Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138263
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor defensor adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, con costas (doctr. arts. 495, 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.263-RC, "Pérez Cisterna, Roberto Cristian s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 112.421 del Tribunal De Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres.
Esta Suprema Corte de Justicia, el 21 de junio de 2018 (legajo P. 130.561), dictó sentencia y -en lo pertinente- hizo lugar al recurso extraordinario de nulidad interpuesto a favor del nombrado anulando parcialmente la sentencia del Tribunal de Casación Penal. Como consecuencia de ello, el 4 de julio de 2019, la Sala I de dicho tribunal, hizo lugar al recurso de casación, quitó la agravante referida al "desprecio por la vida" y remitió la causa al tribunal de origen para que determinara la pena a imponer.
El Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de La Plata, el 15 de julio de 2021 dictó sentencia readecuando la sanción y condenó a Roberto Cristian Pérez Cisterna a la pena de veintiún años de prisión, accesorias legales y costas, más declaración de reincidencia por segunda vez.
La defensa oficial interpuso un recurso de casación y la Sala III del Tribunal de Casación Penal, por decisión del 1 de julio de 2022, lo rechazó, confirmando la pena impuesta.
Contra esta decisión la defensa presentó un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue parcialmente concedido por el Tribunal de Alzada. Interpuesta la queja, esta Suprema Corte concedió la impugnación mediante la resolución del 2 de junio de 2023.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor defensor adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, denunció la inobservancia de los arts. 40 y 41 del Código Penal, en cuanto a la determinación judicial de la pena. Adujo afectación de los principios de culpabilidad, proporcionalidad y prohibición de doble punición (arts. 1, 18, 33 y 75 inc. 22, Const. nac.).
En su desarrollo alegó que el planteo referido a que se valorara como atenuante el estado de salud de su asistido no fue atendido por el órgano revisor.
Destacó que, si bien aquellas lesiones de su defendido eran anteriores a los hechos por los que fue condenado, el Estado no garantizó su derecho a la salud.
Sostuvo que no pretendía la reducción de la pena por haber sufrido lesiones físicas mientras se encontraba en libertad, sino dada la ausencia de atención sanitaria mientras estuvo privado de ella por orden judicial y, por lo tanto, a cargo de un organismo estatal. Sobre el punto, estimó que cualquier situación agravatoria proveniente del Estado, debería descontarse de la pena legal.
Negó que el planteo fuera tardío como objetó Casación, puesto que la defensora de la instancia había planteado que Pérez Cisterna no recibía la atención médica indicada.
En cuanto al fundamento de que constituye una circunstancia ajena al hecho y a la culpabilidad del autor, alegó que los supuestos enumerados en los arts. 40 y 41 del Código Penal no son taxativos. En esa dirección, estimó que, ante una pena ilícita por omisión del Estado agravatoria de las condiciones de detención, los magistrados cuentan con la facultad de establecer el monto de pena adecuado. Sustentó su reclamo en lo fallado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Hernández vs. Argentina .
II. El señor Procurador General propuso el rechazo de la impugnación.
III. Coincido con su dictamen.
III.1. El agravio, fundado en la falta de valoración de la pauta atenuante vinculada con el estado de salud de Pérez Cisterna, que habría redundado en la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, así como en la transgresión de garantías constitucionales, no es de recibo.
III.2. En el recurso de casación articulado, la defensa reclamó que se valorara la falta de atención médica con el consecuente aumento del sufrimiento durante la privación de la libertad, efectuando desarrollos relacionados con la necesidad de fundar cabalmente las pautas mensurativas de la pena.
El Tribunal de Casación desestimó la pretensión por resultar fruto de una reflexión tardía, dado que ese planteo no había formado parte de los deducidos ante el tribunal de origen. No obstante, señaló -a todo evento- que no podía valorarse como pauta de atenuación de la pena por ser una circunstancia ajena al hecho y a la culpabilidad del autor, por fuera de los parámetros de los arts. 40 y 41 del Código Penal. Por último, advirtió que las lesiones no le impidieron a Pérez Cisterna cometer los hechos sometidos a juzgamiento, y la imposibilidad de obtener el tratamiento médico de su preferencia era uno de los riesgos que debió haber ponderado previo a los hechos.
En cuanto a la alegada arbitrariedad, aseveró que no había demostrado que la sanción aplicada no fuese proporcional a los hechos cometidos de acuerdo con el sistema legal y dentro de las escalas previstas, rechazando el criterio de la parte, consistente en que el punto de partida para la individualización debe ser el mínimo legal posible. Finalmente, avaló la concreta graduación de la sanción, explicitando las circunstancias agravantes -antecedentes condenatorios- y las atenuantes -la recuperación de los objetos sustraídos en el marco de la causa acumulada n° 5.807, el buen concepto presunto y las disculpas a la familia por la muerte provocada- que concurrieron en el caso.
III.3. Se advierte de la reseña efectuada que los agravios ahora traídos constituyen una reedición de los llevados a la instancia intermedia. En tal sentido, dejan entrever una opinión discrepante a la del juzgador en orden a la sanción impuesta, pero sin evidenciar el modo en que se habrían producido las transgresiones legales denunciadas ni la afectación a las garantías constitucionales que pregona (doctr. art. 495, CPP).
En efecto, el impugnante insiste con los planteos llevados anteriormente pero no se hace cargo del principal argumento desestimatorio brindado por el revisor -ya que el restante lo fue a mayor abundamiento- fundado en la extemporaneidad del planteo.
Y ello no se ve contrarrestado por la afirmación de que las consecuencias de la falta de atención médica se encuentran vigentes, puesto que, en lo que hizo pie Casación es en que el agravio revestía actualidad desde el comienzo de la investigación y no fue llevado ante el conocimiento del tribunal de origen, encargado de establecer la pena.
Por lo demás, cabe agregar que es doctrina de esta Suprema Corte que el Código Penal no contiene un determinado sistema legal para efectuar la cuantificación punitiva, ni un punto de ingreso a la escala penal dentro del marco de las escalas previstas para las penas divisibles en razón del tiempo o de la cantidad por los arts. 40 y 41 del Código Penal (causas P. 134.352, resol. de 10-XII-2020; P. 136.216, resol. de 4-IV-2022 y P. 137.654, resol. de 30-III-2023; e.o.).
También ha sostenido que el criterio divergente de la parte respecto de la incidencia sobre la determinación de la pena a aplicar de las circunstancias atenuantes y agravantes computadas no implica ni significa violación legal alguna (conf. causas P. 126.319, sent. de 23-XI-2016; P. 128.324, sent. de 29-VIII-2017; P. 126.901, sent. de 27-XII-2017; P. 120.231, sent. de 7-III-2018; P. 126.117, sent. de 3-V-2018; P. 125.831, sent. de 10-VIII-2018; P. 131.481, sent. de 14-X-2020; P. 133.122, sent. de 3-VIII-2021; e.o.).
En razón de lo expuesto, voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria, Genoud y Torres, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor defensor adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, con costas (doctr. arts. 495, 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/05/2024 09:44:42 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/05/2024 12:12:08 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/05/2024 14:01:55 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2024 23:28:41 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2024 08:26:04 - JOFRE Lucia - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 03/06/2024 11:38:52 hs. bajo el número RS-147-2024 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia