Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 139517
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por el defensor particular en favor de José Enrique Buitrón, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Se regulan los honorarios profesionales del doctor Francisco Manuel Aguirre en veinticuatro (24) jus por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 139.517-RC, "Buitrón, José Enrique s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 121.185 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño .
Conforme surge del expediente digital, la Sala III del Tribunal de Casación, mediante sentencia dictada el 23 de mayo de 2023, rechazó el recurso homónimo interpuesto por el defensor particular de José Enrique Buitrón contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 5 de La Matanza que lo condenó -con integración unipersonal y mediante el procedimiento de juicio abreviado- a la pena de trece años y cuatro meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor del delito de homicidio criminis causa en grado de tentativa en concurso real con robo agravado por uso de arma de fuego en grado de tentativa.
Frente a lo así decidido, el defensor particular del nombrado, doctor Francisco Manuel Aguirre, presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
La Casación, mediante resolución dictada con fecha 3 de agosto de 2023, admitió la impugnación en lo que respecta a los agravios de ley sustantiva y la desestimó en lo que hace a los embates de pretensa índole federal.
Contra ello, la parte no dedujo queja (conf. informe de fecha 27-IX-2023).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Teniendo en consideración el alcance de admisión de la vía intentada -únicamente embates de ley sustantiva-, se reseñarán los agravios allí desarrollados.
I.1. Sentado lo anterior, en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la defensa particular solicita el cambio de calificación legal por considerar que no se reunieron los elementos objetivos ni subjetivos para imputar a su asistido la tentativa de homicidio criminis causa .
De seguido, hace referencia a la declaración de Ailen Yasmin Ortiz (hija de la víctima de autos) y del Sargento Cristian Andrés Ticak, de los que se desprende que ante la resistencia de la víctima Ortiz, se produjo un enfrentamiento armado entre este y los coautores del robo.
El apelante sostiene que, tal como lo manifestaron los citados testigos, se configuró una situación fáctica que no encuadra en el art. 80 inc. 7 "...ya que la víctima manifestó ser sorprendida por los delincuentes y aun así tuvo tiempo de actuar esgrimiendo el arma y darle la voz de alto, cuando al menos uno de los sujetos ya lo había intimidado con un arma de fuego". Sostiene que el plan de los coautores nunca fue matar sino robar.
Agrega que su asistido en la audiencia del art. 308 del Código de rito reconoció haber estado en el momento del hecho, pero dijo que no tenía en su poder armas de fuego y que no efectuó ningún disparo. Destaca, además, que no se secuestró arma de fuego.
Por tales motivos, refiere que la conducta realizada se debe encuadrar en el art. 166 incs. 1 y 2 del Código Penal.
Luego, manifiesta que el elemento subjetivo del art. 80 inc. 7 del Código Penal debe demostrarse respecto de cada uno de los acusados en particular.
Por otro lado, sostiene que el art. 165 del Código Penal se aplica cuando "...el ladrón va decidido a violentar físicamente a sus víctimas y de dicha violencia ocasionalmente se provoca la muerte de alguien [...] El ladrón no tuvo el homicidio en los planes ya que éste sólo había considerado la voluntad de acudir a la violencia cuando fuese necesario y de ello resultó ocasionalmente la muerte de la persona violentada". En contraposición, en el art. 80 inc. 7 citado, el homicidio forma parte de los planes desde un primer momento.
Sostiene que es necesario comprender que "...existió un plan común de los autores en llevar a cabo un robo, mientras que por parte de las lesiones o tentativa de homicidio no existió una coautoría funcional".
Alega que, a tenor de las declaraciones citadas, los asaltantes, hasta no ver que Ortiz (la víctima) blandía un arma de fuego, no dispararon, "...dejando a las claras sus intenciones únicas de robar". Y que luego de "...haberse batido a duelo, los asaltantes desistieron de consumar el robo y se retiraron del lugar con el Sr. Buitrón al hombro. Elemento tal que hace presumir más fundadamente los extremos aquí vertidos".
En razón de lo expuesto, insiste en que no se configuraron los elementos subjetivos para reprocharle a Buitrón el homicidio criminis causa .
Refiere que tampoco existe certeza respecto a si su defendido tuvo o no dominio del hecho y si efectuó o no disparos contra la víctima pues no se realizó pericia de dermotest para evacuar si efectivamente existió deflagración de pólvora en su ropa.
I.2. Por otra parte, se agravia de la aplicación de las reglas del concurso real entre los delitos de robo agravado por el empleo de arma de fuego y homicidio criminis causa , ambos en grado de tentativa.
Asevera que Buitrón realizó dos conductas típicas y antijurídicas al mismo tiempo pues "...ambas conductas fueron desplegadas por el supuesto autor en principio en el mismo momento, tanto temporal como material y que efectivamente fueron simultáneos".
Agrega que una conducta comprende a la otra indefectiblemente, "...forman parte de un único e indisoluble escenario, llevándose a cabo conjuntamente". De modo que -a su entender- nunca podrían configurar un concurso real. Sí, en todo caso, podrían concursar de forma ideal, según solicita se aplique al caso.
Señala que si bien el Tribunal de Casación consideró que entre ambas figuras existe un concurso aparente en el que el homicidio criminis causa consume el robo calificado, sin embargo, rechazó el recurso en su totalidad.
I.3. Con relación a la aplicación de la figura del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa (conf. art. 166 inc. 2, Cód. Penal) manifiesta que no se probó debidamente.
"Si bien el hecho fue perpetrado aparentemente al menos con un arma, cuyo funcionamiento se presume por la herida de bala que posee la víctima [...] esa presunta arma no fue hallada hasta el momento" a lo que agrega que su defendido no la portó ni efectuó disparo alguno.
En función de ello, considera que debe aplicarse el art. 166 inc. 1 en grado de tentativa pues contempla las lesiones de los arts. 90 y 91 del Código de fondo, donde deben encuadrarse los daños en la salud sufridos por la víctima.
II. El señor Procurador General aconsejó desestimar el recurso. Coincido con lo así dictaminado.
III. El recurso es insuficiente en tanto la parte se limita a reeditar los planteos llevados ante el Tribunal de Casación sin hacerse cargo de lo efectivamente debatido y resuelto en el caso (conf. art. 495, CPP).
III.1. La denuncia de errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal no procede pues las alegaciones de la defensa no trascienden de un mero criterio divergente con lo decidido (conf. art. 495, cit.).
Veamos.
III.1.a. Frente a las mismas críticas, el Tribunal de Casación, mediante el voto en mayoría del señor juez Borinsky -a quien adhirió el señor juez Maidana- rechazó la impugnación y confirmó la aplicación del delito de homicidio criminis causa en grado de tentativa por estimar que se reunieron los requisitos objetivos y subjetivos de la figura en cuestión.
En lo que aquí importa, el señor juez Violini -a quien el señor juez Borinsky adhirió de manera parcial-, en primer lugar, recordó la materialidad ilícita que se tuvo por probada en el marco del procedimiento de juicio abreviado: "...el día 19 de marzo de 2021, siendo aproximadamente las 21:05 horas, en circunstancias en que Ortiz Roberto Carlos se disponía a ingresar a su domicilio sito en la calle Azurduy 3621 del barrio de San Carlos, localidad de Isidro Casanova, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, a bordo de su rodado tipo camioneta marca Volkswagen Amarok color blanca, fue interceptado por dos sujetos masculinos, quienes, previa división funcional de tareas y mediante intimidación con armas de fuego, intentaron desapoderar ilegítimamente de la unidad, siendo que, al no haber logrado el fin propuesto por la resistencia opuesta por la víctima, efectuaron varios disparos hacia su humanidad, no habiendo logrado su deceso por causas ajenas a su voluntad, toda vez que Ortiz fue trasladado de urgencia al Hospital Diego Paroissien de Isidro Casanova".
