Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138973
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en favor de Ezequiel Juan Daniel Décima, con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.973, "Décima, Ezequiel Juan Daniel s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 120.528 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres.
Conforme se desprende del expediente digital, el Tribunal en lo Criminal n° 3 de La Plata condenó el 9 de mayo de 2022 a Ezequiel Juan Daniel Décima a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso, por encontrarlo autor penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado por el vínculo en concurso real con tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido en el marco de violencia de género.
La defensa oficial de Décima interpuso un recurso de casación y la Sala IV del Tribunal de Casación, mediante sentencia dictada el 24 de noviembre de 2022, lo rechazó, confirmando la condena.
Frente a lo así decidido, el señor defensor adjunto ante la aludida instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denunció la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua.
La Casación, mediante resolución de fecha 7 de febrero de 2023, lo declaró admisible.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La defensa oficial denunció que la pena de prisión perpetua quebranta el fin resocializador de las penas, el principio de culpabilidad, el derecho a la vida y configura la imposición de una pena cruel, inhumana y degradante (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 4.1., 5.2. y 5.6., CADH).
Puntualizó que la aplicación conjunta del art. 80 incs. 1 y 11 y de los arts. 13 y 14 del Código Penal, a lo que se suma los treinta y cuatro años de edad de Décima, deriva en una pena privativa de libertad de por vida (conf. art. 4.1., CADH).
De seguido, tachó de arbitraria la respuesta brindada por el órgano revisor para negar la conculcación a la resocialización consistente en el acceso a la libertad condicional cuando en el caso el art. 14 del Código Penal lo prohíbe en razón del delito cometido. Ante tal situación, afirmó que se efectuó una errónea revisión del fallo de condena en tanto se emplearon afirmaciones dogmáticas que no se condicen con las constancias del caso (conf. art. 8.2.h., CADH).
I.1. En tal sentido, en cuanto a la violación del derecho a la vida (conf. art. 4.1., CADH), insistió en la edad de su asistido (treinta y cuatro años) y en la imposibilidad legal de acceder a la libertad condicional (conf. art. 14, Cód. Penal). Más allá de reconocer dicho impedimento legal, de seguido argumentó que eventualmente accedería no antes de los sesenta y cinco años de edad, lo que consideró que se convertía en una pena efectivamente perpetua dadas las expectativas de vida de una persona alojada en el ámbito carcelario, a lo que sumó la situación carcelaria en particular de esta Provincia. En su apoyo, citó jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
I.2. En cuanto al incumplimiento del art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, alegó que la pena de prisión perpetua impuesta a Décima implica un encierro de por vida y su eliminación social, que resulta incompatible con el derecho a la integridad personal y a la readaptación social (conf. arts. 18, Const. nac.; 5.6., CADH y 10.3., PIDCP).
Una vez más, trajo a colación casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sostuvo que la condena impuesta a su defendido configura una especie de tormento.
Por todo lo expuesto, solicitó se declare la inconstitucionalidad de la pena impuesta y se disponga el reenvío a fin de que se fije una nueva pena que, a su entender, sea respetuosa de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
I.3. A su vez, señaló que se le aplicó una pena inhumana y degradante en tanto al ser de por vida, implica una tortura psicológica. Para que ello se revierta consideró necesario que su defendido tenga el derecho a acceder a una libertad anticipada a pesar de que legalmente no esté previsto, con cita del fallo "Giménez Ibañez" de la Corte nacional.
Finalmente afirmó que los agravios son actuales pues de estos depende la certeza respecto a cuándo correspondería solicitar la libertad, a lo que se agrega que es necesario que exista un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la condena impuesta.
Solicitó que no se desestime el planteo por prematuro pues, a su entender, la cuestión no puede postergarse ya que importaría someter al imputado a la incertidumbre de saber si morirá en la cárcel o si tiene la expectativa de recuperar alguna vez su libertad ambulatoria.
II. La Procuración General aconsejó rechazar el recurso. Coincido con lo así dictaminado pues estimo que el recurso es insuficiente (conf. art. 495, CPP).
III. La denuncia de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua no procede (conf. art. 495, cit.).
Previo a ingresar al fondo del reclamo, corresponde efectuar una reseña de los antecedentes del caso:
III.1. De la lectura del fallo de mérito surge que, ante el pedido fiscal de condenar a Décima a la pena de reclusión perpetua, el tribunal de grado estimó, con sustento en las atenuantes valoradas (ausencia de antecedentes penales y "tensión psíquica" sufrida por el imputado al momento del hecho) condenarlo a la pena de prisión perpetua.
De seguido, ante los planteos de inconstitucionalidad formulados por la defensa contra el pedido fiscal de aplicar la pena de reclusión perpetua, fundados en la afectación de los principios de culpabilidad, legalidad, proporcionalidad, pro homine y dignidad, por considerar infamante la sanción impuesta, el tribunal de mérito los abordó en lo que respecta a la perpetuidad de la sanción y los descartó.
En tal sentido, afirmó que la pena de prisión perpetua no es realmente tal pues se debe garantizar en su debido momento la posibilidad de retornar al medio libre: libertad condicional -en ciertos casos- salidas transitorias y libertad asistida. Agregó que, también existe la posibilidad del indulto y la conmutación de penas como facultad del Poder Ejecutivo.
A ello sumó que la sanción guardaba relación con la gravedad de los delitos por los que fue condenado (conf. art. 80, Cód. Penal).
En cuanto al principio de culpabilidad, destacó que el art. 80 del Código Penal permite al juzgador seleccionar entre dos especies de pena (reclusión o prisión perpetuas), así como también contempla la posibilidad de aplicar el art. 52 del Código Penal; como también las circunstancias extraordinarias de atenuación.
Agregó que los fines de rehabilitación de la ley 24.660 también se garantizan con la posibilidad de modificar -a través de lo establecido en el art. 140-, la forma de computar las penas por el estímulo de la educación y reiteró las disposiciones que regulan el indulto y la conmutación de las penas.
Por último, descartó que resulte posible limitar la pena perpetua a la luz del Estatuto de Roma, el cual citó.
III.2. Contra lo así decidido, la defensa oficial en el recurso de casación -en lo que aquí importa- denunció que los argumentos expuestos en el fallo de mérito no daban respuesta a los planteos efectuados respecto a la violación de los principios de culpabilidad, proporcionalidad y dignidad humana.
III.3. Por su parte, el Tribunal de Casación Penal, mediante el voto del señor juez Kohan, a quien adhirió el señor juez Violini, rechazó el agravio.
En tal sentido, afirmó que la declaración de inconstitucionalidad de las leyes es un recurso de ultima ratio y que, en el caso, no se dan los requisitos excepcionales para ello.
De seguido, con cita de Zaffaroni y Núñez, sostuvo que la prisión perpetua no es tal, pues es posible acceder a la libertad condicional.
Luego, destacó que los Tratados Internacionales no son incompatibles con la aplicación de la pena de prisión perpetua siempre que se respete la dignidad humana (conf. arts. 5, CADH; 5, DUDH; 7 y 10, PIDCP y 11 y 16, Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes).
Concluyó en que la prisión perpetua no obsta a la resocialización del condenado y destacó que es necesario garantizar a las personas condenadas a este tipo de penas la posibilidad de retornar al medio libre (conf. arts. 1, ley 24.660; 5 inc. 6, CADH y 10 inc. 3, PIDCP).
IV. De la reseña efectuada, se advierte que, si bien el tribunal casatorio al confirmar la constitucionalidad de la pena de prisión perpetua realizó consideraciones genéricas sin un concreto anclaje al caso analizado, de todos modos, los puntuales embates de la defensa sobre la presunta afectación a principios de culpabilidad, mandato de resocialización y respeto a la dignidad humana, tácitamente, también quedaron comprendidos en aquella respuesta.
V. Es que, existiendo diversos pronunciamientos de esta Suprema Corte en casos de agravios similares al presente, más allá de las deficiencias apuntadas, corresponde dar una respuesta sobre el fondo.
V.1. Por un lado, las manifestaciones vinculadas con la violación del derecho a la vida en función de la edad del acusado, del tiempo en que podría acceder a la libertad y de las condiciones en que se encuentran las cárceles en la Provincia de Buenos Aires, todo lo cual -según la defensa- transformaría la pena de prisión perpetua en una "pena de muerte", son producto de una reflexión tardía, no pudiendo ser ahora objeto de evaluación en esta instancia (doctr. art. 451, CPP; P. 129.795, sent. de 21-XI-2018; P. 131.470, sent. de 27-VII-2020; P. 133.916, sent. de 18-VIII-2022; P. 136.087, sent. de 19-XII-2022; entre muchas).
V.2. Por otra parte, tal como lo pusieron de manifiesto el tribunal de mérito y la Casación, ante el desvalor de acto que emerge de la conducta reprochada a Décima -según se tuvo por probada y llega incontrovertida a esta Suprema Corte- el recurrente no logra demostrar que la pena de prisión perpetua no se ajuste a las garantías constitucionales que dice afectadas (conf. art. 495, cit.).
Si bien es cierto que Décima no cumple con los requisitos legales para acceder a la libertad condicional (conf. art. 14, Cód. Penal), la defensa oficial no demuestra que dicha pena a perpetuidad sea realmente tal, es decir, que implique verdaderamente un encierro de por vida sin posibilidad de acceso en algún momento al medio libre, conforme lo expuse en mi voto en el marco de la causa P. 120.347 (sent. de 14-X-2015; e.o.). De ahí que la denuncia de arbitrariedad efectuada por la parte respecto de la afirmación de la Casación de que Décima podría acceder a la libertad condicional no resulta suficiente para cambiar la suerte de lo decidido (conf. art. 495, cit.).
Finalmente, en lo que concierne al planteo vinculado con que dicha pena impide la resocialización, esta Suprema Corte ha expresado que "La liberación anticipada sujeta a una serie de condiciones es una de las formas que eventualmente pueden ser útiles para la finalidad de la resocialización, pero también puede frustrarla. No es el único medio, ni necesariamente el adecuado en todos los casos. En particular, cuando se está frente a quien ha cometido un delito muy grave, no es arbitrario que el legislador limite el rango de las herramientas disponibles para la finalidad de la resocialización" (conf. doctr. causas P. 126.187, sent. de 4-VIII-2016; P. 127.567, sent. de 7-II-2017; P. 127.840, sent. de 15-VIII-2018; P. 129.332, sent. de 21-XI-2018; P. 135.440 y P. 135.842, sents. de 24-VIII-2022; e.o.).
Por todo lo expuesto, y más allá de los déficits señalados, la defensa oficial no desarrolló argumentos suficientes que permitan conmover la constitucionalidad de la pena de prisión perpetua afirmada por la instancia y por el Tribunal de Alzada (conf. doctr. causas P. 131.924, sent. de 11-IX-2019; P. 128.646, sent. de 20-XI-2019; P. 133.798, sent. de 4-VIII-2021; P. 133.212, sent. de 13-VIII-2021; e.o.).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Genoud y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en favor de Ezequiel Juan Daniel Décima, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/05/2024 09:44:56 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/05/2024 12:12:21 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/05/2024 14:02:09 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2024 23:29:44 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2024 08:26:21 - JOFRE Lucia - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 03/06/2024 10:57:28 hs. bajo el número RS-142-2024 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia