantes. Mientras las psicólogas Puhl y Ruiz y las psiquiatras Suárez y Ricagna consideraron que G.A.F. no había dado muestras de una ideación delirante, para la perito psicóloga Monteagudo y el psiquiatra Juan Sapia, el relato del joven no se correspondía con la realidad, especialmente a partir de lo dictaminado por el médico forense Palucito en cuanto a la data de las lesiones, restando por eso confiabilidad a su relato.
Con respecto a las psicólogas Puhl y Ruiz, se meritó que, si bien consideraron que la narración del joven G.A.F. presenta criterios de credibilidad, también señalaron que tenía un pensamiento de curso lentificado, con presencia de un marcado trastorno de la memoria anterógrada, explicadas sus posibles consecuencias por la licenciada Monteagudo. En suma, Casación concluyó que, frente al cuadro descripto por las mentadas profesionales, merced al examen realizado por el médico Palucito, se verificaba la no correspondencia de fechas en cuanto a los hechos sucedidos y el relato del joven.
Acerca del informe médico elaborado por Palucito, refrendó la postura del tribunal del juicio en cuanto a que esa variación de las datas de las lesiones documentadas por el forense daría cuenta, en sentido contrario a lo postulado por la víctima, de que habrían sido anteriores a su detención y, por lo tanto, a la ocasión en la que, conforme su testimonio, se habría producido la agresión sexual.
Coincidió, a su vez, con la valoración efectuada de quienes depusieron en el debate, tanto compañeras de trabajo de los imputados, como el testigo A. -ofrecido por la fiscalía- y destacaron las contradicciones surgidas con los datos aportados por G.A.F. en su testimonio.
Repasaron lo indicado por los testigos respecto de las dimensiones de la dependencia policial, los distintos ambientes en que estaba separada, como estos se conectaban, y el silencio reinante en el lugar. Se ponderó que el imputado Insaurralde no pertenecía al numerario de la Comisaría Quinta de Quilmes, sino al Comando Patrullas, y que no se conocían previamente con Valles.
El revisor consideró que de la sentencia impugnada surgían con claridad los fundamentos expresados por los magistrados para concluir del modo desincriminatorio respecto de la pretensión del acusador, detallando las dudas sobre la ocurrencia de los hechos que se consideraron constitutivos de la materialidad ilícita, en base a la percepción que obtuvieron de las declaraciones recibidas a lo largo de la audiencia, analizándolas en conjunto con la prueba incorporada por su lectura.
Destacó que, en casos como el presente, en los que se investigan delitos contra la integridad sexual, la convicción respecto de la ocurrencia de la hipótesis delictiva se logra también a través del testimonio de los peritos psicólogos y psiquiatras que informan respecto de los dichos de quienes aparecen como víctimas en la causa, que en la búsqueda de indicadores constituyen un medio más de prueba, que debe enlazarse con los otros.
Aseveró que en estos autos no puede predicarse la existencia de defectos lógicos en el razonamiento del tribunal juzgador, pues "...las conclusiones absolutorias aparecen como derivación de una correcta valoración del material probatorio colacionado, sin que empece dicho razonamiento las referencias que efectúan las impugnantes con relación al testimonio de María Carmen Tula o el horario de ingreso de G.A.F. a la comisaría". Pues, estas alegaciones de los recurrentes no son más que una personal interpretación de las pruebas consideradas en el fallo, sin demostrar que el análisis que de ellas efectuó el tribunal de grado se haya encontrado afectado por alguno de los vicios invocados en la impugnación, a tenor del alcance de la presunción de inocencia, constitucionalmente garantizada.
II. Contra la sentencia del tribunal intermedio reseñada, la recurrente denuncia arbitrariedad en la fundamentación de la duda respecto de la participación de los imputados a tenor de las constancias de la causa; tránsito aparente ante la instancia casatoria; apartamiento de la doctrina legal de este Tribunal, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de valoración de la prueba en casos de abuso sexual infantil y valoración parcial, fragmentada y contradictoria de la prueba.
Sostiene que el fallo en crisis incurre en absurdo y arbitrariedad pues confirma la absolución de los imputados con afirmaciones dogmáticas que no se desprenden de un análisis conjunto de las evidencias del caso, con desapego a los agravios llevados a su conocimiento en el recurso de la acusación.
Luego de efectuar un repaso por los principales planteos esgrimidos, asevera que fueron desestimados de modo superficial y sin ninguna explicación adicional.
Rememora la materialidad fáctica sostenida por la
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