Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 139222
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso de inaplicabilidad de ley articulado por la defensa oficial de J. J. G.. En consecuencia, se revoca la decisión de la Sala IV del Tribunal de Casación Penal que ordenó comunicar al Registro Nacional de Reincidencia la condena impuesta al nombrado y su correspondiente cómputo (doctr. art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 139.222-Rc, "G. J. J. s/ Recurso Extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 121.782 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Soria, Genoud, Torres .
De las actuaciones digitalizadas se desprende que, el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 2 del Departamento Judicial de San Martín, luego de condenar a J. J. G., dispuso no comunicar esa decisión al Registro Nacional de Reincidencia.
El Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso de apelación y la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Martín, por mayoría, confirmó lo fallado. Articulado un recurso de casación, la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 2 de marzo de 2023, hizo lugar al planteo y ordenó la comunicación al Registro Nacional de Reincidencia de la condena recaída oportunamente sobre J. J. G. y su correspondiente cómputo. Asimismo, le hizo saber la prohibición de informar a los particulares, limitando el suministro de la información a las autoridades judiciales y/o policiales que las requieran.
Frente a lo así resuelto, se alzó el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Nicolás Agustín Blanco, mediante la interposición del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación digital de 10-IV-2023), el cual fue concedido por resolución del tribunal intermedio de 18 de mayo de 2023.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 5-II-2024), dictada la providencia de autos el 7 de febrero de 2024, presentada la memoria por parte de la señora defensora oficial adjunta de Casación, doctora Ana Julia Biasotti (v. digitalmente en 20-II-2024), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurrente denunció que el temperamento adoptado por el Tribunal de Casación Penal implicó un apartamiento injustificado de la doctrina legal de los tribunales superiores vigente en la materia, tales como causa "R., B. S. y otros s/incidente tutelar" (CSJN Fallo: 551/12 y los precedentes P. 114.313; P. 114.153; P. 114.155; P. 115.571; P. 114.583; P. 115.503 y P. 128.517, entre muchos otros de esta Suprema Corte; como también la transgresión a los estándares internacionales en materia penal juvenil (arts. 75 inc. 22, Const. nac.; 3, 37 y 40, CDN).
Luego de transcribir los argumentos dados por Casación para resolver el caso, sostuvo que se desconoció la doctrina de la Corte federal en el caso "Ruiz" (CSJN Fallos 374/14) en donde se sentó la postura del principio de especialidad y vigencia del corpus iuris hasta la finalización de la causa, con independencia que el/la joven hubiera adquirido la mayoría de edad durante el trámite de la misma.
Adujo que, además, se desentendió del principio "interés superior del niño" establecido en el art. 3.3 de la Convención de los Derechos del Niño, y no contempló las particulares circunstancias de los menores en un proceso penal.
Seguidamente, hizo referencia al precedente "Quiróz", causa P. 144.153 de esta Suprema Corte antes citado, para luego señalar que las comunicaciones previstas en el art. 2 de la ley 22.117, son improcedentes en causas del proceso penal juvenil, las cuales solo cuentan con el registro de Procesos del Niño (arts. 3, 4 y 40, CDN; 51, ley 13.634 y 8, Reglamento del Registro de Procesos del Niño, resol. 3.889/08, SCBA).
Recordó también que entre las garantías del sistema penal juvenil se encuentran las de limitar el principio de publicidad del proceso en donde debe prevalecer la confidencialidad y la prohibición de difundir cualquier información que permita identificar a niños acusados de infligir leyes penales; la protección de la identidad durante el proceso; la publicidad del juicio; los límites al uso de antecedentes o registros juveniles; la no estigmatización que rige el proceso juvenil y mínima intervención.
Finalmente, trajo a colación lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva 17/02 en cuanto a la "Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño", y por todo lo expuesto, solicitó que se casara el fallo dictado por el Tribunal de Casación Penal y se mantenga la prohibición de comunicación al Registro Nacional de Reincidencia que fuera dispuesta en la instancia departamental.
II. El señor Procurador General dictaminó y aconsejó rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. dictamen digital de 5-II-2024).
III. Por su parte, la señora defensora oficial adjunta de Casación, doctora Ana Julia Biasotti, presentó la memoria en los términos del art. 487, tercer párrafo, del Código Procesal Penal.
Luego de destacar la suficiencia del recurso articulado por la defensa, señaló como inviable la pretensión de introducir en el debate un análisis ajeno a lo expresado por Casación es decir, vinculado a la posibilidad de aplicar la norma del art. 58 del Código Penal en condenas dictadas en diferentes jurisdicciones, tal y como lo ha dicho esta Suprema Corte en diversos precedentes. Finalmente, solicitó a este Tribunal que aplique su doctrina legal, se declare procedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y se mantenga la prohibición de comunicación al Registro Nacional de Reincidencia.
IV. Disiento con la postura del señor Procurador General ya que, por los motivos que a continuación expondré, considero que el recurso procede.
IV.1. Por mayoría, el 25 de octubre de 2022, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín, confirmó la decisión del tribunal inferior en cuanto no hizo lugar a la solicitud fiscal de comunicar al Registro Nacional de Reincidencia la condena dictada respecto del joven J. J. G. y su correspondiente cómputo.
Para así resolver, el señor Juez Jorge Andrés Álvarez -que tuvo la adhesión del doctor Mariano Andrés Porto-, puso el énfasis en la preeminencia de las normas específicas y el régimen diferenciado que poseen los niños en relación con los adultos y las garantías especiales que en materia de Registro de información los tratados internacionales incorporados a nuestra Constitución nacional aseguran (arts. 75 inc. 22, Const. nac. y 3 y 4, CDN).
Trajo a colación lo resuelto por esta Suprema Corte en la causa P. 114.153 y destacó el especial status que asegure y resguarde la reserva y confidencialidad de los datos vinculados con cualquier tipo de proceso que involucre a jóvenes en conflicto con la ley penal y hubiese tenido trámite ante el fuero de excepción, siendo uno de los principios fundamentales restringir los efectos infamantes que pudieran emerger de tal proceso, en miras a la futura reinserción social de los jóvenes, máxime cuando lo que se pretende es que asuman una actitud constructiva y responsable frente a la sociedad, principio que además ha sido remarcado por la Corte federal en el conocido caso "Maldonado".
Consideró que este tipo de comunicaciones sobre las sanciones recaídas atentaba contra el principio de "benignidad" y resaltó la normativa del art. 51 de la ley 13.634 que dispuso la creación del Registro de Procesos del Niño, reglamentando así los principios rectores de diversos instrumentos internacionales aplicables en la materia. Por otro lado, estimó que no había normativa que sustentara el proceder pretendido por el Ministerio Público Fiscal de comunicar al Registro Nacional de Reincidencia la condena recaída sobre G. y el correspondiente cómputo de vencimiento de pena.
Por último, recordó lo decidido por la Sala I del Tribunal de Casación Penal en causa n° 76.431 en cuanto a la confidencialidad de los registros de menores.
IV.2. Contra lo así resuelto, el señor fiscal de la instancia dedujo recurso de casación a través del cual cuestionó el pronunciamiento en crisis por haber ocasionado -a su entender- un gravamen irreparable, con afectación al debido proceso y arbitrariedad por quiebre a las reglas de la lógica en la fundamentación, y violación a la igualdad.
Sostuvo que en el caso se había debatido la validez constitucional de la norma del art. 2 inc. "i" de la ley 22.117 que impone a todos los tribunales penales del país, comunicar sus sentencias al Registro Nacional de Reincidencia. También invocó gravedad institucional en función de la que estimó, fue una incorrecta utilización de la doctrina legal de esta Suprema Corte toda vez que el fallo P. 114.153 -a su entender- no resultaba adecuado para resolver este caso en virtud de que a G. se le impuso pena una vez obtenida la mayoría de edad, situación que no había ocurrido en la citada causa.
IV.3. La Sala IV del Tribunal de Casación, conforme se diera cuenta en los antecedentes, hizo lugar al recurso fiscal.
En lo que interesa para el presente, señaló que el informe de antecedentes penales no contiene ninguna información sobre circunstancias de la vida privada que pudieran encontrar amparo en el derecho a la intimidad. A su vez, señaló que la mayoría de edad del individuo condenado, quitaba el presupuesto fáctico del sistema de la justicia penal juvenil, afirmando que no podía entonces aplicarse preceptos reservados a los menores de edad.
Luego de recordar lo normado en los arts. 37 y 40 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 5, 17 de las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, sostuvo que la revisión de la pena de menores a la que se refiere los términos de los arts. 68 a 85 de la ley 13.634, tiene que ver con las medidas de integración social previstas por la ley 13.298, cuya finalidad radica en la resocialización y recuperación del joven.
De otra parte, agregó que las finalidades no son muy distintas a las que se persiguen con la pena impuesta a los adultos, e insistió en que la cuestión devino abstracta al imponer un juez especializado, la pena sobre una persona que alcanzó la mayoría de edad, luego del tratamiento correspondiente. Por tales motivos, propició la inscripción de los antecedentes penales en el Registro Nacional de Reincidencia, de cumplimiento con la ley 22.117.
A continuación, se refirió a la Regla 21 de Beijing e indicó que esta brinda la solución al establecer que debe estrecharse el número de sujetos que pueden operar y acceder al sistema.
Añadió que, dada la menor edad del sujeto al momento de comisión del hecho, la reserva de información sobre ese evento delictivo debe hacerse de forma tal que, a la vez que preserve el proceso de reinserción en la vida adulta del joven evitando una injerencia estatal indebida, debe reconocerse la necesidad de que los organismos estatales cuenten con la información a los efectos de cumplir con otras mandas legales y salvaguardar los fines de otros institutos.
Alegó que la información de las condenas por delitos cometidos por menores debe comunicarse al Registro de Reincidencia Nacional, órgano que solo debe informar esos datos a autoridades judiciales y/o policiales que los requieran, pero no podrán ventilarlos a los particulares.
Concluyó reconociendo lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia en los fallos P. 114.155 y P. 114.312, pero estimó que la interpretación formulada era novedosa, a lo que sumó que no podía darse supremacía legal a los textos de la ley provincial 13.634, superando la norma nacional (ley 22.117).
V. Como adelanté, le asiste razón al recurrente en cuanto alega el apartamiento infundado de la doctrina legal de esta Suprema Corte que -en lo pertinente - , resulta de aplicación al caso.
Recordemos que en el precedente P. 114.313 -resolución de 30-III-2016-, fue a raíz de lo fallado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el expediente "R., B. S. y otros s/ Incidente tutelar", CSJ 551/14 (48-R)/CS1 (sent. de 22-XII-2015), que esta Corte decidió revocar la decisión que había confirmado la comunicación de la resolución por la que no se aplicó sanción a los menores al Registro Nacional de Reincidencia.
Dicho criterio también fue adoptado en otras causas: P. 114.153, resolución de 4 de mayo de 2016; P. 114.155, resolución de 15 de junio de 2016; P. 115.571, resolución de 17 de agosto de 2016; P. 114.583, resolución de 5 de octubre de 2016; P. 115.303, resolución de 8 de marzo de 2017; entre otras.
VI. Por otro lado, comparto las consideraciones brindadas por la señora defensora oficial adjunta de Casación en el memorial, respecto a la pretensión de que se aplique en el caso la doctrina jurisprudencial sobre la posibilidad de aplicar la norma del art. 58 del Código Penal en condenas dictadas en diferentes jurisdicciones; en tanto ninguna relación guarda con la temática discutida en el caso de autos la cual estuvo circunscripta a la comunicabilidad al Registro Nacional de Reincidencia de una condena y cómputo decidida en el marco del fuero especial de menores.
VII. En función de ello, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y revocar el decisorio de la Sala IV del Tribunal de Casación Penal de 2 de marzo de 2023 en cuanto fue materia de agravio.
VIII. Por último, cabe recordar que para causas como la presente se encuentra previsto el Registro de Procesos del Niño (art. 51, ley 13.634 y SCBA resol. 3.889/08).
Voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Soria , Genoud y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se hace lugar al recurso de inaplicabilidad de ley articulado por la defensa oficial de J. J. G.. En consecuencia, se revoca la decisión de la Sala IV del Tribunal de Casación Penal que ordenó comunicar al Registro Nacional de Reincidencia la condena impuesta al nombrado y su correspondiente cómputo (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/05/2024 09:45:08 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/05/2024 12:12:31 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/05/2024 14:02:20 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2024 23:30:22 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2024 08:26:34 - JOFRE Lucia - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 03/06/2024 09:54:29 hs. bajo el número RS-132-2024 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia