Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137543
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.543-RC, "Barrionuevo, Orlando Abraham Y González, Christian Iván s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 93.188 del Tribunal De Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres.
El Tribunal en lo Criminal n° 1 de La Matanza, el 3 de septiembre de 2018, condenó a Abraham Orlando Barrionuevo y a Christian Iván González a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, al primero de ellos por los delitos de homicidio criminis causa en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego (Hecho I) y portación ilegal de arma de fuego de uso civil (Hecho II), y al segundo como coautor de homicidio criminis causa en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego (Hecho I).
La defensa interpuso un recurso de casación y la Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 11 de junio de 2020 -por mayoría-, rechazó el recurso.
El entonces señor defensor ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Mario Luis Coriolano, impugnó lo decidido mediante un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue concedido por el Tribunal de Alzada el 11 de agosto de 2022.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La defensa denunció la violación a las garantías de revisión amplia de la sentencia condenatoria, defensa en juicio y al principio de inocencia, de conformidad con los arts. 18 de la Constitución nacional, 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
I.1. Alegó que se efectuaron afirmaciones dogmáticas y remisiones a la sentencia de condena.
Expuso que el órgano revisor se limitó a mencionar las pruebas sobre las que el tribunal de grado asentó su veredicto, sin analizar el método racional en la reconstrucción del hecho como así tampoco la confrontación de la sentencia con las consideraciones que se hicieran en el recurso.
En particular, aludió al testigo Maffuche, por cuanto a que, esa parte, había formulado distintas consideraciones, entre ellas, que brindó un relato impreciso y contradictorio (vinculado con el lugar en el que se hallaba al momento que escuchó las detonaciones y a si portaban o no armas los autores); que se encontraba intoxicado al percibir los hechos, lo que importa una alta probabilidad de falibilidad; con relación a las amenazas que supuestamente sufriera por parte de Barrionuevo y de su familia, que solo se asentaron en sus dichos ya que no se contó con el teléfono celular al que habrían llegado.
Mencionó el recorte llevado a cabo con el testimonio de Flores Rodríguez y destacó que este contradijo lo expuesto por Maffuche vinculado al lugar hacia donde corrieron los autores. Puntualizó que Maffuche se encontraba, en el mejor de los casos, a una distancia de una cuadra, en una zona mal iluminada, e intoxicado. Incluso, si se tenía en cuenta la última ubicación referida por Maffuche, siempre tuvo de espaldas de quien dijo que era González, por lo que difícilmente lo hubiera podido reconocer.
Adujo que la defensa denunció la irregular investigación policial y la conveniente aparición de dicho testigo para cerrarla, planteo que ninguna consideración mereció por parte del Tribunal casatorio.
Expuso que se desconocieron por completo los informes de levantamiento de rastros y de huellas dactilares incorporados por lectura, que daban cuenta de que el hecho fue cometido por otras personas.
I.2. A continuación, se refirió a la maximización de los límites de la inmediación.
Destacó que el órgano casatorio se expidió con fórmulas genéricas relacionadas a la inmediación y alegó que la limitación fáctica respecto del conocimiento de lo acaecido durante el debate era mínima puesto que la defensa había adjuntado al legajo casatorio los DVDs con la videograbación de aquel en su totalidad.
Consideró que el Tribunal de Alzada omitió controlar que la primera instancia hubiera expuesto circunstanciadamente cómo construyó su "impresión personal" respecto de los testigos.
I.3. Aludió a la omisión de revisión de la condena a partir de las reglas de la sana crítica y de la aplicación de un método racional de reconstrucción histórica.
Explicó que se incumplió con los estándares emergentes del precedente "Casal", utilizando a la inmediación como excusa para no llevar a cabo la amplia revisión.
Puntualmente, adujo que se debieron considerar las críticas de la defensa vinculadas con el testimonio de Maffuche: el modo en que la policía dio con él, a partir de la aparición de un informante justo en el momento posterior de la detención de González (sobre quien no recaía ninguna sospecha); que se encontraba intoxicado al momento de percibir el hecho, extremo que implica una alta posibilidad de falibilidad; que brindó un relato impreciso y contradictorio en aspectos fundamentales, como el lugar en que se hallaba, el momento en que escuchó los disparos y si las personas estaban armadas.
