Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136330
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.330, "D'Gregorio, María Laura E. -Fiscal titular interina ante el Tribunal de Casación Penal-. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 94.127 y su acumulada n° 94.137 del Tribunal de Casación Penal, Sala III, seguida a Marino, Juan Eduardo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 2 de julio de 2020, rechazó los recursos de la especialidad deducidos por el Ministerio Público Fiscal y por la defensa de Juan Eduardo Marino contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de La Matanza que -de un lado- condenó a Juan Eduardo Marino a la pena de dieciséis años de prisión, accesorias legales y costas, más declaración de reincidencia, por encontrarlo autor responsable de los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de guerra en concurso real (conf. arts. 41 bis, 45, 50, 55, 79 y 189 bis inc. 2 párr. cuarto, Cód. Penal), y -del otro- absolvió a Pablo Osvaldo Lencina y a Fernando Gabriel Del Rivero por el homicidio.
Contra esa decisión se alzó -en lo que ahora es estrictamente materia de revisión- el señor fiscal adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Fernando Luis Galán, mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue concedido sólo en cuanto al agravio referido a la infracción de la ley sustantiva (v. resol. de 22-XII-2021). Interpuesta queja frente a esa decisión, la Suprema Corte la admitió y concedió la referida vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley por el restante planteo de arbitrariedad (conf. resol. RR-433-2022 de 18-IV-2022, causa P. 136.285).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos el día 28 de febrero de 2023 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. El señor fiscal planteó que el fallo emitido por el tribunal intermedio incurrió en arbitrariedad por fundamentación aparente, déficit de motivación y por haber extraído de ciertas pruebas conclusiones no contestes con ellas, que lo descalifican como un pronunciamiento judicial válido.
Adujo que existieron elementos de cargo suficientes y concordantes para destruir el estado de inocencia de Pablo Osvaldo Lencina y Fernando Gabriel Del Rivero, que fueron valorados de modo parcial, fragmentado y arbitrario por el órgano casatorio.
En ese marco, se refirió a los dichos de los testigos Flavia Lorena Bosch (madre de la víctima), Julio César Reyes (amigo del padre de la víctima), Marcos Antonio Lescano (testigo presencial), María Belén Ramírez y Marcos Emanuel Prado (amigos de la víctima) y aseveró que de ellos se desprende la falsedad de lo afirmado por la Casación, pues "La madre de la víctima declaró que su hijo le contó días antes de ser asesinado que tenía problemas con 'El Gordo Juan' (Marino) y 'Pitu' (Lencina), y que los amigos de su hijo le contaron que tanto el Gordo Juan, como Pitu y Gabi (Del Rivero), estaban buscando a Ezequiel para matarlo; Marcos Antonio Lescano contó que Juan Marino buscaba a Ezequiel acompañado de otro sujeto; María Belén Ramírez reconoció a Juan Marino y Fernando Gabriel Del Rivero como las personas que iban armad[a]s preguntando por Galarza; y Marcos Emanuel Prado declaró que a Ezequiel lo buscaban de a dos, siendo a veces Marino con Pitu (Lencina) y otras con Gabi (Del Rivero), describiendo hasta cómo y en qué vehículos se trasladaban y que estaban armados, buscando a su amigo para darle muerte".
Consideró que el hecho no puede ser descontextualizado de la inobjetable búsqueda de la víctima que hicieron días atrás los tres coimputados, armados y manifestando abiertamente que iban a matarlo.
Sostuvo que si bien es cierto que al momento del debate el testigo Leonardo Palazzo se retractó y manifestó que no vio quiénes iban adentro del auto, no puede pasar inadvertido el reconocimiento que hizo, en sede policial y a familiares, de Lencina y Del Rivero como los sujetos que acompañaban a Marino. Asimismo, señaló que tratándose de un testigo menor de edad, que conforme declaró su prima María Belén Ramírez había sido amenazado días antes del hecho por Marino y Del Rivero con un arma de fuego, era lógico pensar que se sintió atemorizado de haberlos señalado, motivo por el cual luego los desvinculó en el debate oral. Sin embargo -a su modo de ver- ni el tribunal de mérito ni la Casación se cuestionaron sobre tal circunstancia.
Agregó que el testimonio de Miriam Paola Ramírez (también prima de Leonardo Palazzo) es fundamental porque declaró que su primo le dijo que el día del hecho quienes estaban en el auto eran "Juancito", el "Pitu" y "Gaby". No obstante -afirmó-, el tribunal revisor se apartó deliberada e infundadamente de las constancias de la causa y -en especial- del testimonio de la mencionada Ramírez, lo que refleja una fundamentación tan solo aparente de la decisión al descartar la participación responsable de los acusados Lencina y Del Rivero en el ilícito que damnificó a Ezequiel Galarza.
Concluyó que una razonable valoración de la prueba imponía que se tenga en cuenta que los tres acusados fueron vistos días previos al hecho por varios testigos preguntando por la víctima, mostrando un arma de fuego y advirtiendo que iban a matarla; también aludió a que había quedado acreditado el móvil, consistente en la deuda asumida por el damnificado Galarza por la venta ilegal de estupefacientes, razón por la cual los acusados tenían la intención de matar a la víctima, en su análisis.
En función de lo expuesto, consideró que el fallo confirmatorio de la Casación respecto del veredicto absolutorio dictado a favor de Lencina y Del Rivero no abastece los recaudos para que esa decisión pueda ser reputada como un acto jurisdiccional válido, puesto que "...la duda no puede reposar en una pura subjetividad; la aplicación del instituto debe ser el resultado de un razonar correcto, derivado de la racional y objetiva valoración de las constancias de la causa...".
I.2. Por otra parte, denunció la errónea aplicación del art. 79 del Código Penal, por cuanto consideró que la figura aplicable era la del art. 80 inc. 6.
Expresó que "Corroborada la presencia y participación de los tres acusados en el hecho [...], y habiendo formado parte los tres del plan de quitarle la vida a Ezequiel Galarza por la deuda que contrajera con los mismos por la venta de estupefacientes, corresponde que los tres sean condenados por el delito de homicidio agravado por haberse llevado a cabo con el concurso premeditado de dos o más personas".
En cuanto al elemento subjetivo de la figura típica pretendida por la parte, destacó que se acreditó la premeditación ya que Marino, Lencina y Del Rivero expresaron a viva voz a vecinos y amigos la intención de quitarle a vida a la víctima Galarza, destacándose la corroboración de la secuencia fáctica vinculada con la confabulación y planificación en el actuar previo y coetáneo con el ilícito enjuiciado. En cuanto al tipo objetivo, señaló que se probó la pluralidad de intervinientes, con actuación simultánea y coordinada, con empleo de armas de fuego tanto en días previos como al momento del hecho, y el homicidio consecuencia del acometimiento mediante disparos.
Manifestó, en función de las consideraciones expuestas, que "Si bien solo Marino fue quien efectuó el disparo mortal, la distribución de tareas llevadas a cabo para buscarlo, encontrarlo, y quitarle la vida le[s] cabe a los tres. Los encausados Marino, Del Rivero y Lencina buscaron armados a Galarza, y finalmente lo encontraron, oportunidad en la que Lencina oficiaba de conductor del auto con el que arribaron al hecho. Del Rivero se encontraba en el asiento trasero del mismo, y Marino descendió a buscar a la víctima, la llevó hasta el vehículo donde se encontraban sus dos compañeros, y ahí mismo l[a] ejecutó".
Así, sostuvo que lo resuelto por el tribunal intermedio importa una errónea aplicación del art. 79 del Código Penal -en lo atingente a la confirmación de la condena respecto de Marino- e inobserva el art. 80 inc. 6 del citado Código; y que corresponde condenar a los señores Juan Eduardo Marino, Pablo Osvaldo Lencina y Fernando Gabriel Del Rivero a la pena de prisión perpetua por resultar coautores del delito de homicidio calificado por ser cometido mediante el concurso premeditado de dos o más personas.
II. El señor Procurador General aconsejó hacer lugar a la impugnación.
III.1. No coincido con lo así dictaminado, el recurso no prospera.
Ello así en tanto los planteos formulados por la fiscalía en el recurso en abordaje constituyen una reedición de los ya llevados a conocimiento de las instancias previas, debidamente analizados y rechazados, lo que en rigor da cuenta de la opinión discrepante del recurrente en torno a la valoración probatoria llevada a cabo, más deja indemostrada la arbitrariedad que pregona (conf. art. 495, CPP).
Veamos.
III.2. El Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de La Matanza tuvo por acreditada la materialidad ilícita en el caso -conforme surge de la reseña efectuada en su fallo por el órgano casatorio-, en los siguientes términos: "...el 28 de enero de 2018, siendo aproximadamente las 22.30 horas, en la intersección de las calles Bermejo y Condarco de San Justo, Partido de La Matanza, al menos una persona, que se desplazaba por las inmediaciones de dicha intersección a bordo de un automóvil de color oscuro en busca de su víctima, luego de interceptar el paso de Walter Ezequiel Galarza y mantener un breve diálogo con el claro propósito de matarlo, tal como ya lo venía anunciado, le efectuó al menos dos disparos con un arma de fuego calibre 38 que detentaba en ese momento sin la debida autorización legal, provocándole con las lesiones inferidas un shock hipovolémico e insuficiencia cardíaca aguda que lo llevaron a la muerte" (esp. sent. de casación, tercera cuestión planteada).
Para concluir de tal modo, ponderó diversos elementos probatorios que fueron incorporados por lectura al juicio, más las declaraciones recibidas en la audiencia de debate de parte de los testigos allí mencionados (conf. surge del fallo originario en formato digital, primera cuestión, punto II).
Luego, al momento de abordar el capítulo de la autoría en el hecho enjuiciado, concluyó -en síntesis- que, "...la decisión a la que corresponde arribar es la absolución de Lencina y Del Rivero [...] los fundamentos antes aludidos no [...] permiten arribar a otra conclusión que no sea la de atribuir objetiva y subjetivamente a [Juan Eduardo] Marino el hecho reseñado [en calidad de autor responsable]..." (sent. de origen en formato digital, segunda cuestión).
III.3. Contra esa decisión, interpuso -de un lado- recurso de casación el defensor de Juan Eduardo Marino, quien denunció la absurda y arbitraria valoración de la prueba en torno al extremo de la autoría responsable endilgada a su asistido y, en subsidio, se quejó del monto de la sanción impuesta, por considerar que se incurrió en una errónea aplicación de las normas relativas a la individualización judicial de la pena.
Por su parte, la representante del Ministerio Público Fiscal dedujo el recurso homónimo a través del cual expuso que el pronunciamiento de mérito incurrió en una falta de motivación y que reeditó los argumentos dados durante el debate, por lo que consideró que los acusados Del Rivero y Lencina debían ser condenados como coautores del delito de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y, en esa misma línea interpretativa, peticionó la mutación de la calificación legal asignada al hecho por el que resultó condenado Marino.
III.4. En lo que resulta pertinente destacar a los fines de dar solución al caso, la Sala III del Tribunal de Casación Penal -a través del voto del señor juez Borinsky, que concitó en este punto la adhesión simple de los señores jueces Violini y Maidana (v. esp. segunda cuestión planteada)-, frente al reclamo de la fiscalía, revisó la ponderación de la prueba llevada a cabo por el órgano de mérito, la que consideró integral y razonable.
En esa línea, refirió, en cuanto a la supuesta intervención en el hecho de Pablo Osvaldo Lencina (alias "el Pitu") y Fernando Gabriel Del Rivero (alias "Gaby"), que todos los testigos habían sido contestes en sostener que la única versión que se escuchó desde el inicio, a horas de producido el evento enjuiciado, cuando incluso algunos de ellos se encontraban en el hospital, fue que "Juancito" (Juan Eduardo Marino) le había pegado un tiro a Walter Ezequiel Galarza (alias "Patita") y que esa era la única versión que circulaba, la que además resultaba compatible con lo que expuso el testigo presencial Leonardo Palazzo en la audiencia. Además, indicó que hasta ese momento ningún testigo había escuchado otro u otros nombres como partícipes del delito, los que sí aparecieron con el correr de los días.
Así, recordó que si bien los testigos expusieron que por comentarios se mencionó -por sus apodos- a Del Rivero y a Lencina como dos de los sujetos que habían tomado intervención en el hecho juzgado, ninguno de los declarantes había explicado cuáles eran sus fuentes, ni los identificaron, sino que se habían limitado a describir conjeturas.
Expuso que el tribunal de la instancia tuvo por probado que días antes del suceso juzgado "Juancito" andaba buscando y amenazando a Ezequiel "Patita" Galarza, y que en alguna de esas oportunidades se había presentado en compañía de "Gaby", pero que nada se expuso en torno a Lencina, en tanto siquiera había sido ubicado en ese contexto situacional. Sobre este aspecto, la Casación remarcó que dicha intervención apareció mediante el relato de la madre de la víctima, quien dijo conocer el dato a través de los dichos de María Belén Ramírez, pero advirtió que al momento de declarar la citada testigo Ramírez en el debate "...nada refirió respecto a la intervención de los mencionados Del Rivero y Lencina".
Mencionó que el tribunal del debate había valorado las declaraciones testimoniales brindadas por Leonardo Palazzo y Juan Ramón Ramírez, quienes dijeron que en el vehículo en el que se desplazaba Juan Eduardo Marino al momento de la ocurrencia del hecho había dos o más personas adentro; sin embargo, ninguno de ellos pudo establecer la identidad de los otros tripulantes.
Consideró que había quedado probado con certeza que al menos había una persona más adentro del vehículo -su conductor, no identificado-, porque cuando Marino descendió del automóvil -del lado del acompañante- para charlar con la víctima, el auto continuó su marcha hasta detenerse en la esquina.
Se refirió a la valoración del órgano de grado del testimonio de Leonardo Palazzo (alias "Coinor"), quien en el marco del debate y confrontado con una de las declaraciones dadas en la investigación penal preparatoria, en la que había mencionado a Del Rivero y a Lencina como las personas que estaban en el auto la noche del hecho, indicó que ello no era así, que en aquel momento dijo eso por estar atemorizado. Además, enfatizó que el tribunal que intervino en el debate había dejado expuesto que lo narrado por el testigo Palazzo en el juicio también se había reflejado en la primera declaración brindada en la investigación, oportunidad en la que sostuvo que no logró ver a los sujetos que se encontraban en el interior del vehículo, pues el rodado contaba con vidrios polarizados, circunstancia sobre la que volvió a declarar en el debate.
Por todo ello concluyó que del pronunciamiento dictado por el tribunal de mérito no surgían elementos que permitieran sostener que Lencina o Del Rivero hubieran estado en el lugar del suceso juzgado, consecuentemente tampoco la intervención que intentó atribuirles el señor agente fiscal y el cambio de calificación legal del hecho propugnado respecto de Marino.
IV. Así las cosas, los agravios traídos por la fiscalía, bajo la denuncia del supuesto excepcional de la arbitrariedad, errónea aplicación de la norma de fondo invocada -art. 79 del Código Penal- e inobservancia del art. 80 inc. 6 del digesto sustantivo, están dirigidos -en lo medular- a cuestionar aspectos vinculados con los hechos y la prueba valorada en las instancias anteriores, desarrollando a ese efecto una particular interpretación de lo sucedido y de los elementos de convicción tenidos en cuenta, cuestiones que escapan al acotado ámbito de la competencia revisora de esta Corte (art. 494, CPP).
El señor fiscal focaliza su esfuerzo en demostrar una indebida desconsideración de elementos de prueba de cargo, como así también en una valoración fragmentada y arbitraria de los mismos, que conducirían a destruir -a su modo de ver- el estado de inocencia de Lencina y Del Rivero en el suceso investigado, pero se desentiende de la conclusión del Tribunal de Casación edificada sobre la base de considerar que, producto de una ponderación integral de la totalidad del complejo probatorio reunido y -en particular- de lo que surgía de las declaraciones rendidas durante la audiencia de debate -se citó en tal sentido en ese fallo las declaraciones efectuadas por los testigos María Belén Ramírez, Leonardo Palazzo, Juan Ramón Ramírez, entre otros-, no surgía elemento de convicción alguno para sostener que los aludidos Lencina y Del Rivero hayan estado en el lugar del suceso juzgado, razón por la que descartó la intervención que la fiscalía les intentó atribuir y el cambio de calificación legal propugnado respecto del imputado Marino (art. 495, CPP).
A ello se suma que el impugnante se limitó a exponer una opinión discrepante con el abordaje efectuado por el tribunal intermedio, en tanto tachó de arbitrario por fundamentación aparente al fallo en revisión y por haberse extraído conclusiones que no surgirían de las correspondientes piezas probatorias, sin señalar un error que convierta la decisión impugnada en pasible de algún vicio de excepción (art. 495, cit.).
Es que, conforme se ha expresado en diversas oportunidades, no basta la mera disconformidad del apelante con el pronunciamiento, en tanto la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto la corrección de sentencias equivocadas o que se estimen tales, sino que atiende solo a supuestos de omisiones y desaciertos de gravedad extrema en que, a causa de ellos, las sentencias queden descalificadas como acto jurisdiccional (CSJN Fallos: 250:348). Ningún extremo se advierte en tal sentido en el fallo aquí recurrido (conf. doctr. SCBA causas P. 126.850, sent. de 19-IV-2017; P. 126.351, sent. de 28-VI-2017; P. 135.385, sent. de 24-VI-2022; P. 138.139, sent de 15-XII-2023: P. 136.520, sent de 14-III-2024; e.o.).
Por lo demás, cabe señalar que, si bien es cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede derivar en una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la subsunción legal, salvo supuestos de absurdo o arbitrariedad, claramente alegados y demostrados -lo que, como se expuso, no ocurrió en el caso-, no le corresponde a este Tribunal revisar los supuestos errores de hecho invocados (conf. doctr. causas P. 98.594, sent. de 20-VIII-2008; P. 81.789, sent. de 13-V-2009; P. 116.231, sent. de 23-XI-2016; P. 132.452, sent. de 20-XI-2019; P. 133.140, sent. de 10-VI-2021; P. 134.707, sent. de 24-IX-2021; P. 134.309, sent. de 21-IX-2022; P. 137.684, sent. de 15-XII-2023; P. 136.841, sent. de 8-IV-2024; e.o.).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan, el señor Juez doctor So
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