Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138362
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.362, "D'Gregorio María Laura E. Fiscal Titular Interina ante el Tribunal de Casación Penal, s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley en causa n° 121.060 del Tribunal de Casación Penal, Sala I, seguida a O., O. A.", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Torres, Kogan.
De las actuaciones digitalizadas, se desprende que la Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 22 de noviembre de 2022, rechazó el recurso homónimo interpuesto por el Ministerio Público Fiscal contra la decisión de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Martín, que confirmó el auto del Juzgado de Garantías n° 5 departamental en cuanto declaró la extinción de la acción penal por prescripción de los hechos IV, V y VI, y sobreseyó a O. A. O. con relación a ellos.
Contra lo así resuelto, la señora fiscal interina ante el Tribunal de Casación Penal, doctora María Laura E. D'Gregorio, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación digital de 6-XII-2022); el que fue declarado admisible por resolución del tribunal intermedio del 15 de diciembre de 2022.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 26-IX-2023), dictada la providencia de autos en igual fecha y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley bajo estudio se denuncia arbitrariedad por fundamentación aparente al considerar que el a quo se apartó de los concretos planteos llevados por esa parte, a efectos de sostener la vigencia de los principios de legalidad y de la ley penal más benigna en casos en los que se persigue penalmente un delito común, correspondiendo la aplicación del régimen de prescripción vigente al momento de los hechos.
Refiere que lo invocado por la señora fiscal estuvo dado por el interés superior del niño y el derecho a la tutela judicial efectiva, anclando su reclamo en las especialísimas características del caso que no debió ser resuelto desde la literalidad de la norma del Código de fondo, sino que debieron ponderarse: la corta edad de la damnificada, delitos contra la integridad sexual presuntamente cometidos por su padre, actitud manipuladora del mismo, desidia y actitud negadora de su madre, sometimiento psicológico de la niña que le impidieron acceder a la justicia con anterioridad; pues, su consideración hubiera permitido arribar a la incorrección de declarar la extinción de la acción penal por prescripción en la presente causa.
Alega que el Tribunal casatorio -por el contrario- circunscribió su labor revisora al estudio de la cuestión en torno a la vigencia del principio de legalidad y su cotejo con otros principios del derecho internacional (interés superior del niño y acceso a la justicia de personas vulnerables) teniendo en cuenta los criterios de interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que delimitan en qué casos se ha habilitado a excepcionar al principio de legalidad -esto es cuando la conducta de alguno de los agentes del Estado ha implicado una grave violación a los derechos humanos-, nómina que resulta acotada y puede deducirse de las menciones que se han efectuado en diversos fallos (desaparición forzada de personas, ejecución extrajudicial, tortura; conf. "Vera Vera y otra vs. Ecuador", "Barrios Altos vs. Perú" y "Suárez Peralta vs. Ecuador").
Considera también que la reflexión que a modo de obiter dictum realiza el doctor Carral, no conmueve la tacha de arbitrariedad esgrimida.
En función de lo expuesto, y luego de recordar lo resuelto por la Corte federal en el fallo "Lusarreta", solicita que se revoque la sentencia en crisis y se ordene el dictado de una nueva conforme a los lineamientos vertidos.
I.2. En segundo término, denuncia el apartamiento de la doctrina legal del Máximo Tribunal nacional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vulneración del principio de supremacía constitucional, omisión de resolver con perspectiva de género e infancia. Invoca arbitrariedad por inconvencionalidad y errónea aplicación del art. 62 del Código Penal, también por fundamentación aparente, afirmaciones dogmáticas y apartamiento de las constancias de la causa.
Luego de recordar las conductas delictivas imputadas a O. A. O. y que fueran prescriptas, señala que A. O. no pudo ejercer efectivamente su derecho de reclamar justicia durante muchos años y por varios motivos que se encargó de detallar: fue abusada por su propio padre conviviente de manera reiterada; la pericia psicológica advierte un sentimiento ambivalente en la víctima respecto de su padre; naturalización de algunas situaciones de índole sexual que implicó una demora en denunciarlos; el papel de la madre tampoco favoreció para que A. realizara la denuncia contra su padre; el Ministerio Público Fiscal sostuvo que ni A. ni su hermana se retractaron y nunca negaron los hechos, sino que prefirieron resolver el conflicto en el seno familiar; recién pudo denunciar los abusos a sus 30 años de edad; tanto A. como su hermana fueron manipuladas por su propia madre que a su vez lo era por el imputado; los hechos sucedieron durante una época muy diferente a la actual; entre otras particularidades de la causa.
Refiere que la Corte Interamericana de Derechos Humanos entiende que la Convención debe ser interpretada de manera amplia y adecuada con consideración de los momentos históricos. Cita el caso "Almonacid Arellano vs. Chile" sentencia de 26-IX-2006 y "Trabajadores Cesados del Perú", sentencia de 24-XI-2006. Destaca, a su vez, que mediante la aplicación de una norma de derecho común se vulnera el derecho al acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva (arts. 8.1 y 25, CADH).
Argumenta que la Convención sobre los Derechos del Niño (aprobada por ley 23.849, sancionada el 27 de septiembre de 1990, y promulgada de hecho el 16 de octubre de 1990), estableció que los Estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo; además de atender siempre el interés superior del niño (art. 3.1, Convención cit.).
Señala que no puede ignorarse que los hechos imputados al señor O. se encuentran alcanzados por las previsiones de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ("Convención de Belém do Pará", que entró en vigor el 3-V-1995), la cual establece en sus arts. 1 y 2 "a" que "...para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado"; y que "[s]e entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual".
Resalta también los deberes establecidos en el art. 7 de la referida Convención para los Estados parte.
Sostiene que la fundamentación aparente de la decisión en crisis, que convalida la aplicación al caso del art. 62 del Código Penal se alza contra las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino de investigar con la debida diligencia y sancionar la violencia contra las mujeres, garantizarles el acceso a procedimientos legales justos y eficaces, proteger a las niñas contra toda forma de abuso sexual, y garantizar a las víctimas la tutela judicial continua y efectiva. Ello es así puesto que la obligación en cuestión se hallaba vigente desde el momento en que acaecieron los hechos que en autos se investigan y que fueran declarados prescriptos -entre los años 1999 y 2006-, hasta el momento de la denuncia efectuada por la víctima a sus 29 años de edad (18-XI-2019), y se mantienen incólumes hasta la actualidad; y tales obligaciones poseen el carácter de fuente de jerarquía Constitucional (CDN y CADH) como así también Supralegal (Convención de Belém do Pará).
Afirma que, en virtud de una interpretación armónica del interés superior del niño y el derecho a la tutela judicial efectiva, las normas internas relativas a la prescripción de la acción penal -pese a conservar plena validez y eficacia- deben ser delimitadas en el presente caso a fin de resguardar los derechos de mayor jerarquía antes señalados.
Precisa que las reformas introducidas al instituto de la prescripción a partir de las leyes 26.705 y 27.206 no resultan de aplicación a hechos que, como el presente, tuvieron lugar con anterioridad a su entrada en vigencia. Pero, sí sostiene que la Convención Americana sobre Derechos Humanos -vigente desde el año 1984- y la Convención de los Derechos del Niño -vigente a partir del año 1990- contaban, desde su promulgación, con jerarquía normativa superior a los artículos del Código Penal, en tanto, la reforma constitucional del año 1994 dotó a estos instrumentos de jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22, Const. nac.).
Señala que el instituto de la prescripción es una cuestión de orden legal interno, que no viene impuesto de la Constitución nacional y/o Tratados Internacionales, siendo que, si bien hace operativo en parte el derecho de toda persona a ser juzgado en un plazo razonable, cierto es que, en casos como el particular, el proceso se inició recientemente, con lo cual no hay afectación a ese derecho constitucional.
Indica que de ninguna manera, el paso del tiempo sin que la víctima haya puesto de manifiesto la situación que la habría afectado, la conmueve por encontrarse condicionada por el contexto familiar en el que se desarrollaron los hechos (recuérdese que el agresor es su padre y su madre asumió una actitud negadora), o no encontrarse preparada emocional o psicológicamente para expresarlo públicamente, ello no tiene relación con el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, sino claramente con el derecho de acceso a la justicia.
Por todo lo expuesto, solicita que se deje sin efecto la decisión recurrida y que las presentes actuaciones continúen en el estado en que se encontraban.
II. El señor Procurador General aconsejó hacer lugar al reclamo (v. dictamen digital de 26-IX-2023).
III. No comparto tal dictamen. El carril extraordinario incoado resulta insuficiente para revertir lo decidido (conf., mutatis mutandi , causas P. 132.967 y P. 133.029, sents. de 30-VIII-2021; e.o.; art. 495, CPP).
IV. De manera liminar cabe efectuar una reseña del derrotero procesal llevado a cabo en la presente causa.
IV.1. La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín, confirmó el resolutorio dictado por el Juzgado de Garantías n° 5 departamental a través del cual resolvió declarar la extinción de la acción penal por prescripción de los hechos IV, V y VI, y sobreseyó a O. A. O. con relación a ellos.
El Tribunal de Alzada señaló que el agente fiscal propiciaba una solución que no podía ser aceptada, pues ello no sería otra cosa que "...la aplicación retroactiva del régimen legal actual establecido por la [ley] 27.206...", improponible a tenor de la vigencia del principio de legalidad que emana del art. 18 de la Constitución nacional.
Se refirió a los argumentos del recurrente en cuanto sostuvo una construcción normativa que lo llevaba a concluir que el hito a tener en cuenta para la aplicación del criterio del segundo párrafo del art. 63 del Código Penal según ley 26.705 (luego derogado por ley 27.206) era la fecha en que la víctima había cumplido 21 años. Sobre ello, la Cámara recordó que "...la redacción original del Art. 126 del Código Civil establecía que la mayoría de edad se adquiría a los 21 años de edad, pero la norma fue modificada por la ley 26.579, promulgada el 21/12/2009 que estableció que ello ocurría a los 18 años, régimen que mantiene en la actualidad el Art. 25 del Código Civil y Comercial, de lo cual el recurrente concluye que debe considerarse la edad que a la fecha de los hechos (entre el 23/7/99 y el 22/7/2006) la ley civil establecía como mayoría de edad". En definitiva, entendió que la cuestión era inoficiosa para la solución del caso pues los hechos se habrían cometido entre el 23 de julio de 1999 y el 22 de julio de 2006, y que posteriormente -el 4 de octubre de 2011- se promulgó la ley 26.705 y luego -el 9 de noviembre de 2015- se promulgó la ley 27.206. Entonces razonó que "...si lo que postula el impugnante es la aplicación retroactiva del régimen legal vigente en la actualidad, ninguna importancia reviste la fecha en que la víctima adquirió la mayoría de edad, ni se explica la relevancia del anterior régimen ya derogado, que tampoco estaba vigente a la fecha de los hechos imputados". Por lo que -a su juicio- "...la cuestión se agotaría con dilucidar si corresponde la aplicación retroactiva de la modificación introducida por la Ley 27.206".
Seguidamente, luego de hacer referencia a un precedente de la Cámara Federal de Casación que citó el recurrente, como también del caso "Ilarraz" del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, resaltó las notables diferencias con el caso en estudio y trajo a colación el fallo dictado en la causa n° 25.115 por esa sala que involucraba delitos de la misma característica cometidos antes de la sanción de la ley 27.206.
En aquella oportunidad sostuvo: "... comparto y hago propias las consideraciones realizadas por los Dres. Fayt y Argibay, en su voto [en referencia al pronunciamiento de la CSJN en in re 'Derecho' (Fallos 334:1504)], respecto a que '...la imprescriptibilidad es una regla privativa de los crímenes de lesa humanidad...' y, ergo, no puede extenderse, bajo ningún pretexto, a los delitos comunes como el que aquí se analiza". En esa línea , puntualizó que "...el deber de investigar y sancionar del Estado las violaciones de los derechos humanos que pudieran surgir de hechos tan lamentables -entre otros- como el que aquí se investiga, no puede ser fundamento suficiente para proseguir el ejercicio de una acción penal contra legem, en tanto dicha obligación lo es en el marco y con las herramientas del Estado de derecho y no con prescindencia de ellas". A mayor abundamiento puso de resalto que "...si bien la ley 27.206, sancionada el 28/10/15 y promulgada el 09/11/15, ha venido, con acierto, a ampliar las causales de suspensión de la prescripción, agregando una nueva para los delitos previstos en los arts. 119, 120, 125, 125 bis, 128, 129 -in fine-, 130 -párrafos segundo y tercero-, 145 bis y 145 ter del C.P., lo cierto es que tal disposición no puede aplicarse, en razón del principio del art. 2 del C.P., por no hallarse vigente al momento de estos hechos " (el destacado figura en el original).
Señaló que esta decisión fue homologada por el Tribunal de Casación Penal, quien al tratar los agravios del Ministerio Público Fiscal -en lo sustancial idénticos a los aquí articulados-, explicó que la reforma introducida al art. 67 del Código Penal por la ley 27.206 (B.O., 10-XI-2015), no puede ser aplicada retroactivamente "... sin grave lesión al artículo 2 del Código Penal, por resultar una disposición que no era ley al tiempo de comisión de los hechos"; por otra parte, adujo que dicha reforma legislativa "...evidencia, por los menos, dos voluntades inocultables: una, la saludable búsqueda de un mayor resguardo penal para los menores víctimas de esos delitos al habilitar una extendida posibilidad de denunciar tales hechos sin riesgo inicial de prescripción; la otra, que aún en vigencia de la Convención [sobre] los Derechos del Niño y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y conocedor el Estado Nacional del sendero delineado por la Corte Interamericana [de Derechos Humanos] en los fallos citados, ha sido su soberana decisión no excluir a tales supuestos típicos del régimen general de prescripción de la acción penal, el cual simplemente flexibilizó en favor de las víctimas menores de edad ". Destacó seguidamente, que aquellas convenciones internacionales establecen obligaciones de adecuación para los Estados parte, pero que ".. .carecen de operatividad para modificar la legislación doméstica, la cual siempre es requerida de un acto de poder estatal, el cual tomó forma con la sanción de las leyes 26.705 [-modificatoria del art. 63, Cód. Penal; B.O., 5-X-2011-] y 27.206 [-cit.-], ambas posteriores a los hechos que la Cámara declaró extintos [en la presente causa], por lo que, reitero, no pueden ser aplicados en perjuicio del acusado " (el destacado figura en el original).
Puntualizó también que el planteo vinculado con la pretensa afectación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -aprobada por ley 24.632; Convención de "Belém do Pará"-, en lo que concierne al compromiso asumido por el Estado argentino para la prevención, investigación y sanción de hechos de violencia contra las mujeres y su obligación de establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos -art. 7 inc. "f", Convención citada-, no conduce sin más "... a descartar el instituto de la prescripción de la acción penal, en tanto el juicio oportuno al que se alude se trata, ni más ni menos, del procedimiento que cada Estado tiene regulado para dar trámite a los asuntos que la administración de justicia debe dirimir y resolver" , y que "... el Estado Argentino cumple con la Convención teniendo establecido, entre otros, el procedimiento legal, justo y eficaz de ese juicio al que la mujer tiene acceso efectivo como justiciable, la legislación argentina garantiza procesal y penalmente el acceso a un juicio oportuno. Dicho juicio, obviamente, se desarrollará de conformidad con las normas rituales que lo regulen, y operarán en él las disposiciones de fondo que correspondan en cada caso ". Agregó que si el agravio apuntaba a la exigencia convencional asumida por el Estado argentino de sancionar delitos relacionados con la violencia de género, ella se cumple ".. .sancionando como delitos los hechos de violencia de género, sanción legislativa que no alude a la sanción concreta en cada caso", dado que "Pensar que los compromisos asumidos por el Estado a raíz de la citada Convención se reducen a aplicar penas privativas de la libertad en todas las coyunturas resulta una exégesis que exorbita la normativa en análisis, toda vez que el compromiso se agota con la sanción legislativa cuya operatividad se concretará en los ca[s]os particulares, siempre de conformidad con las leyes procesales y penales que correspondan" (el destacado figura en el original).
Sentado lo anterior, la Sala III del Tribunal de Alzada concluyó que -en el caso y a tenor de la doctrina citada- debía seguirse el mismo lineamento y hacer propias las consideraciones vertidas por el Tribunal de Casación Penal, confirmando el pronunciamiento recurrido.
IV.2. Contra ello, la señora fiscal departamental dedujo recurso de casación a t
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