Destacó que no se pretendía que el Tribunal de Casación revisara la impresión personal que Maffuche causó al tribunal oral, sino que controlara la arbitraria fiabilidad otorgada a su declaración cuando la misma no solo careció de apoyo inductivo sino que resultó debilitada por sus propios dichos (de los que se extrae su grado de intoxicación y la dificultad para recordar) como por los de otros testigos (Flores Rodríguez y Robledo).
Hizo pie en el voto minoritario del juez Carral y puntualizó que el único testigo que vinculó a los imputados con el hecho, brindó un relato impreciso e inconsistente, que no encontró corroboración objetiva en otros elementos de prueba independiente.
I.4. Denunció omisión de efectuar una revisión acorde al principio in dubio pro reo .
Nuevamente, expuso que no se realizó un análisis de la prueba sino que el órgano intermedio se limitó a transcribir partes de la sentencia cuestionada, sustentándose en afirmaciones dogmáticas y aparentes.
Fundamentó que no fueron lógicamente descartadas las otras hipótesis autorales -referidas particularmente al "gordo Alan" y a "Jonathan Ezequiel Romero"- que fueron abandonadas por no haber sido ellos habidos.
I.5. Planteó la ausencia de una revisión compatible con el principio de inocencia y una mirada conglobada respecto de la posibilidad de que la causa hubiera sido "armada".
Con cita del precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Carrera" y P. 127.396, de esta Suprema Corte, destacó que los descargos de González y Barrionuevo no fueron tratados con la exhaustividad requerida, ni se consideró que desde temprano se había cuestionado la legalidad de la actuación de los funcionarios policiales.
I.6. En otro orden de cosas, estimó que se brindó una respuesta aparente a la crítica vinculada con la calificación legal.
Explicó que la defensa criticó la inferencia consistente en que los autores primero le quitaron la vida al conductor de la camioneta y luego rompieron uno de los vidrios para apoderarse de los objetos que estaban en el interior, por carecer de respaldo fáctico. Aseveró que no existían elementos certeros para adjudicar la ultrafinalidad del delito de homicidio criminis causa .
En esa línea, consideró que el Tribunal de Casación omitió realizar el control inferencial que la defensa requería, especialmente respecto de la dinámica de los hechos a partir de la cual se tuvo por acreditada la ultrafinalidad.
En definitiva, concluyó, el voto mayoritario desestimó los planteos defensistas con meras afirmaciones dogmáticas y se limitó a repetir los elementos tenidos en consideración por la anterior instancia para dar por configurado el hecho, la calificación y el encuadre legal, proceder que -a su modo de ver- resultó insuficiente para una adecuada respuesta a las cuestiones planteadas (conf. arts. 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCP, y lo resuelto en el ya citado precedente "Casal").
II. El señor Procurador General propuso el rechazo de la impugnación.
III. No coincido con lo dictaminado, pues entiendo que la vía progresa en los términos que expondré a continuación.
III.1. Para arribar a la sentencia condenatoria, el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de La Matanza tuvo por acreditado -con relación al hecho aquí cuestionado (I)- que "...alrededor de la hora 0:30 del día 19 de junio de 2017 a la altura catastral 5.200 de la Avenida Crovara de la localidad de Isidro casanova de[l ...] Ptdo. De La Matanza, Abraham Orlando Barrionuevo y Christian Iván González, interceptaron la camioneta marca Toyota modelo Hilux dominio MXY-587, que se encontraba detenida, con sus balizas encendidas y su conductor Omar Simón Valiente Cuevas a bordo y mediante intimidación de una pistola calibre 9 mm. mo habida, trataron de reducirlo. Ante esto el nombrado valiente Cuevas reinició la marcha ante lo cual le efectuaron por lo menos un disparo con el arma señalada. Uno de los cuales ingresó en la región paraesternal izquierda, a la altura del cuarto espacio inte[r]costal, con orificio de salida en el hemitórax derecho, lineal axilar posterior, a la altura del noveno espacio intercostal. Lo que le provocó lesión de cuarta costilla izquierda, lesión de mediastino, lesión de pleura derecha, lesión de lóbulo inferior derecho y lesión parrilla costal derecha. Provocando a la víctima hemotórax derecho y hemomediastino, que le produjo un shock hipovolémico, producto de la pérdida brusca y masiva de sangre y descompensación hemodinámica e insuficiencia respiratoria, que le causaron la muerte. Siendo la trayectoria del proyectil letal de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. De inmediato los citados Barrionuevo y González fueron hasta donde chocó la aludida camioneta, y tras romper el vidrio del lado del conductor se apoderaron de la billetera del damnificado que contenía dinero en efectivo, un celular, un GPS, lentes de sol, una biblia evangélica. Tras lo cual se dieron a la fuga hacia el pasillo del costado del Monoblock 19" .
III.2. Al presentar el recurso de casación, la defensa de los imputados Barrionuevo y González planteó tres motivos de agravio, el principal vinculado con la participación de sus asistidos en el hecho I y con la valoración probatoria llevada a cabo por el tribunal de grado, que consideró arbitraria, por lo que reclamó la absolución. En subsidio, cuestionó la calificación legal del hecho y la determinación de la pena.
En lo que es ahora materia de impugnación, destacó que se debió otorgar el beneficio de la duda a sus asistidos en base a la prueba rendida en autos.
Cuestionó el testimonio brindado por Christofer Emanuel Maffuche, que fue el único que identificó a sus asistidos en las inmediaciones del lugar, por sus inconsistencias e imprecisiones. Puso de relieve su grave adicción a la pasta base y que se encontraba consumiendo al momento de percibir los hechos, destacó sus contradicciones en cuanto a su ubicación geográfica y contrapuso sus dichos con lo expuesto por el testigo Flores Rodríguez.
También criticó lo fallado por apartarse de la sana crítica racional, al desentenderse absolutamente de los informes de levantamiento de rastros y de cotejo de huellas dactilares, que daban cuenta de la intervención de otras personas en el hecho, ya que el primero dio resultado positivo de rastros dactilares en la puerta de la caja trasera, en el parante superior sector medio de la puerta del conductor y de la caja trasera del lado del acompañante, los que sometidos a cotejo de huellas dactilares con las de Barrionuevo y González arrojaron resultado negativo.
Expuso que, en los albores de la investigación, la hipótesis investigativa se direccionaba hacia otras personas sindicadas como "el gordo Alan" y "Jonathan Ezequiel Romero", respecto de quienes no se realizó ninguna pesquisa posterior.
También cuestionó fuertemente la investigación policial llevada a cabo, en cuanto a la falta de indagación de la hipótesis mencionada y a cómo llamativamente ingresó el testigo de cargo Maffuche, quien apareció después de la detención de González para avalar el accionar policial.
Se alzó contra las supuestas amenazas que habría recibido Maffuche, por considerar que no hubo en la causa otros elementos probatorios más que sus propios dichos.
Por todo lo expuesto, estimó que medió una absoluta orfandad probatoria para demostrar la mecánica del hecho así como la participación de sus defendidos. A su vez, entendió que en el debate quedó planteada una situación de duda objetiva que, en observancia del art. 1 del Código Procesal Penal, debió ser resuelta a favor de aquellos.
III.3. El Tribunal de Casación Penal, a partir del voto del juez Borinsky, a quien adhirió el doctor Natiello, ratificó la postura del órgano de mérito. El juez Carral, en disidencia, propuso hacer lugar al recurso y absolver a los imputados por el hecho 1.
El sufragio mayoritario, consideró que el tribunal criminal había dado las razones conducentes para la comprobación del hecho y la intervención de Barrionuevo y González, con referencia al testimonio de Chirstofer Emanuel Maffuche y de Esteban Flores Rodríguez, y de los funcionarios policiales Leandro Sebastián Tillería y Edgardo Germán Reno. Mencionó el acta de levantamiento de rastros y concluyó que, frente a ese cuadro convictivo, los reclamos de la defensa se desvanecían.
También afirmó que el fallo de primera instancia había otorgado debido tratamiento a las versiones exculpatorias de los imputados, y que la prueba de cargo desplazaba las dudas invocadas por la defensa.
III.4. Esta Corte tiene dicho que no resulta arbitrario el hecho de que el revisor haya coincidido con las respuestas dadas por el órgano juzgador para repeler las críticas a la valoración probatoria y, en igual sentido, la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene que la circunstancia de que la Cámara adhiera a las razones pertinentes expuestas por el juez de primera instancia para fundar su sentencia, no constituye causal de arbitrariedad (CSJN Fallos: 318:2056, cons. 6° y sus citas; causa P. 132.953, sent. de 16-XII-2021).
Sin embargo, en el caso se advierte un deficitario examen de los agravios llevados a la sede.
En particular, se evidencia que la respuesta fue genérica y sin hacer pie en los concretos planteos de la parte vinculados con la declaración de Maffuche, testimonio de cargo sobre el que se asentó casi con exclusividad el fallo de primera instancia, así como con la ausencia de otros elementos probatorios con entidad suficiente para acreditar la participación de sus asistidos en el hecho.
Como fuera puesto de manifiesto en el sufragio disidente del juez Carral, la defensa había invocado "una serie de proposiciones fácticas que inciden en la integridad y verosimilitud del testimonio de Maffuche, que debieron ser debidamente apreciadas por el tribunal, especialmente porque no afecta a un elemento probatorio colateral, llamado a complementar o reforzar otros elementos de prueba, sino a la principal fuente de prueba sobre la que se ha justificado la responsabilidad de los imputados" .
En consecuencia, no satisface el estándar de revisión amplia de la sentencia condenatoria la mera reproducción de los fundamentos brindados en la anterior instancia, sin un abordaje de los embates llevados por la asistencia técnica, pues el alcance del derecho de los condenados a un nuevo examen del pronunciamiento que impone una pena no puede quedar limitado a una exploración formalista.
Se advierte entonces que el fallo recurrido, en la cuestión así delimitada, prescindió de dar una respuesta adecuada conforme los agravios que habían sido llevados a esa sede y que resultaban conducentes para la decisión (CSJN Fallos: 247:111; 249:37; 301:978; 314:737, 1366 y 1434 y 318:2678; e.o.).
Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que con la doctrina de la arbitrariedad "...se tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, al exigir que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos: 297:100; 311:948 y 2402)" ( in re C.525.XLIII. Recurso de hecho. "Cabezas, Daniel Vicente y otros s/ denuncia -Las Palomitas- Cabeza de Buey", sent. de 17-X-2007, cons. 6°).
Tampoco se observa que hayan recibido adecuado tratamiento las versiones exculpatorias de la defensa, que la llevaron a reclamar para Barrionuevo y González la aplicación del beneficio de la duda. Ellas encontraron fundamento en una alegada defectuosa investigación policial, que habría descartado la intervención de otras personas en el hecho, con fuerte apoyo en la pericia de levantamiento de rastros y el resultado negativo que su cotejo habría arrojado con las huellas dactilares de sus asistidos.
Sobre esto, la genérica manifestación que realizó el tribunal intermedio, referida a que "en el veredicto se dio debido tratamiento a las versiones exculpatorias ensayadas por los imputados en oportunidad de prestar declaración en el debate...", no se compadece con la amplitud analítica que debe regir en la instancia de revisión de la sentencia de condena.
Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "...no es posible perder de vista la íntima relación existente entre la garantía de la doble instancia y el beneficio de la duda (conf. doctrina de Fallos: 329:2433). En este sentido, corresponde recordar que tanto ese principio como el del in dubio pro reo -ambos de trascendencia en el caso- guardan una estrecha relación con la presunción de inocencia constitucional (artículo 18 de la Constitución Nacional)" y que "Como directa consecuencia de la garantía constitucional en juego, [...] ha dejado sin efecto decisiones que prescindieron de explicar racionalmente la responsabilidad del acusado a partir de pruebas concordantes (Fallos: 329:5628, 'Miguel'), habiéndose precisado, también, que en función del principio del in dubio pro reo cabe dilucidar si, con las pruebas adquiridas en el proceso, puede emitirse un juicio de certeza positiva (ver mutatis mutandis Fallos: 329: 6019, 'Vega Giménez'). A la luz de estos principios, resulta decisivo que el juez, aún frente a un descargo que pudiera estimarse poco verosímil, mantenga una disposición neutral y contemple la alternativa de inocencia seriamente, esto es, que examine la posibilidad de que la hipótesis alegada por el imputado pueda ser cierta" (CSJN 1497/2013. Recurso de hecho, "Carrera, Fernando Ariel s/ causa n° 8398", sent. de 25-X-2016).
III.5. En atención a la solución que se propone, no corresponde el abordaje del embate vinculado con la calificación legal del hecho, reseñado en el acápite I.6.
III.6. En consecuencia, y sin que lo dicho implique un adelanto de opinión sobre el fondo del caso, corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley intentado por la defensa en los términos indicados, y devolver las actuaciones al Tribunal de Casación Penal a fin de que -debidamente integrado- se aborde la cuestión con el objeto de resguardar el derecho al recurso de los imputados (art. 496 y concs., CPP).
Voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Soria, Genoud, y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antece
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.