Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138603
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.603, "Villán, Ezequiel y Giménez, Miguel de Jesús s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 113.431 del Tribunal de Casación Penal, Sala III y su acum. P. 138.534-Q, caratulada Giménez, Miguel de Jesús y Villán, Ezequiel s/ queja en causa n° 113.431 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Torres, Kogan.
El Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de La Matanza condenó a Miguel de Jesús Giménez y a Ezequiel Villán a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, respectivamente, por resultar coautores de los delitos de robo con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo comprobarse de ningún modo (hecho 1), robo con arma de fuego apta para el disparo (hechos 2 y 4), homicidio criminis causae agravado por el empleo de arma de fuego, y robo con arma de fuego apta para el disparo en grado de conato (hecho 3), todos ellos -cinco sucesos independientes- en concurso real entre sí (arts. 40, 41, 41 bis, 55, 80 inc. 7 y 166 inc. 2 párrafos segundo y tercero, Cód. Penal).
Contra esa decisión, la defensa oficial interpuso un recurso de casación.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, por mayoría, mediante el pronunciamiento dictado el 3 de noviembre de 2022, rechazó el recurso interpuesto.
El señor defensor oficial adjunto de casación, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, declarado parcialmente admisible por el órgano revisor (conf. resol. de 14 de marzo de 2023), por la parcela denegada presentó queja ante este Tribunal, siendo concedida mediante resolución de 13 de julio de 2023.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 5 de febrero de 2024), dictada la providencia de autos el 7 de febrero de 2024 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La defensa denuncia la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 e inobservancia del art. 165, ambos del Código Penal. También, falta de fundamentación, lo que -a su entender- ha importado el dictado de una sentencia arbitraria con transgresión al debido proceso, al principio de culpabilidad y la defensa en juicio (arts. 18 y 19, Const. nac. y 15, Const. prov.).
Sostiene que no se han acreditado, con la certeza suficiente, los elementos propios de la figura del homicidio agravado, en desmedro de la contemplada en el art. 165 del Código Penal.
Luego de transcribir la materialidad ilícita del denominado "Hecho 3", afirma que la prueba rendida deja subsistente un margen de duda que impide tener por acreditada la ultraintención requerida por el art. 80 inc. 7 del Código Penal. Subraya que se configura en el caso el vicio de absurdo, dado que no existe elemento alguno que acredite que sus defendidos hubieran concurrido con un arma de fuego para el acometimiento del robo y preordenadamente en modo consciente y voluntario decidieran llevar adelante un homicidio con algunas de las finalidades previstas en la norma en cuestión.
Afirma que los únicos elementos probatorios para justificar la calificación impugnada son las declaraciones de los vecinos que no presenciaron el hecho, lo que -en su opinión- torna absurda la imputación con el alcance que se critica.
Agrega que de las declaraciones de Néstor Correa y Cristian Rocha se aprecia que se refieren a la escena final del hecho investigado, cuando el robo ya había sido frustrado, sin aportar indicio relevante alguno para determinar ex ante la ultraintención subjetiva de la calificación escogida.
Manifiesta que el tribunal de la instancia se limitó a sostener que, frente a la imposibilidad de consumar el robo por la resistencia de la víctima, los imputados decidieron darle muerte con un tiro por la espalda. Pero, no explicó, ni podría haberlo explicado ante la orfandad probatoria, de qué manera se construyó la convicción necesaria sobre la concurrencia de los presupuestos subjetivos -ultrafinalidad- del homicidio conexo, deficiencia que persistiría en el fallo casatorio.
Tras la cita de un párrafo de la sentencia en crisis sostiene que "...se concluye dogmáticamente que el 'actuar' de los imputados es revelador de un inequívoco dolo homicida vinculado subjetivamente con la sustracción referida a través del despecho del art. 80 inciso 7".
Agrega que únicamente fueron incorporados los enunciados fácticos en la materialidad ilícita a través de la mera voluntad de los juzgadores que al describirla aseveraron que el obrar de los inculpados fue "por despecho".
Aduna que no pudo recrearse, con claridad y veracidad condenatoria, el modo de sucesión de los hechos, pues el disparo pudo haber sido accidental y se desconoce quién portaba originariamente el arma. En consecuencia, reclama la aplicación del supuesto previsto en el art. 165 del Código de fondo.
Subraya que la Sala realizó un análisis insuficiente a los efectos de la tipicidad, puesto que elementos como la ultraintención requerida por el art. 80 inc. 7 del Código Penal, resultan ser circunstancias que no son observables sino deducibles, sobre la base de indicadores empíricos, concretos y reveladores de la tendencia anímica, y ningún indicador de ese tipo ha sido invocado ni por el Tribunal Criminal ni por el revisor. Cita del precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Casal" en apoyo de su pretensión.
Afirma que ello torna arbitrario el pronunciamiento, de modo que debe caer la calificación legal más gravosa y encuadrarse el caso en la figura del art. 165 del Código Penal, lo cual solicita que sea enmendado.
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
III.1. El recurrente cuestionó únicamente el sindicado "como hecho 3", por lo que, en lo que aquí es de interés, corresponde destacar que el tribunal de mérito tuvo por acreditado que: "...el día 23 de noviembre del año 2018, siendo aproximadamente las 21:30 horas en la calle Martín Coronado altura catastral 5235 de la Localidad de Gregorio de Laferrere, Partido de La Matanza, al menos cuatro sujetos varones, dos de ellos identificados como Ezequiel Villán y Miguel de Jesús Giménez, todos a bordo del VW Suran de color rojo, dominio AA466SP, que fuera sustraído en el hecho 2, interceptaron el paso de Sergio Jesús Camacho, donde los sujetos activos luego de intentar apoderarse ilegítimamente de sus pertenencias y no lograr así sus fines propuestos, efectuaron a la víctima un disparo de arma de fuego en el tórax provocándole un paro cardio respiratorio traumático, con transfixión cardíaca y bipulmonar y shock hipovolémico, heridas de tal magnitud que lo llevaron a la muerte".
El suceso fue subsumido legalmente en la figura calificada del homicidio criminis causa (art. 80 inc. 7 del Cód. Penal).
III.2. En el recurso de casación, la defensa cuestionó que no se haya dado tratamiento en la sentencia de grado a la petición efectuada en los alegatos acerca de que se subsuman los hechos en las previsiones del art. 165 del Código Penal. Dijo que había planteado que "[p]ara aplicar el art. 80 inc. 7mo deb[ió] probarse ese plus en la finalidad que exige la norma...", y en este caso más allá del disparo recibido por la víctima no se contaba con testimonios que dieran cuenta de la real mecánica del hecho.
III.3. Al dar respuesta el órgano revisor -por mayoría- y tras aludir a la materialidad ilícita tenida por acreditada, consideró que el tribunal de juicio contó con prueba legal y suficiente para justificar la comisión de los hechos y la autoría responsable de los imputados.
Relató que el sentenciante consideró veraces los dichos de la pareja del fallecido, Micaela Ramírez, quien atestiguó acerca de la llegada hasta la puerta de su casa de Sergio Camacho, ya con un tiro en la espalda, quien le dijo que le habían querido robar y que le habían pegado un tiro, siendo que ella y los hijos también escucharon el disparo, y que en ese momento la ayudaron los vecinos. También detalló que la hija del dueño de la casa que ella alquilaba, dijo que Sergio se había resistido al asalto y por eso lo mataron; que los atacantes estaban dentro de una Suran roja; que era un grupo de cuatro o cinco personas que le dijeron algo a Sergio, pero como éste siguió caminando porque no quiso entregar nada, entonces le hicieron el disparo por la espalda.
Indicó que también se valoró que refirió que esta vecina se ubica en la casa de adelante, que estaba con la puerta abierta, que Camacho le pidió primero ayuda a ella pero que cerró la puerta por miedo, que cuando la volvió a abrir ya Sergio estaba en la puerta de esta declarante.
Además se consideraron los dichos de los dos vecinos que procuraron la ayuda en el momento, Néstor Correa quien informó que sintió una frenada de un automóvil, escuchó que hablaron algo, y después de esos dichos oyó el disparo, que se asomó y pudo ver una Suran color roja, para apreciar que se estaba subiendo a la misma un muchacho flaquito, en el lado del acompañante trasero, con una remera color fuerte, que aceleraron y se fueron, para luego advertir que le habían pegado un tiro al individuo grandote, que portaba una mochila. Señaló que el fallecido hablaba con los de la camioneta, sin poder entender que decían, pero que vio a la Volkswagen Suran y que un sujeto se subió del lado del acompañante de atrás, manifestando que se dio cuenta que los de la Suran le dispararon por la secuencia, que habían querido asaltar al muchacho con la mochila y que le habían pegado un tiro, y que como nadie ayudaba, lo cargó en una frazada con otro vecino y lo llevó al hospital.
Se tuvo en consideración la declaración juramentada del vecino Cristian Rocha, quien dijo que vivía en la casa delantera de la de Ramírez, describió desde su óptica los mismos acontecimientos que Correa, haciendo hincapié en que escuchó un ruido como un disparo, que salió y vio una Suran roja saliendo a velocidad por la calle, que Camacho no tenía lesión en el frente sino en la espalda, que lo socorrieron en un auto pero murió, que el disparo sonó como el de un arma chica.
Consideró a estos elementos de peso concordantes y conducentes, además de presentar coherencia interna, y resultar indicativos de la corrección de la atribución de la responsabilidad en los cuatro hechos enrostrados, en tanto surge que el grupo de personas que se movía en los tres últimos ilícitos en la VW Suran, en poder de Villán y Giménez, entre otros, fueron los individuos que acabaron con la vida de Camacho.
En lo referente a la calificación legal el Juez Borinsky al que adhirió el Juez Maidana, señaló que "...resulta atribución de los jueces establecer el derecho aplicable al caso, si, luego de evaluar la prueba, el Tribunal concluye que los cuatro sujetos que, a bordo de un vehículo Volkswagen Suran rojo que había sido previamente sustraído a Beatriz Salcedo (hecho 2), interceptaron en la vía pública a Sergio Camacho con idénticas intenciones de robo y le efectuaron un disparo por la espalda (que a la postre resultó fatal) al apurar éste la marcha para evitar el apoderamiento, el correcto encuadre en la figura del homicidio por despecho previsto en el artículo 80 inciso 7° del Código Penal desplaza el encuadre menor en la prevista por el artículo 165 del mismo Código".
IV. Frente a lo así resuelto, el recurso se revela ineficaz para conmover la calificación de los hechos en los términos del citado art. 80 inc. 7 del Código Penal, ya que las discrepancias planteadas, bajo la denuncia de errónea aplicación de la norma de fondo, están dirigidas a cuestionar el valor otorgado a la prueba en las instancias anteriores -dando para ello una particular interpretación de lo sucedido y de los elementos de convicción tenidos en cuenta- a efectos de lograr un cambio en la calificación legal, y por ello escapan al acotado ámbito de la competencia revisora de esta Corte (art. 494, CPP).
Al respecto, cabe señalar que, si bien es cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede derivar en una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la subsunción legal, salvo supuestos de absurdo o arbitrariedad, claramente alegados y demostrados, no le corresponde a este Tribunal revisar los supuestos errores de hecho invocados (conf. doctr. causas P. 98.594, sent. de 20-VIII-2008; P. 81.789, sent. de 13-V-2009; P. 116.231, sent. de 23-XI-2016; P. 132.452, sent. de 20-XI-2019; P. 133.140, sent. de 10-VI-2021; P. 134.707, sent. de 24-IX-2021; P. 134.725, sent. de 1-XII-2021; e.o.).
Con los indicios concatenados y valorados en su conjunto, ambas instancias concluyeron en que Miguel de Jesús Giménez y Ezequiel Villán a bordo de un vehículo Volkswagen Suran rojo que había sido previamente sustraído a Beatriz Salcedo (víctima del hecho 2), interceptaron en la vía pública a Sergio Camacho con idénticas intenciones de robo y que frente a la resistencia de éste al apurar la marcha para evitar el desapoderamiento, le efectuaron un disparo por la espalda (a la postre fatal), de modo que era correcto el encuadre legal en la figura del homicidio "por despecho" previsto en el art. 80 inc. 7 del Código Penal, hallándose satisfechos todos sus presupuestos típicos objetivos y subjetivos.
La defensa se ha pronunciado por una interpretación alternativa de la prueba, poniendo énfasis en la ausencia de acreditación de la ultrafinalidad. En ese sentido refirió al "...contexto de forcejeo en que ocurrió el desenlace fatal" y en la falta de preordenación consciente y voluntaria de la muerte de Camaño, proponiendo el encuadre alternativo en el art. 165 del Código Penal.
Sin embargo, ese argumento no permite revertir lo decidido en las anteriores instancias. Pues, en efecto, esta Suprema Corte ya ha explicitado que si la muerte se produce a consecuencia de la resistencia (o intervención) de la víctima (o terceros) esa circunstancia no obsta ni al dolo de matar ni a la relevancia de la ultrafinalidad típica constatada (conf. causas P. 117.199, sent. de 4-XI-2015; P. 121.266, sent. de 17-V-2017; P. 127.176, sent. de 27-XII-2017; P. 128.192, sent. de 9-V-2018; e.o.).
También se ha señalado que "...no resulta, ni expresa ni implícitamente, que su elemento subjetivo del tipo deba concurrir antes de iniciarse la ejecución del otro delito" (conf. doctr. causas P. 34.495, sent. de 6-II-1987; P. 113.545, sent. de 19-XII-2012; P. 106.440, sent. de 31-X-2012; P. 121.171, sent. de 10-V-2017; P. 127.696, sent. de 14-VI-2017; P. 126.435, sent. de 16-VIII-2017; P. 133.519, sent. de 16-XII-2020; P. 133.152, sent. de 30-VIII-2021; P. 135.745, cit.; P. 135.376, sent. de 11-IV-2023; P. 134.461, sent. de 16-III-2023; e.o.).
En el caso, el recurrente insiste con su postura y señala su opinión diversa sugiriendo interpretaciones alternativas de la prueba, sin controvertir adecuadamente lo decidido con arreglo a las circunstancias probadas de la causa. De tal manera, no consigue demostrar con ese proceder la concurrencia del vicio que le atribuye a la sentencia.
Viene al caso recordar que el objeto de la doctrina de la arbitrariedad "...no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Genoud, Torres y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 31/05/2024 10:40:55 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2024 11:15:06 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 31/05/2024 13:41:40 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2024 23:32:43 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2024 08:29:06 - JOFRE Lucia - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 03/06/2024 09:58:10 hs. bajo el número RS-135-2024 por SP-GELEMUR BERNARD LUCIANA.
Fin de la sentencia