Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 139187
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 139.187, "Sobrino, Marcelo Alberto, Fiscal General del Departamento Judicial de Azul s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley en causa n° 45.415 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul, seguida a Jaureguiber, Luciano", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres .
De las actuaciones digitalizadas, se desprende que el día 15 de febrero de 2023, el Juzgado en lo Correccional n° 1 de Tandil, en el marco de un juicio abreviado, condenó a Luciano Jaureguiber a la pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento e inhabilitación especial para conducir vehículos automotores por el término de cinco años, por resultar autor responsable del delito de homicidio culposo agravado por darse a la fuga (arts. 84 y 84 bis segundo párr., Cód. Penal).
El representante del particular damnificado interpuso un recurso de apelación contra ese fallo y, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Azul, mediante el pronunciamiento dictado el día 3 de mayo de 2023, por mayoría, hizo lugar al recurso. En consecuencia, de oficio, declaró la inconstitucionalidad del art. 402 del Código Procesal Penal, desestimó el acuerdo de juicio abreviado, anuló la sentencia dictada y dispuso que, previo al sorteo de un juez hábil, prosiga por el trámite ordinario de juicio oral y público (art. 342 sig. y concs., CPP).
El señor Fiscal General del Departamento Judicial de Azul, doctor Marcelo Alberto Sobrino, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación digital de 18-V-2023), el cual fue declarado admisible por resolución del Tribunal de Alzada del día 23 de junio de 2023.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 22-II-2024), dictada la providencia de autos en igual fecha y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor Fiscal denunció que la sentencia dictada por la Cámara de Azul provocó gravedad institucional debido a que -a su modo de ver- ese órgano judicial se atribuyó facultades propias del Poder Legislativo al declarar de oficio la inconstitucionalidad de una norma procesal (art. 402, CPP), anular la sentencia dictada y ordenar la realización de un juicio oral cuando el recurrente -particular damnificado- únicamente había cuestionado ante esa sede la determinación de la pena impuesta.
Asimismo, consideró que el particular damnificado no estaba legitimado para impugnar el fallo de primera instancia, pese a lo cual el órgano revisor ingresó a su tratamiento. A su vez, argumentó -trayendo a colación el voto en minoría- que la declaración de inconstitucionalidad de oficio del art. 402 del Código Procesal Penal se fundó en un agravio que no había sido planteado.
Tachó la decisión de arbitraria y violatoria de normas procesales, con grave afectación al debido proceso y a las funciones que le fueron asignadas a esa parte como titular de la acción pública.
Se refirió a la inobservancia del art. 398 del Código citado y destacó que la Cámara invocó una causal de desestimación del acuerdo no contemplada y prohibida por la norma, sin haber demostrado por qué motivo y en qué medida aquellos límites que impone el ordenamiento adjetivo a todo juez que se aboque al tratamiento de un acuerdo de juicio abreviado, resultaban irracionales y admitían un apartamiento de su parte.
Asimismo, sostuvo que la decisión resultó arbitraria por su fundamentación aparente, en tanto que confundió el hecho de que el particular damnificado no pueda oponerse a la elección de un trámite procesal -previsto en el art. 402 del Código Procesal Penal- con la imposibilidad de oponerse al acuerdo en sí mismo.
Refirió que la citada norma regula la imposibilidad de oponerse al trámite del juicio abreviado, mientras que las causales por las cuales se puede desestimar el acuerdo en sí y cuestionarlo, están reguladas por el art. 398 del Código adjetivo. En tal sentido, argumentó que el Tribunal de Alzada si bien declaró la inconstitucionalidad del art. 402 citado, dejó incólume el restante art. 398 el cual vulneró sin causa que lo justifique mediante una fundamentación errada y por ende aparente que tornó a la sentencia en arbitraria.
A continuación, explicó que la restricción que impone el citado art. 402 al particular damnificado, no puede considerarse una reglamentación irrazonable de su derecho a ser oído o a obtener la tutela judicial de su pretensión, puesto que en el acuerdo de juicio abreviado se aseguró tal finalidad -el castigo a los culpables-.
Destacó que la norma no desconoce el derecho a ser oído del particular damnificado, ni le impide ser parte en el trámite, sino que solo inhabilita a oponerse a la "elección del trámite en cuestión".
Agregó que el ordenamiento considera al particular damnificado una parte procesal a la vez que le reconoce el derecho a impugnar la sentencia que se dicte en función del juicio abreviado (art. 401 parte final, CPP).
Sostuvo que ni siquiera el propio juez puede oponerse a la realización del juicio abreviado salvo que advierta una discrepancia insalvable con la calificación legal o un vicio en la voluntad del imputado, y señaló que, en el caso, no existió una oposición fundada a dicho trámite pues solo se había cuestionado el monto de la pena.
Como otro motivo de agravio, invocó la falta de indicación y acreditación de los perjuicios concretos que habría sufrido el particular damnificado y solicitó que se tenga en cuenta que, para la Corte Suprema, la declaración de inconstitucionalidad es un recurso extremo y que previo a ello se deberá procurar una interpretación de las normas que armonice con la Constitución (conf. CSJN Fallos: 333:447).
Por todo lo expuesto, peticionó se deje sin efecto el fallo cuestionado y se dicte uno nuevo que contemple el análisis de los agravios formulados en tiempo y forma por parte del Ministerio Público Fiscal.
II. El señor Procurador General aconsejó hacer lugar al recurso (v. dictamen digital de 22-II-2024). Coincido con lo dictaminado, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es procedente (conf. art. 496, CPP).
III. De modo preliminar, resulta necesario reseñar lo acontecido en el caso.
III.1. De las actuaciones digitalizadas, se desprende que el señor fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Violencia Institucional de Azul, doctor Ignacio Calonje, junto con el defensor particular de Luciano Jaureguiber, el doctor Tumini, solicitaron se instrumente el trámite de juicio abreviado.
Acordaron que, en caso de recaer condena, no se imponga una pena que supere la de tres años de prisión de efectivo cumplimiento y cinco años de inhabilitación especial para la conducción de vehículos automotores. A su vez, la calificación legal que concordaron fue la de homicidio culposo por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de vehículo automotor, agravado por haberse dado a la fuga y no haber intentado socorrer a la víctima (arts. 84 y 84 bis segundo párr., Cód. Penal; v. digitalmente en 14-XII-2022).
III.2. El particular damnificado Marcelo Norberto Simón -junto con su letrado patrocinante, el doctor Andrés Mario Marcelo Argeri-, a través de una presentación realizada el día 28 de diciembre de 2022, manifestó su disconformidad con el monto de pena pactado para el juicio abreviado por considerarlo leve. A su vez, se opuso a la solicitud de semilibertad con salidas laborales.
III.3. El señor juez corrió traslado de tal solicitud al señor agente fiscal (v. digitalmente, proveído de 5-I-2023).
III.4. Finalmente, en audiencia (llevada a cabo el día 9 de febrero de 2023), las partes manifestaron oralmente sus posiciones sobre la implementación del acuerdo de conformidad con lo antes reseñado.
III.5. El Juzgado en lo Correccional n° 1 de Tandil, por sentencia dictada el día 15 de febrero de 2023, condenó a Luciano Jaureguiber conforme se diera cuenta en la reseña de antecedentes.
En la cuestión primera del fallo el señor juez abordó la procedencia del trámite de juicio abreviado. Luego de una reseña de lo consensuado en el marco del art. 397 del Código Procesal Penal -por parte del Ministerio Público Fiscal, el imputado y su defensa-, se refirió a la pretensión del particular damnificado.
Puntualmente, el juzgador, luego de atender el planteo, señaló que en el caso de un juicio abreviado no podía imponerse una pena superior a la solicitada por el señor fiscal, por lo que el pedido formulado para que se aumentara la sanción no era viable.
Destacó, además, que el art. 402 del Código Procesal Penal establece que el particular damnificado no puede oponerse a la elección de este tipo de procedimiento abreviado. Resaltó entonces que no encontraba objeciones en el pacto voluntariamente aceptado por el imputado previo asesoramiento del defensor de su confianza, y agregó que no advertía -ni se habían planteado- discrepancias insalvables respecto de la calificación legal y la pena concretamente requerida: tres años de prisión de efectivo cumplimiento y cinco años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores respecto de Luciano Jaureguiber.
Concluyó que la sanción era adecuada considerando la escala penal prevista en los arts. 84 y 84 bis segundo párrafo del Código Penal (arts. 39 inc. "b", 50 y 51 letra "a" inc. 1, Ley Nacional de Tránsito 24.449 y 1, ley de adhesión provincial 13.927).
III.6. Contra la sentencia de condena, el particular damnificado, con el patrocinio letrado del doctor Argeri, dedujo recurso de apelación en el que solicitó la revocación de dicha decisión, y la continuación del juicio/proceso. Sostuvo -nuevamente- que si bien no podía oponerse al juicio abreviado (conf. art. 402, CPP), sí apelaba la decisión por el bajo monto de la pena impuesta.
Se quejó además de que el imputado no cumplía con las condiciones legales previstas para que se le otorgase el arresto domiciliario. Por otro lado, manifestó que el juzgador violó el art. 398 del Código Procesal dado que existió discrepancia puntualmente respecto de las agravantes que -a su entender- el Ministerio Público Fiscal no habría expresado en el acuerdo.
III.7. A su turno, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Azul, a través de la decisión del día 3 de mayo de 2023, resolvió -por mayoría, con la disidencia del doctor Damián Pedro Cini- hacer lugar al reclamo formulado por el particular damnificado, declarar la inconstitucionalidad del art. 402 del Código Procesal Penal y ordenar la realización de un juicio oral.
Para así decidir, el señor juez Carlos P. Pagliere -quien obtuvo la adhesión simple del señor juez Gustavo A. Echevarría-, sostuvo que la prohibición que establece el art. 402 del Código Procesal Penal en cuanto impide que el particular damnificado pueda oponerse a la elección del procedimiento de juicio abreviado es inconstitucional desde dos puntos de vista: uno procesal y otro fondal (ptos. 3 y 4, sent. digital).
III.7.a. En cuanto a la cuestión procesal, se refirió a la naturaleza jurídica del juicio abreviado, conceptualizándolo como "todo lo contrario a un juicio" y, entre otras disquisiciones, sostuvo que el juicio no se "abrevia", sino que se lo "reemplaza" por un acuerdo entre las partes (pto. 4.1.).
Enunció la garantía del "juicio previo" (art. 18, Const. nac.), el "afianzar la justicia" del Preámbulo constitucional, la garantía del "debido proceso" y el "derecho a la jurisdicción" (arts. 18, Const. nac.; 8 párr. 1, CADH y 14.1, PIDCP); el art. 15 de la Constitución provincial; la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en su resolución 40/34; la ley nacional 27.372 y la ley provincial 15.232 que reconocen y garantizan los derechos de las víctimas del delito y el derecho al asesoramiento, asistencia, representación, protección, verdad, acceso a la justicia y tratamiento justo; como así también promueven el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas (pto. cit.).
Tras esta exposición, afirmó que, en el marco de un juicio abreviado, se torna imprescindible que todas las partes suscriban el acuerdo, o al menos, que ninguna de ellas se oponga fundada y razonablemente al mismo. De lo contrario -estimó- no habría acuerdo sino imposición de unas partes sobre las otras (v. pto. 4.2.).
Seguidamente (v. pto. 4.3.), analizó la calidad de "parte" que ostenta el particular damnificado como también se refirió a lo normado en el art. 398 inc. 1 del Código (v. pto. 4.4.), insistiendo en la tesis de que "acuerdo" implica que todas las partes coincidan, caso contrario, de mediar una oposición fundada y razonable de una de ellas, no puede considerase que exista acuerdo.
En base a lo expuesto, el magistrado aseveró que el art. 402 del Código Procesal Penal bonaerense no supera el test de constitucionalidad, a la vez que se explayó sobre el sistema de control de constitucionalidad difuso.
Concluyó así que excluir a la víctima -o particular damnificado- del acuerdo de juicio abreviado al impedirle oponerse a dicho trámite, configura una restricción arbitraria del legislador bonaerense que vulnera la garantía del "juicio previo" (art. 18, Const. nac.) y, por añadidura, el Preámbulo de la Constitución nacional en cuanto dispone "afianzar la justicia" y la garantía del "debido proceso" y del "derecho a la jurisdicción" (arts. 18, Const. nac.; 8 párr. 1, CADH y 14.1, PIDCP) y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Añadió que, ante una oposición fundada y razonable -como la que consideró que aconteció en el expediente-, debe desestimarse el juicio abreviado y continuarse con el trámite normal del proceso (v. pto. 4.5.).
III.7.b. En segundo lugar, sostuvo que el art. 402 del Código Procesal Penal era inconstitucional desde un punto de vista sustantivo (v. pto. 5).
Afirmó que la modalidad de ejecución de la pena debe establecerse bajo los parámetros del art. 26 del Código Penal, sin que sea posible que una norma procesal suprima, restrinja o condicione tales pautas. De igual modo en lo que hace al monto de la pena, individualizada en los términos de los arts. 40 y 41 del Código Penal que tampoco podría la normativa procesal suprimir, restringir o condicionar (v. pto. 5.1.).
Sobre tal aspecto, estimó que las normas procesales no pueden obligar al juez a imponer una determinada modalidad de ejecución de pena, o un cierto monto de prisión, que no encuentre sustento en los arts. 26, 40 y 41 del Código Penal (v. pto. cit.). Consideró que en caso de oposición fundada de la víctima -o particular damnificado- por dichas causales, el sentenciante debe evaluar si la pena se ajusta a las previsiones de los arts. 26, 40 y 41 del Código Penal. Caso contrario, afirmó, el juez debe desestimar el acuerdo de juicio abreviado, solución que -a su juicio- no se ve conmovida por la previsión del art. 399 del Código Procesal Penal (v. pto. 5.2.).
En definitiva, reiteró su conclusión de que el art. 402 resulta inconstitucional, por cuanto afecta principios, derechos y garantías constitucionales (nacionales y provinciales), vinculadas al derecho procesal y de fondo (v. pto. 6).
III.7.c. Seguidamente, con cita de precedentes de esta Suprema Corte (conf. causas P. 124.169, resol. de 11-V-2016 y P. 122.433, resol. de 18-V-2016), se refirió a la declaración de constitucionalidad como de "ultima ratio" del ordenamiento jurídico y se ocupó a modo de obiter dictum , de los que consideró que podían ser "contraargumentos" para excluir a la víctima o particular damnificado del acuerdo de juicio abreviado (v. pto. cit.).
Bajo esa premisa, mencionó como fundamentos a tener en cuenta a: 1) que nuestro sistema penal está basado en la regla de la persecución penal pública, en donde el Ministerio Público Fiscal es quien tiene el monopolio acusatorio; 2) que los derechos de las víctimas y particular damnificado se hallan igualmente resguardados a través de su facultad para recurrir el fallo; 3) que dichas partes tampoco se pueden oponer a la suspensión del juicio a prueba (arts. 76 bis y sigs., Cód. Penal y 404, CPP); 4) que desde la entrada en vigencia del Código Procesal Penal bonaerense, siempre se excluyó a la víctima -o particular damnificado- del acuerdo de juicio abreviado; 5) que con el mismo argumento que se le permite al particular damnificado oponerse al juicio abreviado, debería también permitirse a todas las víctimas a oponerse al instituto, aunque no se hayan constituido en tal carácter; 6) que la oposición del particular damnificado haría colapsar la justicia penal provincial, por cuanto ninguna víctima brindaría su conformidad y 7) una última objeción estaría dada por la existencia de un pretendido conflicto entre los derechos del imputado y de la víctima, y en base a esa ilusoria confrontación, se propone restringir los derechos de la víctima para favorecer al imputado (v. ptos. 6.1. a 6.7.).
Finalmente, sostuvo que el particular damnificado se agravió por considerar que se impuso una pena inferior a la que correspondería a la luz de las circunstancias agravantes. Entendió que la oposición de esa parte expuesta al momento de la audiencia de los arts. 168 bis y 398 del Código Procesal Penal, debió ser analizada por el juez en lugar de haberla desestimado con base en la norma del art. 402 del Código citado; por lo que -a su juicio-, se acreditaba en el caso un gravamen irreparable.
III.8. En contra de la decisión anterior dictada por la Cámara de Apelación y Garantías de Azul, el imputado presentó recurso de casación a través de su defensa particular, cuya denegatoria motivó la deducción de queja ante esa instancia intermedia.
En resumidas cuentas, consideró que la decisión impugnada causó un serio y concreto perjuicio a su pupilo de imposible reparación ulterior, puesto que, ante la inconstitucionalidad declarada del art. 402 del Código ritual y la nulificación de la sentencia ratificatoria del juicio abreviado, se vulneraron los principios básicos del procedimiento penal, poniendo en crisis la seguridad jurídica, las facultades que poseen las diversas partes actuantes y lo expresamente previsto por la normativa vigente aplicable.
III.9. La Sala III del Tribunal de Casación Penal, a través del pronunciamiento dictado el día 23 de abril de 2023, rechazó la queja en el entendimiento de que, tratándose de una sentencia definitiva correccional revisada por la Cámara, debió articular un recurso ante esta Suprema Corte (v. resol. digital en la MEV).
IV. Como adelanté, el fallo de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial de Azul que declaró de oficio la inconstitucionalidad del art. 402 del Código Procesal Penal debe ser dejado sin efecto (art. 496, CPP).
IV.1. Los magistrados que integraron la mayoría, al tiempo que declararon la inconstitucionalidad de la norma indicada, también afirmaron la confrontación de varias otras reglas procesales.
IV.2. Comencemos por circunscribir entonces las normas que inciden en el conflicto. La primera es la regla del art. 402 que los señores jueces de la Cámara declararon incompatible con la Constitución nacional y que establece lo siguiente: "El particular damnificado no podrá oponerse a la elección del procedimiento del juicio abreviado [...] Tanto el particular damnificado como la víctima que no se hubiere constituido como tal, deberán ser notificados del acuerdo".
Indirectamente, la solución dada al caso, también repercute en la regla del art. 396 que dispone que: "Par
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