Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa 137823
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por los particulares damnificados Liliana Licata y Juan Carlos Valdez, por derecho propio, con el patrocinio letrado de la doctora María Victoria Fernández, con costas (art. 495, CPP).
Se regulan los honorarios profesionales de la doctora María Victoria Fernández por la labor desarrollada ante esta instancia en doce (12) jus (art. 31, ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.823 RC, "Licata, Liliana y Valdez, Juan Carlos -particulares damnificados- s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 22.578 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, Sala II, seguida a Jorge Américo Armesto", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria , Genoud, Torres .
De la causa radicada electrónicamente ante esta Suprema Corte se advierte que, el 22 de agosto de 2022, el Juzgado en lo Correccional n° 2 de Bahía Blanca dictó veredicto absolutorio en favor de Jorge Américo Armesto en orden al delito de homicidio culposo.
La abogada María Victoria Fernández -en representación de los particulares damnificados Liliana Licata y Juan Carlos Valdez- apeló ese pronunciamiento y la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, el 12 de octubre de 2022, desestimó la impugnación por inadmisible.
Frente a lo así decidido, esa parte presentó un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuyos agravios federales fueron admitidos por la Cámara mediante resolución de fecha 8 de noviembre de 2022.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Liliana Licata y Juan Carlos Valdez, en su carácter de particulares damnificados, por derecho propio, con el patrocinio letrado de la doctora María Victoria Fernández, denunciaron que la decisión de la Cámara que desestimó el recurso de apelación por inadmisible, quebrantó el derecho a la revisión por un tribunal superior.
Puntualizaron que, al deducir el recurso de apelación, invocaron el art. 48 del Código Procesal Civil y Comercial frente a la perentoriedad de los plazos dado que se encontraban fuera de Bahía Blanca.
Agregaron que la gestión de su letrada fue luego ratificada dentro de los sesenta días.
Sostuvieron que, al rechazarse tal actuación, la Cámara incurrió en arbitrariedad por afectar las garantías previstas en los arts. 16, 18 y 19 de la Constitución nacional; 77 del Código de rito y 171 de la Constitución provincial.
Alegaron que el art. 77 del Código Procesal Penal invocado por el Tribunal de Alzada, admite la posibilidad del particular damnificado de presentarse con patrocinio letrado o apoderado y deja un vacío legal respecto de la actuación del letrado patrocinante en los casos urgentes donde se encomienda una gestión procesal o mandato.
Insistieron en que la decisión del revisor quebrantó el derecho de defensa en juicio, el debido proceso y el derecho a la propiedad. En su apoyo, se remitió a los arts. 1.775 a 1.777 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Argumentaron que con tal decisión no le estaría brindando un rol activo al particular damnificado en violación a la garantía de inalienabilidad de la defensa en juicio de los derechos. En función de ello, sostuvieron que el temperamento adoptado quebrantó el derecho de defensa en juicio de los particulares damnificados, obturando la vía del resarcimiento todo lo cual afectaría su derecho a la propiedad (arts. 17 y 18, Const. nac.).
Finalmente, se agraviaron de la afectación de la garantía de la doble instancia por considerar que esta no puede limitarse a las personas imputadas pues ello crearía una desigualdad. Citaron los fallos "Arce" de la Corte nacional y "Herrera Ulloa" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (conf. art. 8.2. "h", CADH).
II. La Procuración General aconsejó rechazar el recurso.
III. Coincido con lo así dictaminado.
III.1. La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, desestimó por inadmisible el recurso de la especialidad presentado por la abogada María Vitoria Fernández.
En primer lugar, recordó que Valdez y Licata se constituyeron como particulares damnificados, por derecho propio, con el patrocinio letrado del doctor Larriera, -luego sustituido por la doctora Fernández-. Detalló los diversos actos procesales en que intervinieron bajo esta modalidad, entre ellos, durante su intervención en la audiencia de debate.
Sentado lo anterior, afirmó que la doctora María Victoria Fernández no era apoderada de los particulares damnificados por lo que no podía interponer por sí sola el recurso de apelación; carecía de legitimación para actuar en forma individual conforme lo dispuesto en el art. 77 del Código Procesal Penal.
Agregó que si se considerase que el recurso podría integrarse con una posterior ratificación de los particulares damnificados dicha confirmación debió cumplirse antes de que venciera el plazo de veinte días establecido por el Código Procesal para articular la impugnación del veredicto.
A su vez, recordó que, en precedentes anteriores y similares al presente, dicha Cámara había sostenido ya que no era posible la aplicación del art. 48 del Código Procesal Civil y Comercial, ya que la letra del art. 77 del Código Procesal Penal establece dos formas de actuación del particular damnificado: por derecho propio con patrocinio letrado o mediante apoderado -en las formas previstas por dicha norma-. Concluyó entonces que la gestión con base en el art. 48 del Código Procesal Civil y Comercial no era aplicable por vía supletoria pues tampoco existe una norma que así lo disponga.
Por último, aclaró que la aplicación supletoria de la normativa civil procede en supuestos donde se constituye un actor civil, donde existe un civilmente demandado y citado en garantía (de acuerdo con el art. 69 del Código Procesal Penal), sin que resulte posible extender dicho criterio analógicamente cuando la normativa procesal no lo precisa de modo expreso respecto al particular damnificado.
III.2. No se advierte en lo decidido, una vinculación directa e inmediata con las garantías constitucionales invocadas.
En rigor, se invoca una presunta colisión entre dos reglas procesales, es decir, no con principios o garantías constitucionales (ni de aquellas con estas).
Consecuentemente se trata de cuestiones concernientes a la interpretación y alcance de normas de naturaleza procesal que, como es sabido, resultan vedadas al control casatorio de este órgano (art. 494, CPP) salvo casos excepcionales, que, tal como se dirá, no vienen aquí demostrados (conf. arts. 494, 495 y concs., CPP; causas P. 133.634, sent. de 21-II-2022; P. 135.002, sent. de 2-VI-2023; e.o.).
Por lo demás, frente a las concretas razones expuestas por el Tribunal de Alzada, los recurrentes se limitan a insistir dogmáticamente en la necesidad de aplicar analógicamente la normativa procesal civil, sin hacerse cargo de conmover los específicos motivos brindados.
Es que la regla del art. 77 del Código Procesal Penal no presentó problemas de indeterminación lingüística para los jueces que la aplicaron: la pretensión de quien desee constituirse como particular damnificado debe hacerse en forma personal con patrocinio letrado o mediante apoderado con mandato especial o mediante simple carta-poder autenticada la firma por escribano o funcionario judicial letrado habilitado.
Constituida como parte procesal, el art. 79 inc. 7 del mismo cuerpo, otorga a los ofendidos, entre otras facultades puntuales, la de impugnar en los casos, por los medios y en las formas previstas para el Ministerio Público Fiscal, incluso cuando esa parte no lo haga.
Vale decir que, como parte procesal, la víctima actúa con patrocinio letrado o mediante apoderado, tal como lo afirmó el órgano revisor.
Por otro lado, el art. 85 dispone que, para la víctima que no esté constituida como parte procesal, "no será obligatorio el patrocinio letrado" en el ejercicio de los derechos que se le acuerdan.
De modo que, de las reglas indicadas, se desprende que quien es considerado víctima puede: constituirse como parte procesal y actuar con patrocinio letrado/apoderado; o no hacerlo y actuar sin patrocinio letrado en los supuestos que así se admitan.
Sin embargo, en el caso -como se dijo- la letrada María Victoria Fernández interpuso una impugnación con su sola firma en nombre de los particulares ofendidos, invocando para ello la regla de gestión de un procedimiento ajeno al penal: de derecho civil y comercial. La Cámara le opuso la imposibilidad de aplicar analógicamente dicha normativa del procedimiento de derecho privado en este tipo de casos por no estar previsto su aplicación supletoria.
La parte insiste ante esta instancia con el forzado argumento de pretender la traspolación de una base legal de una regla de otro fuero, sin rebatir lo decidido.
Con todo y aun cuando -efectivamente- tal figura no encuentra amparo en la ley especial que rige al procedimiento penal la Cámara adunó que la "ratificación" de la presunta gestión realizada por la letrada de los particulares damnificados, no tenía validez puesto que se formuló fuera del plazo de veinte días para la interposición del recurso. Y esta respuesta tampoco es suficientemente replicada.
En definitiva, las alegaciones vinculadas a la violación del debido proceso, al derecho de defensa y al derecho a la propiedad no trascienden de un mero criterio divergente con lo efectivamente debatido y resuelto sobre un tópico de cariz netamente procesal (conf. art. 495 cit.; "Strada", "Di Mascio" y "Christou", CSJN en sentido adverso).
III.3. De igual manera, tampoco son de recibo las críticas en torno a que, a la luz del principio de igualdad ante la ley (art. 16, Const. nac.), los particulares damnificados también se encuentran amparados por el derecho al recurso previsto en el art. 8.2. "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (conf. art. 495, cit.).
Cabe recordar que esta Suprema Corte tiene dicho que la intervención de la víctima como sujeto del proceso penal se presenta como una manifestación del derecho a la jurisdicción y a la tutela judicial efectiva asegurado convencionalmente a partir de los arts. 8 apartado 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y expresamente así lo ha sostenido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al afirmar que "...el acceso a la jurisdicción por parte de la víctima de un delito [...] deviene fundamentalmente del ciudadano" (conf. Informe n° 28/92 Com. IDH, "Herrera, Alicia Consuelo y otros", 2-X-1992). A su vez nuestro legislador en observancia de ello así lo ha reglamentado (art. 83 y concs., CPP).
Ahora bien, de la circunstancia de que la víctima sea un sujeto beneficiario de las garantías del derecho internacional de los derechos humanos, y que por ende, pueda intervenir en el proceso penal como un sujeto procesal legítimo (art. 77 y concs., CPP -tal como lo hicieron los particulares damnificados a lo largo del proceso y durante el juicio, conforme lo expresó la Cámara-) no implica que se le deba extender la garantía del derecho al recurso expresamente prevista para las personas acusadas de la comisión de un delito.
En efecto, contrariamente a lo sostenido por la parte, el "derecho al recurso" que expresamente establecen tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8.2. "h", CADH) como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.5, PIDCP) solo le asiste al imputado. Y la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 329:5994) se encargó de señalar que la fuente convencional de la que emana el derecho a recurrir para la víctima son los arts. 8.1. y 25 (CADH) y no el específico 8.2. "h" (conf. causa P. 130.555, sent. de 11-VIII-2020).
IV. Finalmente, en función de lo expuesto en los puntos anteriores, las objeciones de los impugnantes tampoco demuestran la configuración de arbitrariedad en el temperamento adoptado.
Cabe recordar que conforme se ha expresado en diversas oportunidades, no basta la mera disconformidad del apelante con el pronunciamiento, en tanto la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto la corrección de sentencias equivocadas o que se estimen tales, sino que atiende solo a supuestos de omisiones y desaciertos de gravedad extrema en que, a causa de ellos, las sentencias queden descalificadas como acto jurisdiccional (conf., CSJN doctr. Fallos: 338:623; 339:1066; e.o.).
En suma, los embates desarrollados por la parte -analizados precedentemente- no lograron demostrar que los fundamentos del fallo recurrido adolezcan de alguno de tales vicios.
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Coincido con la doctora Kogan en que el recurso debe ser rechazado.
En efecto, comparto con la colega ponente que lo que se ha planteado es una cuestión concerniente a la interpretación y alcance de normas de naturaleza procesal, vedadas al control casatorio de este órgano (art. 494, CPP), salvo demostración de arbitrariedad, que aquí no se ha verificado (v. punto III.2. del voto que abre este acuerdo).
Luego, las críticas basadas en el derecho al recurso están atadas a la suerte del planteo de arbitrariedad en la interpretación del art. 77 del Código Procesal Penal por excesivo rigor formal. Pero, además, como nota la doctora Kogan, la parte equivoca la vía argumentativa al invocar el art. 8.2. "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando -en todo caso- debió alegar en función de los derechos a la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia reconocidos en los arts. 18 de la Constitución nacional; 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; 2.3 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ello refuerza la insuficiencia de la impugnación (art. 495, CPP).
En definitiva, al no haber demostrado el recurrente ni la irrazonabilidad de los argumentos de la Cámara, ni un error manifiesto en la aplicación e interpretación de las normas procesales, queda desvirtuada toda idea de restricción sustancial de la vía utilizada, con afectación del debido proceso.
Voto por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por los particulares damnificados Liliana Licata y Juan Carlos Valdez, por derecho propio, con el patrocinio letrado de la doctora María Victoria Fernández, con costas (art. 495, CPP).
Se regulan los honorarios profesionales de la doctora María Victoria Fernández por la labor desarrollada ante esta instancia en doce (12) jus (art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/05/2024 09:44:39 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/05/2024 12:12:05 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/05/2024 14:01:52 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2024 23:28:23 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2024 08:26:00 - JOFRE Lucia - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 03/06/2024 10:54:42 hs. bajo el número RS-141-2024 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia