Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137696
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor defensor oficial adjunto, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.696-RC, "Ruiz Abraham Gonzalo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nº 108097 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Torres, Kogan.
La Sala VI del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 29 de marzo de 2022, rechazó el recurso de la especialidad deducido por la defensa de Abrahan Gonzalo Ruiz o Abraham Gonzalo Ruiz contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de La Matanza, en cuanto lo había condenado a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso, por encontrarlo coautor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio doblemente agravado por haber sido cometido mediante el empleo de arma de fuego y criminis causae en grado de tentativa; robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por la participación de un menor de dieciocho años de edad en grado de tentativa, homicidio triplemente agravado por haber sido cometido mediante el empleo de arma de fuego, por la intervención de un menor de dieciocho años de edad y criminis causae ; y homicidio triplemente agravado por haber sido cometido mediante el empleo de arma de fuego, por la intervención de un menor de dieciocho años de edad y criminis causae en grado de tentativa.
Contra esa decisión se alzó el señor defensor oficial adjunto ante la instancia intermedia, doctor Nicolás Agustín Blanco, merced al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue parcialmente concedido por la Sala recurrida (v. resol. de 30-VI-2022). Interpuesta queja por esa defensa, fue declarada inadmisible por esta Corte (resol. de 5-XII-2022 en causa P. 136.975-Q).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El señor defensor oficial denunció la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal en relación con el hecho del que resultó víctima Emiliano Pereyra Suárez. Y, en consecuencia, la inobservancia del art. 165 del mismo digesto sustantivo.
Se agravió de la calificación establecida por considerar que el homicidio ha sido un suceso accidental, producido durante un forcejeo entre el atacante y la víctima, de modo que aquella no operaba en el caso.
Afirmó que el Tribunal de Alzada no dio fundamentos respecto de la existencia o verificación de los elementos del tipo objetivo y del componente subjetivo propios de la figura agravada.
Adujo que la sentencia dictada por el Tribunal de Casación se limitó a sostener que Abraham Gonzalo Ruiz actuó con dolo directo, del que se desprende el desprecio por la vida humana, mas no alcanza para justificar la aplicación del art. 80 inc. 7 del mencionado cuerpo legal, que exige la presencia de "elementos subjetivos distintos del dolo" o las ultrafinalidades a las que alude la norma, aspecto este que no fue siquiera abordado por el tribunal intermedio.
Puso de relieve que, de los hechos probados en la causa, surge que el padre de la víctima, Juan José Pereyra, refirió que la intencionalidad de los presuntos autores era perpetrar el robo y no la provocación de la muerte de su hijo, resultando incuestionable que el deceso de Emiliano Pereyra Suárez aconteció en el marco de un forcejeo. De ello infiere, que es dable sostener que el disparo producido en ese forcejeo queda al margen de la ultrafinalidad requerida por la figura.
También refirió que su asistido no es el sujeto que describen los testigos y que se aprecia en el video. Además, insiste, que no existe certeza de que el disparo se efectuó con la intención de procurar la impunidad al tener lugar en el marco del referido forcejeo.
Planteó que el Tribunal de Alzada se limitó a realizar afirmaciones dogmáticas que se desentienden de los hechos que se han tenido por probados, circunstancias que no permiten aplicar la figura prevista por el art. 80 inc. 7 del Código Penal al no verificarse la conexión subjetiva que se tiene que dar en el agente, entre el homicidio y el otro delito.
Solicitó a esta Suprema Corte que case la resolución recurrida y resuelva en el sentido reclamado por la parte.
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del remedio extraordinario articulado.
III. Concuerdo con esa postura.
El recurso fue concedido solo para el abordaje del agravio de errónea aplicación de la ley sustantiva. En ese acotado ámbito efectuaré una breve reseña del derrotero procesal de la causa.
III.1. El Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de La Matanza tuvo por comprobado -en lo relativo al hecho que es materia de impugnación (Hecho 2)- que: "...El día 16 de agosto del año 2019, entre las 2:15 y 2:20 horas aproximadamente, al menos tres sujetos del sexo masculino, uno de ellos mayor de edad y los dos restantes menores de edad, quienes se trasladaban en un rodado marca Ford modelo Focus color gris plata, dominio DWR-359, sustraído en el hecho 1, actuando de consuno y previa división de tareas, interceptaron a Emiliano José Ignacio Pereyra Suárez, quien se encontraba en el interior de su rodado marca Fiat modelo Fiorino de color blanco, dominio WKU-099, frente a la vivienda en la que habitaba sita en la calle Basualdo nº1142 entre las arterias Perito Moreno y Miro de la localidad de Villa Luzuriaga, partido de La Matanza y mediante intimidación con las armas de fuego que portaban, intentaron apoderarse ilegítimamente del vehículo en cuestión y de pertenencias de la víctima, no logrando su cometido, debido a la resistencia opuesta por Pereyra Suárez, momento en el que uno de los sujetos en medio de un forcejeo y por no haber logrado el fin que se habían propuesto y para lograr su impunidad y la de sus consortes, con el propósito de ocasionarle la muerte, le efectuó a Pereyra, un disparo con el arma de fuego que portaba, provocándole una lesión contusa perforante superficial en cuero cabelludo en la región fronto-parieto-temporal izquierda y una lesión contusa perforante en región supraclavicular izquierda, que instantes después le provocó su deceso (hecho 2.A); siendo que simultáneamente a ello, otro de los sujetos activos, por no haber logrado su cometido ilícito y para procurar sus impunidades, con el claro designio de darle muerte a Juan José Pereyra, le efectuó dos disparos con su arma de fuego, que no ocasionaron su muerte, debido a razones ajenas a su voluntad, ya que éste se resguardó detrás de un ligustro existente en el lugar, desde donde intentó ayudar a su hijo, arrojándoles cascotes y piedras a los malvivientes, huyendo todos ellos en el mismo rodado en el que habían arribado al lugar (hecho 2.B)".
Por ese hecho el Tribunal encontró a Ruiz coautor penalmente responsable de robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por la participación de un menor de dieciocho años de edad en grado de tentativa, homicidio triplemente agravado por haber sido cometido mediante el empleo de arma de fuego, por la intervención de un menor de dieciocho años de edad y criminis causae -en perjuicio de Emiliano Pereyra Suárez- y tentativa de homicidio triplemente agravado por haber sido cometido mediante el empleo de arma de fuego, por la intervención de un menor de dieciocho años de edad y criminis causae en grado de tentativa -en perjuicio de Juan J. Pereyra-, concursando todos materialmente entre sí (arts. 5, 12, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 41 bis, 41 quater, 42, 44, 45, 55, 80 inc. 7, 166 inc. 2, párr. segundo, Cód. Penal).
III.2. La defensa del imputado interpuso recurso de casación en el que plateó -en lo que aquí interesa- que el art. 80 inc. 7 del Código Penal fue erróneamente aplicado por no existir elemento que permita asegurar, con el grado de certeza necesario, que el disparo producido en el forcejeo mencionado en el Hecho 2 haya tenido el dolo requerido en la figura en cuestión. Alegó que no se probó la conexión ideológica que califica la figura agravada y sostuvo que debió aplicarse la prevista por el art. 165 del digesto de fondo.
III.3. La Sala IV del Tribunal de Casación Penal rechazó la impugnación.
Destacó que no hubo dudas respecto a la intención y el plan de los incusos de "...intentar desapoderar a la víctima de la camioneta. Ahora bien, dicha particularidad no puede deslindarse del homicidio que resultó en consecuencia a ese accionar. El homicidio 'criminis causa' se conecta ideológicamente con otro delito".
Afirmó que se demostró en el debate "...la participación de dos personas que intervinieron en el episodio. Ello así por los contundentes testimonios recogidos en el juicio que sindican a Ruíz y al otro encartado al momento del hecho. [El...] delito que ha de ser conectado ideológicamente con el homicidio de Emiliano Pereyra Suárez es el robo calificado por el uso de arma de fuego -además de ser agravado por la intervención de un menor de dieciocho años de edad-. Tal como lo expresara el sentenciante, en los tres casos [...], los disparos al cuerpo de las víctimas se producen en respuesta a su intervención y para consumar el robo (Juan José Pereyra) [...] y por no haber logrado consumar el fin propuesto y procurar su impunidad (Emiliano Pereyra Suárez). En el caso de autos, existe [...] entre ambos ilícitos (homicidio con el robo en grado de tentativa) una conexión ideológica del tipo 'final'. En el homicidio finalmente conexo, se mata para conseguir una de las finalidades enunciadas en la ley. Esta circunstancia muestra a las claras lo imprescindible de la conexión subjetiva que se tiene que dar en el agente, entre el homicidio y el otro delito. La demostración de la existencia de dicha conexidad subjetiva basta para agravar el homicidio. Es que los sujetos activos matan para lograr un fin relacionado con el otro hecho criminoso. Es decir que no se detienen en su propósito de lograr el fin perseguido (que en el caso es procurar la impunidad por el delito de robo intentado y por no haber logrado consumar el fin propuesto), aun habiendo previsto que será conveniente o necesario para tal fin el cometer el homicidio".
Con cita de doctrina refirió que para que concurra la mencionada figura calificada del homicidio, no siempre es necesario una preordenación anticipada, ya que la ley únicamente exige que el fin delictuoso funcione como motivo determinante del homicidio, lo que no requiere indefectiblemente una reflexión sino solo una decisión, que puede incluso producirse súbitamente en la ejecución del hecho.
Por ello, concluyó que el homicidio se relaciona directamente con el robo, siendo dicha comunicación un estrecho punto de contacto donde el primero es consecuencia de un evento ocurrido a raíz del segundo.
IV. Como adelanté, el recurso no prospera.
IV.1. Frente a similares planteos a los ahora traídos, el órgano a quo confirmó la aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal.
En primer lugar, se aprecia de la reseña efectuada que la defensa insiste en su pretensión de mutar la calificación legal con sustento en una supuesta falta de acreditación de las ultrafinalidades exigidas por el citado art. 80 inc. 7 del Código Penal, con argumentos que se desentienden de lo resuelto por el tribunal revisor, sin respaldo en una crítica idónea como para demostrar que los hechos acreditados no fueran justamente encuadrados en la normativa citada (art. 495, CPP).
Por otra parte, los planteos formulados -en rigor- refieren al mérito asignado a los elementos de prueba y a la fijación de los hechos, a partir de considerar que en el caso no se acreditó el aspecto subjetivo del homicidio criminis causa , proponiendo una calificación alternativa, materia que excede el acotado ámbito de conocimiento de esta Corte en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en trato, salvo supuestos de excepción que no vienen justificados (doctr. art. 494, CPP).
IV.2. Para más, esta Corte tiene dicho que, en lo que atañe a la ultrafinalidad del art. 80 inc. 7 del régimen penal, no se exige que ello redunde en un actuar reflexivo, meditado o de planeamiento que la figura no requiere. Pues, no resulta -ni expresa ni implícitamente- que el "elemento subjetivo" del tipo al que hace referencia deba concurrir antes de iniciarse la ejecución del otro delito, bastando su devenir súbito o en el curso de la ejecución del hecho, también cuando, si así fuere el caso, la muerte hubiera tenido lugar a consecuencia de la resistencia de la víctima del robo (doctr. causas P. 34.495, sent. de 6-II-1987; P. 53.150, sent. de 11-III-1997; P. 100.416, sent. de 12-III-2008; P. 111.820, sent. de 31-VII-2013; P. 121.266, sent. de 17-V-2017; P. 127.493, sent. de 9-V-2018; P. 129.785, sent. de 8-V-2019; e.o.).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Genoud, Torres y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor defensor oficial adjunto, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/05/2024 09:44:37 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/05/2024 12:12:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/05/2024 14:01:50 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2024 23:28:17 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2024 08:25:58 - JOFRE Lucia - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 03/06/2024 11:38:49 hs. bajo el número RS-146-2024 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia