Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138882
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.882, "Aguiar Vázquez, Lilia Roxana. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 118.170 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres.
El Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Mercedes, con fecha 22 de abril de 2022, condenó a Lilia Roxana Aguiar a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autora responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por su comisión con arma de fuego (arts. 41 bis y 80 inc. 1, Cód. Penal).
Contra dicho pronunciamiento interpuso recurso de casación la defensa oficial.
A su turno, la Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 26 de diciembre de 2022, rechazó el recurso homónimo interpuesto a favor del imputado.
Frente a ello, el señor defensor oficial adjunto de Casación, doctor Nicolás Agustín Blanco, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. documento en formato digital), que fue declarado admisible por el tribunal intermedio mediante resolución de fecha 9 de mayo de 2023.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de fecha 28 de noviembre de 2023), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor defensor oficial adjunto denunció la revisión aparente del pronunciamiento de condena con infracción de los arts. 8 inc. 2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 inc. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 75 inc. 22 y 18 de la Constitución nacional. Violación de la presunción de inocencia y arbitrariedad.
Sostuvo que el agravio vinculado a la valoración probatoria para tener por acreditada la intención homicida que se endilgó a su asistida en el hecho, constituyó un tránsito aparente por la instancia intermedia que vulneró la garantía del doble conforme.
Detalló que, al interponer el recurso de casación, la defensa señaló que el tribunal de mérito no había dado crédito a la versión del hecho brindada por la imputada consistente en que el disparo se había efectuado en forma accidental, lo que encuentra sustento en la ausencia de motivos para terminar con la vida de la víctima, en la actitud asumida inmediatamente después del hecho y en la región del cuerpo por la que ingresó el proyectil.
Indicó que la respuesta del intermedio consistió en una reiteración de las razones dadas por el tribunal de la instancia para condenarla en orden al delito de homicidio agravado, adicionando únicamente algunas afirmaciones genéricas y abstractas que no resultan de aplicación al caso.
Manifestó que tal forma de resolver no solo no satisface el derecho a la doble instancia, sino que conspira contra el derecho de defensa en juicio en la instancia recursiva.
Advirtió que el revisor no brindó explicaciones razonables para descartar la versión de la imputada y las argumentaciones defensistas tendientes a demostrar la ausencia de dolo homicida o, cuanto menos, la existencia de una duda razonable.
Luego de citar diversos extractos del fallo impugnado expresó que surgen argumentos para mantener la condena a título doloso que, a su juicio, resultan arbitrarios, tales como: a) que para que el martillo del arma se monte, la única posibilidad es la intervención individual o intencional del tirador y b) que el hecho de que el disparo se hubiere producido desde una distancia de 25-50 cm, el modo de ingreso y el recorrido del proyectil, se contraponen con la mecánica del suceso descripta por la imputada.
Aseveró que, si bien el órgano revisor se apoyó en una parte de lo narrado por Aguiar Vázquez, ello no es óbice para descreer de su versión, pues lo conmocionante del episodio no permite tomar sus dichos en forma literal, y refiriéndose a la totalidad de los acontecimientos.
Resaltó también que, a fin de concluir con la intencionalidad homicida, Casación tuvo en cuenta la conducta desplegada por la imputada en momentos posteriores al hecho, lo que considera violatorio del principio de culpabilidad.
Sostuvo que la circunstancia de que la mayor parte de los testigos mencionaron que la imputada estaba nerviosa, la falta de motivo para cometer el homicidio, el haber regresado en dos oportunidades al lugar del hecho y que no se haya profugado, demuestran la credibilidad de su versión.
Concretamente, le reprochó al tribunal intermedio el incumplimiento de la garantía de la revisión amplia, al no verificar la aplicación del método histórico con el límite normativo que a este impone el principio in dubio pro reo .
En apoyo de su reclamo, citó los fallos Herrera Ulloa vs. Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el mencionado "Casal" y "Martínez Areco" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como lo resuelto en las causas P. 99.084 y P. 89.939 de este Tribunal.
Solicitó, en definitiva, que se case la sentencia en crisis y se reenvíe al a quo para que debidamente integrado, dicte una nueva sentencia conforme a derecho.
II. El señor Procurador General dictaminó aconsejando el rechazo del recurso interpuesto. Coincido con su opinión.
III. En primer lugar, la decisión del Tribunal de Casación respecto del pronunciamiento de la instancia, según se verá, cumple con los estándares emergentes de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de las normas nacionales y supranacionales cuya transgresión se denuncia, en tanto abordó y se expidió sobre los motivos de agravio llevados a su conocimiento.
