Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138282
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto en favor de Marcelo René Tévez, con costas (conf. art. 495 y concs., CPP).
Asimismo, se regulan los honorarios profesionales de la doctora María Luján Catalina Gauna Iraola por los trabajos desarrollados ante esta instancia en veintisiete (27) jus (art. 31, ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.282, "Tévez, Marcelo René s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 112.553 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres .
El 5 de julio de 2021, el Tribunal en lo Criminal n° 6 de Morón condenó a Marcelo René Tévez a la pena de trece años de prisión, accesorias legales y costas como autor del delito de homicidio simple.
Contra la condena, la defensa particular de Tévez interpuso un recurso de casación. La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante sentencia dictada el 18 de agosto de 2022, lo rechazó.
Es así que, contra lo decidido, la defensora particular del nombrado, doctora María Luján Catalina Gauna Iraola, presentó un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue admitido por el Tribunal de Alzada por considerar que la tacha de arbitrariedad se planteó con la carga técnica necesaria (v. resol. de 8-II-2023).
Oído el señor Procurador General -quien aconsejó rechazar la impugnación-, dictada la providencia de autos, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Teniendo en consideración el alcance con el que fue admitida la impugnación, solo haré referencia al agravio vinculado con la tacha de arbitrariedad.
La defensora particular, doctora María Luján Catalina Gauna Iraola, denunció que el veredicto condenatorio se fundó en la declaración escrita prestada por un testigo que al momento del juicio estaba fallecido -Nieva-. Refirió que tanto Tévez -quien aún no se encontraba imputado en la causa cuando Nieva declaró durante la investigación- ni esa defensa, pudieron controlar sus dichos.
Destacó que ese control resultaba vital ya que fue Nieva quien dijo que Tévez estuvo en el lugar de los hechos y que había sido visto por terceras personas como uno de los autores del hecho. Afirmó que desde la apertura de debate se opuso a su incorporación por lectura (conf. arts. 8.2.f. y 14.3.e., PIDCP). En su apoyo, citó el fallo "Benítez" de la Corte nacional.
A su vez, agregó que la condena se sustentó en declaraciones testimoniales contradictorias entre sí, déficit que el juzgador habría pretendido justificar por el tiempo transcurrido entre los hechos y el juicio. Sin embargo, sostuvo que el estado de duda generado por los diversos relatos (señaló que algunos testigos no recordaban haber visto a su asistido en el lugar de los hechos y que otros directamente dijeron no haberlo visto) debió valorarse en favor de su asistido.
De seguido, se agravió de la desestimación de la versión brindada por los testigos aportados por la defensa que demostraron que Tévez no estaba presente en el lugar de los hechos, sino que se encontraba a unos cien metros de distancia, y que solo estuvo unos minutos y se retiró del lugar para resguardar a sus hijas.
Frente a ello, enunció que la Casación si bien afirmó que las versiones de los testigos de la defensa se contraponían con la prueba de cargo, no explicó concretamente respecto de qué aspectos.
Alegó que una simple imprecisión en los horarios referidos pudiese ser suficiente y cuestionó la credibilidad asignada al testigo Villagra, quien, a su modo de ver, fue totalmente contradictorio con el resto de los testigos.
De seguido, criticó también el alcance dado a los dichos de Gabriela Sánchez, esposa de la víctima y cuestionó que no se hubiera considerado que la propia testigo negó haber dicho que Tévez estuvo en el lugar de los hechos, al tiempo que también afirmó no haber visto cuando golpearon a su marido.
Concluyó en que no existió certeza positiva para condenar a su defendido.
II. El señor Procurador General aconsejó rechazar el recurso. Coincido con lo dictaminado.
III. El planteo es insuficiente: la parte se limita a reeditar las críticas llevadas en las anteriores instancias sin demostrar que estas trasciendan de un mero criterio divergente con la valoración de los hechos y de la prueba (conf. art. 495, CPP).
III.1. La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el voto de la señora jueza Budiño, a quien adhirió el señor juez Mancini, en lo que aquí importa, en primer lugar, rechazó el pedido de inconstitucionalidad del art. 366 del Código Procesal Penal, en lo vinculado con la incorporación por lectura del testimonio de Alberto Nieva, padre de la víctima.
En tal sentido, sostuvo que las garantías consagradas por los arts. 8.2.f. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3.e. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no son absolutas, sino que están sujetas a excepciones reglamentarias que no las alteren ni supriman mediante una regulación irrazonable o manifiestamente inequitativa (conf. arts. 14 y 28, Const. nac.).
Sentado ello, sostuvo que el citado art. 366 no introduce ninguna restricción a aquel derecho ni al principio de bilateralidad e igualdad entre las partes, sino que solo permite la incorporación por lectura de testimonios de la instrucción en supuestos excepcionales en los que la reproducción y control de esa prueba resulta ya imposible.
Con dicho marco, afirmó que durante el juicio se acreditó, mediante certificado de defunción, el fallecimiento de Alberto Nieva. A su vez, resaltó que las piezas incorporadas no presentan irregularidad alguna que permita su anulación o exclusión.
Para más, resaltó que la declaración de Nieva formó parte de un plexo cargoso contundente (testimonios, actas instructorias, pericias, entre otras), todo lo cual permitió arribar a la certeza positiva respecto de la autoría de Marcelo Tévez en el hecho.
III.2. En segundo lugar, recordó el hecho que el órgano de mérito tuvo por debidamente probado: "...'el día 21 de julio de 2011, aproximadamente a las 20:00 horas, en el interior del domicilio de la calle Alpatacal n° 286 de la localidad de Parque San Martín, Partido de Merlo, Marcelo René Tevez, junto a otros individuos que conformaban un grupo,(alguno de cuyos integrantes resultaron condenados), irrumpieron violentamente en la propiedad buscando a su morador Juan Pablo Villagra, por una discusión previa con éste y en ocasión en que su amigo Daniel Alejandro Nieva, quien se encontraba junto a él, intentó apaciguar los ánimos de estos sujetos, para evitar un enfrentamiento, el nombrado junto al resto del grupo, acometieron intempestivamente contra Nieva y con el fin de quitarle la vida le aplicaron simultáneamente patadas y golpes de puño en el cuerpo y varios golpes en la cabeza con una llave cruz y otras herramientas provocándole un traumatismo encefalocraneano grave, lesiones que desencadenaron un debilitamiento de su salud que finalmente provocaron su deceso'...".
De seguido, afirmó que se ponderó la prueba de manera coherente y acorde a las reglas de la sana crítica razonada. En particular, tuvo en consideración el testimonio de Juan Pablo Villagra, único testigo presencial en el momento del ataque, quien individualizó a los sujetos activos de la golpiza, y puntualmente hizo referencia a la intervención de Tévez, como también al rol que cumplieron el resto de los partícipes. Asimismo, dio cuenta de cómo se inició la golpiza y de los concretos aportes del imputado durante la misma.
Resaltó que la prueba de cargo se integró con los testimonios de Gabriela Sánchez -esposa de la víctima-, Alberto Nieva -incorporado por lectura al debate-, Micaela Vidal, Cintia Pérez y Raúl Castromán, entre otros testigos. A lo que se sumaron, las actas instructorias, las de procedimiento, los croquis ilustrativos, actas de allanamiento, pericias, informe de autopsia y demás piezas probatorias individualizadas y analizadas en el veredicto de primera instancia al que se remitió.
En particular, en lo que respecta a las críticas formuladas al testimonio de Villagra, las descartó y afirmó que sus dichos se confirmaron de manera racional con la restante prueba producida. Destacó que no se advirtieron vicios que pusieran en crisis su credibilidad y, resaltó que el Tribunal de mérito dio adecuada respuesta a cada una de las críticas realizadas por la defensa, vinculadas a las supuestas inconsistencias y contradicciones entre Villagra y otros de los testigos, entre ellos, Villegas.
Luego, citó los dichos de Vidal (ex esposa de Villagra), Castromán, Sánchez (viuda de Nieva) y Alberto Nieva (progenitor de la víctima) quienes fueron contestes al sostener que en el lugar de los hechos había mucha gente con palos y fierros y que era difícil auxiliar al damnificado.
Con relación a la presencia del imputado en el lugar, sostuvo que además del señalamiento "contundente y categóric[o]" de Villagra, se valoró que quedó acreditado en el juicio oral que Vidal huyó por los fondos para dar aviso a su vecino -Castromán-, quien le comunicó al padre de la víctima y a la señora de este, aquello que estaba sucediendo. Estos últimos se presentaron en el lugar y encontraron a Daniel Nieva ensangrentado y tendido en el suelo, a la vez que afirmaron que había en el lugar una gran cantidad de personas exaltadas, con palos y caños en sus manos, entre los cuales individualizaron a Marcelo Tévez alias "Pilolo".
Aclaró que si bien -en línea con lo afirmado por la defensora- cuando Gabriela Sánchez comenzó su relato dijo no recordar quiénes estaban en el lugar, finalmente reconoció haber visto a Marcelo Tévez, tal como lo había afirmado durante la investigación.
En lo que respecta a las diferencias entre las diversas declaraciones testimoniales de cargo, las encontró justificadas en la apreciación que cada testigo tuvo de la dinámica de un hecho que presentó distintas secuencias y, consideró, a contramano de lo afirmado por la recurrente, que esas diferencias en definitiva brindaban fiabilidad a las narraciones de los declarantes.
En función de lo expuesto, sostuvo que las críticas de la defensa no lograban conmover el testimonio de Villagra, que estimó corroborado con las declaraciones de otros testigos como Gabriela Sánchez, Raúl Castromán, Alberto Nieva, Micaela Vidal y Cintia Pérez.
De seguido, recordó las razones por las cuales el tribunal de mérito desestimó la declaración de Martín Villalba y de su esposa Cintia Pérez.
