Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138673
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.673, "María Laura E. D' Gregorio -Fiscal titular interina ante el Tribunal de Casación- s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 114.494 del Tribunal de Cesación Penal, Sala IV, seguida a R., V. O.", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres.
El Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Mercedes, mediante pronunciamiento del día 15 de octubre de 2021 condenó a V. O. R., a la pena de treinta años de prisión, accesorias legales y costas del proceso por hallarlo autor penalmente responsable de los delitos de: a) abuso sexual con acceso carnal agravado por el grave daño a la salud mental -dos hechos- y abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser encargado de la guarda, de la educación y tutor y por ser cometidos contra una menor de dieciocho años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente y por el grave daño a la salud mental (víctima M. D.); b) abuso sexual con acceso carnal agravado por tratarse de una menor de dieciocho años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente, por ser encargado de la guarda, educación y tutor -reiterados- y abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la convivencia preexistente con la menor de dieciocho años de edad, por ser encargado de la guarda, educación y tutor (desde los seis hasta los trece años), en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores agravada por tratarse de una persona menor de trece años de edad, por ser cometidos con abuso de autoridad, amenazas y por ser el encargado de la guarda, educación y tutor (víctima J. D.) y c) abuso sexual simple -reiterados- (víctima D. G. D.), todos ellos en concurso real unidos materialmente entre sí, por los hechos acontecidos entre los años 2001 y 2018 (arts. 54, 55, 119 y 125, Cód. Penal).
Contra dicho pronunciamiento la defensa del imputado interpuso recurso de casación.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal integrada por los doctores Kohan y Natiello, por sentencia dictada el 7 de julio de 2022 hizo lugar parcialmente a la impugnación, anuló parcialmente el fallo impugnado y remitió copia al Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Mercedes, a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento conforme a los lineamientos señalados en la segunda cuestión -respecto de la prescripción de alguno de los hechos imputados a V. O. R. (los cometidos entre los años 2001 a 2003)-.
El Ministerio Público Fiscal formuló reserva para recurrir una vez completa la sentencia.
El Tribunal en lo Criminal n° 3 de Mercedes, en cumplimiento del reenvío ordenado, declaró la prescripción de la acción penal respecto de todos los hechos que damnificaran a J. D. (ocurridos durante el lapso temporal comprendido entre los años 2001 y 2004), y los que hicieron lo propio respecto de M. D. en los años 2002 y desde 2003 a 2006 calificados como abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser cometido por el encargado de la guarda y de su educación, como así también por la convivencia preexistente al tratarse de una víctima menor de edad (arts. 62 y 67 en su redacción previa a la reforma de la ley 27.206 y 119, Cód. Penal). Asimismo convocó a una audiencia de cesura para el día 30 de agosto de ese año (v. resol. digital MEV de 23-VIII-2022).
Finalmente, por sentencia de 20 de septiembre de 2022 el referido tribunal condenó a V. O. R., a la pena de veinte años de prisión, accesorias legales y costas por ser autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual agravado por mediar acceso carnal y por causar un grave daño en la salud mental de la víctima -dos hechos-, abuso sexual agravado por constituir un sometimiento gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización, calificado a su vez por el grave daño en la salud mental de la víctima (víctima M. D.) y abuso sexual simple -hechos reiterados- (víctima D. G. D.) -arts. 40 y 41 "a contrario", 45 y 119 primer, segundo, tercer y cuarto párrafo inc. "a" del Código Penal-.
Frente a lo así decidido, la señora Fiscal titular interina ante la instancia casatoria, doctora María Laura D'Gregorio, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue concedido por el órgano recurrido por resolución del día 9 de febrero de 2023.
Oído el señor Procurador General, quien se pronunció por la procedencia de los reclamos, presentada la memoria prevista por el art. 487 del Código Procesal Penal por la doctora Sonia E. Rodríguez Sereño, defensora de confianza del imputado, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La fiscalía denunció la arbitrariedad de la sentencia en dos direcciones: a) por fundamentación aparente y b) por apartamiento de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vulneración del principio de supremacía constitucional, omisión de resolver con perspectiva de género y de infancia, inconvencionalidad y errónea aplicación del art. 62 del Código Penal.
I.1. En cuanto a la fundamentación aparente, denunció que el órgano intermedio invocó la aplicación de lo dispuesto en la causa n° 103.362, "Rodríguez" y transcribió tramos del pronunciamiento.
En opinión del recurrente, tal fallo no resulta parangonable con el presente caso. Explicó que dicho precedente giraba en torno a la vigencia del principio de legalidad, al entenderse insoslayable la aplicación de la ley más benigna en los casos en que se persigue un delito común. Sostuvo que, contrariamente, nada de ello formó parte del contenido de la sentencia dictada por el tribunal de la instancia, donde la cuestión giró en torno a la primacía del interés superior del niño, en aras de garantizar la tutela judicial continua y efectiva a mujeres menores de edad que sufrieran ataques sexuales durante su niñez.
Concluyó que el revisor dictó un fallo que no puede reputarse como acto jurisdiccional válido.
I.2. En segundo término, denunció arbitrariedad por apartamiento de doctrina legal, tratados internacionales, por inconvencionalidad y perspectiva de género e infancia; y errónea aplicación del art. 62 del Código Penal.
Afirmó que lo decidido por el órgano casatorio repugna los principales tratados y convenciones de derechos humanos que el Estado argentino se obligó a cumplir.
Alegó que las disposiciones del art. 62 del Código Penal deben ser interpretadas armónicamente con las normas convencionales derivadas de esos tratados suscriptos, en particular, de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará", la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer.
Luego de rememorar los hechos imputados a R. y la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas menores de edad al momento de su comisión, mencionó el acierto del tribunal de mérito que entendió inaplicable al caso el art. 62 inc. 2 del Código Penal por considerar dicha normativa en pugna con las convenciones internacionales pertinentes vigentes al momento de los sucesos y las especiales características del caso.
Apuntó que lo requerido no consiste en dejar sin plazo el curso de la prescripción, sino que, en su parecer, el tiempo de vigencia de la acción penal debe comenzar a contarse a partir del momento en que la víctima podría ser responsable, o al menos, tener la capacidad psíquica para serlo por el paso del tiempo.
Aludió conceptualmente a la tutela judicial efectiva y sostuvo que la aplicación de una norma de derecho común no puede vulnerar tal garantía.
Indicó que el presente caso debió ser abordado desde la óptica de la violencia de género y niñez, ambos con jerarquía constitucional, dado que los hechos acontecieron cuando las víctimas eran unas niñas -en los términos del art. 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño-. Aseveró que por ser niñas víctimas de abuso sexual se patentizó su doble vulnerabilidad.
Recordó que las obligaciones del Estado argentino se encontraban vigentes al momento de los hechos denunciados (en lo que interesa, entre los años 2001 a 2006), los que se mantuvieron incólumes al momento de efectuarse la denuncia, el día 10 de julio de 2018 -luego de pasado un tiempo de arribar a la mayoría de edad y alcanzado la madurez necesaria a tales efectos-.
Subrayó que las respectivas noticias del delito fueron brindadas por las jóvenes víctimas cuando la acción se encontraba vigente de conformidad al derecho interno; por lo que peticionó una interpretación armónica y respetuosa de las perspectivas de género y de infancia, aseverando que una norma de inferior jerarquía como es el art. 62 del Código Penal no podía ser invocada para incumplir obligaciones internacionalmente asumidas por el Estado argentino (art. 27, Convención de Viena).
Con apoyo en el fallo "Arancibia Clavel" de la Corte federal, destacó que -en el caso- la investigación no fue abandonada por inactividad o desinterés estatal, pues el Estado tomó conocimiento de los hechos delictivos en el año 2018 -denuncia de M. D.- y desde entonces se ha avanzado. De igual modo, señaló que la demora de la víctima en efectuar la denuncia se debió a los obstáculos estructurales que presentan este tipo de hechos y, en buena medida, a su triple condición de vulnerabilidad: su edad, género y condición de victimización temprana.
En el mismo sentido, invocó lo resuelto por la Cámara Federal de Casación Penal en la causa 191/2012/CFC1 caratulada "A. J. s/ Recurso de Casación".
En aval de su posición citó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Gallo López".
Finalmente, reiteró la afirmación de que la decisión impugnada vulneró obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino al suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño y violentó el principio de supremacía constitucional consagrado en el art. 31 de la Constitución nacional mediante la errónea aplicación del art. 62 del Código Penal.
II. El señor Procurador General aconsejó hacer lugar al recurso.
III. Para dar fundamento a la solución que propicio es menester efectuar un breve repaso de las circunstancias relevantes de la causa.
III.1. Conforme surge de los antecedentes, el Tribunal en lo Criminal n° 3 de Mercedes, por mayoría, en lo que importa, entendió que no se encontraba prescripta la acción penal respecto de los hechos que afectaran la integridad sexual de J. D..
En esa senda destacó su condición de niña cuyo interés superior debería prevalecer de conformidad con el art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, su marcada vulnerabilidad, el ámbito privado en el que se produjeron y sin un adulto referente.
Agregó que al momento de cometidos los hechos se hallaban vigentes los mismos principios jurídicos fundamentales del ordenamiento jurídico nacional y pesaban sobre el Estado argentino las mismas obligaciones internacionales de investigar con la debida diligencia y sancionar la violencia contra las mujeres, garantizarles el acceso a procedimientos legales justos y eficaces, proteger a la/os niña/os y adolescentes contra toda forma de abuso sexual, y garantizar a las víctimas la tutela judicial continua y efectiva, obligaciones que poseen fuentes de jerarquía constitucional (Convención sobre los Derechos del Niño y Convención Americana de Derechos Humanos) y supralegal (Convención de Belém do Pará). Comparó estos principios con el art. 62 del Código Penal y concluyó en que esta regla de inferior jerarquía no podía invocarse para incumplir tales obligaciones internacionales.
Especificó que la categoría jurídica de "denuncia demorada" debía analizarse en el contexto particular de hechos violentos en contra de niñas/os y adolescentes y también de situaciones de violencia de género, los que consideró violaciones a los derechos humanos diferenciadas de los delitos comunes, sin que esta distinción afectara a su entender el principio de legalidad ni que pudiese prevalecer la prescripción en casos como este, frente a la imposibilidad emocional dada en torno a obstáculos estructurales tales como edad, género y condición de victimización temprana, que se traduce en imposibilidad fáctica de poner en conocimiento a las autoridades el daño.
Concluyó que declarar prescripta la acción penal atentaría contra el interés superior del niño que debía prevalecer por sobre el instituto de prescripción penal, en tanto devendría absurdo afirmar que el autor del delito puede adquirir una expectativa a una pérdida del interés por parte del Estado en la aplicación de una pena.
Luego de celebrado el debate, tuvo por probado los siguientes eventos: "Que cuando M. S. D. tenía aproximadamente catorce años, esto es, durante el año 2002, y se domiciliaba en una vivienda sita en el barrio cerrado 'L. C.' de la localidad y partido de Luján, un sujeto masculino mayor de edad, cuñado de la misma, es decir, la pareja de su hermana M. L. D., comenzó a realizar tocamientos inverencundos en el cuerpo de la joven, dándole besos sin su consentimiento, siendo que el mismo resultaba ser su tutor, por cuanto la madre de la niña había fallecido y su padre nunca se hizo cargo, y prestaba funciones como encargado de la guarda y de su educación, aprovechando la situación de convivencia preexistente y que la misma era menor de dieciocho años de edad".
"Asimismo, en el mismo domicilio y cuando ya la joven contaba con 18 años de edad, es decir, durante el año 2006, y en circunstancias que su hermana M. L. D. se hallaba internada en un establecimiento hospitalario en virtud del nacimiento de uno de sus hijos, fue que aprovechando dicha ausencia, el mismo sujeto ingresó a su dormitorio mientras dormía, la inmovilizó de los brazos, le bajó la bombacha y la penetró con su miembro viril en su vagina, para luego retirarse del cuarto".
"Por su parte en circunstancias que la mencionada M. D. tenía 26 años, esto es durante el año 2015, en el domicilio de la calle … … s/n entre … … y … … del barrio … y … de la localidad y partido de Luján, durante una mañana que se hallaba sola en la casa, durmiendo en su dormitorio, apareció el mismo individuo, ingresó a la habitación, la destapó y comenzó a besarla en todo su cuerpo, le quitó el short que tenía puesto, él mismo se desprendió de su pantalón y a pesar del forcejeo, este sujeto avanzó y la penetró con su pene en la vagina".
"Asimismo, el día 7 de Julio de 2018, siendo aproximadamente las 11:00 horas, en el domicilio sito en la calle … … s/n entre … … y … … del barrio … y … de la localidad y partido de Lujan, el mismo sujeto tomó por la fuerza del cuello a M. D. y la besó por la fuerza, viendo interrumpido por la presencia de su hijo M. R.. Respecto de M. también cabe destacar que la misma por lo menos desde sus 15 años hasta los 18 años padeció por parte del mismo sujeto, tocamientos en su zona vaginal y la cola por debajo de la ropa, en reiteradas ocasiones, lo que da cuenta por su duración y las circunstancias de realización de un sometimiento gravemente ultrajante. Todos estos actos han ocasionado un grave daño en la salud mental M. D. en tanto padece diversas enfermedades psicosomáticas y requiere en forma permanente medicación psiquiátrica".
"Con relación a J. I. D., se encuentra corroborado que cuando la niña tenía seis años, esto es durante el año 2001, en circunstancias que convivía con M. L. D. y un sujeto masculino pareja de esta, junto a sus hermanos en el domicilio ubicado dentro del barrio cerrado 'L. C.' de la localidad de Luján, y siendo que este sujeto ejercía la función de tutor, encargado de la guarda y educación de la niña, ingresó al dormitorio cuando la misma dormía y utilizando la fuerza, le quitó la ropa, y la accedió carnalmente, introduciendo su miembro viril en la vagina de la pequeña, amenazándola que no contara lo sucedido porque nadie le iba a creer, hechos que se repitieron, por lo menos durante tres años, siendo que la niña recordó que cuando tenía 10 años y todavía vivía en la vivienda del barrio 'L. C.', cuando se estaba bañando, este sujeto ingresó y le manifestó 'vamos a jugar a un juego, vos te sentás arriba mío, yo te enseño cosas que vos tenés que aprender para tener un novio, yo puedo ser tu novio' y pese a la negativa de la pequeña, este le respondió 'pero lo tenés que hacer, vas a tener todo, yo le voy a decir a tu hermana que te deje ir a la casa de tus amigas, que te de todo lo que vos quieras, si vos lo haces yo te lo doy' y ante la nueva negativa la tomó por la fuerza, y la penetró con su miembro viril en su vagina".
"Asimismo, hasta que la víctima contaba con 13 años de edad, cada vez que podía la manoseaba, dándole besos en contra de su voluntad, todos actos que por su duración y circunstancias de realización constituyeron un sometimiento gravemente ultrajante para la niña".
"...en distintas ocasiones y durante ese tiempo cuando iban de vacaciones a la playa, el mismo sujeto masculino la llevaba hasta el agua y como la menor no sabía nadar la tomaba por la fuera y debajo del agua le tocaba la vagina. En razón de la corta edad de la víctima, repetición de los hechos y sus circunstancias que se caracterizan por ser prematuras, perversas y repetitivas, la conducta desplegada por este sujeto masculino resultaron promotoras de la corrupción de J. I. D. cuando era menor de edad, en tanto abusó de la autoridad que ejercía sobre ella por ser el tutor, encargado de la guarda y educación y conviviente con la misma".
"Con relación a D. G. D., se halla probado que cuando la mujer tenía 37 años de edad, es decir, durante el año 2016 y en circunstancias que se mudó al domicilio de M. L. D. y el sujeto ya aludido sito en la calle … … s/n entre … … y … … del barrio … y … de la localidad de Lujan, el cuñado de la víctima, y en ocasiones que este sujeto la llevaba en su automóvil al lugar de trabajo que compartían en el barrio cerrado 'L. C.', le tocaba la pierna con intenciones claramente sexuales, asimismo dentro del predio aludido, en varias oportunidades la besó por la fuerza mientras le tocaba el cuerpo, refiriéndole que si no le permitía dichos actos la haría perder el trabajo".
Encontró a V. O. R. autor responsable de los delitos de abuso sexual agravado por mediar acceso carnal, agravados por grave daño a su salud mental -dos hechos-, y abuso sexual gravemente ultrajante para la víctima por su duración en el tiempo y por las circunstancias de realización agravados por ser encargado de la guarda, de la educación y tutor, asimismo agravados por ser cometidos contra una menor de dieciocho años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente y agravados por el grave daño en la salud mental (víctima M. D.); abuso sexual agravado por ser con acceso carnal, por tratarse de una menor de dieciocho años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente, por ser el encargado de la guarda, educación y tutor reiterados, y abuso sexual gravemente ultrajante por su duración en el tiempo y por las circunstancias de su realización, agravado por la convivencia preexistente con menor de dieciocho años de edad, por ser el encargado de la guarda, educación y tutor (desde los seis hasta los trece años de edad), en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores agravada por tratarse de una persona menor de trece años de edad, por ser cometidos con abuso de autoridad, amenazas y por ser el encargado de la guarda, educación y tutor (víctima J. D.) y abuso sexual simple reiterados
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.