Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138997
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Fabián Nicolás Sayago Seeger, con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.997, "Sayago Seeger, Fabián Nicolás s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 119.464 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres.
De las actuaciones digitalizadas, se desprende que el Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de Morón, el día 15 de julio de 2022, condenó a Fabián Nicolás Sayago Seeger a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por ser autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado criminis causae cometido mediante el empleo de arma de fuego y coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego cometido con la participación de una persona menor de edad, en concurso real (arts. 5, 9, 12, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 41 bis, 41 quater , 45, 55, 80 inc. 7 y 166 inc. 2, Cód. Penal). Asimismo, rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua incoado por la defensa del imputado (arts. 18, Const. nac., 5.2 y 5.6, CADH y 16.1 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes y 13, 16, 80 inc. 7, Cód. Penal).
Contra la condena, el señor defensor oficial interpuso un recurso de casación que fue rechazado por la Sala II del Tribunal de Casación Penal (v. sent. digital de 13-III-2023).
Frente a lo así decidido, el señor defensor oficial adjunto de Casación, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en favor del imputado, el que fue declarado admisible por el tribunal intermedio (v. resol. digital de 24-V-2023).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor defensor oficial adjunto reclamó la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua por entender que constituye una violación al derecho a la vida con infracción de los arts. 4.1 y 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
I.1. Estimó que en este caso la pena será efectivamente perpetua y solo culminará con la muerte del condenado. Citó el caso "Baldeón García vs. Perú" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y señaló que dicho tribunal no limitó el derecho a la vida únicamente en términos biológicos, sino que lo extendió al vivir con dignidad, desarrollar un proyecto de vida y procurar un sentido a la propia existencia.
Describió la realidad carcelaria de la Provincia de Buenos Aires, con cita de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Lori Berenson Mejías vs. Perú".
Sostuvo que el encierro a perpetuidad, convierte a la sanción penal en una verdadera "pena de muerte" paulatina pues, en definitiva, la vida de la persona se agotará en manos del Estado con invocación del citado tribunal internacional en el caso "Hilaire, Constantine y Benjamín y otros vs. Trinidad y Tobago".
I.2. Luego denunció la violación del art. 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Explicó que el encierro de por vida es una pena de eliminación social, al considerar que Sayago Seeger quedará apartado para siempre de la sociedad, lo que impedirá toda posibilidad de acceder a la libertad, circunstancia que estima incompatible con el derecho a la integridad personal que determina que toda pena debe tener como finalidad la reforma y readaptación social del condenado.
Remarcó que la sanción impuesta al impedir a su asistido acceder en algún momento a la libertad, es contraria al fin resocializador de las penas privativas de la libertad consagrado constitucional y convencionalmente y que hace a la dignidad humana la posibilidad de retornar a la sociedad tras el cumplimiento de una sanción, lo cual no podría efectivizarse si se impone una pena a perpetuidad que solo culmine con la extinción de la vida.
I.3. Por otra parte, encontró una incompatibilidad entre el art. 13 del Código Penal con las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativas al derecho a la vida (art. 4) y a la integridad y dignidad personal (art. 5.6).
Por lo tanto, estimó que la vigencia de la ley 25.892 que modificó el art. 13 del Código Penal, sin que el Estado la haya adecuado para tornarla compatible con los arts. 4 y 5.6 de la Convención invocada, resulta violatoria de los arts. 1.1 y 2 en relación con los arts. 4 y 5.6 de la citada Convención.
Con base en tales argumentos solicitó entonces se declare la inconstitucionalidad de la pena perpetua por resultar contraria al derecho a la vida y al derecho a la integridad personal e importar una pena cruel e inhumana, y el consecuente reenvío de las actuaciones a fin de que se fije una nueva pena, respetuosa de los derechos humanos que se reputan violados.
I.4. Finalmente, la defensa abogó por la actualidad del planteo y en tal sentido explicó que esperar el momento en que correspondiese solicitar la libertad del enjuiciado, junto con los reclamos de inconstitucionalidad que pudieran efectuarse, importaría someterlo a los padecimientos del encierro carcelario mientras aquellas cuestiones sean dirimidas. A ello adicionó el contenido aflictivo que implicaría postergar un pronunciamiento sobre el punto, teniendo en cuenta la incertidumbre que genera en el imputado el desconocer si tiene la expectativa vital de recuperar alguna vez su libertad ambulatoria, lo que consideró de por sí un trato cruel, constitucionalmente prohibido, que aquí puede hacerse cesar, acogiéndose el pedido de que se declare la inconstitucionalidad de la pena perpetua impuesta.
II. El dictamen del señor Procurador General propició el rechazo del reclamo deducido. Coincido con él.
III. El órgano revisor ante similares planteos llevados a su conocimiento -a través del sufragio del señor juez ponente doctor Natiello, que concitó la adhesión simple del señor juez doctor Kohan-, expresó, con sustento en doctrina de esta Suprema Corte y de la Corte federal, que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o decreto constituye un acto de suma gravedad institucional, con lo cual debe ser considerada la ultima ratio del orden jurídico, y que la suficiencia de una impugnación de índole constitucional exige la exposición del modo en que la norma cuestionada quebrantaría las cláusulas constitucionales invocadas y que exista una relación directa entre aquella y estas.
Explicó en concreto que no se violaba ningún principio constitucional y que la norma que establece la sanción a perpetuidad quedaba dentro de las razones de política criminal sin que correspondiera realizar un examen respecto de "...la conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus funciones" (con cita de "Pupelis, María", CSJN 14-V-1991).
Ello lo reforzó con el análisis de la redacción de la norma cuestionada y expuso, con cita de autores, sobre la división de funciones y poderes, afirmando -en síntesis- que las decisiones adoptadas en materia de política criminal por el ejecutivo o el legislativo no podían ser llevadas sin más a través de una cuestión de constitucionalidad ante las cortes judiciales.
Trajo a colación como refuerzo argumental la doctrina legal en cuanto a que la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional en virtud de la presunción de legitimidad de las normas, como así también respecto de la prudencia y mesura en el ejercicio de control de constitucionalidad.
Luego de citar doctrina de autores sobre el tema, precisó que, salvo la prohibición contenida en la Convención sobre los Derechos del Niño, de las previsiones de los tratados incorporados a la Constitución nacional no surgía que aquellas fueran incompatibles con la aplicación de una pena de prisión perpetua en virtud del recaudo de brindar una potencial soltura. Invocó los arts. 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 7 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 11 y 16 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.
Destacó también que las penas de prisión perpetua no resultan ser un obstáculo a la resocialización del condenado, pues del art. 1 de la ley 24.660 surgía que, durante el tiempo de encierro, es función del Estado arbitrar todos los medios necesarios para lograr la finalidad resocializadora debido a que todo condenado a pena privativa de la libertad contaba con la posibilidad de recuperarla. Además, aseguró que tampoco se incumple con la aludida finalidad establecida por las normas internacionales en cuanto a la reforma y readaptación social del condenado (específicamente arts. 5 inc. 6, PSJCR y 10 inc. 3, PIDCP).
Mencionó el sistema del art. 13 del Código Penal para la libertad condicional y concluyó que la pena perpetua, en el caso de la ley argentina es relativamente determinada, aunque no susceptible de ser precisada temporalmente a través de un término fijo. Esto se desprende claramente del art. 16 del Código Penal, en la medida en que subordina la extinción de las penas perpetuas a la concesión eventual de la libertad condicional (reunidos los requisitos del art. 13) y a su cumplimiento satisfactorio durante cinco años.
Por otra parte, indicó que la indeterminación de la pena perpetua, proviene de la imposibilidad de precisar su fecha de extinción, pero que ello resultaba constitucional, siempre y cuando se les conceda a los condenados, a su debido momento, la oportunidad de retornar al medio libre. En apoyo de esa interpretación, a continuación, citó los precedentes G.239.XL "G. I., A. F. s/ libertad condicional", sentencia de 4-VII-2006 y M.1022.XXXIX "M., D. E. y otros s/ recurso de hecho", sentencia de 7-XII-2005, ambos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y causa P. 84.479 de esta Suprema Corte.
Luego se refirió puntualmente a la situación de los condenados reincidentes, concluyó también que la pena de prisión perpetua resultaba constitucional, siempre y cuando se les concediera a los condenados, a su debido momento, la oportunidad de retornar al medio libre.
IV. Como adelanté, el recurso no prospera.
IV.1. Frente a lo así decidido, el recurrente no se encarga de impugnar los argumentos tenidos en cuenta por el tribunal revisor.
Sus críticas se limitan a exponer una opinión discrepante a la del juzgador en orden a la imposición de la sanción perpetua, pero sin evidenciar el modo en que se habrían producido las transgresiones legales denunciadas (doctr. art. 495, CPP).
Según arraigada doctrina de la Corte federal la declaración de inconstitucionalidad de las leyes es la más delicada de las funciones que cabe encomendar a un tribunal de justicia, al importar el desconocimiento de los efectos de una norma dictada por otro poder del Estado, que goza de presunción de legitimidad. Se trata de un acto de suma gravedad institucional que debe ser utilizado como ultima ratio del orden jurídico, por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocadas (CSJN Fallos: 321:441; 327:831; 328:4542; e.o.).
Nada de esto acontece en el caso, por lo que corresponde el rechazo del agravio (causas P. 63.131, sent. de 25-II-2004; P. 130.072, sent. de 17-X-2018; P. 134.975, sent. de 24-VI-2022; entre muchas otras).
Además, cabe señalar que es doctrina de esta Corte que la interpretación que se denomina constitucional de las penas a perpetuidad previstas en el art. 80 del Código Penal, remite a una cuestión de cómputo (conf. causa P. 137.512, sent. de 3-XI-2023), por lo cual, además resulta conjetural y como tal improcedente.
Pues, se ha dicho, siguiendo jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, que aun para el caso de las penas perpetuas (prisión o reclusión perpetua) habiéndose establecido aquí la menos severa: prisión perpetua, -estas no son realmente tales porque de lo contrario lesionarían la intangibilidad de la persona humana-, por lo cual deberá fijarse, eventual y oportunamente, el momento de su agotamiento (CSJN Fallos: 329:2440, "Giménez Ibañez", sent. de 4-VII-2006; SCBA causas P. 84.479, sent. de 27-XII-2006; P. 94.377, sent. de 18-IV-2007 y P. 126.330, sent. de 29-III-2017).
En orden al planteo vinculado con que dicha pena impide la resocialización de Sayago Seeger, esta Suprema Corte ha expresado que "La liberación anticipada sujeta a una serie de condiciones es una de las formas que eventualmente pueden ser útiles para la finalidad de la resocialización, pero también puede frustrarla. No es el único medio, ni necesariamente el adecuado en todos los casos. En particular, cuando se está frente a quien ha cometido un delito muy grave, no es arbitrario que el legislador limite el rango de las herramientas disponibles para la finalidad de la resocialización" (conf. doctr. causas P. 126.187, sent. de 4-VIII-2016; P. 127.567, sent. de 7-II-2017; P. 127.840, sent. de 15-VIII-2018; P. 129.332, sent. de 21-XI-2018; P. 135.440 y P. 135.842, sents. de 24-VIII-2022; e.o.).
En definitiva, la tacha de inconstitucionalidad exige un esfuerzo mayor para demostrar la relación directa e inmediata entre las particularidades del hecho cometido, las condiciones personales del imputado y las garantías constitucionales supuestamente afectadas por la pena impuesta (conf. arts. 14 y 15, ley 48; CSJN causas "Strada", "Di Mascio" y "Christou", a contrario sensu ).
IV.2. Ahora bien, el cariz impugnativo que integra dicho agravio vinculado con la realidad carcelaria argentina y particularmente de la Provincia de Buenos Aires, en su relación con la advertencia de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conforme el comunicado de prensa n° 64/10 de dicho órgano, así como con la violación al derecho a la vida, no pueden ser atendidos por extemporáneos, en tanto que de ese modo y con tales argumentos, recién fueron articulados al interponer el recurso extraordinario en estudio (v. en lo pertinente, Cap. IV. Inconstitucionalidad de la pena perpetua, del recurso de casación). Por lo que tal déficit sella la suerte adversa de esa pretensión (doctr. art. 451, CPP).
Y si bien el recurrente no se apresta a invocar ningún argumento en pos de salvar la evidente extemporaneidad de su solicitud, no está de más señalar que la potestad y el ejercicio de la atribución que los magistrados poseen de declarar la inconstitucionalidad de una norma cuando la justicia y razón del caso así lo exijan de conformidad con el art. 31 de la Constitución nacional, no tiene operatividad para hacer ingresar en el ámbito de la competencia imperativa del Tribunal cuestiones que no fueron oportunamente articuladas (conf. causas P. 95.853, sent. de 12-VI-2013; P. 102.725, sent. de 24-VI-2015; e.o.).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria , Genoud y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Fabián Nicolás Sayago Seeger, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/05/2024 15:13:05 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/05/2024 09:25:34 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2024 19:55:40 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/05/2024 21:16:53 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2024 09:22:01 - OCAMPO Gabriela Amalia Noemi - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 27/05/2024 11:12:53 hs. bajo el número RS-114-2024 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia