Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 139331
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso de inaplicabilidad de ley articulado por la defensa oficial de F. C.. En consecuencia, se revoca la decisión de la Sala IV del Tribunal de Casación Penal que ordenó comunicar al Registro Nacional de Reincidencia la condena impuesta al nombrado y su correspondiente cómputo (doctr. art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en causa P. 139.331, "C., F.. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 123.483 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Torres, Kogan.
La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín confirmó el decisorio del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 2 departamental en cuanto no hizo lugar al pedido fiscal de comunicación al Registro Nacional de Reincidencia de la condena firme impuesta a F. C. de cuatro años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas del proceso por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por su comisión en poblado y en banda (hecho I), robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada en tres oportunidades (hechos II, III, y IV), y robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse de ningún modo por acreditada en grado de tentativa (hecho V), los cuales concursan materialmente entre sí (arts. 42, 44, 45, 55, 166 inc. 2 párr. tercero y 167 inc. 2, Cód. Penal).
Frente a ello el señor agente fiscal departamental doctor Marcelo Javier Tonelli interpuso recurso de casación, que fue declarado inadmisible por la Sala recurrida, lo que motivó la presentación de una queja ante el órgano casatorio.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal mediante sentencia de 28 de abril de 2023, declaró admisible y procedente la queja deducida por el señor agente fiscal, e hizo lugar al recurso de casación presentado contra la resolución de la Sala II del Tribunal de Alzada. En consecuencia, casó la resolución impugnada y ordenó comunicar lo resuelto al Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 2 del citado departamento judicial quien deberá librar oficio al Registro Nacional de Reincidencia a fin de ponerlo en conocimiento respecto de la condena impuesta a F. C., y su correspondiente cómputo, a lo cual debe aditarse la prohibición de ser informado ello a particulares, limitando el suministro de esta información a las autoridades judiciales y/o policiales que las requieran.
Frente a ello el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Nicolás Agustín Blanco, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue concedido por el órgano revisor (v. resol. digital de 30-V-2023).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 4-X-2023), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La defensa oficial denuncia el apartamiento injustificado de la doctrina legal de tribunales superiores vigente en la materia causa "R., B. S. y otros s/ incidente Tutelar" CSJ 551/2012, (sent. 22-XII-2015) y causas P. 114.313 (resol. de 3-XI-2016), P. 114.153, P. 114.155, P. 115.571, P. 114.583, P. 115.303, P. 128.517, entre otras de esta Corte. Transgresión a los estándares internacionales en materia penal juvenil. Afectación de las garantías especiales en materia de registro de información establecida en los tratados internacionales incorporados a nuestra carta magna (arts. 75 inc. 22, Const. nac. y 3, 37 y 40, CDN).
Indica que lo decidido desconoce lisa y llanamente la doctrina legal de esta Corte sentada en los precedentes P. 114.155 y P. 114.312, y en el caso "Ruiz" de la Corte federal (CSJ 374/2014 -sent. de 23-VIII-2016-). En esos fallos se estableció el sostenimiento del principio de especialidad y vigencia del corpus iuris hasta la finalización de la causa, con independencia de que el joven hubiera adquirido la mayoría de edad durante el trámite del expediente. En el caso, al joven se le siguió un proceso en el marco de las leyes 22.278 y 13.634, por un hecho que se le atribuye cuando era menor de edad a los efectos del régimen penal juvenil.
Menciona que el fallo en crisis desatendió el "interés superior del niño", establecido en el art. 3.3. de la Convención sobre los Derechos del Niño, de los preceptos legales como, asimismo, de las particulares circunstancias de los menores en un proceso penal.
Cita en apoyo el precedente de esta Corte "Quiroz", causa P. 114.153 (resol. de 4-V-2016) en cuanto a la imposibilidad de informar al Registro Nacional de Reincidencia los procesos que tramitan en el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil por afectar el interés superior del niño y el derecho a la intimidad. También, recordó la existencia del Registro de Procesos del Niño.
Considera que se encuentra vedado el asiento de los antecedentes de los menores en un registro que no cuenta con las garantías impuestas por los instrumentos internacionales.
Expresa que las comunicaciones previstas en el art. 2 de la ley 22.117, son improcedentes en causas del proceso penal juvenil, las cuales solo cuentan con el registro de Procesos del Niño (arts. 3, 4 y 40, CDN; 51, ley 13.634 y 8, Reglamento del Registro de Procesos del Niño, SCBA resol. 3889/08).
Enuncia que el único argumento "novedoso" introducido por el Tribunal de Casación radica en la imposibilidad de comunicar los antecedentes a terceros.
Recuerda que entre las garantías del sistema de justicia juvenil está la de limitar el principio de publicidad del proceso (arts. 8.5., CADH; 14.1., PIDCP y 40.2., CDN), con prevalencia de la confidencialidad de los procesos penales seguidos a menores y la prohibición de difundir cualquier información que permita identificarlos como infractores de leyes penales.
Destaca que la protección de la privacidad abarca: la de la identidad durante el proceso (Regla 8.2., O.G. 10 párr. 64); la limitación de la publicidad del juicio (OG 10 párrs. 65 y 66); límites al uso de antecedentes o registros juveniles (Regla 21, OG 10 párrs. 66 y 67); el principio de no estigmatización que rige el proceso penal juvenil; el principio de mínima intervención, por cuanto respeta la identidad individual y social del menor.
Solicita se case la resolución impugnada y se mantenga la prohibición de comunicación al Registro Nacional de Reincidencia.
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso.
III. Disiento con ese dictamen. Pues, como seguidamente se explica, el recurso procede.
IV. Previo a ingresar al fondo del reclamo, se reseñará lo resuelto por el Tribunal de Casación Penal.
La Sala IV del órgano intermedio declaró admisible y procedente la queja deducida por el señor agente fiscal, e hizo lugar al recurso de casación. En consecuencia casó la resolución de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín y ordenó comunicar lo resuelto al Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 2 departamental quien deberá librar oficio al Registro Nacional de Reincidencia a fin de ponerlo en conocimiento respecto de la condena impuesta a F. C. y su correspondiente cómputo, a lo cual deberá aditarse la prohibición de ser informado ello a particulares, limitando el suministro de esta información a las autoridades judiciales y/o policiales que las requieran.
Para decidir el juez Kohan que concitó la adhesión simple del juez Natiello, señaló que el informe de antecedentes penales no contiene en sí mismo ninguna información sobre circunstancias de la vida privada que puedan estar amparadas por el derecho a la intimidad.
Indicó que la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño establece los principios fundamentales para el sistema penal de menores en los art. 37 y 40 y que, si bien varios de los postulados allí establecidos son coincidentes con las características que revisten el proceso penal de mayores, la diferenciación se da a partir del punto 4 del art. 40, el cual proclama que "...Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción...".
Se refirió a las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores que establecen varias pautas, que permiten determinar cuáles son los fines del proceso penal seguido a personas que aún no han alcanzado la mayoría de edad: Así los arts. 1.1., 1.2., 1.3. y 1.4. del nombrado cuerpo normativo establecen pautas integradoras y educativas a los fines de lograr una comunión entre los intereses de la sociedad y la integración de los jóvenes en dicho ámbito; el art. 5 establece los objetivos del sistema de justicia de menores en conflicto con la ley penal determinando que "...hará hincapié en el bienestar de éstos y garantizará que cualquier respuesta a los menores delincuentes será en todo momento proporcionada a las circunstancias del delincuente...". Indica que el art. 17 establece los principios rectores de la sentencia y resolución, destacándose, la proporcionalidad de la respuesta jurisdiccional, ajustada a las circunstancias y necesidades del sujeto; la utilización de la privación de libertad como último recurso y el bienestar del menor como pilar fundamental frente a una medida privativa de libertad.
También destacó que la revisión de la pena de menores a la que se refieren los arts. 68 a 85 de la ley 13.634, tiene que ver con las medidas de integración social previstas por la ley 13.298, cuya finalidad radica en la resocialización y recuperación del joven.
Resaltó que "La totalidad de estas cuestiones han devenido abstractas al momento de imponerse la pena desde que la persona ha alcanzado la mayoría de edad y el juez especializado, luego de impartido el pertinente tratamiento, ha considerado necesaria la imposición de pena por aquél delito cometido durante la etapa de menor, con lo cual el tránsito por la justicia especializada no ha tenido el fruto deseado, siendo que esta evaluación es realizada una vez que el sujeto alcanza la adultez en términos legales".
Así llevado por la conjunción de las circunstancias reseñadas, propició la inscripción de los antecedentes penales en el Registro Nacional de Reincidencia.
Aludió a la Regla 21 de Beijing, la cual en su acápite 1 reza "Los registros de menores delincuentes serán de carácter estrictamente confidencial y no podrán ser consultados por terceros. Sólo tendrán acceso a dichos archivos las personas que participen directamente en la tramitación de un caso en curso, así como otras personas debidamente autorizadas".
Explicó que, si bien el sujeto al recibir la condena es mayor, no puede perderse de vista que el hecho fue cometido en su minoridad, por lo tanto -concluyó- que debía mantenerse esa reserva.
Entendió que la información de las condenas por delitos cometidos por menores "...debe comunicarse al Registro de Reincidencia Nacional, mas éste, debe informar los mismos solamente a autoridades judiciales y/o policiales que los requieran, pero no podrán ventilarlos a los particulares que los soliciten".
Especificó que esta información "...debe estar excluida de los informes requeridos en los supuestos previstos en el inc. f) del art. 8 de la ley 22.117".
Sin desconocer los precedentes de esta Corte en las causas P. 114.155 y P. 114.312, consideró que la interpretación que formulaba resulta novedosa frente a la postura cimentada por este Tribunal.
Agregó que no puede darse supremacía legal a los textos de la ley provincial 13.634 que supere a su par nacional 22.117 desde que la segunda, por el orden de prelación legislativa, debe imperar sobre la primera.
V. Según se anticipó, asiste razón al recurrente en cuanto denuncia que el Tribunal de Casación Penal se apartó de la doctrina legal de la Corte federal y de este Tribunal.
Cabe destacar que corresponde poner énfasis en el régimen diferenciado que poseen los niños en relación con los adultos y las garantías especiales que en materia de registro de información los tratados internacionales incorporados a nuestra Constitución aseguran a las niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal (arts. 75 inc. 22, Const. nac. y 3 y 40, CDN).
Esta Corte tiene dicho que "El principio del interés superior del niño y el derecho a la intimidad, en esa sintonía, alcanzan especial relieve para asegurar la reserva y confidencialidad de los datos vinculados con los procesos que involucran a ese grupo etario y tienden a resguardar los postulados rectores del régimen de responsabilidad penal juvenil con marcada orientación hacia la restricción de los efectos estigmatizantes del proceso penal y a la reinserción social (art. 1, 2 y 4 de la ley 22.278 T.O.; conf. causas P. 114.313 resol. de 30-III-2016), P. 114.583 (resol. 5-X-2016), P. 115.303, (resol. 8-III-2017); P. 114.155 (resol de 15-VI-2016); P. 115.571 (resol. de 17-VIII-2016); P. 128.517 (resol de 31-V-2017), entre otras".
La Provincia de Buenos Aires posee un registro específico, el Registro de Procesos del Niño (art. 51, ley 13.634) que tiene por finalidad la centralización de toda la información de las causas que tramitan ante el fuero de responsabilidad penal juvenil, a cuya entidad debe ponerse en conocimiento el fallo.
Esta entidad, a diferencia del Registro Nacional de Reincidencia, no es un registro de antecedentes penales sino de procesos en trámite que tiene por finalidad la acumulación de procesos y el control de su continuidad por parte de los jueces del fuero (art. 51, ley 13.634; resols. 835/08 de 16-IV-2008; 3.221/08 y 3.889/08).
En esta senda corresponde afirmar que resulta impertinente la comunicación de información nacida al amparo de la tramitación de un proceso seguido a un menor en conflicto con la ley penal al Registro Nacional de Reincidencia (arts. 3 y 40, Convención cit.), aun cuando se adite la prohibición de ser informado ello a particulares, limitando el suministro de esta información a las autoridades judiciales y/o policiales que las requieran.
Siendo que la inteligencia de las normas en juego que surge de las doctrinas de este Tribunal -adoptada merced al fallo de la Corte federal en la causa "R., B. S. y otros s/incidente tutelar" ya citada y su progenie- no ha merecido modulaciones que deban atenderse, sin perjuicio de la postura que quepa adoptar en el marco del proceso del art. 58 del Código Penal en el caso de unificarse penas del sistema penal juvenil y otras emergentes del régimen de mayores, corresponde ratificar sus postulados.
En consecuencia, propongo hacer lugar al recurso y revocar la decisión impugnada (art. 496 cód. cit.).
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria , votó también por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Comparto la solución que propone el doctor Soria, pues considero, como él, que la defensa lleva razón en su denuncia de apartamiento de la doctrina legal de la Corte federal y de esta Suprema Corte.
Corresponde poner énfasis en el régimen diferenciado que poseen los niños en relación con las personas adultas y las garantías especiales que en materia de registro de información los tratados internacionales incorporados a nuestra Constitución aseguran a niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal (arts. 75 inc. 22, Const. nac. y 3 y 40, CDN).
Este tribunal tiene dicho que "El principio del interés superior del niño y el derecho a la intimidad, en esa sintonía, alcanzan especial relieve para asegurar la reserva y confidencialidad de los datos vinculados con los procesos que involucran a ese grupo etario y tienden a resguardar los postulados rectores del régimen de responsabilidad penal juvenil con marcada orientación hacia la restricción de los efectos estigmatizantes del proceso penal y a la reinserción social (arts. 1, 2 y 4 de la ley 22.278 t.o.)" (conf. causas P. 114.313, resol. de 30-III-2016; P. 114.155, resol. de 15-VI-2016; P. 115.571, resol. de 17-VIII-2016; P. 114.583, resol. de 5-X-2016; P. 115.303, resol. de 8-III-2017; P. 128.517, resol. de 31-V-2017; e.o.).
La Provincia de Buenos Aires posee un registro específico, el Registro de Procesos del Niño (arts. 51, ley 13.634; 21.1. y 21.2., Reglas de Beijing) que tiene por finalidad la centralización de toda la información de las causas que tramitan ante el fuero de responsabilidad penal juvenil; allí debe comunicarse el fallo.
Esta entidad, a diferencia del Registro Nacional de Reincidencia, no es un registro de antecedentes penales sino de procesos en trámite que tiene por finalidad la acumulación de procesos y el control de su continuidad por parte de los jueces y las juezas del fuero (art. 51, ley 13.634; resols. SCBA 835/08, 3221/08 y 3889/08).
En esa senda, resulta impertinente la comunicación de información nacida al amparo de la tramitación de un proceso seguido a un niño en conflicto con la ley penal al Registro Nacional de Reincidencia (arts. 3 y 40, CDN), aun cuando se agregue la prohibición de informar a particulares; como señala el ministro ponente, la inteligencia de las normas en juego que surge de la doctrina de este tribunal -adoptada merced al fallo de la Corte federal en CSJ 551/2012 (48-R)/CS1 "R., B. S y otros s/ incidente tutelar", sentencia de 22-XII-2015 y su progenie- no ha merecido modulaciones que deban atenderse, por lo que se impone ratificar sus postulados. Incluso, a propósito de lo invocado por la Procuración en su dictamen -que la comunicación al Registro de Reincidencia es necesaria para ponderar el procedimiento establecido en el art. 58 del Código Penal-, conviene notar que ello ha sido expresamente descalificado en mis votos -en minoría- en causas P. 131.562 (sent. de 15-IX-2020), P. 134.971 (sent. de 4-IV-2022), P. 133.129 (sent. de 27-IV-2022) y P. 136.796 (sent. de 22-VIII-2023).
Voto por la afirmativa .
La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se hace lugar al recurso de inaplicabilidad de ley articulado por la defensa oficial de F. C.. En consecuencia, se revoca la decisión de la Sala IV del Tribunal de Casación Penal que ordenó comunicar al Registro Nacional de Reincidencia la condena impuesta al nombrado y su correspondiente cómputo (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/05/2024 17:48:03 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/05/2024 20:03:13 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/05/2024 09:55:15 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/05/2024 23:26:12 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/05/2024 09:12:06 - OCAMPO Gabriela Amalia Noemi - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 15/05/2024 11:20:30 hs. bajo el número RS-103-2024 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia