Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 139511
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso de inaplicabilidad de ley articulado por la defensa oficial de F. E. R.. En consecuencia, se revoca la decisión de la Sala IV del Tribunal de Casación Penal que ordenó comunicar al Registro Nacional de Reincidencia la condena impuesta al nombrado y su correspondiente cómputo (doctr. art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 139.511-RC, "R., F. E.. Recurso Extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 121.618 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Soria, Genoud, Torres .
De las actuaciones digitalizadas, se desprende que el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 2 del Departamento Judicial de San Martín no hizo lugar a la petición de comunicar al Registro Nacional de Reincidencia la sentencia de condena dictada y el cómputo de pena firme respecto del joven F. E. R..
Apelada esa decisión por el Ministerio Público Fiscal, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, a través del auto dictado el 20 de septiembre de 2022, rechazó la impugnación.
Interpuesto un recurso de casación por esa misma parte, la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 7 de marzo de 2023, hizo lugar al recurso, y en consecuencia, casó la resolución impugnada y ordenó comunicar al Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 2 departamental, que deberá librar oficio al Registro Nacional de Reincidencia a fin de ponerlo en conocimiento de la condena impuesta a R. y su correspondiente cómputo, a lo cual deberá aditarse la prohibición de ser informado ello a los particulares, limitando el suministro de la información a las autoridades judiciales y/o policiales que las requieran.
Frente a lo así resuelto, se alzó el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Nicolás Agustín Blanco, mediante la interposición del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación digital de 17-IV-2023), el cual fue concedido por resolución del tribunal intermedio de 28 de abril de 2023.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 23-II-2024), dictada la providencia de autos el 26 de febrero de 2024, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurrente denunció que el temperamento adoptado por el Tribunal de Casación Penal implicó un apartamiento injustificado de la doctrina legal de los tribunales superiores vigentes en la materia, tales como causa "R., B.S. y otros s/incidente tutelar" (CSJN Fallo: 551/12, y los precedentes P. 114.313; P. 114.153; P. 114.155; P. 115.571; P. 114.583; P. 115.503 y P. 128.517, entre muchos otros de esta Suprema Corte; como también la transgresión a los estándares internacionales en materia penal juvenil (arts. 75 inc. 22, Const. nac.; 3, 37 y 40, CDN).
Luego de transcribir los argumentos dados por Casación para resolver, sostuvo que se desconoció la doctrina de la Corte federal en el caso "Ruiz" (CSJN Fallos: 374/14) en donde se sentó la postura del principio de especialidad y vigencia del corpus iuris hasta la finalización de la causa, con independencia que el/la joven hubiera adquirido la mayoría de edad durante el trámite de la misma.
Adujo que, además, se desentendió del principio "interés superior del niño" establecido en el art. 3.3 de la Convención de los Derechos del Niño, y no contempló las particulares circunstancias de los menores en un proceso penal.
Seguidamente, hizo referencia al precedente "Quiróz" causa P. 114.153 de esta Suprema Corte antes citado, para luego señalar que las comunicaciones previstas en el art. 2 de la ley 22.117, son improcedentes en causas del proceso penal juvenil, las cuales solo cuentan con el registro de Procesos del Niño (arts. 3, 4 y 40, CDN; 51, ley 13.634 y 8, Reglamento del Registro de Procesos del Niño, resol. 3.889/08, SCBA); y resaltó que el único argumento "novedoso" radicó en la imposibilidad de comunicar los antecedentes a terceros.
Recordó también que entre las garantías del sistema penal juvenil se encuentran las de limitar el principio de publicidad del proceso en donde debe prevalecer la confidencialidad y la prohibición de difundir cualquier información que permita identificar a niños acusados de infligir leyes penales; la protección de la identidad durante el proceso; la publicidad del juicio; los límites al uso de antecedentes o registros juveniles; la no estigmatización que rige el proceso juvenil y mínima intervención.
Finalmente, trajo a colación lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva 17/02.
Por todo lo expuesto, solicitó se case el fallo dictado por el Tribunal de Casación Penal y se mantenga la prohibición de comunicación al Registro Nacional de Reincidencia que fuera dispuesta en la instancia departamental.
II. El señor Procurador General dictaminó y aconsejó rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. dictamen digital de 23-II-2024).
III. Disiento con la postura del señor Procurador General ya que, por los motivos que a continuación expondré
IV. Considero que el recurso procede.
IV.1. A través de la resolución dictada el 20 de septiembre de 2022, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín, por mayoría, confirmó la decisión del tribunal inferior en cuanto no hizo lugar a la solicitud fiscal de comunicar al Registro Nacional de Reincidencia la condena dictada respecto del joven F. E. R. y su correspondiente cómputo.
Para así resolver, el señor juez Mariano Andrés Porto consideró aplicable al caso la doctrina sentada por esta Suprema Corte en la causa P. 114.153 caratulada "Q., M.S. s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 435 (Reg. Juzg. de Responsabilidad Penal Juvenil n° 1) Cámara de Apelación Garantías de Quilmes, Sala II" de 4 de mayo de 2016, en la que se estableció que era impertinente la comunicación de información nacida al amparo de la tramitación de un proceso seguido a un menor en conflicto con la ley penal al Registro Nacional de Reincidencia.
Por su parte, el señor Juez Jorge Andrés Álvarez adhirió al voto del Juez Porto y agregó que el caso debía ser analizado a la luz de los lineamientos fijados con fecha 11 de febrero de 2021 por la Sala V del Tribunal de Casación Penal en el marco de la causa n° 105.595, caratulada "M., R.Y. s/ recurso de casación"; en ese sentido y de conformidad con lo plasmado en ese fallo destacó que las normas especiales del fuero juvenil tienen preeminencia sobre las subsidiarias del fuero de adultos. Puso énfasis en la materia del registro de información y destacó el especial status sobre la reserva y confidencialidad de los datos vinculados con cualquier tipo de proceso que involucre jóvenes en conflicto con la ley penal, en miras a la futura reinserción social de los jóvenes, principio que consideró remarcado por la Corte federal en el caso "Maldonado".
Además, resaltó la normativa del art. 51 de la ley 13.634 que dispuso la creación del Registro de Procesos del Niño, reglamentando así los principios rectores de diversos instrumentos internacionales aplicables en la materia. Asimismo, dijo que no existe normativa que sustentara el proceder pretendido por el Ministerio Público Fiscal de comunicar al Registro Nacional de Reincidencia la condena recaída sobre el joven F. E. R. y su correspondiente cómputo de pena.
Por último, recordó lo decidido por la Sala I del Tribunal de Casación Penal en causa n° 76.431 en cuanto a la confidencialidad de los registros de menores.
IV.2. En contra de lo antes resuelto, el señor agente fiscal de San Martín dedujo recurso de casación cuestionando el pronunciamiento anterior. Sostuvo que en el caso se debatió la validez constitucional de una norma nacional, respecto a la obligación para todos los tribunales en materia penal del país de comunicar sus sentencias al Registro Nacional de Reincidencia; y en particular la afectación al art. 2 inc. "i" de la ley 22.117.
Denunció el yerro del voto que conformó la mayoría por la incorrecta utilización de doctrina legal de esta Suprema Corte, y poner en juego la recta inteligencia de los preceptos referidos al ejercicio de la función jurisdiccional. Concluyó en que el fallo aplicado (causa P. 114.153), no resultó adecuado para el presente pues en este se dictó auto de responsabilidad, y al haber adquirido R. la mayoría de edad, ya se le impuso pena, situación que no ocurrió en la causa citada, además de omitirse estudiar el caso en contraste con la normativa del art. 58 del Código Penal.
IV.3. La Sala IV del Tribunal de Casación, conforme se diera cuenta en los antecedentes, hizo lugar al recurso fiscal.
En lo que interesa para el presente, señaló que el informe de antecedentes penales no contiene en sí mismo ninguna información sobre circunstancias de la vida privada que puedan estar amparadas por el derecho a la intimidad. Destacó que el individuo condenado es mayor de edad y fue juzgado por un delito cometido como menor, ya siendo adulto.
Luego de recordar lo normado en los arts. 37 y 40 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 5, 17 de las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, sostuvo que la finalidad de resocialización y recuperación del joven no es muy distinta a las que se persiguen con la pena impuesta a los adultos (conforme los postulados del art. 1 de la ley 24.660). También indicó que estas cuestiones han devenido abstractas desde que la persona ha alcanzado la mayoría de edad, por lo que propició la inscripción de los antecedentes penales en el Registro Nacional de Reincidencia, de cumplimiento con la ley 22.117.
A continuación, se refirió a la Regla 21 de Beijing y señaló que dicho texto implica necesariamente una armonización entre la necesidad de existencia de un Registro de antecedentes penales de menores y los intereses de los individuos menores de edad o de las acciones delictuales cometidas durante la misma; indicó que la propia regla es la que brinda la solución al establecer que debe estrecharse el número de sujetos que pueden operar y acceder al sistema.
Añadió que la reserva de la información relacionada con el evento delictuoso cometido en minoría de edad, debe preservar el proceso de reinserción en la vida adulta del joven, sin una injerencia estatal indebida, pero debe encontrar un límite en la necesidad de contar con la información en cuestión por parte de los organismos estatales (judiciales y/o seguridad), a los efectos de cumplir con otras mandas legales y salvaguardar los fines de otros institutos.
Alegó que la información de las condenas por delitos cometidos por menores debe comunicarse al Registro de Reincidencia Nacional, las que solo deberán ser informadas a autoridades judiciales y/o policiales que los requieran, y no a los particulares.
Concluyó reconociendo lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia en los fallos P. 114.155 y P. 114.312, pero estimó que la interpretación formulada era novedosa, a lo que sumó que no podía darse supremacía legal a los textos de la ley provincial 13.634, superando la norma nacional (ley 22.117).
V. Como adelanté, le asiste razón al recurrente en cuanto alega el apartamiento infundado de la doctrina legal de esta Suprema Corte que -en lo pertinente - , resulta de aplicación al caso.
Recordemos que en el precedente P. 114.313 -resolución de 30-III-2016-, donde a raíz de lo fallado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el expediente "R., B. S. y otros s/ Incidente tutelar", CSJ 551/14 (48-R)/CS1 (sent. de 22-XII-2015), se resolvió revocar la decisión que había confirmado la comunicación de la resolución por la que no se aplicó sanción a los menores al Registro Nacional de Reincidencia.
Dicho criterio también fue adoptado en otras causas: P. 114.153, resol. de 4 de mayo de 2016; P. 114.155, resol. de 15 de junio de 2016; P. 115.571, resol. de 17 de agosto de 2016; P. 114.583, resol. de 5 de octubre de 2016; P. 115.303, resol. de 8 de marzo de 2017, entre otras.
VI. Por otro lado, con relación a la pretensión de que se aplique en el caso la doctrina jurisprudencial sobre la posibilidad de aplicar la norma del art. 58 de Código Penal en condenas dictadas en diferentes jurisdicciones (v. argumento desarrollado por el Procurador General en su dictamen de 23-II-2024); cabe destacar que ninguna relación guarda con la temática discutida en el presente caso, la que estuvo circunscripta a la comunicación al Registro Nacional de Reincidencia de la condena impuesta y del cómputo de pena decidido, en el marco del Fuero especial de menores.
VII. En función de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y revocar el decisorio de la Sala IV del Tribunal de Casación Penal de 7 de marzo de 2023 en cuanto fue materia de agravio.
VIII. Por último, huelga recordar que para causas como la presente se encuentra previsto el Registro de Procesos del Niño (art. 51, ley 13.634 y SCBA resol. 3.889/08).
Voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Soria , Genoud y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se hace lugar al recurso de inaplicabilidad de ley articulado por la defensa oficial de F. E. R.. En consecuencia, se revoca la decisión de la Sala IV del Tribunal de Casación Penal que ordenó comunicar al Registro Nacional de Reincidencia la condena impuesta al nombrado y su correspondiente cómputo (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/05/2024 09:45:11 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/05/2024 12:12:34 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/05/2024 14:02:23 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2024 23:30:35 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2024 08:26:38 - JOFRE Lucia - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 03/06/2024 09:52:58 hs. bajo el número RS-130-2024 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia