Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 139935
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 139.935, "D'Gregorio, María Laura E. Fiscal Titular Interina ante el Tribunal de Casación Penal, s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley en causa n° 126.914 del Tribunal de Casación Penal, Sala I, seguida a Lalli, Roberto Agustín", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
De las actuaciones digitalizadas, se desprende que la Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 12 de noviembre de 2023, rechazó el recurso homónimo interpuesto por el Ministerio Público Fiscal contra la decisión de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Martín, que confirmó el auto del Juzgado de Garantías n° 2 departamental en cuanto declaró la extinción de la acción penal por prescripción y en consecuencia sobreseyó a Roberto Agustín Lalli con relación a los hechos ocurridos entre los años 2002 y 2003 calificados como abuso sexual gravemente ultrajante, reiterado en al menos dos oportunidades.
Contra lo así resuelto, la señora Fiscal interina ante el Tribunal de Casación Penal, doctora María Laura E. D'Gregorio, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación digital de 22-IX-2023); el que fue declarado admisible por resolución del tribunal intermedio del día 24 de octubre de 2023.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 13-V-2024), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley bajo estudio se denuncia arbitrariedad por fundamentación aparente al considerar que el a quo se apartó de los concretos planteos llevados por esa parte, a efectos de sostener la vigencia de los principios de legalidad y de la ley penal más benigna en casos en los que se persigue penalmente un delito común, correspondiendo la aplicación del régimen de prescripción vigente al momento de los hechos.
Refiere que lo invocado por el señor fiscal adjunto estuvo dado por el interés superior del niño y el derecho a la tutela judicial efectiva, anclando su reclamo en las especiales características del caso que no debió ser resuelto desde la literalidad de la norma del Código de fondo, sino que debió ponderarse la corta edad de la damnificada, quien recién pudo comprender la gravedad de los hechos cuando adquirió la madurez necesaria, lo que le impidió acceder a la justicia con anterioridad. Estima, pues, que su consideración hubiera evitado la incorrección de declarar la extinción de la acción penal por prescripción en la presente causa.
Alega que el tribunal casatorio -por el contrario- circunscribió su labor revisora al estudio de la cuestión en torno a la vigencia del principio de legalidad y su cotejo con otros principios del derecho internacional (interés superior del niño y acceso a la justicia de personas vulnerables) teniendo en cuenta los criterios de interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que delimitan en qué casos se ha habilitado a excepcionar al principio de legalidad -esto es cuando la conducta de alguno de los agentes del Estado ha implicado una grave violación a los derechos humanos-, nómina que resulta acotada y puede deducirse de las menciones que se han efectuado en diversos fallos (desaparición forzada de personas, ejecución extrajudicial, tortura; conf. CIDH casos Vera Vera y otra vs. Ecuador; Barrios Altos vs. Perú y Suárez Peralta vs. Ecuador).
Considera también que la reflexión que a modo de obiter dictum realiza el doctor Carral, no conmueve la tacha de arbitrariedad esgrimida.
I.2. En segundo término, denuncia el apartamiento de la doctrina legal del Máximo Tribunal nacional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vulneración del principio de supremacía constitucional, omisión de resolver con perspectiva de género e infancia. Invoca arbitrariedad por inconvencionalidad y errónea aplicación del art. 62 del Código Penal, también por fundamentación aparente, afirmaciones dogmáticas y apartamiento de las constancias de la causa.
Luego de recordar que en autos se le imputa a Lalli "...en fecha indeterminada, pero en el lapso de tiempo comprendido entre los 09 y 10 años de edad, de la joven E.G.G. [...], durante el trayecto desde la localidad de Villa Ballester, hasta la localidad de Villa Zagala, Pdo. de San Martín, Provincia de Buenos Aires, en el interior del rodado propiedad del aquí imputado Roberto Agustín Lalli, este abusó sexualmente de la nombrada, al efectuarle tocamientos en su vagina, en al menos dos oportunidades, constituyendo por las circunstancias de su realización un sometimiento gravemente ultrajante para la víctima", señala que E. G. G. no pudo ejercer efectivamente su derecho de reclamar justicia durante muchos años, dado que cuando sucedieron los hechos tenía nueve años, comenzó a recordar estos sucesos a los veinte años, los que le generaron problemas de índole sexual. En dicha oportunidad dejó sentada su intención de instar la acción penal.
Sostiene que la Corte Interamericana de Derechos Humanos entiende que la Convención debe ser interpretada de manera amplia y adecuada con consideración de los momentos históricos. Cita los casos Almonacid Arellano vs. Chile, sentencia de 26-IX-2006 y Trabajadores Cesados del Perú, sentencia de 24-XI-2006. Destaca, a su vez, que mediante la aplicación de una norma de derecho común se vulnera el derecho al acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva (arts. 8.1 y 25, CADH).
Con apoyo en el fallo "Arancibia Clavel" de la Corte federal, destacó que -en el caso- la investigación no fue abandonada por inactividad o desinterés estatal, pues el Estado tomó conocimiento de los hechos delictivos en el año 2020 y desde entonces se ha avanzado. De igual modo, señaló que la demora de la víctima en efectuar la denuncia se debió a los obstáculos estructurales que presentan este tipo de hechos y, en buena medida, a su triple condición de vulnerabilidad: su edad, género y condición de victimización temprana.
En el mismo sentido, invocó lo resuelto por la Cámara Federal de Casación Penal en la causa 191/2012/CFC1 caratulada "A. J. s/ Recurso de Casación".
Finalmente, reiteró la afirmación de que la decisión impugnada vulneró obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino al suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño y violentó el principio de supremacía constitucional consagrado en el art. 31 de la Constitución nacional mediante la errónea aplicación del art. 62 del Código Penal.
Argumenta que la Convención sobre los Derechos del Niño (aprobada por ley 23.849, sancionada el 27 de septiembre de 1990, y promulgada de hecho el 16 de octubre de 1990), estableció que los Estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo; además de atender siempre el interés superior del niño (art. 3.1, Convención cit.).
Señala que no puede ignorarse que los hechos imputados a Lalli se encuentran alcanzados por las previsiones de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ("Convención de Belém do Pará", que entró en vigor el 3-V-1995), la cual establece en sus arts. 1 y 2 inc. "a" que "...para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado"; y que "[s]e entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual".
Resalta también los deberes establecidos en el art. 7 de la referida Convención para los Estados parte.
Sostiene que la fundamentación aparente de la decisión en crisis, que convalida la aplicación al caso del art. 62 del Código Penal se alza contra las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino de investigar con la debida diligencia y sancionar la violencia contra las mujeres, garantizarles el acceso a procedimientos legales justos y eficaces, proteger a las niñas contra toda forma de abuso sexual, y garantizar a las víctimas la tutela judicial continua y efectiva.
Afirma que, en virtud de una interpretación armónica del interés superior del niño y el derecho a la tutela judicial efectiva, las normas internas relativas a la prescripción de la acción penal -pese a conservar plena validez y eficacia- deben ser delimitadas en el presente caso a fin de resguardar los derechos de mayor jerarquía antes señalados.
Precisa que las reformas introducidas al instituto de la prescripción a partir de las leyes 26.705 y 27.206 no resultan de aplicación a hechos que, como el presente, tuvieron lugar con anterioridad a su entrada en vigencia. Pero, sí sostiene que la Convención Americana sobre Derechos Humanos -vigente desde el año 1984- y la Convención de los Derechos del Niño -vigente a partir del año 1990- contaban, desde su promulgación, con jerarquía normativa superior a los artículos del Código Penal, en tanto, la reforma constitucional del año 1994 dotó a estos instrumentos de jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22, Const. nac.).
Señala que el instituto de la prescripción es una cuestión de orden legal interno, que no viene impuesto de la Constitución nacional y/o tratados internacionales, siendo que, si bien hace operativo en parte el derecho de toda persona a ser juzgado en un plazo razonable, cierto es que, en casos como el particular, el proceso se inició recientemente, con lo cual no hay afectación a ese derecho constitucional.
Indica que, de ninguna manera, el paso del tiempo sin que la víctima haya puesto de manifiesto la situación que la habría afectado, la conmueve por encontrarse condicionada por el contexto en el que se desarrollaron los hechos, o no encontrarse preparada emocional o psicológicamente para expresarlo públicamente, ello no tiene relación con el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, sino claramente con el derecho de acceso a la justicia.
Por todo lo expuesto, solicita que se deje sin efecto la decisión recurrida y que las presentes actuaciones continúen en el estado en que se encontraban.
II. El señor Procurador General aconsejó hacer lugar al reclamo (v. dictamen digital de 13-V-2024).
III. No comparto tal dictamen. El carril extraordinario incoado resulta insuficiente para revertir lo decidido (conf., mutatis mutandi, causas P. 132.967 y P. 133.029, sents. de 30-VIII-2021; P. 137.584, sent. de 27-V-2024; P. 138.362, sent. de 3-VI-2024; e.o.; art. 495, CPP).
IV. De manera liminar cabe efectuar una reseña del derrotero procesal llevado a cabo en la presente causa.
IV.1. El Juzgado de Garantías n° 2 de San Martín por resolución del día 13 de junio de 2023, declaró la extinción de la acción penal por prescripción y sobreseyó a Roberto Agustín Lalli con relación al hecho ocurrido en los años 2002 y 2003 en perjuicio de E. G. G. calificado como abuso sexual gravemente ultrajante reiterado en al menos dos oportunidades.
En lo medular, predicó que desde los años 2002-2003 (acaecimiento de los hechos) y el primer acto interruptivo del curso de la prescripción (24-I-2023) -art. 67 inc. "b" del Código Penal-, transcurrió en exceso el plazo de diez años contemplado para el delito endilgado por la acusación.
IV.2. La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, confirmó dicho resolutorio (v. sent. de 27-VII-2023).
Para así decidir señaló que la legislación internacional citada por la fiscalía (Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Convención de Belém do Pará, Convención Interamericana de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de Derechos Humanos) intima a los Estados parte a garantizar el ejercicio de los derechos de todos los habitantes, entre ellos, el de las víctimas, a tener un acceso efectivo a la justicia, más no establece una forma concreta en la que debe llevarse a cabo, quedando en cabeza de los Estados su regulación.
Destacó que, en consonancia, en nuestra legislación está regulado el instituto de la extinción de la acción penal por prescripción, con el objeto de garantizar que se determine la condición del encartado frente a la ley y a la sociedad, del modo más expeditivo posible, fijándose para ello plazos que, a su vez, garantizan a las víctimas la posibilidad de ejercer sus derechos.
Entendió que la propuesta del recurrente en cuanto postula no aplicar al caso el mentado instituto, implicaría desconocer esa garantía.
Advirtió que las leyes 26.705 y 27.026 si bien tienen como origen los principios y fundamentos fijados en los tratados internacionales no suprimieron la prescripción de la acción para los delitos de índole sexual.
Indicó que pretender contabilizar la prescripción desde que la víctima mayor de edad concurrió efectivamente a la Justicia, iría contra los principios constitucionales de legalidad e irretroactividad de la ley penal, resultando insuficiente la sola invocación de los tratados referidos.
Resaltó que conforme las previsiones del inc. 2 del art. 62, a partir de los normado en el art. 67 ambos del Código Penal -en su redacción al momento de la presunta comisión de los hechos-, la acción penal de los delitos imputados a Lalli se encuentra prescripta, pues acerca del "... instituto de plazo razonable o indebido, considero [...] que éste fija un plazo temporal, a fin de evitar la indefinición 'sine die' en el juzgamiento de un hecho, no resultando un detalle menor que no se hubiera efectuado cuestionamiento constitucional alguno en relación a tales normas".
IV.3. Contra ello, el señor fiscal departamental dedujo recurso de casación a través del cual denunció la existencia de caso federal, desde que en autos la prescripción regulada en el Código Penal entra en colisión, en supuestos de víctimas menores de edad, con los preceptos estipulados por la Convención de los Derechos del Niño, la cual goza de rango constitucional. Postuló que al tratarse de víctimas niñas resultan de aplicación tanto la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), que también forma parte del bloque de constitucionalidad, así como la Convención de Belém do Pará. Aunado a ello, destacó que las reformas introducidas por las leyes 26.705 y 27.206 resultan formalizaciones de la obligación internacional de combatir cualquier tipo de abuso o maltrato de los niños y de las mujeres, preexistente a los hechos pesquisados, entonces el curso de la prescripción en el caso empieza a correr a partir de la fecha de la denuncia formulada por la víctima mayor de edad, sin que ello implique una aplicación retroactiva de la ley penal. Peticionó se case lo decidido.
IV.4. El recurso fue rechazado por el Tribunal de Casación conforme fuera reseñado en los antecedentes.
IV.4.a. Destacó primeramente que los hechos objeto de persecución penal, tal como han sido delimitados temporalmente, son anteriores a la vigencia de las leyes 26.705 y 27.206 que reformaran el régimen de prescripción de la acción para la modalidad de ilícitos como los enrostrados. En segundo lugar, precisó que la discusión ingresa de lleno en el ámbito de la cobertura del principio constitucional de legalidad, garantizado en orden a la vigencia de la ley penal, salvo las excepciones referentes a leyes temporales o excepcionales (conf. arts. 9, CADH; 15.1, PIDCP y 11.2, DUDH). Agregó que el eje de discusión que incluye al principio de aplicación de la ley más benigna y que encontrara cobertura de orden constitucional recién a partir de la reforma de nuestra carta fundamental en el año 1994, encuentra regulación en la norma de derecho común del art. 2 del Código Penal; y que el ámbito de validez temporal de la ley sustantiva, cuya irretroactividad rige como regla, excepciona el caso de la aplicación al supuesto de una ley posterior más favorable al imputado, e incluye dentro de estos aspectos vinculados al principio de legalidad, también aquello que hace al instituto de la prescripción de la acción penal.
Seguidamente, trajo a colación lo resuelto por la Corte federal en la causa "Mirás" (CSJN Fallos: 287:76), al señalar: "Es jurisprudencia de la Corte que esa garantía comprende la exclusión de disposiciones penales posteriores al hecho infractor -leyes 'ex post facto'- que impliquen empeorar las condiciones de los encausados, según ha quedado establecido como una invariable doctrina (Fallos: 17:22; 31:82; 117:22, 48 y 222; 133:216; 140:34; 156:48; 160:114; 169:309; 184:531; 197:569; 254:116, consid. 19º)"; y que con relación al eje de discusión desde el Cimero Tribunal en el fallo citado se sostuvo: "...el instituto de la prescripción cabe sin duda alguna en el concepto de 'ley penal', desde que ésta comprende no sólo el precepto, la sanción, la noción de delito y la culpabilidad, sino todo el complejo de las disposiciones ordenadas del régimen de extinción de la pretensión punitiva" (una profundización de esta noción puede verse en el fallo "Arancibia Clavel", Fallos: 327:3312).
IV.4.b. A continuación, aludió al instituto de la prescripción como mecanismo de autolimitación al ejercicio del poder punitivo del Estado, y al mismo tiempo, un parámetro de adecuada orientación para asegurar la vigencia del derecho a ser juzgado en un plazo razonable. A su vez, se refirió a lo que denominó voces "minoritarias" que acuden a la argumentación mediante la cual se pretende que la sanción de la ley 23.849, por la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño (B.O. de 22-XI-1990), luego incorporada con jerarquía constitucional tras la reforma del año 1994, recoge el fin primordial por el que los Estados suscribientes se obligan a privilegiar "el interés superior del niño" como principios "jurídicos fundamentales", concluyendo que se encontraba vigente al momento de operar las reformas nacionales de las leyes 26.705 y 27.206.
Aclaró que aun cuando los argumentos principales de esta postura, hacen pie en la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que amplió los criterios de "imprescriptibilidad" a graves violaciones de derechos humanos, situación que impone (desde la mirada de la CIDH) acudir a esto como único recurso para la persecución de delitos de gravedad extrema cometidos por regímenes políticos en forma masiva y sistemática, no obstante, se desentienden del alcance y presupuestos a los que se ha referido la Corte Interamericana de Derechos Humanos para excepcionar las garantías que provee la Convención.
En ese sentido, expuso que "Las condiciones de vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no contemplan la aplicación de la excepcional regla de imprescriptibilidad para delitos ordinarios, sino que establece una serie de presupuestos que suelen concentrarse en: (i) deben tratarse de delitos graves o muy graves violaciones a los d
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