Finalmente, en lo que respecta a la prueba de descargo, conformada por los dichos del acusado, de Mónica Juárez (madre del imputado), Leonela Tévez (hermana) y Reinaldo Brandán (vecino), sostuvo que resultaban insuficientes para contrarrestar el veredicto. En tal sentido, explicó que los dichos de Brandán -contrariamente a lo pretendido por la defensa- permitieron afirmar que el imputado estuvo presente en el lugar de los hechos donde se produjo el ataque a Nieva y que luego se refugió en su domicilio, lugar donde Brandán dijo haberlo visto con su madre y su hermana.
IV. Como se adelantó, los planteos traídos bajo la denuncia de arbitrariedad, no proceden.
IV.1. Las críticas vinculadas a la incorporación por lectura del testimonio de Alberto Nieva, y la inobservancia de lo resuelto en el precedente "Benítez" de la Corte nacional, no son de recibo (art. 495, cit.).
La defensa insiste dogmáticamente en la imposibilidad de controlar la prueba incriminante, sin hacerse cargo de que el testimonio de Nieva no fue la prueba de cargo sustancial sobre la que se fundó el fallo de condena.
Por el contrario, de la reseña efectuada surge que el testigo presencial Juan Pablo Villagra fue quien indicó a Tévez como el autor de la conducta homicida, testimonio al cual se le sumaron las restantes fuentes de prueba con las cuales se determinó, finalmente, la materialidad y la autoría del acusado. El testimonio de Nieva incorporado por lectura, fue valorado de modo accesorio y como un elemento corroborante del plexo probatorio producido en el juicio y respecto del cual la defensa efectivamente ejerció -en paridad de armas-, el derecho a interrogarlos.
Cabe recordar que en "Benítez" se incorporó por lectura la casi totalidad de la prueba de cargo sin que en el juicio se produjera ningún otro elemento dirimente, mientras que aquí -como se dijo- se produjo prácticamente toda la prueba testimonial bajo el control de la defensa (conf. causa P. 134.598, en lo pertinente, sent. de 13-XII-2022).
Consecuentemente, la invocación del aludido precedente (Fallos: 329:5556) resulta estéril ya que no es aplicable al presente caso.
IV.2. Igual suerte corresponde a la tacha de arbitrariedad en la valoración de los restantes elementos de cargo.
Tal como se detalló (v. punto III.2.) la Casación sostuvo que el fallo de la instancia se fundó en un análisis de la prueba acorde a las reglas de la lógica y la sana crítica razonada. En tal sentido, se hizo especial referencia a los dichos del testigo Villagra, destacando que este estuvo presente en el momento de los hechos y fue categórico al señalar a Tévez como uno de los autores del homicidio. Y su testimonio, fue reafirmado por Gabriela Sánchez (esposa de la víctima), Micaela Vidal y Raúl Castromán. A su vez esa información se condice con la que surge de las actas instructorias, de procedimiento, croquis, acta de allanamiento, pericias, informe de autopsia, entre otras.
Frente a ello, la defensa particular solo expone su discrepancia valorativa de esas pruebas, sin demostrar que se haya incurrido en un error de tal magnitud que permita calificar al pronunciamiento como un acto jurisdiccional inválido.
De igual manera, las supuestas contradicciones en los testimonios de cargo también consisten en una apreciación divergente de la recurrente, ineficaz para conmover la afirmación del órgano revisor, en cuanto estimó que las disparidades en los testimonios, eran producto de las particulares perspectivas con que cada uno de los testigos había apreciado los sucesos y, -contrariamente a las conclusiones extraídas por la defensa- para la Casación, tales desajustes reafirmaron la credibilidad de sus dichos.
IV.3. Por último, el alcance que según la recurrente debió darse a la información obtenida a partir del ejercicio de la defensa afirmativa (declaraciones del imputado, de la hermana y de la madre de este, de su vecino Brandán, de Martín Villalba y de Cintia Pérez), tampoco logra demostrar la arbitrariedad que alega.
Es que, el órgano revisor, confirmó un desacople en el horario en que la versión de la defensa (a través de Brandán) intentaba posicionar al imputado alejado de la escena del crimen, lo que neutralizó esa hipótesis.
V. En definitiva, cabe recordar que el objeto de la doctrina de la arbitrariedad "...no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234).
En el caso, de conformidad con lo expuesto en los puntos anteriores, la recurrente no consiguió poner en evidencia la existencia de esos graves defectos en el fallo cuestionado.
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria, Genoud y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto en favor de Marcelo René Tévez, con costas (conf. art. 495 y concs., CPP).
Asimismo, se regulan los honorarios profesionales de la doctora María Luján Catalina Gauna Iraola por los trabajos desarrollados ante esta instancia en veintisiete (27) jus (art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/05/2024 15:13:03 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/05/2024 09:25:33 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2024 19:55:40 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/05/2024 21:16:50 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2024 09:22:00 - OCAMPO Gabriela Amalia Noemi - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 27/05/2024 11:12:45 hs. bajo el número RS-112-2024 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia