Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137812
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.812-Q, "Alcaraz, José Luis y Vega, Ángel Esteban s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 96.541 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Kohan.
Conforme surge del expediente que se radicó electrónicamente, la Sala II del Tribunal de Casación Penal, el día 28 de agosto de 2020, rechazó -en lo que aquí importa- los recursos de la especialidad interpuestos por las respectivas defensas de Ángel Esteban Vega y José Luis Alcaraz contra el fallo del Tribunal en lo Criminal n° 10 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que había condenado a Vega a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma y por ser en poblado y banda (hecho I), en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en concurso real con homicidio criminis causae cometido para procurar su impunidad, este último agravado por el empleo de arma de fuego (hecho II); y a Alcaraz a la pena de treinta (30) años de prisión, accesorias legales y costas por resultar coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por el empleo de arma y por ser en poblado y banda (hecho I) en concurso real con homicidio en ocasión de robo agravado por el empleo de arma de fuego (hecho II), sanción que se unificó con la de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional y costas, cuya condicionalidad se revocó, impuesta por el Tribunal en lo Criminal n° 4 del mismo departamento judicial en la causa n° 5.603/4, fijándosele -en definitiva- la pena única de treinta y dos (32) años de prisión, accesorias legales y costas.
Contra ese pronunciamiento, por un lado, la señora defensora oficial adjunta ante el Tribunal de Casación, doctora Ana Julia Biasotti, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en favor de Ángel Esteban Vega, que fue declarado inadmisible por el órgano intermedio. Frente a ello, la parte dedujo queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal. Esta Suprema Corte, mediante resolución de fecha 8 de marzo de 2023, declaró procedente la queja y concedió la vía extraordinaria en lo que respecta a las denuncias de errónea aplicación del art. 80 inc. 7 y la inobservancia del art. 165, ambos del Código Penal.
Por su parte, los defensores particulares de José Luis Alcaraz, los doctores Flavio Gliemmo y Santiago M. Irisarri, presentaron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. La Casación, mediante resolución de fecha 4 de octubre de 2022, declaró la admisibilidad parcial del carril extraordinario y concedió únicamente la denuncia de errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, desestimando los embates de pretenso cariz federal por no contar con la carga técnica necesaria. La defensa de Alcaraz no dedujo queja ante esta Suprema Corte por el tramo del recurso desestimado.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto en favor de Ángel Esteban Vega?
2ª) ¿Lo es el articulado respecto de José Luis Alcaraz?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso extraordinario deducido a favor de Vega, la señora defensora oficial adjunta de Casación, doctora Ana Julia Biasotti, denunció la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal por considerar no abastecida la ultrafinalidad exigida por la figura, en tanto -en su opinión- no hubo conexión entre el homicidio y las finalidades que lo califican.
Alegó que la Casación incurrió en arbitrariedad al afirmar de manera contradictoria que "...el fin del homicidio fue la impunidad pero, a la vez, que [a Aguirre] lo ejecutaron sin miramientos a[u]n cuando la víctima ya no podía generar riesgo de ningún tipo a los atacantes ni a su empresa".
Agregó que en el fallo en crisis no se fundó debidamente que el homicidio perpetrado hubiera tenido la especial finalidad de lograr la impunidad. Puntualizó que ante la Casación había planteado que el enfrentamiento se inició a raíz de la decisión de la víctima de disparar contra quienes se disponían a agredir el bien jurídico propiedad, sin considerar que los intrusos podían estar armados y que, seguramente, iban a responder la agresión del mismo modo.
A su entender, no era posible afirmar la conexión ideológica que se debió establecer en el caso, pues fueron los disparos de la víctima los que desencadenaron el enfrentamiento; reiteró que "...el accionar de los delincuentes estaba dirigido a salvaguardar sus vidas ante los disparos de Aguirre" y que con ese fin "...repelieron con armas [...] la agresión".
De seguido, tachó de arbitraria la decisión por considerar que no existieron en estas actuaciones elementos probatorios que permitieran tener por cierto que el ánimo que rigió la conducta de los imputados tuviese una preordenación anticipada, deliberada o resuelta de antemano para terminar con la vida de la víctima a fin de procurar la impunidad, ni que la impulsiva decisión homicida, obedeciera a alguna de las ultrafinalidades específicas de la figura agravada.
En suma, reclamó la aplicación del art. 165 del Código Penal afirmando que la vinculación entre el delito contra la propiedad y el homicidio fue ocasional, provocada por el propio actuar de la víctima Aguirre.
II. Coincido con lo dictaminado por la Procuración General: el recurso es improcedente (conf. art. 496, CPP).
III. Frente a idéntico planteo al aquí traído por la parte, la Sala II del Tribunal de Casación Penal -mediante el voto de la señora jueza Budiño, al que adhirió el señor juez Mancini- lo rechazó por considerar debidamente acreditado el tipo subjetivo del homicidio criminis causae.
En el fallo impugnado se recordó el suceso identificado como "hecho II" que el órgano de mérito tuvo por probado en los siguientes términos: "...el día 8 de junio de 2015, aproximadamente a las 09:00 hs., con un mismo 'modus operandi' al hecho anterior -tales como efectuar 'inteligencia' previa sobre la propiedad, ingresar al lugar horas antes y envenenar a los perros que allí se encontraban-, al menos cuatro personas participaron de este hecho de acuerdo a un plan común y mediante un claro reparto de roles. Así dos de ellos ingresaron al inmueble de la calle Soldi 820 de Glew, partido de Alte Brown, provincia de Buenos Aires previo sortear las rejas que ese lugar presenta, y las otras dos se encontraban en un rodado de color negro a la espera de éstos una vez que concluyeran el accionar planeado los buscaran para darse a la fuga. Es así que quienes ingresan lo hacen con armas de fuego, una calibre 22 y la otra 9 mm, que portaba apoderarse (sic) de bienes de quienes residen en el lugar, accionar al que su propietario Miguel AGUIRRE, portando un revólver calibre 38 special, nro. de serie 939827, se opone y éstos con el fin de procurar impunidad efectuaron disparos contra Aguirre con el fin de darle muerte, lo que logran ya que uno de ésos impactó en el nombrado y provocó su muerte, circunstancia que les permitió dejar el lugar para ir en busca de los otros dos que los esperaban en el vehículo ya mencionado".
En lo pertinente a esta cuestión, el tribunal revisor afirmó que "...cuando el matrimonio Aguirre advirtió que podría haber alguna persona oculta debajo de la camioneta estacionada en el interior de su domicilio, ello en función de la insistencia con la cual una de sus perras ladraba en dicha dirección, el señor Aguirre tomó un arma de su propiedad y fue a revisar el lugar".
Recordó que la viuda de Aguirre, quien desde la cocina de la vivienda pudo seguir la secuencia de los dramáticos acontecimientos, relató que los imputados "...tiraban y se ocultaban, nada de lo cual podía hacer su marido que, sin lugar d[o]nde guarecerse, se limitaba a responder el fuego hasta que se quedó sin balas en el tambor de su revólver". La testigo agregó que "...encontrándose su esposo tendido en el piso, y sin articulación de ningún mecanismo de defensa, cuando los asaltantes se disponían a retirarse de allí, uno de ellos giró y efectuó dos disparos más en dirección a su cónyuge. Luego, aquellos se marcharon saltando las rejas de la casa, dirigiéndose en dirección a la calle Rojas".
Sentado lo anterior, la Casación afirmó que "...no queda margen para dudar sobre la compartida voluntad que guiaba a los sujetos activos, al configurar una típica acción homicida pluralmente ejecutada con el elocuente fin de librarse de aquella conducta del dueño de casa que, a esa altura, hacía improbable la consumación del robo y ponía en riesgo la impunidad de los asaltantes por él sorprendidos".
A su vez, aclaró que "...las exigencias caracterológicas del homicidio criminis causae no reclama la existencia de una premeditación ejecutiva particular ni la maduración de la decisión homicida, en tanto esta puede surgir como pura decisión al hecho nuevo, nacida en el marco de la actuación original del agente, procurando algunos de los fines tipificados en la ley o por los motivos que allí se destacan".
Puntualizó que la acción de Aguirre constituyó un escollo tanto para la consumación del robo como para la huida, circunstancia que fue superada por los atacantes ocasionándole su muerte, sin miramientos, aun cuando, a partir de los finales instantes de ese desarrollo, Aguirre ya no podía generar ningún riesgo a la vida y finalidades de los atacantes. Destacó que era evidente que el acusado y su compañero constituyeron un frente común de ataque, y así se lanzaron en un quehacer enderezado directamente hacia la muerte de la víctima, subordinando la vida de Aguirre a la exitosa salida del lugar en busca de la procurada impunidad, a esa altura objetivo central de la conducta asumida por ambos imputados.
Concluyó que la muerte del damnificado fue, desde el punto de vista subjetivo, obra de una intencionalidad claramente enderezada a buscar la impunidad del delito, esto es, su indemne salida del lugar, hipótesis situada en el espacio de punición del homicidio finalmente conexo (art. 80, inc. 7, Cód. Penal) aplicado por el tribunal de origen.
En definitiva, consideró acertado el fallo de mérito en tanto los hechos comprobados de la causa y el contexto en el que tuvieron lugar permitían afirmar que la acción del acusado "...estuvo presidida por un ánimo y una voluntad deliberadamente homicida que subalternó la vida de la víctima a un designio criminal distinto, en el caso la impunidad del robo, todo lo cual abastece la subsunción legal de este tramo de la conducta en la figura que critica la defensa".
Por último, agregó que "...si ya vencido Aguirre en el suelo, sin posibilidad de oposición eficaz ninguna, esto es, sin constituir fuente de mayor riesgo hacia los asaltantes, previo a marcharse de la casa estos insistieron -a mano de uno de ellos- en tirar dos descargas más, para recién luego alejarse juntos del lugar, ello espeja una compartida voluntad de remate huérfana de toda vocación de 'defensa' de los homicidas sobre la que argumenta la defensa -no importa a estos fines si aquellos sabían con fehaciencia si la víctima continuaba con vida-, lo que empieza a teñir, además, el ánimo criminal con los tonos de un injusto escarmiento para quien, no solo entorpeció la huida, sino que se opuso con todo derecho a los ilícitos designios sustractivos de los matadores, frustrándolos, todo espacio de punición del artículo 80, inciso 7, del Código Penal acertadamente aplicado por los jueces" del tribunal de mérito.
IV. Ante lo así resuelto, como lo adelantara, el recurso no prospera en tanto la parte se limitó a exponer una mera opinión divergente sobre la configuración en el caso de la ultrafinalidad exigida por el homicidio criminis causae, sin demostrar la existencia de vicio alguno en la sentencia impugnada que pudiera descalificarla como acto jurisdiccional válido ni que se apartara, al mismo tiempo, de la consolidada doctrina elaborada por esta Suprema Corte sobre el punto en discusión.
En efecto, tal como lo puso de manifiesto la Casación y contrariamente a lo alegado por la defensa, en cuanto a la necesidad de que se demuestre una preordenación anticipada, cabe recordar que para que resulte aplicable la figura del art. 80 inc. 7 del Código Penal no se exige "...ni expresa ni implícitamente, que el elemento subjetivo del tipo deba concurrir antes de iniciarse la ejecución del otro delito" (conf. causas P. 106.440, sent. de 31-X-2012; P. 113.545, sent. de 19-XII-2012; P. 111.820, sent. de 31-VII-2013; P. 132.776, sent. de 8-IV-2021; P. 135.059, sent. de 4-IV-2022; P. 134.660, sent. de 3-XI-2022; P. 134.461, sent. de 16-III-2023; P. 135.376, sent. de 11-IV-2023; P. 138.159, sent. de 19-IV-2024; e.o.).
En el presente caso, como lo puso en evidencia el Tribunal de Casación al confirmar el fallo de mérito, el contexto y la mecánica en el que se desarrollaron los hechos permiten afirmar, sin lugar a dudas, que el homicidio tuvo la ultrafinalidad de lograr la impunidad del robo, cuya consumación ya había quedado frustrada ante la intervención de la víctima.
La circunstancia de que haya sido el damnificado el que comenzó con los disparos de arma de fuego de ninguna manera pone en crisis la configuración del elemento subjetivo del citado art. 80 inc. 7, como lo pretende la defensa. Frente a ello, también resulta útil rememorar que este Tribunal tiene dicho que la posible coexistencia en el acusado del propósito de salvar su vida frente al accionar de la víctima, no obsta a la relevancia de la ultrafinalidad típica constatada que prevé el homicidio criminis causae (conf. doctr. causas P. 127.176, sent. de 27-XII-2017; P. 127.378, sent. de 28-III-2018; P. 122.858, sent. de 19-IX-2018; P. 129.796, sent. de 28-XI-2018; P. 129.566, sent. de 29-V-2019; P. 132.981, sent. de 14-X-2020; P. 133.519, sent. de 16-XII-2020; P. 134.545, sent. de 6-XII-2021; e.o.).
Por otra parte, las alegaciones de la recurrente referidas a la supuesta contradicción que implicaría sostener que Vega cometió el homicidio con la ultrafinalidad de lograr la impunidad y, al mismo tiempo, afirmar que efectuaron a la víctima dos disparos cuando ésta ya se encontraba tendida en el suelo, sin representar riesgo alguno para lograr la impunidad, revelan un mero criterio divergente con la ponderación de los hechos y de la prueba que resulta una técnica ineficaz para demostrar que el órgano revisor incurrió en una desacertada interpretación que lo condujo a conclusiones insostenibles o claramente contradictorias, a la luz de las circunstancias comprobadas de la causa (conf. causas P. 92.582, sent. de 9-IV-2008; P. 104.426, sent. de 22-IV-2009; P. 130.513, sent. de 11-IX-2020; P. 134.545, cit.; entre tantas más). Por el contrario, dicho dato fáctico (haber efectuado disparos a la víctima mientras se encontraba tendida en el suelo) fue ponderado por la Casación como un indicio más para reafirmar la presencia de la ultraintención de Vega de cometer el homicidio para lograr la impunidad.
Por lo expuesto, corresponde desestimar la impugnación en examen y mantener la significación jurídica del hecho en los términos del art. 80 inc. 7 del Código Penal conforme fuera establecida en las instancias previas, en tanto los requisitos de la tipicidad subjetiva quedaron debidamente acreditados (art. 496, CPP).
Finalmente, la tacha de arbitrariedad, directamente vinculada al planteo de ley sustantiva, quedó huérfana de sustento argumental.
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Kohan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Teniendo en consideración el alcance con el que la Casación admitió la impugnación (conf. resol. de 4-X-2022) y toda vez que la defensa no dedujo queja ante esta Suprema Corte por el tramo del recurso desestimado, se reseñará únicamente el agravio vinculado a la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal.
Los defensores particulares de José Luis Alcaraz, tras recordar que ante el tribunal intermedio se había llevado la queja sobre la "excesiva" sanción impuesta a su asistido, afirmaron que la escala penal de los delitos reprochados a Alcaraz tiene un mínimo de diez años, por lo que el juzgador debió dar razones válidas para fundar el apartamiento de dicho monto.
De seguido, criticaron que no se hubiera ponderado como atenuante del hecho II, calificado respecto de Alcaraz como homicidio en ocasión de robo, el hecho de que el robo hubiera quedado en tentativa, tal como lo habían requerido la fiscalía y la defensa durante el juicio. Ante tal situación, denunció falta de motivación, arbitrariedad, violación del derecho de defensa y del debido proceso.
Con relación a las agravantes ponderadas por el órgano de mérito, cuestionaron, en primer lugar, la valoración de la "innecesaria violencia" ejercida en los hechos. Alegaron que se quebrantó el principio que prohíbe el ne bis in idem, en tanto la violencia formaba parte de los elementos típicos del robo; asimismo, sostuvieron que dicha pauta vulneraba los principios de culpabilidad, inocencia y debido proceso.
Como segundo punto, tacharon de arbitraria la valoración del "daño causado" (perjuicio económico y consecuencias emocionales), en tanto -en su opinión- se habría asentado en premisas contradictorias.
En tercer término, criticaron la valoración de la agravante derivada de la "vulneración del domicilio como un lugar íntimo". Al respecto, argumentaron que muchos de los robos "...se producen ingresando al domicilio de las personas", lo que no constituiría una razón valedera para ponderar esa circunstancia como un factor de agravación de la penalidad.
Finalmente, afirmaron que, al ponderarse la condena anterior como agravante, se violó el principio contra el ne bis in idem.
II. La Procuración General aconsejó rechazar la impugnación; también coincido con lo así dictaminado.
III. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es manifiestamente insuficiente (conf. art. 495, CPP).
Las críticas reseñadas, enunciadas bajo la denuncia de errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, son producto de una reflexión tardía, pues el embate no fue llevado a la Casación en los términos en los que ahora es planteado ante esta instancia (conf. arts. 451, 495 y concs., CPP).
III.1. De la lectura del recurso de casación se desprende que el entonces defensor particular de Alcaraz, en lo que respecta a la pena impuesta a su asistido, se limitó a sostener que, como que el mínimo de la escala penal era de diez años de prisión, la condena finalmente impuesta resultaba totalmente excesiva. Ninguna consideración hizo respecto de las pautas contenidas en los arts. 40 y 41 del Código Penal.
III.2. Frente a dicho planteo, el Tribunal de Casación Penal estimó que "...la escueta aseveración del recurrente en punto a que la sanción resultó excesiva en relación con el mínimo de pena que cita -pero no es el que rigió la escala penal del concurso de delitos con la que se manejó el proceso de determinación judicial de la sanción-, muestran la insuficiencia de su queja, particularmente cuando ni siquiera se denuncia infracción a los artículos 40 y 41 del código de fondo, y llegan sin controversia las múltiples y graves circunstancias [de] severización que confluyen sobre las conductas asumidas por Alcaraz aquí juzgadas".
Agregó que la parte
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