Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138132
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la señora fiscal ante el Tribunal de Casación Penal (doctr. arts. 495, 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.132 RC, "María Laura E. D'Gregorio -Fiscal Titular Interina ante el Tribunal de Casación Penal- s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 120.252 del Tribunal de Casación Penal, Sala II, seguida a B., V. D.", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Genoud, Kogan.
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 9 de noviembre de 2022, rechazó el recurso homónimo interpuesto por el señor fiscal contra la resolución de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Mercedes que hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa del nombrado y revocó el auto del Juzgado de Garantías interviniente que había denegado el pedido de prescripción de la acción penal emergente del "hecho II" solicitado a favor de V. D. B.. En consecuencia, la Cámara declaró la extinción de la acción penal por prescripción respecto del mentado hecho, calificado como abuso sexual agravado por configurar un sometimiento gravemente ultrajante para la víctima, por el vínculo y por ser el encargado de la guarda, y dispuso su sobreseimiento en los términos del art. 323 inc. 1 del Código Procesal Penal.
Contra lo así decidido, la señora fiscal titular interina ante el Tribunal de Casación Penal, doctora María Laura E. D'Gregorio, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue admitido por la referida sala del Tribunal de Casación Penal.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos, presentada la memoria por la señora defensora adjunta a cargo interinamente de la Defensoría de Casación Penal, doctora Ana Julia Biasotti, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. La señora fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, doctora María Laura E. D'Gregorio, denunció apartamiento de la doctrina legal del Máximo Tribunal nacional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vulneración al principio de supremacía constitucional y errónea aplicación del art. 62 del Código Penal, en contra de obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino (arts. 8 y 25, CADH; 4 y 7, Convención de Belém do Pará; 3 y 19, CDN; 1, 2 y 15.2., CEDAW y 18 y 75 inc. 22, Const. nac.).
Adujo que las disposiciones del art. 62 del Código Penal -vigentes al tiempo de comisión de los sucesos objeto de investigación (hecho II: año 2000/2002)- deben ser interpretadas en consonancia con las normas de derecho internacional relevantes. En particular, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -"Convención de Belém do Pará"-, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Expuso que aquellas obligan al Estado a dar una protección reforzada a los niños, niñas, adolescentes y mujeres.
Alegó que una adecuada lectura del bloque constitucional y su operatividad normativa imponía la aplicación de los arts. 62 y 67 del Código Penal bajo el prisma de derechos consagrados por la Convención sobre los Derechos del Niño y la prevalencia del interés superior del niño como pauta de interpretación de las normas en juego.
Con ese norte, destacó que la inteligencia que el tribunal revisor le otorgó al art. 62 del Código Penal, se alza contra las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino de investigar con la debida diligencia y sancionar la violencia contra las mujeres, garantizándoles el acceso a procedimientos legales justos y eficaces, así como la tutela judicial, continua y efectiva. Ello debido a que esas obligaciones se hallaban vigentes en el momento en que acaecieron los hechos de autos -entre los años 2000 y 2002- hasta el momento de la denuncia efectuada por la víctima en el año 2022.
Refirió que todas las obligaciones asumidas por el Estado argentino, sean las que integran el bloque constitucional, sea la supralegal, tenían plena vigencia con anterioridad a la fecha en donde comenzaron a suceder los hechos aquí juzgados. Por lo tanto, estimó, una norma de inferior jerarquía -como lo es el art. 62 del Código Penal- no puede ser invocada para incumplir tales obligaciones internacionales (art. 27, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados).
I.2. A continuación, hizo un breve racconto de lo declarado por la joven víctima: "...[m]e había enterado que mi hermana denunció a V. B., nuestro abuelo, papá de nuestro papá. No hablé con M. en profundidad de la situación ni conozco el contenido de lo que denunció, pero me imagino, que debe tener que ver con algo parecido a lo que me pasó a mí con él. Lo mío sucedió cuando mis abuelos vivían acá en Buenos Aires, enfrente de mi casa [...]. Yo tenía 7 años, y como a veces dormíamos en la casa de ellos porque mis papás trabajaban, él me llevaba a su pieza cuando mi abuela se iba y me tocaba las partes íntimas, me besaba todo el cuerpo-. Me refiero a los pechos, la vagina y la cola. No recuerdo lo que me decía [...]. Preguntada para que diga si en esas situaciones había alguien más en la vivienda, refiere: NO. Estaba a cargo de él. Preguntada para que diga si eso pasó muchas veces, refiere: Sí. Todas y cada una de las veces que me quedaba a dormir [...]. Me pasó hasta los 9 años aproximadamente y dejó de suceder porque dejé de ir a la casa de ellos, nosotros no vivimos más en el lugar. Preguntada para que diga si alguna vez vio que le hiciera algo a su hermana M., refiere: No. Preguntada para que diga si lo pudo contar o hablar con alguien, refiere: No. Cuando lo quise hablar nadie me creyó. Se lo intenté decir a mi abuela -su mujer- a mis 14 años y ella me ignoró, me preguntó por qué no lo dije en el momento en que pasó y no le dieron más vueltas al asunto. Mi mamá me creyó y mi papá no. Me preguntó lo mismo que mi abuela de por qué no lo conté en su momento [...]. Preguntada para que diga si habló con su hermana de lo que le pasó, refiere: No. Tampoco. Preguntada para que diga si conoce otras víctimas de V., refiere: Por lo que he escuchado calculo que le ha hecho lo mismo a todas las nenas de la familia. Tengo conocimiento de algunas pero preferiría no dar nombres, porque es la intimidad de ellas. Preguntada para que diga los motivos por los cuales no conversó con su hermana de estos temas en profundidad, refiere: Para no incomodarla, para no obligarla a recordar lo feo, porque prefiero que sea así".
La representante del Ministerio Público Fiscal señaló que, si bien las reformas introducidas al instituto de la prescripción a partir de las leyes 26.705 y 27.206 no resultan de aplicación a hechos que, como el presente, tuvieron lugar con anterioridad a su entrada en vigencia, las mencionadas convenciones internacionales sí se encontraban vigentes y era imperioso que los jueces llevaran a cabo el control de convencionalidad.
Manifestó que de ninguna manera el paso del tiempo sin que la víctima hubiera puesto de manifiesto la situación que la habría conmovido y la conmueve por encontrarse condicionada por el contexto familiar en el cual se desarrollaron los hechos, o no encontrarse preparada emocional o psicológicamente para expresar públicamente ello, tiene relación con el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, sino claramente con el derecho de acceso a la justicia.
Y enfatizó que el transcurso del tiempo, respecto de hechos no denunciados, como elemento determinante para que opere el instituto de la prescripción de la acción, responde a una ley (Código Penal) que proviene del derecho penal interno, que no cristaliza ni hace operativo ningún derecho de raigambre constitucional (CDN).
II. El señor Procurador General aconsejó hacer lugar al reclamo.
III. El carril extraordinario incoado resulta insuficiente para revertir lo decidido por las dos instancias jurisdiccionales previas (conf. mutatis mutandis , causas P. 132.967 y P. 133.029, sents. de 30-VIII-2021; art. 495, CPP).
III.1. Las denuncias de violación a los arts. 3 y 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 4 y 7 de la Convención de Belém do Pará y 1, 2 y 15.2. de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, no pueden prosperar (conf. art. 495, cit.).
Ante análogo planteo llevado en el recurso de casación, el tribunal intermedio sostuvo de manera inicial que la controversia se centraba en determinar la ley aplicable a los hechos denunciados. Destacó que, a partir del razonamiento alcanzado por la Cámara, en el caso en estudio, se encontraban en colisión dos grupos de garantías de igual rango constitucional, por un lado -en favor del imputado- las vinculadas con los principios de legalidad e irretroactividad de la ley penal más gravosa y por el otro -en lo que atañe a la víctima- la tutela judicial efectiva y el interés superior del niño, niña o adolescente.
En ese sentido, explicó que el Tribunal de Alzada entendió que "...la normativa vigente al tiempo de los hechos apuntados era recién la resultante de las modificaciones de la Ley N° 25.990, que resulta más benigna que la anteriormente indicada -en referencia a la ley 27.206-, de modo que el principio de irretroactividad de la ley penal que prevé el art. 2 del CP impide aplicar las modificaciones ulteriores en perjuicio del imputado, dado que lo colocaría en una situación más gravosa". Y que "...el principio de legalidad en materia penal (art. 18 de la CN), entre sus múltiples contenidos, comprende el relativo a la irretroactividad de la legislación penal [...]. Por ello, es que la sola invocación de las disposiciones de la CIDN, sumado ello a la noción de tutela judicial efectiva, no puede neutralizar la vigencia de iguales normas convencionales que son dables de observar".
Luego de realizar algunas precisiones sobre el instituto de la prescripción de la acción penal, ligado a la estabilidad y seguridad jurídica, alejando la idea de incertidumbre que se genera por la prolongación de los procesos, sostuvo que compartía los argumentos dados por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal para decretar el sobreseimiento de B. con motivo de encontrar prescripta la acción penal respecto de los delitos que se le atribuyeron en calidad de autor.
El Tribunal de Casación, hizo alusión al pronunciamiento dictado por esa Sala en causa n° 102.233 caratulada "P., J. A. s/ recurso de casación interpuesto por Agente Fiscal", sentencia de 21-V-2021, y destacó que "...del contenido específico de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos involucrados tales como la Convención Interamericana de Derechos Humanos 'Pacto de San José de Costa Rica' (C.A.D.H.), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ('Convención de Belém de Pará') y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CDN), no se extrae como conclusión razonada que, siquiera interpretativamente, pueda suponerse que, para asegurar el 'acceso a la justicia' y garantizar la 'tutela judicial efectiva' y el 'interés superior del niño' consagrado por dicha normativa, en los casos como el de autos en donde se investiga la presunta comisión de un delito de abuso sexual infantil, deban contemplarse plazos de prescripción diferentes al de los 'delitos comunes'".
A tales argumentos adicionó que la mencionada legislación internacional no consagra que para los hechos por ella regulados deban ser consideradas excepciones o diferencias respecto del plazo de prescripción de la acción penal que rige para otro tipo de delitos, ni mucho menos evaluar su imprescriptibilidad, o que para garantizar el debido resguardo de su contenido deban efectuarse extensiones temporales en su perseguibilidad punitiva.
Citó el precedente Vélez Restrepo y familiares vs. Colombia , de 3-IX-2012 -considerando 282°- de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y destacó que la imprescriptibilidad de la acción penal tampoco fue el camino adoptado por la ley 27.206. Agregó que "[d]esconocer la normativa local aplicable llegaría al absurdo de destacar la innecesariedad del dictado de los códigos de fondo y de cualquier otra ley de carácter interno infra constitucional en virtud de la existencia de principios dotados de mayor rango".
Sentado ello sostuvo que, "...al momento de los hechos que se atribuyen a B., ni el legislador local ni su parte convencional han estipulado para los delitos de índole sexual en donde se encuentran involucrados como presuntas víctimas menores de edad, consecuencias disímiles respecto del plazo de prescripción de la acción a las contempladas para con los demás delitos (con la salvedad efectuada respecto de los de 'lesa humanidad')". También descartó el argumento del recurrente sobre que la ley 27.206 "...importe la concreción explícita de los principios que ya imperaban en el ordenamiento local en virtud de que tales tratados ya se encontraban operativos al momento de la comisión de los hechos", en tanto la misma "...modifica el mojón de partida respecto del inicio del cómputo de la prescripción de la acción penal para el delito en trato, estableciendo de ese modo un parámetro desventajoso para quien, conforme la etapa en la que nos encontramos, se le atribuye en calidad de autor un hecho cometido con anterioridad a la fecha de su entrada en vigencia".
III.2. Conforme se advierte de la reseña de agravios y la respuesta dada por el Tribunal de Casación Penal, la parte dejó incontrovertida la parcela del fallo vinculada con la afectación a dicho principio de legalidad y la irretroactividad de la ley penal. Sus críticas radican en que los tratados y convenciones internacionales mencionados ya se encontraban vigentes al momento de los hechos y, por eso, se debieron ponderar los principios y garantías allí contenidos dotándolos de un mayor peso específico. Sin embargo, ese entramado ninguna incidencia tuvo en la solución del caso pues la extinción de la acción penal se fundó exclusivamente en el cumplimiento de los requisitos objetivos del instituto de la prescripción acorde a la regulación en la ley vigente al momento de consumación de los hechos materia de acusación (arts. 2, 62 inc. 2, 67 y 119 -segundo y cuarto párrafos, inc. "b"-, todos del Código Penal, texto anterior a las leyes 26.705 y 27.206).
III.3. De igual manera la parte insiste dogmáticamente en la responsabilidad internacional del Estado, sin hacerse cargo de lo sostenido en cuanto a que el delito investigado no constituye ninguno de los supuestos declarados imprescriptibles de acuerdo a las convenciones que así lo determinan.
En definitiva, sobre estos puntos, el impugnante no realizó una crítica con argumentos suficientes como para concluir que, en el caso, hubiera existido un apartamiento de la doctrina citada y con ello la vulneración a principios y garantías avalados constitucional y convencionalmente. Media pues insuficiencia de los reclamos traídos (art. 495, CPP).
IV. Por lo demás, cabe destacar que lo decidido por el tribunal intermedio al momento de brindar sustento a su decisión en coincidencia con el fallo dictado por la Cámara de Apelación y Garantías, se condice con lo que ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Mirás" (CSJN Fallos: 287:76), donde se estableció que si una ley que define la acción penal como sujeta a prescripción es modificada por otras ulteriores, las modificaciones se encuentran alcanzadas por la prohibición de aplicación retroactiva de la ley penal más gravosa; y que la aplicación de una disposición legal posterior al hecho más grave que suspende el curso de la prescripción es contraria al art. 18 de la Constitución nacional. En suma, afirmó que el principio de legalidad se aplica a los casos de prescripción cuando la interpretación de la ley es más gravosa para los intereses del imputado -como la que aquí se pretende-, y no cuando es la hipótesis inversa (v. esp. cons. 5° a 7°, fallo cit.).
La Corte federal ha declarado que el principio constitucional que impide tal retroactividad (art. 18, cit.) comprende la exclusión de disposiciones penales posteriores al hecho infractor -leyes ex post facto - que impliquen empeorar las condiciones del imputado, como así también que el instituto de la prescripción cabe sin duda alguna en el concepto de "ley penal", desde que este comprende no solo el precepto, la sanción, la noción del delito y la culpabilidad, sino todo el complejo de las disposiciones ordenadoras del régimen de extinción de la pretensión punitiva (v. esp. cons. 6° y 7°, fallo cit.).
Del mismo modo, el Máximo Tribunal federal en el caso "Arancibia Clavel", sentencia de 24-VIII-2004 (CSJN Fallos: 327:3312), orientado por criterios de derecho internacional y consuetudinario, realizó una distinción de acuerdo a la categoría de delito de que se trate. En tal ocasión precisó que "...el instituto de la prescripción de la acción penal, está estrechamente ligado al principio de legalidad, por lo tanto no sería susceptible de aplicación una ley ex post facto que alterase su operatividad en perjuicio del imputado. El rechazo de la retroactividad de disposiciones penales posteriores al hecho, las llamadas leyes ex post facto, que impliquen un empeoramiento de las condiciones de los encausados ha constituido doctrina invariable en la jurisprudencia tradicional de la Corte" (esp. cons. 19° del voto de los Jueces Zaffaroni y Highton de Nolasco y 20° del Juez Petracchi), Y, se añadió, precisamente, que "...la doctrina de la Corte señalada en el precedente 'Mirás' ([CSJN] Fallos 287:76), se mantuvo inalterada a lo largo del tiempo y continúa vigente para la interpretación del instituto de la prescripción de la acción penal para el derecho interno" (esp. cons. 25° del voto de los Jueces Zaffaroni y Highton de Nolasco y 21° del Juez Petracchi). Sin embargo, efectuó una distinción con respecto a los casos que involucran crímenes aberrantes que lesionan derechos humanos, respecto de los cuales -sostuvo- el instituto de la prescripción no encuentra protección en el principio de legalidad, de la que sí gozan el resto de los delitos comunes, recogiendo así la tendencia a flexibilizar su interpretación (v. esp. cons. 26° del voto de los Jueces Zaffaroni y Highton de Nolasco y 23° del Juez Petracchi), siendo evidente, como se refirió, que en el presente supuesto no se investigan delitos de esa especie.
Por lo que se lleva dicho corresponde desestimar el recurso en trato y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento recurrido.
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Torres, Genoud y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la señora fiscal ante el Tribunal de Casación Penal (doctr. arts. 495, 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/05/2024 09:44:41 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/05/2024 12:12:07 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/05/2024 14:01:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2024
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.