Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138244
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496, CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.244, "S., J. L. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 111.487 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Torres, Kogan .
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 1 de junio de 2022, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial de J. L. S., contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de La Matanza que lo condenó a la pena de dieciséis años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser la víctima menor de edad y por la situación de convivencia preexistente con una menor de dieciocho años -reiterado- en concurso ideal con corrupción de menores agravada, en perjuicio de la niña V.N.M.
Contra esa decisión, el señor defensor oficial adjunto ante aquella instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. El Tribunal de Alzada por resolución de 15 de diciembre de 2022 lo declaró parcialmente admisible, solo en cuanto denuncia la inobservancia o errónea aplicación del art. 125 del Código Penal (v. resolución digital).
Frente a ello, la parte no dedujo queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (v. informe de 22 de marzo de 2023).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. A tenor del alcance de la resolución de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley corresponde analizar el agravio relativo a la denuncia de infracción de la ley sustantiva (art. 125, Cód. Penal).
I.2. La defensa objeta que la conducta atribuida a S. encuadre en el delito de corrupción de menores, pues -en su opinión- no se acreditó la concurrencia de todos los elementos típicos que reclama esa figura penal, ya que se omitió precisar la existencia real y concreta de actos de contenido sexual capaces de provocar en la víctima un peligro de desvío en su normal desarrollo sexual.
Pone de manifiesto, luego de transcribir pasajes del fallo impugnado, que "...no existe elemento de prueba alguno que permita inferir que las prácticas sexuales en las que se vio involucrada la víctima hayan tenido aptitud suficiente como para poner en riesgo el desarrollo adecuado de la sexualidad".
Especifica que del informe efectuado por la licenciada Analía Lorena Arturi surge que V.N.M. presentó inhibición, dificultad para defenderse de los conflictos y vincularse con sus pares; más no se desprende que haya tenido alguna afectación en su psiquis capaz de torcer el normal desarrollo de su sexualidad.
Asevera que el revisor no fundamentó en elementos objetivos concretos su razonamiento, en cuanto a que la víctima se haya visto perturbada en forma relevante por la actividad sexual a la que fuera sometida.
Postula, asimismo, que no está probado el elemento subjetivo del tipo penal del art. 125, pues la figura requiere la acreditación del dolo directo, es decir que el autor haya conocido y perseguido -más allá de satisfacer su propio deseo sexual- provocar una práctica prematura o depravada en la víctima.
Entiende que el razonamiento efectuado por el órgano intermedio se traduce en que todo abuso sexual cometido contra una menor de trece años constituye inexorablemente el delito de corrupción de menores, lo que deviene irreconciliable con el principio de máxima taxatividad legal e interpretativa de la norma (art. 18 y 19, Const. nac.) y del deber de debida motivación de los pronunciamientos judiciales.
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso.
Coincido en que el recurso no prospera.
III.1. El tribunal de juicio tuvo por debidamente acreditado que "En fecha y hora indeterminada pero al menos desde el año 2014 y principios del mes de Marzo del 2018, en el interior de las fincas ubicadas en parte delantera y trasera del domicilio de la calle … n° … de la localidad de Gregorio de Laferrere, un sujeto masculino identificado como J. L. S., abusó sexualmente de la menor V. N. M. desde que contaba con 8 años de edad hasta los once años, accediéndola carnalmente vía vaginal y vía anal en reiteradas ocasiones, obligando a la menor a practicarle sexo oral efectuando el sujeto activo lo propio con la infante, todo ello con el objeto de satisfacer sus deseos sexuales, aprovechando la situación de convivencia preexistente con la menor, y promoviendo la corrupción sexual de la mencionada, alterando así el desarrollo de su sexualidad".
Consideró al imputado autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser la víctima menor de edad y por la situación de convivencia preexistente con una menor de dieciocho años -reiterado- en concurso ideal con corrupción de menores agravada, previstos y penados por los arts. 54, 55, 119 tercer y cuarto párrafo inc. "f" y 125, segundo párrafo, del Código Penal.
En cuanto al delito de corrupción indicó que el bien jurídico protegido afectado por las conductas previstas por este tipo penal se trata del normal desarrollo de la sexualidad.
Tuvo en cuenta que la perito técnica del Cuerpo Auxiliar Departamental licenciada Analía Lorena Arturi observó que de lo relatado por la niña y las técnicas suministradas a V.N.M., que atento a la etapa vital en la que se produjeron los hechos en juzgamiento la niña presenta una organización psíquica en construcción y desde las técnicas gráficas observó a una niña con inhibición, dificultad para defenderse de los conflictos. Que presentaba indicadores post traumáticos como son pesadillas, dificultad para vincularse con compañeros y se evidenciaban secuelas psíquicas: al entender que estos supuestos hechos han impactado de manera que se suman a otros de violencia.
Destacó que el imputado, a pesar de la corta edad de la víctima le exhibía videos pornográficos en el celular y fue más allá con obligarla a tener sexo oral, conducta que también repetía hacia la menor mediante las intromisiones linguales.
Concluyó que en el caso especial de los menores se sostiene que este delito comporta "...específicamente formas de ataque a la salud psico-física sexual y su normal desarrollo sexual, entendidos como la normal conformación psíquica para el adecuado desarrollo y evolución (maduración) de la sexualidad".
III.2. Frente a ello, la defensa oficial del imputado, en lo que importa, se quejó de la aplicación del delito de corrupción (art. 125, Cód. Penal), por cuanto, al tratarse de un delito independiente del abuso sexual, deben producirse pruebas y ponderarlas para tenerlo efectivamente por acreditado, en particular dado que el informe psicológico nada dijo sobre la desviación de conducta sexual alguna. En suma, solicitó la absolución de S. respecto a este ilícito.
III.3. El Tribunal de Casación, en lo que importa, rechazó los agravios de la defensa encaminados a cuestionar la calificación legal del delito de corrupción de menores.
Señaló, en primer término, que el órgano de mérito valoró la declaración de la damnificada V.N.M., recibida en el mecanismo de Cámara Gesell, quien brindó detalles relativos a los actos abusivos perpetrados por el acusado ("S. abusó de ella, la tocaba y le introducía su miembro atrás en la cola y también la parte de adelante [...] una vez como ella dormía en el medio de los dos [es decir, entre su madre y el acusado] se giró, de espaldas hacia él, y V. [apodo del imputado] le corrió el short y le metió el miembro [...] él la lamía en su vagina, y que ello ocurrió varias veces, recordando esos episodios cuando tenía ocho años, aclarando que duraron por años [...] los mismos iniciaron cuando tenía siete años, hasta los once aproximadamente)".
Agregó que puntualizó en qué consistían los abusos ("...él la llevó para la cama, le dijo que se acostara, se subió encima de ella, y se sacó la ropa y le sacó la suya, empezando a hacer eso (aclaró que le introdujo su miembro) [...] la besaba en la boca y en la parte de abajo [...] en uno de los episodios sintió mucho dolor en la zona anal, que él cuando estaba haciendo eso le decía que no le iba a doler y lo seguía haciendo [...] le introducía su miembro por la zona anal y vaginal [...], después seguía todo normal, él se cambiaba y 'chau' [...] él también le hacía mirar videos 'porno' cuando le hacía eso".
Asimismo, se valoró la declaración prestada en el debate por la madre de la menor, I. R. G. quien, al igual que lo había hecho al momento de radicar la denuncia en sede policial, narró la forma y las circunstancias en que tomó conocimiento de los sucesos abusivos que había padecido su hija a través de una vecina -después fallecida-, refiriendo además haber visto un video en el celular del acusado "...cuyas imágenes mostraban a V. sacándose la ropa" y que S. se marchó de la vivienda en la que convivían el mismo día en que ella había visto la grabación.
Sumó que se relevaron el informe médico legal incorporado por su lectura donde surge que la menor V.N.M. presentaba "...lesiones himeneales, cuyo mecanismo probable de producción sería la penetración con elemento romo y duro y el tiempo de evolución sería de larga data [...] que el himen anular presentaba desgarros en hora 5 y 7" y la pericia psicológica elaborada por la licenciada Analía Lorena Arturi, profesional que entrevistó a la niña, llevó adelante con ella un complejo de tests y concluyó que esta presentaba indicadores que serían compatibles con conductas de victimización de abuso sexual infantil, calificando de verosímil su relato.
En el mismo sentido, se ponderó el informe suscripto por la perito asistente social, licenciada Carmen Sayago, incorporado por lectura, quien dejó constancia de haber advertido la presencia de indicadores de abuso sexual infantil.
Para desestimar el agravio indicó que "...las circunstancias de haber perpetrado S. ataques sexuales contra la niña V.N.M. en diferentes oportunidades y con modalidades también diferentes (con acceso carnal vía vaginal y anal), en un contexto de violencia donde, además, la obligaba a mirar videos pornográficos, constituyen acciones que sin dudas poseen capacidad y entidad corruptora".
Coincidió con el tribunal anterior que "...esos hechos implicaban que una menor que contaba entre 8 y 11 años de edad al momento de los diversos sucesos tuviera conocimiento de prácticas sexuales en forma prematura, las que resultaban inadecuadas para su capacidad de madurez sexual, la que obviamente se vio perturbada de forma relevante, habiéndose menoscabado el bien jurídico tutelado por el artículo 125 del CP, esto es el normal desarrollo en la formación de la sexualidad de las personas". Citó en apoyo la causa P. 81.307, sentencia de 18-VIII-2004 de esta Corte.
IV. El planteo traído por la defensa sobre la errónea aplicación del art. 125 del Código Penal es insuficiente.
Lo decidido por el tribunal intermedio no mereció por parte de la defensa una crítica idónea para desbaratar la subsunción jurídica en cuestión. En rigor, la parte se limitó a insistir con la alegada ausencia de los elementos objetivos y subjetivos del delito de la corrupción, sin rebatir de modo eficaz los fundamentos brindados por la Casación a efectos de convalidar la figura contenida en el art. 125 del Código Penal con arreglo a las circunstancias comprobadas de la causa.
El cuestionamiento a lo resuelto más bien se focaliza en que las acciones descriptas en el fallo y la corta edad de la víctima -hechos que comenzaron desde que la niña tenía ocho años y hasta los once años-, no alcanzan para tener por configurado el tipo complejo del delito, esto es el conocimiento y voluntad que exige la figura para torcer el desarrollo sexual de la menor (aspecto subjetivo) y la efectiva afectación del bien jurídico protegido (aspecto objetivo).
Tal argumentación resulta ser solo una posición contraria a lo fallado, desprovista de toda relación con el contenido de la causa y sin controvertir adecuadamente las consideraciones realizadas por el tribunal intermedio. Así, por ejemplo, las acciones con capacidad y entidad corruptora que resultaron de los ataques sexuales contra la niña V.N.M. en diferentes oportunidades y con modalidades también diferentes (con acceso carnal vía vaginal y anal y sexo oral), en un contexto de violencia donde, además, la obligaba a mirar videos pornográficos, o el conocimiento de prácticas sexuales inadecuadas y prematuras acorde a su desarrollo y madurez sexual.
Frente a ello, el recurrente no realiza ningún esfuerzo para desacreditarlo, e insiste con los argumentos llevados en el recurso de casación. Media pues insuficiencia impugnativa (art. 495, CPP).
Cabe recordar que es doctrina de esta Corte que "...no teniendo el art. 125 del Código Penal por núcleo la referencia a quien corrompiere sino a quien 'promoviere' o 'facilitare' la corrupción, el tipo no requiere, entonces, que se produzca la concreta corrupción. Pero, en el otro extremo, no basta con la pura actividad de ejercitar actos idóneos para corromper. Promover significa 'iniciar', 'comenzar', 'empezar', 'dar principio a una cosa', 'adelantar' algo -'procurando su logro'-, 'mover', 'llevar hacia delante'. De modo que para perfeccionarse este núcleo no es necesario que se concrete la corrupción, pero no es suficiente que se realicen actos idóneos para ello: se requiere que el autor inicie (comience, empiece, dé principio, mueva, lleve hacia adelante) la corrupción del sujeto pasivo. Y facilitar significa crear las condiciones para que ello sea posible o pueda hacerse 'sin mucho trabajo' o pueda 'suceder con mucha probabilidad'" (conf. causas P. 117.524, sent. de 1-VII-2015; P. 131.393, sent. de 14-VIII-2019; P. 135.120, sent. de 13-IV-2022; e.o.).
Los requisitos típicos enunciados se encuentran plenamente satisfechos en el caso, no solo por las características de los hechos y su reiteración, sino además por su precocidad (dada la corta edad de la niña) y por la especial relación que unía a la víctima con el imputado (pareja de su madre).
En definitiva, la defensa no logra justificar la incorrección de la aplicación del tipo penal en ciernes.
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Genoud y Torres y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 31/05/2024 10:40:54 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2024 11:15:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 31/05/2024 13:41:39 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2024 23:32:40 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2024 08:29:05 - JOFRE Lucia - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 03/06/2024 09:47:59 hs. bajo el número RS-129-2024 por SP-GELEMUR BERNARD LUCIANA.
Fin de la sentencia