Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 139195
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de J. R. S., con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Encomendar a la instancia de origen que, para el caso de corresponder y a los efectos que pudieren resultar pertinentes, arbitre los mecanismos necesarios para comunicar al hijo y a la hija de la víctima o a sus representantes legales la existencia de la reparación económica prevista en la ley 27.452, conocida como "Ley Brisa" (arts. 1 incs. "a" y "c", 2 y 3, dec. regl. 871/18).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 139.195, "S., J. R.. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 113.822 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 14 de julio de 2022, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que condenó a J. R. S. a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor del delito de homicidio calificado por el vínculo emergente de la relación de pareja y convivencia que mantuvo con la víctima y con violencia de género (arts. 40, 41, 45 y 80 incs. 1 y 11, Cód. Penal, texto según ley 26.791).
Frente a lo así resuelto, el señor defensor de Casación adjunto, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue declarado admisible por el mencionado tribunal en lo relativo a la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva (v. resol. digital de 6 de junio de 2023).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 20 de diciembre de 2023), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La defensa oficial denuncia errónea aplicación del art. 80 inc. 1 del Código Penal, e inobservancia de las disposiciones contenidas en los arts. 81 inc. 1 y 82 del mismo texto legal.
Postula que el agravio de la defensa radica en determinar si el imputado S. obró bajo un estado de emoción violenta excusable.
Sostiene que el tribunal revisor dejó de lado arbitrariamente dos cuestiones dirimentes: la secuencia inmediatamente anterior a los hechos y la integración de la personalidad psíquica de S..
Alega que la Casación reiteró los "insuficientes" y "arbitrarios" motivos de rechazo expuestos en la instancia de origen, y que omitió pronunciarse sobre los argumentos que sustentaron la pretendida aplicación de los arts. 81 inc. 1 y 82 del Código Penal.
Postula que debió valorarse la prueba pericial producida por la licenciada en Psicología de la Asesoría Pericial departamental María Fernanda Collins y la versión de descargo del acusado donde expuso cómo vivenció lo sucedido. Considera que el Tribunal de Casación no fundó con éxito por qué el episodio relatado por S. no pudo resultar el disparador de su descontrolada impulsividad y excusarla, sin que ello implique justificar la conducta sino abordarla en su justa medida desde el plano volitivo.
Refiere que en el caso se dieron las dos exigencias mencionadas por la Sala: un factor generador ajeno al agente y un intervalo de tiempo necesariamente breve entre su producción y la ejecución.
También critica la relativización de la prueba pericial psicológica producida. Considera que el elemento normativo del tipo penal receptado en el art. 81 inc. 1 apartado "a" del Código Penal fue erróneamente examinado y, por ende, erróneamente aplicada la ley sustantiva del 80 inc. 1.
Razona que debe analizarse el particular vínculo entre el victimario y la víctima como así también, individualizar la configuración concreta del sujeto activo para decidir si, frente a los motivos "hirientes" que provocaron su reacción, cabría exigirle otra forma de conducirse a pesar del mayor esfuerzo que, teniendo en cuenta la conformación de su personalidad, ello implicaría. Considera que precisamente eso fue lo que la Sala no examinó.
Solicita que se condene a S. aplicando la figura contenida en los arts. 81 inc. 1 y 82 del Código Penal, con la consiguiente reducción de la sanción.
II. Coincido con el dictamen de la Procuración General, el recurso no prospera.
III.1. El tribunal de juicio tuvo por acreditado que durante el lapso temporal comprendido entre la noche del 13 de abril y del 14 de abril del año 2019, un sujeto del sexo masculino, en el ámbito de la localidad de Tristán Suárez, partido de Ezeiza, con el claro propósito de causarle la muerte a su expareja M. L. C., mediante violencia de género consistente en una relación desigual de poder, ejerció violencia física sobre la nombrada, al comprimir su cuello, utilizando al efecto un lazo o elemento similar -soga- lo que le provocó una asfixia y su posterior deceso.
El hecho fue calificado como homicidio agravado por el vínculo emergente de la relación de pareja y convivencia que mantuvo con la víctima y con violencia de género, y se rechazó la posibilidad de caracterizarlo como ocurrido en un estado de emoción violenta (arts. 40, 41, 45 y 80 incs. 1 y 11, Cód. Penal, texto según ley 26.791).
A fin de descartar la figura atenuada del homicidio el tribunal señaló que, por un lado, no mediaron exposiciones ni fundamentos de peso tendientes a demostrar que al momento del hecho el acusado estuvo emocionado con una intensidad tal que pudiere considerarse violenta, más allá de sus falaces dichos, y que tampoco se habían verificado circunstancias que pudiesen motivar su excusabilidad.
Explicó que la atenuación legal de la figura no alcanza a los homicidios por el solo hecho de que su autor esté emocionado cuando los comete, sino que este primer requisito de adecuación "...solo se satisface si la emoción es violenta, verbigracia, resulta de aquellas que exceden extraordinariamente en grado de profundidad la dimensión emotiva propia de los actos humanos, en especial de los que importan algún compromiso de cualquier índole". A su vez, precisó que "El análisis al respecto no puede invertirse extrayéndose conclusiones sobre la intensidad de la emoción tomando en cuenta para ello la brutalidad, atrocidad o la violencia del acto cometido".
Afirmó que la presencia de la emoción y su grado de intensidad deben surgir de otros indicadores psico-biológicos, médico-psiquiátricos de la persona, con atención inexcusable, además, hacia los datos evidenciados al tiempo del suceso y sus momentos anteriores y posteriores.
No encontró en el caso prueba adecuada para evidenciar que el imputado padeció una violenta emoción de aquellas capaces de quedar incursas dentro de los límites de la tipicidad en estudio, pues "...el corolario de conductas desplegadas por [S.] en el desarrollo de su accionar, y su ulterior comportamiento, dejan por fuera toda posibilidad de pretender enmarcar el injusto en la figura atenuada".
En este sentido, se impone mencionar -entre otras cuestiones- que, según se detalló en el veredicto, S. ejercía violencia física, sexual, psicológica y económica habitual contra M. C.; la amenazó de muerte en repetidas oportunidades antes del hecho, e incluso intentó ahorcarla enfrente de una plaza cercana a su domicilio. Todo ello suscitó sucesivas denuncias e intervenciones de juzgados penales y de familia, también el dictado de una restricción perimetral que el imputado sin embargo violaba. Incluso, quedó establecido que antes de encontrarse con S. la noche del hecho, C. confió "por seguridad" a una amiga y vecina una carpeta con las denuncias que había hecho contra S., le mostró los mensajes que le había enviado y también el patrón de bloqueo de su teléfono celular (no llevó el aparato con ella sino que lo dejó escondido en un ropero de su domicilio). Asimismo, es de destacar que se tuvo por comprobado a través de testigos que S. estaba al tanto de que la víctima había iniciado una relación sentimental con otra persona: se había enterado a través de su hija y de la propia boca de M. C., que se lo contó "...ya cansada de la situación", pues pese a estar separados, S. la hostigaba por distintos medios.
Luego, el tribunal rememoró que S. determinó el encuentro con la víctima, con ropaje de suministro de dinero alimentario, que escogió un sitio adecuado para llevar a cabo el siniestro, que producido este, escondió el cuerpo en un sitio descampado de difícil localización procurando así su impunidad, y que incluso, al otro día, se presentó en la vivienda de C. a retirar a los hijos en común, como habitualmente hacía los fines de semana, desviando cualquier sospecha a su respecto, lo que -entendió- llevaba al accionar al terreno de lo cuasialevoso.
En orden a la segunda de las exigencias de la figura legal, no verificó ninguna circunstancia de la que pudiera emerger excusabilidad directa o indirecta para el proceder del imputado, "...sin que la cuestión de celosía, que subyace como motivadora de su actuación, frente al supuesto yerro de su ex pareja al llamarlo por un nombre que no era el suyo, resulte un disparador válido viabilizante, máxime teniendo en cuenta lo aseverado por la licenciada en psicología Collins en su peritaje recreado en [el juicio]" (que concluyó que S. tiene una estructura de personalidad enmarcada en la neurosis narcisista donde se destaca el egoísmo, pues están en juego principalmente los deseos y las necesidades del propio sujeto; habló de situaciones de dominio sobre el otro sin angustia, celos muy perturbadores, e incapacidad para tolerar la pérdida, por lo cual sus acciones se anticipan para que ello no suceda, sin importar el precio).
III.2. Ante análogos agravios a los aquí traídos (v. recurso de casación digital), el tribunal revisor destacó en primer término que estaba acreditado que S. amenazaba con matar a C., la obligaba a tener relaciones sexuales, la hostigaba por teléfono y utilizaba a la hija de ambos como medio para obtener información respecto de qué hacía, dónde estaba y con quién, y que fue precisamente en ese contexto que C. se encontró con S., y cuando mantenían relaciones sexuales aquella lo llamó por otro nombre, lo que enfureció al imputado, razón por la cual agarró una soga y la apretó alrededor de su cuello hasta que ella se desvaneció y murió por asfixia. Luego la trasladó a un descampado, donde fue hallada por personal policial, que siguió las indicaciones del imputado para ubicarla.
Seguidamente, indicó que no se daba ninguno de los supuestos de la emoción violenta pretendida por la defensa.
Explicó que la ley no prevé la emoción violenta a secas, sino que va acompañada de una frase reveladora, "...que las circunstancias hicieren excusable".
Agregó que la emoción traduce "...una grave perturbación: se procede sin tino, quedamos a merced de los impulsos y de los automatismos, se actúa al margen del pleno ejercicio de la voluntad, confundido e impotente" y que "...el suceso es tan rápido que cuando queremos reaccionar el hecho se ha consumado...".
Aseveró que se trata de un estado psíquico en el cual el agente actúa con disminución de los frenos inhibitorios, por lo que el reproche es distinto para el que mata sin culpa de la víctima, que para aquel que fue llevado a este hecho irritado por gravísimas ofensas, "...las que a todas luces no existen en autos".
Resaltó que cuando el agente actúa en ese estado, debe existir como presupuesto un factor generador ajeno a él, y un intervalo de tiempo entre su producción y la ejecución necesariamente breve, es decir que debe haber una cierta inmediatez.
Adicionó que es un estado que debe probarse con las constancias de la causa, "...pero aquí es una circunstancia probada, que S. amenazaba con matar a C., y se acercó a ella pese a tener una restricción de acercamiento vigente".
Apuntó que, si bien se encontraba acreditada por las manifestaciones de la licenciada Silvia Collins la perturbada personalidad de S., "...nada surge de autos respecto de su actuación bajo el pretendido estado de emoción violenta, ni relativa a que hubiese presentado una alteración de la comprensión de la realidad o la dirección de sus conductas en función de la misma". Mencionó que también juega el temperamento del sujeto, pues la consideración del estado emocional para atenuar la pena no es un privilegio otorgado a quienes acceden a la ira con facilidad, y si S. pudo contar cronológicamente lo que había sucedido, detallar el lugar dónde se encontraba el cuerpo de C., ello era representativo de su plena conciencia en el momento de los hechos.
En definitiva, por los argumentos expresados, decidió que el encaje legal debía permanecer incólume.
IV.1. En primer lugar, cabe destacar que los agravios traídos bajo la denuncia de errónea aplicación de la norma de fondo se encuentran dirigidos a cuestionar la valoración probatoria realizada en las instancias anteriores -dando cuenta de una particular interpretación de lo sucedido y de los elementos de convicción tenidos en cuenta- a fin de obtener un cambio en la calificación legal dada al suceso, y por ello, escapan al acotado ámbito de la competencia revisora de esta Corte (conf. art. 494, CPP).
Y si bien es cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede conllevar una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la exactitud de la subsunción legal, salvo los casos de absurdo o arbitrariedad, claramente alegados y demostrados, no le corresponde a la Suprema Corte revisar los supuestos errores sobre los hechos alegados por la defensa (causa P. 92.917, sent. de 25-VI-2008; en el mismo sentido, causas P. 75.228, sent. de 10-IX-2003; P. 77.902, sent. de 30-VI-2004; P. 71.509, sent. de 15-III-2006; P. 75.263, sent. de 19-XII-2007; e.o.).
IV.2. En el caso, frente a la respuesta dada por el Tribunal de Casación ante análogos planteos llevados a su consideración sobre la aplicación de la ley sustantiva, el recurrente insiste con su postura y señala su opinión diversa sugiriendo interpretaciones alternativas de la prueba, sin controvertir adecuadamente lo decidido por el revisor con arreglo a las circunstancias probadas de la causa; de tal manera, no ha conseguido demostrar con ese proceder la concurrencia del vicio que le atribuye a la sentencia. Media, pues, insuficiencia (art. 495, CPP).
Conforme se reseñó, las instancias anteriores desestimaron la pretensión de la defensa de encuadrar el suceso en el art. 81 inc. 1 apartado "a" del Código Penal por considerar que la conducta de S. no aparecía como un arrebato emocional, ni se detectaba que hubiese existido una imposibilidad de mantener el pleno gobierno de los frenos inhibitorios. Encontraron determinantes sus actitudes y acciones anteriores a los hechos, la circunstancia de que haya podido relatar cronológicamente lo ocurrido e indicar el lugar donde ocultó el cadáver, así como su proceder posterior tendiente a asegurar la impunidad.
Además, la Casación afirmó que los factores concebidos por la defensa como originadores de la pretensa emoción violenta no podían ser dotados de esa entidad, pues lo que se probó es que el imputado, pese a tener una restricción de acercamiento vigente con la víctima y haber amenazado con matarla, se acercó a ella; por lo que consideró que el hecho que en carácter de autoría responsable se le atribuyó al imputado J. R. S. estuvo correctamente calificado como homicidio agravado por el vínculo y por haber mediado violencia de género en los términos del art. 80 incs. 1 y 11 del Código Penal.
Frente a ello, el recurrente se limita a reiterar los mismos argumentos que llevó en el recurso de casación y su particular interpretación del plexo probatorio, dejando sin rebatir los extremos esenciales que tanto para el fallo de condena como el de casación llevaron a rechazar la aplicación del art. 81 inc. 1 apartado "a" del Código Penal. Y como es sabido, el mero disenso o la señalización de pareceres diversos no importan un medio de cuestionamiento idóneo desde el ángulo de la técnica del carril impetrado (conf. causas P. 102.668, sent. de 22-XII-2010; P. 117.860, resol. de 19-III-2014 y P. 117.680, resol. de 26-III-2014).
V. Por lo demás, teniendo en cuenta que, conforme surge de la sentencia de primera instancia, la víctima M. L. C. -fallecida a causa de violencia de género- tenía, junto con J. R. S., un hijo y una hija menores de edad al momento de los hechos, es preciso encomendar a la instancia de origen que, para el caso de corresponder y a los efectos que pudieren resultar pertinentes, arbitre los mecanismos necesarios para comunicar al hijo y a la hija de la víctima o a sus representantes legales la existencia de la reparación económica prevista en la ley 27.452, conocida como "Ley Brisa" (arts. 1 incs. "a" y "c", 2 y 3, dec. regl. 871/18).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan, el señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de J. R. S., con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Encomendar a la instancia de origen que, para el caso de corresponder y a los efectos que pudieren resultar pertinentes, arbitre los mecanismos necesarios para comunicar al hijo y a la hija de la víctima o a sus representantes legales la existencia de la reparación económica prevista en la ley 27.452, conocida como "Ley Brisa" (arts. 1 incs. "a" y "c", 2 y 3, dec. regl. 871/18).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/08/2024 13:22:17 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/08/2024 19:16:39 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2024 10:03:06 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2024 11:02:08 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/08/2024 11:09:58 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 19/08/2024 11:55:46 hs. bajo el número RS-149-2024 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia