Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138994
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido a favor de Nicolás Toribio, con costas (conf. art. 495, CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.994, "Toribio, Nicolás s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 118.738 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Natiello.
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante sentencia dictada el día 28 de marzo de 2023, rechazó el recurso de la especialidad presentado por la defensa oficial de Nicolás Toribio, contra el fallo del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de San Martín que lo había condenado a la pena de diecisiete años de prisión, accesorias legales y costas, como autor penalmente responsable de los delitos de corrupción de menores agravada por la edad de la víctima (hecho 1), abuso sexual simple agravado por la convivencia prexistente y la edad de la víctima (hecho 2), abuso sexual con acceso carnal por acto análogo agravado por la convivencia preexistente y la edad de la víctima (hecho 3) y abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia preexistente y la edad de la víctima (hecho 4), en concurso real estos tres últimos hechos y todos ellos en concurso ideal con el hecho inicial.
Contra lo así decidido, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Nicolás Agustín Blanco, presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
La Casación, mediante resolución de fecha 24 de mayo de 2023, declaró admisible el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley por considerar que se cumplieron debidamente las exigencias del art. 494 del Código de rito. En consecuencia, declaró admisible la impugnación en lo que respecta al planteo de errónea aplicación del art. 125 del Código Penal.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de fecha 14-XI-2023), dictada la providencia de autos (v. prov. de 15-XI-2023) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Teniendo en consideración el alcance con que se admitió la impugnación, la reseña se limitará al agravio de errónea aplicación del art. 125 del Código Penal.
Sentado lo anterior, el recurrente se agravió por considerar que en el caso no se acreditó el aspecto subjetivo del delito de corrupción de menores.
Luego de reseñar lo resuelto sobre el punto por el órgano de mérito y por la Casación, destacó que si bien la ley 25.087 "...suprimió los elementos subjetivos específicos que traía la anterior redacción [del art. 125 citado] -consistentes en el fin de lucro del autor o en la satisfacción de deseos propios o ajenos- [...] ello no importa la exclusión de la motivación del sujeto activo en la configuración del ilícito".
De seguido, indicó que la doctrina coincide en cuanto a que el delito de corrupción exige dolo directo consistente en el conocimiento y a la voluntad de realizar actos con entidad corruptora y tendientes a promover o facilitar la corrupción del menor de edad.
A su entender, el delito en cuestión no admite el dolo eventual pues se quebrantaría el principio de legalidad (art. 18, Const. nac.).
Frente a ello, consideró que la Casación formuló una insuficiente referencia al elemento subjetivo para dar por configurada la figura del art. 125 del Código Penal al aludir a un dolo genérico valiéndose de la circunstancia de la premura y la duración en el tiempo de los actos de abuso, que -a criterio de la defensa- no guarda necesaria correspondencia con el designio de desviar de la normalidad el comportamiento sexual de la víctima, motivo por el cual estimó que debe excluirse la aplicación del delito de corrupción de menores.
En tal sentido, afirmó que el autor debe conocer y querer que la acción que ejecuta provoque o facilite el estado de corrupción, no bastando que el acto consumado sea potencialmente idóneo para producir la depravación sexual de la niña, como entendió el tribunal de la instancia y avaló el tribunal intermedio.
A su entender, "...del análisis del cuadro probatorio que invoca el sentenciante como la denuncia del progenitor de la menor, las pericias psicológicas efectuadas a la misma, y los dichos de la propia víctima, sólo dan cuenta de actos de abusos sexuales contenidos en la normativa del art. 119 del Código Penal, pero que por su índole no apuntan a la corrupción del sujeto pasivo".
Consideró que se violó el principio de legalidad al afirmar la configuración del tipo subjetivo del delito de corrupción con sustento en que los actos de abuso consumados contra la joven fueron potencialmente idóneos para facilitar su corrupción; y que ese razonamiento lleva al absurdo de sostener que "...todo ataque sexual cometido contra un menor de trece años configura siempre corrupción de menores".
Concluyó que el delito de corrupción exige demostrar la configuración de manera independiente del aspecto subjetivo del tipo penal y no a través de datos objetivos del hecho cometido, lo que -según su criterio- no aconteció en el caso.
Por tales motivos, solicitó la absolución de Toribio en orden al delito reprimido en el art. 125 del Código Penal.
II. La Procuración General aconsejó rechazar la impugnación; coincido con lo así dictaminado.
III. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley resulta manifiestamente insuficiente (conf. arts. 451, 495 y concs., CPP).
En efecto, las críticas de la defensa oficial se desentienden de lo efectivamente debatido en el caso en tanto configuran un viraje argumental respecto de los agravios oportunamente llevados a conocimiento de la instancia intermedia.
III.1. En el recurso de casación, el entonces defensor particular, doctor Carlos Oscar Zacallan, solicitó la absolución de Toribio respecto de los delitos de abuso sexual a tenor del rendimiento del principio in dubio pro reo.
Vinculado con ello, requirió también la absolución respecto del delito de corrupción de menores, pues no existía -a su entender- certeza respecto de los actos de contenido sexual que pudieran configurar tal delito, agregando que las pericias practicadas a la víctima concluyeron que no tenía signos de abuso sexual.
III.2. El Tribunal de Casación Penal, tras recordar los hechos que el órgano de mérito tuvo por debidamente acreditados y efectuar un profuso análisis de la prueba ponderada, afirmó que se había configurado el estado de certeza positiva respecto de los delitos de abuso sexual para confirmar el fallo de condena; en consecuencia, rechazó la aplicación del principio in dubio pro reo y el pedido de absolución que había efectuado la parte respecto de los delitos de abuso sexual.
En particular, en cuanto al delito de corrupción, recordó que el art. 125 del Código Penal "...pretende reprimir aquellas prácticas sexuales que, por sus características objetivas, vale decir, prematuras, perversas o excesivas, resultan idóneas en sí mismas para corromper sexualmente a la víctima interfiriendo en su libre crecimiento sexual".
Destacó que el delito exige que "...el autor ejecute actos idóneos con potencialidad corruptora que entrañen peligro para el desarrollo sexual de la víctima, de modo que para perfeccionarse ese núcleo no es una exigencia del tipo que se concrete la mentada corrupción".
Con dicho marco, estimó que "...las conductas establecidas en el veredicto y que [...] han sido acreditadas luego del análisis comunitario de los elementos de convicción arrimados a la causa, comparten objetivamente las características de idoneidad antes reseñadas en tanto resultan prematuras, implicando una irrupción notoriamente precipitada en aspectos de la sexualidad al no estar de acuerdo con la edad de la víctima y el consecuente estadio de su desarrollo sexual".
Concluyó que la pluralidad de hechos cometidos "...por su continuidad en el tiempo, derivan en hábiles para alterar el libre desarrollo psicosexual de la menor, sumado a otras circunstancias también presentes, tal como el hecho de que el autor se tratara de la pareja de su hermana".
IV. Ahora bien, de la reseña efectuada en los puntos anteriores, tal como se adelantó, se evidencia un viraje argumental en los términos en que el entonces defensor particular de Toribio cuestionó la configuración del delito de corrupción en el recurso de casación (ausencia de certeza positiva respecto de los actos de contenido sexual con entidad corruptora y falta de constatación en la víctima de signos de abuso sexual) y en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (críticas vinculadas a la configuración del tipo subjetivo del delito de corrupción y a las implicancias de la reforma de la ley 25.087).
En función de ello, se advierte entonces que el basamento de la denuncia de errónea aplicación del art. 125 del Código Penal implica una modificación sustancial del reclamo que había sido llevado ante el Tribunal de Casación Penal, no pudiendo ser ahora objeto de evaluación en esta instancia (doctr. art. 451, CPP; causas P. 129.795, sent. de 21-XI-2018; P. 131.470, sent. de 27-VII-2020; P. 133.916, sent. de 18-VIII-2022; P. 136.087, sent. de 19-XII-2022; entre muchas).
Sin perjuicio ello, cabe destacar que lo fallado por la Casación, de todos modos, se corresponde con la doctrina legal de esta Corte sobre los alcances del tipo objetivo y subjetivo de la figura de corrupción (conf. causas P. 132.773, sent. de 27-VIII-2020; P. 133.550, sent. de 9-XII-2020; P. 134.873, sent. de 12-XI-2021; P. 135.118, sent. de 24-V-2023; e.o.).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Natiello, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido a favor de Nicolás Toribio, con costas (conf. art. 495, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/10/2024 14:00:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/10/2024 15:09:34 - NATIELLO Carlos Angel ([email protected]) - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/10/2024 16:43:42 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/11/2024 13:04:28 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/11/2024 13:52:44 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 01/11/2024 14:07:42 hs. bajo el número RS-184-2024 por SP-FERNANDEZ PEREDO LAURA CRISTINA.
Fin de la sentencia