III.1. En lo que aquí interesa, la Casación reseñó la materialidad ilícita que se tuvo por debidamente acreditada en los siguientes términos: "...que el día 21 de noviembre de 2018 alrededor de las 17.00 hs., sobre la calle Saavedra entre Moreno y Ameghino de la ciudad y partido de Bragado, Lilia Roxana Aguiar, con la clara intención de darle muerte a su pareja Omar Rodolfo Lego, le descerrajó un disparo en la cabeza con un revólver calibre 32 marca Harrington & Richardson con numeración suprimida, atravesando el proyectil el hueso temporal derecho a la altura de la apófisis mastoidea, por detrás del pabellón auricular, provocándole lesiones a nivel cerebral de tal magnitud que derivaron en su deceso ese mismo día a las 20.00 hs.".
III.2. Al dar respuesta a similares planteos a los aquí esgrimidos, con relación a la intención homicida de la imputada, el tribunal intermedio señaló que, luego de analizar el veredicto y la sentencia impugnados, se apreciaba allí el desarrollo de un camino lógico y razonado con fundamentación en base a las pruebas y a la normativa y que el impugnante reeditaba planteos vinculados al valor otorgado a la prueba vinculado con la acreditación del dolo.
Advirtió que se dieron fundamentos suficientes sobre la acreditación del aspecto subjetivo del delito en trato, explicando el fallo los motivos por los cuales descartó los planteos defensistas.
Rechazó así que hubiera habido arbitrariedad y destacó que en la instancia se valoraron los testimonios del personal policial preventor y de los ocasionales testigos que presenciaron el momento en que el vehículo se detuvo abruptamente y se acercaron a auxiliar a la víctima. Afirmó que estos testigos declararon en el debate sobre cómo observaron a la víctima en la escena del hecho, las circunstancias que advirtieron en Aguiar y manifestaron detalladamente sobre su conducta el día del suceso.
Agregó que también se meritó la declaración que efectuó la imputada en el debate y los términos en que se expidió en la oportunidad del art. 308 del Código Procesal Penal, aunado a la prueba incorporada por lectura al debate, las fotografías, los videos de las cámaras de seguridad de la zona del hecho y fotografías resultantes de fs. 20/26, el acta de visu , el acta de allanamiento y secuestro, la declaración del testigo de actuación Manuel Cuesso, el precario médico, la fotografía de fs. 51, la historia clínica, el informe de la operación de autopsia, el informe vecinal, los peritajes balístico, psiquiátrico, psicológico y anatomopatológico del taco de piel extraído al cadáver de Lego, agregado como prueba suplementaria.
Señaló que la impresión obtenida por los jueces del debate respecto de la veracidad con la que se expidieran los testigos no resultó arbitraria, sino que se asentó en fundamentos que revelaban una apreciación razonable. Puntualmente indicaron que los testigos efectuaron un relato espontáneo, lineal, consistente, dando razones a sus dichos, sin indicio alguno de mendacidad.
Aseveró que el tribunal de grado no advirtió por parte de los testigos, odio, animadversión o interés particular alguno como para justificar un concierto de voluntades tendiente a incriminar falsamente a la imputada en un hecho delictivo; sino que resultaron contestes en lo esencial, lucieron sinceros, coherentes y veraces.
De otro lado apuntó que de la valoración armónica del plexo probatorio no podía argumentarse que no se encuentra acreditado el dolo homicida.
Explicó que, a fin de tener por acreditado el dolo es necesario acudir, mayormente a prueba indirecta (indiciaria), que diera cuenta de su presencia en cada caso. De allí que la circunstancia de disparar con un arma de fuego, a corta distancia en contra de la humanidad de Lego, en una zona vital, como es la cabeza, ponía de relieve una conducta querida y dirigida a culminar con la vida de la víctima, por sobre cualquier otra hipótesis.
Concordó con el tribunal de la instancia en descreer de los dichos exculpatorios de la encausada, dado que no se corroboraron con las restantes constancias obrantes en la causa y sobre la base del concordante cuadro cargoso que se erigió en su contra.
Señaló, respecto de la alegada falta de explicación del móvil del homicidio, que la cuestión carecía de trascendencia porque no era un requisito del tipo penal propuesto.
Explicó que la figura reprochada a Aguiar no contiene como elemento típico ninguna referencia al móvil del homicidio, por lo que una eventual duda sobre ese aspecto no resulta decisiva en los términos de la norma.
Asimismo, destacó que se ponderó el informe médico de la operación de autopsia, donde el médico interviniente consignó un ahumamiento de unos 10 mm que tocó parte del pabellón auricular y que el proyectil fue disparado a menos de 50 cm de distancia. En cuanto a la dirección del trayecto de la bala se indicó que fue de derecha a izquierda y levemente de abajo hacia arriba quedando alojado sobre el hueso occipital izquierdo.
En igual sentido valoró la pericia que concluyó que el revolver resultó apto para producir disparos; y que funcionaba tanto en simple -tirando el martillo hacia atrás- como en doble acción -efectuando el recorrido completo de la cola del disparador-. A su vez determinó que para utilizar el artefacto en la primera modalidad se necesitarían entre 2.3 y 2.6 kg de fuerza; mientras que para el recorrido completo sería necesario una presión de entre 4.4 y 4.6 kg. Se determinó que la vaina servida del proyectil utilizado para ultimar a Lego fue percutada por el revólver de la causa, en simple acción.
Específicamente, a partir de analizar que el arma utilizada tenía el martillo en posición lista para ser disparado, se concluyó que ello alejaba la probabilidad de que el accionamiento hubiese sido accidental, tanto por la manera en que Aguiar dijo haber manipulado el adminículo, como por el hecho de que, para accionar el armamento de la manera afirmada por el perito, el primer disparo necesitaba de la obligatoria intervención del tirador para inequívocamente preparar el martillo para su percusión.
Subrayó que a la intencionalidad de la autora se adunó la circunstancia de que el revólver estaba cargado con un solo proyectil al momento del disparo, que no se hallaron más municiones en poder de la imputada ni en el auto o su domicilio y que el revólver contaba con una sola vaina percutida en su interior al momento de ser secuestrado. Destacó que el arma presentaba un tambor de cinco alvéolos, solo uno de los cuales poseía un cartucho completo, ya que fue justamente ése el que estaba alineado con el caño cuando se produjo el disparo.
También se tuvo en consideración el peritaje anatomopatológico que analizó el taco de piel extraído del cadáver de Omar Lego que contenía el orificio del pasaje del proyectil que le provocó la muerte. El perito concluyó que la muestra resultó compatible con una lesión vital y que no se observaron en la misma restos de deflagración de pólvora.
Confrontó las circunstancias analizadas con la versión de la imputada, prestada en ocasión de la declaración de los términos del art. 308 del Código Procesal Penal, y en el debate.
Acordó con el tribunal en la orfandad del argumento referente a que el disparo fue accidental y que se produjo cuando el revólver estaba apretado entre las palmas de las manos de ambos sin que nadie lo empuñara, pues choca además contra las conclusiones del profesional autopsiante quien ilustró el pasaje del proyectil como de derecha a izquierda y levemente de abajo hacia arriba.
Indicó que Aguiar explicó que en todo momento Omar Lego iba mirando hacia el frente porque estaba manejando y que inclinó la cabeza hacia el lado izquierdo, por lo cual para que se demuestre la teoría de la imputada -teniendo en cuenta distancia de disparo, ángulo de entrada y trayecto de la bala-, Lego debió estar casi recostado sobre Aguiar.
Destacó que ninguna de las manifestaciones espontáneas de la encartada -a excepción de las declaraciones judiciales- han sido tenidas en cuenta como elemento de cargo, siquiera indiciario, en su contra.
Se ponderó que Aguiar quiso irse del lugar de los hechos en al menos dos ocasiones, que se retiró para su casa, se bañó y cambió su ropa. Resaltó -en sentido contrario a lo declarado por la imputada- que los testigos que se acercaron al automóvil para auxiliar a Lego, no mencionaron que Aguiar estuviera en estado confusional ni con audición disminuida.
Puntualizó que las policías Rodríguez y Alfonzo coincidieron en indicar que la imputada se negó a bajar del auto y obstruyó la pronta atención de Lego, en igual sentido se expidieron Cano y Norbis. Ambas testigos fueron contestes en señalar que Aguiar no bajaba del auto impidiendo el rápido auxilio de Lego y que la observaron guardando en su cartera elementos que sacaba de la guantera.
Señaló que entre los elementos que se guardó estaba el revólver utilizado en el hecho que, si bien no fue visto por las testigos, Aguiar lo reconoció en su declaración ante el Tribunal.
Afirmó que no resulta antojadiza la decisión del tribunal de tener por probado un dolo directo de matar, a partir del análisis en conjunto de las circunstancias emergentes del hecho acreditado, por lo que encontró acertada la calificación legal impuesta.
Como consecuencia de los planteos que fueron rechazados descartó la invocada aplicación del principio in dubio pro reo.
Apuntó que los sentenciantes expresaron su convicción sobre la demostración de aquellas cuestiones con las que se relaciona el requerimiento en trato, con una fundamentación que estimó suficiente para dar por válidos los razonamientos vertidos en el fallo, por lo cual no se presentó una situación de duda en los términos del art. 1 del ordenamiento adjetivo.
IV. De todo lo antes transcripto surge que el tribunal del recurso abordó los reclamos de la defensa referidos a la acreditación de la prueba de la autoría dolosa de Aguiar Vázquez en el hecho, así como lo atinente a la solicitud de aplicación del beneficio de la duda, conforme los motivos de agravio que fueron sometidos a su conocimiento.
En rigor, se aprecia que las críticas de la parte impugnante están dirigidas a cuestionar el valor otorgado a la prueba de cargo en las instancias anteriores -dando para ello una particular interpretación de lo sucedido-, temática que escapa al acotado ámbito de la competencia revisora de esta Corte, salvo la cabal demostración del vicio de absurdo o la arbitrariedad del fallo, lo que aquí no se presenta mínimamente abastecido (doctr. arts. 494 y 495, CPP y 15, ley 48).
El control efectuado por Casación abastece la garantía consagrada en los arts. 8 inc. 2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 inc. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según los alcances fijados en el precedente "Casal" por la Corte federal (Fallos: 328:3399), teniendo en cuenta las posibilidades derivadas de la falta de inmediación y con base en las constancias de autos.
Cabe agregar, con fundamento en todo lo antes transcripto, que el órgano recurrido desplegó su competencia revisora sin mallas formales desnaturalizadoras, abordó los argumentos de la parte y los descartó, proporcionando las razones por las cuales asumía tal temperamento decisorio, por lo que no se advierte ni la defensa ha logrado patentizar la restricción cognoscitiva denunciada a tenor de la doctrina y jurisprudencia que cita vinculada con la supuesta afectación al derecho al recurso.
Y si bien es cierto que el Tribunal de Casación hizo referencias a la sentencia recurrida -lo que resulta inevitable-, no se aprecia que pueda predicarse arbitrariedad en el hecho de que el órgano revisor haya coincidido con el de grado en el mérito que éste hizo de la prueba rendida, pues ese único elemento no justifica la causal de arbitrariedad aducida.
La afirmación de la defensa de que el escrutinio llevado a cabo significó un "tránsito aparente" que frustró el derecho al doble conforme, tampoco se condice con lo sucedido, porque el tribunal revisor abordó cada uno de los planteos formulados y dio razones para descartarlos.
Tiene dicho esta Suprema Corte que "...la doctrina de la máxima capacidad de rendimiento a la que debe llevarse la tarea revisora a fin de garantizar la amplitud establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del [precedente] 'Casal' [cit.], cuya doctrina fue extendida a los sistemas recursivos provinciales in re 'Salto' -Fallos 329:530, sent. de 7-III-2006-) y posibilitar la realización de un examen integral de la decisión recurrida en cumplimiento del derecho al recurso consagrado en los arts. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (conf. P. 71.958, sent. de 23-IV-2008), [...] no implica que el revisor 're evalúe' las pruebas practicadas en presencia del tribunal de primera instancia, porque solo a éste corresponde esa función valorativa (argumento del art. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)", pero "Sí debe verificar que, efectivamente, el tribunal de grado haya contado con suficiente prueba sobre la comisión de los hechos y la intervención que en el mismo le cupo al imputado, para dictar su condena, como así también que la prueba haya sido lograda sin quebrantar derechos o garantías fundamentales y en correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción" (causa P. 125.444, sent. de 4-VIII-2016; e.o.).
Desarticulados los planteos vinculados con la transgresión de la revisión amplia de la sentencia de condena, queda vacía de fundamento la referencia que hace la defensa en torno a la conculcación del debido proceso y la defensa en juicio, relacionada intrínsecamente con aquellos.
Por último, la aducida vulneración de la regla in dubio pro reo no corre mejor suerte. La defensa exhibe su disconformidad con el criterio de valoración probatoria realizado,
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.