Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136542
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.542, "Castro, Martín Emiliano s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 100.943 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Torres, Kogan, Soria, Budiño .
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 31 de agosto de 2021, rechazó el remedio de la especialidad interpuesto contra el fallo del Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de San Martín que condenó a Martín Emiliano Castro a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas, con más la declaración de reincidencia, por resultar coautor de los delitos de robo agravado por haber sido cometido mediante empleo de arma de fuego y por haber sido cometido en poblado y en banda en concurso ideal con privación ilegal de la libertad; en concurso real con portación ilegal de arma de fuego de guerra agravada por registrar antecedentes condenatorios por delito doloso en calidad de autor, en concurso real con resistencia a la autoridad, en concurso ideal con abuso de armas (v. sentencia digital).
Contra lo así resuelto el señor defensor oficial adjunto ante aquella instancia, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en favor del imputado, en el que como cuestión previa solicitó la extinción de la acción penal por prescripción en orden al delito de resistencia a la autoridad, y por otro lado denunció la errónea aplicación del art. 141 del Código Penal. La Sala recurrida por resolución del día 10 de febrero de 2022 rechazó el pedido de prescripción y, también declaró admisible el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley al denunciarse la errónea aplicación e inobservancia de la ley sustantiva (arts. 141 y 166, Cód. Penal).
Frente al tramo que no hizo lugar al pedido de prescripción formulado, tal como se adelantara como cuestión previa, la defensa interpuso un nuevo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el día 11 de abril de 2022, el que fue desestimado por el órgano casatorio por inadmisible. Ello motivó la interposición de queja ante esta Corte que la admitió, declaró mal denegado el recurso articulado y lo concedió en orden a la denuncia de arbitrariedad de la decisión por fundamentación aparente y por apartamiento de la doctrina legal sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el deber de declarar de oficio la extinción de la acción penal por prescripción (causa "Farina"; e.o.) y la consiguiente afectación de derechos constitucionales -debido proceso y defensa en juicio- (causa P. 136.675-Q, resol. de 18-VIII-2022).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Son fundados los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. En el primer recurso de inaplicabilidad, y de acuerdo a la resolución de concesión, el recurrente denunció la errónea aplicación del art. 141 del Código Penal expresando que el revisor no brindó argumentos suficientes para acreditar los elementos típicos del delito de privación ilegal de la libertad.
Aseveró que los sentenciantes valoraron de manera arbitraria las probanzas reunidas en la causa, ya que de un acertado escrutinio de ellas se desprende que la privación de la libertad ejercida contra los sujetos pasivos del hecho duró escasos minutos y fue parte integrante de la ejecución de un único delito, esto es, el de robo calificado.
Repasó fragmentos del auto atacado y enfatizó que la privación de la libertad no excedió en modo alguno los tiempos y las necesidades del robo ya emprendido, apareciendo solo como una modalidad del desapoderamiento, lo que -a su entender- solo constituiría un concurso aparente pues el delito contra la libertad fue llevado adelante con el único fin de lograr el desapoderamiento de la cosa (art. 166, Cód. Penal).
Abonó su teoría con citas doctrinarias y jurisprudenciales de esta Corte.
I.2. En el segundo recurso traído, la defensa se agravió del rechazo del órgano casatorio a su planteo de prescripción de la acción penal en orden al delito de resistencia a la autoridad.
Denunció que esa decisión careció de la debida fundamentación, toda vez que -en su opinión- no contó con apoyatura normativa alguna ni explicaciones suficientes sobre el temperamento adoptado, lo que la tornaría en arbitraria.
Alegó que de la letra de los arts. 59 inc. 3, 62 inc. 2 y 67 del Código Penal no se desprende que la firmeza de uno de los delitos atribuidos a un imputado obste a su declaración extintiva con relación a la acción penal. Agregó que si así se interpretara la normativa citada se estaría obligando a los imputados o a sus defensas a recurrir en todos los casos por la totalidad de los delitos en los que recaiga condena, ello, ante la eventual prescripción de la acción que pudiera acaecer en relación con uno de ellos durante el trámite recursivo.
Sumó que Castro se encontraba procesado al momento de dictar sentencia el órgano casatorio y que, entonces, debe seguirse de ello que el reclamo sobre la vigencia de la acción penal del delito cuestionado debe ser tratado y acogido.
En abono de su postura citó los precedentes "Sanz" y "García" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Concluyó que no existiendo condena firme sobre su defendido y sin perjuicio de los motivos de agravio introducidos oportunamente en el recurso de casación, el revisor debió declarar extinguida la acción penal por el delito de resistencia a la autoridad. En apoyo de su petición invocó las causas P. 106.146 y P. 110.736 de esta Suprema Corte de Justicia.
Agregó que en autos se encuentran holgadamente superados los plazos legales previstos por la normativa vigente (art. 62 inc. 2 en función del art. 67 inc. 4 apdo. "e", Cód. Penal), advirtiendo como último acto interruptivo de la acción la sentencia condenatoria dictada por el tribunal de origen el día 15 de octubre de 2019.
Teniendo como norte la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación afirmada en el precedente "Farina" (Fallos: 342:2344), sostuvo que corresponde hacer lugar a su reclamo y declarar la prescripción de la acción penal por el delito en cuestión.
II. La Procuración General propició el rechazo de los recursos en trato (v. dictamen digital).
III.1. El primero de los recursos no prospera.
De un breve derrotero de la causa surge que el tribunal de la instancia originaria tuvo por acreditado que "...el día 13 de julio del año 2018 siendo alrededor de las 19:30 horas, una persona de sexo masculino mayor de edad, identificado en autos como Martín Emiliano Castro, junto con otros dos sujetos de igual sexo, no habidos hasta el momento, mediante intimidación con armas de fuego de puño aptas para producir disparos, dos de las mismas, al menos, portadas sin autorización estatal por parte del aquí juzgado [...], interceptaron a Facundo Gabriel Becerra y su novia Denise Maria Coira, cuando se hallaban retirando elementos de la camioneta Ford Eco Sport dominio KHD-953 en la vía pública sobre la calle Moriondo 2892 de la localidad de Saenz Peña, Partido de Tres de Febrero. De tal forma obligaron a ingresar a la pareja a la camioneta y privándolas de libertad le sustrajeron dinero, una mochila marca Nike, un bolso con ropa, y billetera con documentación personal, abandonándolos en la calle Sudamérica de la localidad de Santos Lugares, huyendo los asaltantes con el automotor mal habido, y de seguido, luego de una persecución policial, fueron interceptados en la calle Mendoza cerca de su intersección con Bolivia de la localidad de Villa Pineral, fugando dos de los asaltantes, en tanto el aquí acusado Castro produjo disparos contra los funcionarios policiales que dieron la voz de alto policía, siendo finalmente aprehendido portando sendas armas de fuego" (sent. digital de 15-X-2019).
El órgano mencionado condenó a Martín Emiliano Castro a la pena doce años de prisión, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia, por encontrarlo coautor responsable de los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido en poblado y en banda, en concurso ideal con privación ilegal de la libertad agravada, y autor de portación ilegal de arma de guerra, agravada por registrar antecedentes condenatorios, en concurso real con resistencia a la autoridad e ideal con abuso de armas.
III.2. Contra dicho pronunciamiento la defensa oficial interpuso recurso de casación en el que denunció infracción de los arts. 1, 210 y 373 del Código Procesal Penal y, por su consecuencia, errónea atribución de autoría de los hechos tipificados como robo agravado por el uso de armas y por ser en poblado y en banda, y privación ilegal de la libertad agravada. Solicitó su absolución con relación a dichos delitos y el reenvío para una nueva determinación de la pena.
En esa impugnación la defensa expresó: "Admitido por el acusado la portación de dos armas y la resistencia armada contra el personal policial aprehensor [...], el embate se ceñirá en este recurso [a] su participación..." en los delitos de robo y privación ilegal de la libertad de las víctimas.
Por su parte, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal presentó memorial en el que mantuvo los motivos de la presentación originaria y agregó la denuncia de errónea aplicación del art. 141 del Código Penal y de la agravante referida a la nocturnidad.
III.3. El Tribunal de Casación, luego de destacar que los agravios estaban limitados a la coautoría de Castro en el ilegítimo apoderamiento y la privación de la libertad, como a la medida de la pena, llegando firmes a esa instancia los restantes extremos, rechazó el recurso incoado.
Para así decidir, en primer lugar y en lo que interesa, repasó el plexo probatorio invocado por los jueces de grado para formar su convicción respecto de la coautoría de Castro en los delitos contra la propiedad y la libertad, y coincidiendo con la decisión impugnada, el a quo estimó improcedentes los agravios que buscaban el desplazamiento del delito de privación ilegal de la libertad.
En esa senda resaltó que "...no se trató de una momentánea privación de libertad con finalidad furtiva, sino de la toma de rehén por considerable tiempo y traslado compulsivo, que suministra autonomía y da paso al concurso real con el robo al exorbitar la privación de la libertad (la que considero calificada a tenor del artículo 142 inciso primero del Código Penal) necesaria para ejecutar el apoderamiento".
El doctor Borinsky que lideró el acuerdo aclaró que dejaba a salvo su opinión y que, en atención a que la instancia se abrió con el recurso de la defensa, correspondía "...estar al concurso elegido por el tribunal y encuadrar la conducta que la defensa busca desplazar dentro de la órbita del artículo 141 del Código Penal (artículos 18 y 75, inciso 22° de la Constitución Nacional; 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 54, 141, 166 inciso segundo, párrafo segundo y 167, inciso segundo, del Código Penal)".
También estimó que la condena establecida en el fallo originario no constituyó la imposición de una pena desproporcionada, desmesurada e injustificada, ni implicó violación a normativa alguna, en función de las escalas aplicables y los indicadores de los arts. 40 y 41 del Código Penal ponderados en esa decisión. Citó los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 8 inc. 2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 inc. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 12, 19, 29 inc. 3, 45, 50, 54, 55, 104, 141, 166 inc. 2 párrafo segundo, 167 inc. 2, 189 bis inc. 2 párrafos segundo y octavo y 239 del Código Penal.
IV. El agravio referido a la errónea aplicación del art. 141 del Código Penal y arbitrariedad de la sentencia no es de recibo. Cabe señalar que ese reclamo fue introducido por la defensa en el memorial previsto en el art. 458 del Código Procesal Penal.
Conforme lo reseñado en el punto III.3., al respecto de ese delito el órgano revisor señaló que no se trató de una momentánea privación de libertad con finalidad furtiva, sino de la toma de rehén por considerable tiempo y con traslado compulsivo, circunstancias que -entendió-suministran autonomía a los hechos y dan paso al concurso real con el robo, al haberse exorbitado la privación de la libertad necesaria para ejecutar ese apoderamiento.
Frente a lo así resuelto, la defensa expresó su discrepancia esgrimiendo una serie de consideraciones referentes a que la privación de la libertad no excedió en modo alguno los tiempos y las necesidades del robo ya emprendido, apareciendo solo como una modalidad del desapoderamiento, mas no se ocupó de controvertir los argumentos que sustentaron el razonamiento elaborado por el a quo para arribar a la conclusión de que se trataba de hechos independientes y autónomos, técnica recursiva que constituye un mecanismo inidóneo, por tratarse de un mero disenso ineficaz para conmover lo decidido (art. 495, CPP).
Se advierte así que la defensa no se encargó de demostrar que el análisis y los fundamentos expuestos por el tribunal intermedio exhiban yerro en la subsunción legal que denunció, ni que resulten arbitrarios a tenor de las circunstancias concretas del caso.
Corresponde considerar, como señaló el señor Procurador General, que el robo es un delito instantáneo, cuya consumación se da en el momento en que se completa el apoderamiento de la cosa, y que en el caso la privación ilegítima de la libertad no quedó subsumida en la figura contra la propiedad, ya que aquella, al extenderse en demasía, expresó su autonomía delictual.
Teniendo en cuenta los hechos establecidos en las instancias previas, cabe destacar que la pareja damnificada fue obligada a volver a subir a su vehículo, del que ya habían bajado, y a ser trasladadas por veinte cuadras para luego hacerlas descender, momento en que los sujetos activos intervinientes se dieron a la fuga con el automotor y objetos sustraídos.
En razón de lo expuesto, este agravio debe ser rechazado en tanto no se han demostrado las vulneraciones a las garantías constitucionales ni la arbitrariedad denunciadas (art. 495, CPP).
Viene al caso recordar que el objeto de la doctrina de la arbitrariedad "...no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado".
V. La restante impugnación traída tampoco procede.
V.1. De la reseña efectuada resulta que el segundo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley fue presentado contra lo resuelto sobre la cuestión previa en la mencionada resolución de la Sala III del Tribunal de Casación, en la que se había peticionado la prescripción de la acción penal en orden al delito de resistencia a la autoridad, sustentando ese reclamo en que transcurrió el plazo máximo de dos años respecto del ilícito en cuestión (arts. 62 y 67, Cód. Penal), con el aval del mencionado precedente "Farina" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Cabe agregar que el recurrente tildó de contradictorio el proceder del a quo, ya que -por un lado- efectuó oficiosamente el control sobre la medida de la pena respecto de la totalidad de los delitos y escalas aplicables, y -por el otro- sostuvo que aquella porción del fallo de condena no fue recurrida y que, por lo tanto, adquirió el carácter de cosa juzgada parcial.
También que alegó que el Tribunal de Casación se apartó de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en punto a que "...la prescripción opera de pleno derecho por el solo transcurso del plazo pertinente (Fallos: 275:241), la irrelevancia de que la cuestión haya sido introducida sólo en el recurso de casación (Fallos: 300:716), la conveniencia de su declaración inmediata a fin de evitar la continuación de un juicio innecesario (Fallos: 186:396), declarando incluso de oficio la prescripción de la acción penal (Fallos: 186:396; 318:2481; 312:1351; 313:1224; 323:1785), en cualquier instancia y por cualquier tribunal (Fallos: 313:1224; 311:2205)".
V.2. El remedio en examen fue declarado inadmisible por la Sala casatoria, frente a lo cual la defensa oficial articuló queja ante esta Corte que la admitió, declaró mal denegado el recurso articulado y lo concedió en el marco de los agravios sobre arbitrariedad por fundamentación aparente, apartamiento de la doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el tema, y afectación de las garantías del debido proceso y defensa en juicio (v. cit. resol. causa P. 136.675).
V.3. En ese delineado ámbito de conocimiento, estimo que no corresponde atender ese planteo.
El a quo rechazó el pedido de prescripción sosteniendo que "...la defensa limitó la revisión del fallo a la coautoría de Castro en el ilegítimo apoderamiento y la privación de la libertad como a la medida de la pena, por lo que llegó firme a e[s]a Sala, tal como se dejó constancia, lo decidido en relación al hecho por el que ahora se pretende extinguida la acción penal por prescripción, tipificado como resistencia a la autoridad". En consecuencia, postuló que sobre ese ilícito existía cosa juzgada parcial.
Al respecto, debo recordar que en el recurso de casación la defensa había consentido el tramo de la condena originaria referido al delito de resistencia a la autoridad. Asimismo, corresponde considerar que en la articulación en análisis no se formuló un embate idóneo contra el rechazo de la prescripción de la acción penal de ese delito, ni se discutió la firmeza establecida en la citada resolución de la Casación, sino que solo se tildó de contradictorio el fallo por no referirse a ese reclamo por entender que el ilícito se encontraba firme y que, en cambio, sí lo hizo en lo relacionado con el delito contra la libertad que también había estado ausente en la impugnación casatoria, siendo introducido recién en el memorial del art. 458 del Código Procesal Penal.
De modo que, más allá de la técnica empleada por el revisor en el abordaje de los temas que -según entendió- abrieron su competencia, lo cierto es que ni el delito de resistencia a la autoridad ni la pena fueron motivo de agravio en el recurso deducido para ante el tribunal intermedio. De manera que, en este supuesto, no existió siquiera un marco de debate y decisión sobre índices comunes de la pena que posibilite entender que el delito de resistencia a la autoridad hubiese estado, al menos, indirectamente cuestionado por la defensa (conf. mutatis mutandi doctr. causas P. 108.962, sent. de 9-IX-2011; P. 110.736, sent. de 5-III-2014; P. 121.925, sent. de 23-XI-2016; P. 132.716, sent. de 25-XI-2020; e.o.).
Con ese alcance, coincido con el señor Procurador General en que no corresponde entrar a analizar la vigencia de la acción penal del delito de resistencia a la autoridad porque se encuentra firme desde el fallo originario.
Y esa decisión no encuentra óbice en la argumentación de la defensa relativa a que la normativa que reclamó aplicable al caso no impediría acceder a la declaración de extinción por prescripción pese a la "...firmeza de uno de los delitos atribuidos a un imputado", porque tal alegación no pasa de ser una particular interpretación del recurrente, puntualmente sobre el instituto en cuestión y las normas que lo rigen, que no alcanza para evidenciar el defecto de motivación y razonamiento que atribuyó al pronunciamiento recurrido.
Media, pues, insuficiencia (art. 495, CPP).
P
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.