Luego de analizar la prueba con sustento en la cual se afirmó la coautoría de Buitrón en el hecho, sostuvo que "...independientemente de quien haya efectuado en el caso los disparos hacia la humanidad de la víctima, la totalidad del íter críminis debe ser puesta en cabeza del justiciable en tanto su intención fue conseguir el objetivo en la empresa común que se había emprendido".
De seguido, en cuanto a la configuración en el caso del elemento subjetivo distinto del dolo exigido por el art. 80 inc. 7 del Código Penal indicó que la "...diferencia entre el robo con homicidio y el homicidio criminis causae pasaría por la premeditación y su relación con el bien jurídico protegido en cada caso: si el autor, en forma reflexiva y meditada, se ha propuesto el homicidio como medio para ejecutar otro delito (que en puridad es lo que revela el desprecio por la vida humana y su sujeción a una ventaja de tipo patrimonial), estaremos en presencia de un homicidio agravado; si esta premeditación o planeamiento no existen, pese a matarse dolosamente, estaremos en presencia de un robo agravado".
Sentado ello, afirmó que "Los sujetos fueron armados con adminículos aptos y en condiciones de disparo y comenzaron ellos mismos el tiroteo que la víctima Ortiz repelió, con lo cual la preordenación, si bien súbita, puede darse por comprobada". Ello lo tuvo por acreditado con base en los dichos de Carolina Figueroa, del damnificado Roberto Ortiz y de su hija Ailen Yasmin Ortiz.
Agregó que la ultrafinalidad del art. 80 inc. 7 del Código Penal también se patentizó con "'...la arenga de seguir produciendo los tiros una vez comenzado el ataque, con lo cual la calificación surge como adecuada a derecho, amén de advertirse que el segundo aseguró ante el juez, y así fue receptado, que ambos perpetradores que lo abordaron portaban armas de fuego'".
En razón de ello, estimó que se demostró "...la ultraintencionalidad distinta del mero dolo de matar o del ánimo de robar objetos [...] en tanto se irrumpió mediante un modo y con elementos que demuestran la preordenación conexa al delito de robo, teniendo la decisión previa de utilizar el arma de fuego para matar a fin de facilitar o consumar la sustracción propuesta".
Por su parte, el señor juez Borinsky -a quien adhirió el señor juez Maidana-, se apartó del ministro Violini en cuanto a los fundamentos sobre los cuales tuvo por configurada la ultrafinalidad del homicidio criminis causa pues afirmó que no se exige premeditación.
Si bien coincidió con el juez ponente en cuanto a la aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal en grado de tentativa, dejó asentado que este delito "...no requiere preordenación". Agregó que "...los coautores del hecho, frente a la resistencia de la víctima, le efectuaron un disparo con las armas de fuego que portaban, el que impactó en el abdomen, requiriendo para salvar su vida una intervención quirúrgica, actuar revelador de un inequívoco dolo homicida vinculado subjetivamente con la sustracción referida. Ese plus intencional no necesariamente debe ser preordenado pudiendo surgir el designio motivante sin una previa reflexión, sino como una decisión adoptada en el desarrollo del hecho, que nace como una reacción homicida frente a la frustración del propósito del autor".
III.1.b. De lo expuesto se advierte que la defensa efectuó consideraciones dogmáticas respecto a la coautoría de Buitrón y a la configuración del elemento subjetivo del mentado art. 80 inc. 7, sin hacerse cargo de controvertir los sólidos argumentos en sentido contrario proporcionados por el tribunal revisor.
Para negar la coautoría funcional de su defendido insiste en que este no portó en el momento del hecho arma de fuego, no efectuó disparo alguno, no se secuestró el arma ni se hizo un dermotest. Sin embargo, no remueve lo expuesto por la Casación respecto a que, en función de las particulares características del hecho, entre los coautores existió un plan en común que no se limitó al robo, sino que incluyó también el homicidio, que quedó en tentativa. Al efecto, sostuvo que resultó indiferente que Buitrón haya portado o no un arma de fuego o que haya o no efectuado disparos, en tanto no viene controvertido que hubo un encuentro de disparos entre la víctima y los asaltantes, quedando acreditada la intervención de un arma de tales características por parte de estos con la lesión sufrida por la víctima cuando, además, Buitrón coparticipó en el sentido indicado en la ocasión.
Tampoco logra controvertir eficazmente los fundamentos del voto mayoritario en torno a la conexión ideológica entre el robo y la tentativa de homicidio. Sobre este aspecto, la parte se limita a insistir en que su asistido no portaba el arma y que existió un plan en común para robar, pero no incluyó premeditadamente el homicidio.
Tales consideraciones se desentienden del voto mayoritario que, en función de las particularidades del hecho que se tuvo por probado en la instancia, confirmó la conexión ideológica entre el robo y el homicidio y agregó que el homicidio criminis causa no exige premeditación. Sobre esto último, la defensa nada dijo, reeditando sin más las críticas llevadas en el recurso casatorio.
Cabe destacar que el temperamento adoptado por el voto mayoritario, se corresponde con la doctrina de esta Suprema Corte en casos análogos al presente.
En efecto, este Tribunal tiene dicho que para que resulte aplicable la figura del art. 80 inc. 7 del Código Penal no se exige "...ni expresa ni implícitamente, que el elemento subjetivo del tipo deba concurrir antes de iniciarse la ejecución del otro delito" (conf. causas P. 106.440, sent. de 31-X-2012; P. 113.545, sent. de 19-XII-2012; P. 111.820, sent. de 31-VII-2013; P. 121.266, sent. de 17-V-2017; P. 127.696, sent. de 14-VI-2017; P. 126.638, sent. de 25-X-2017; P. 122.106, sent. de 7-III-2018; P. 132.303, cit.; P. 132.776, sent. de 8-IV-2021; P. 134.545, sent. de 6-XII-2021; e.o.).
En definitiva, como lo puso en evidencia el Tribunal de Casación al confirmar el fallo de mérito, el contexto en el que se desarrollaron los hechos, permitieron afirmar con certeza positiva, tanto al órgano de mérito como al Tribunal de Alzada, que el homicidio tuvo la ultrafinalidad de lograr la consumación del robo.
III.2. Igual suerte corresponde al planteo de errónea aplicación del art. 55 del Código Penal.
III.2.a. De la lectura del fallo de casación se advierte que el señor juez Violini, en minoría, sostuvo que entre el homicidio criminis causa y el robo agravado existe un concurso aparente de figuras en tanto la primera consume a la segunda. Concluyó que sostener lo contrario viola la garantía contra el ne bis in idem .
Por el contrario, el voto en mayoría del señor juez Borinsky -a quien adhirió el señor juez Maidana- consideró acertada la aplicación del art. 55 citado por estimar que concurren dos hechos independientes entre sí "...cuya vinculación se da por la ultra finalidad de los imputados: matar para consumar el robo".
III.2.b. Frente a ello, la defensa reitera idénticas críticas a las llevadas en el recurso de casación, técnica ineficaz para cambiar la suerte de lo resuelto (conf. art. 495, cit.).
En tal sentido, la única manifestación que efectúa la defensa particular vinculada con el fallo de casación da cuenta de una interpretación desacertada de aquel en tanto cuestiona que, si bien el Tribunal de Alzada afirmó que existió un concurso aparente de leyes, se rechazó la impugnación enderezada a la aplicación del art. 54 del Código Penal. Tal manifestación soslaya que la postura expuesta por el señor juez Violini quedó en minoría (v. punto III.2.a.).
En definitiva, una vez más la parte se desentiende de lo resuelto y se limita a formular distintas consideraciones dogmáticas sobre el tema, pero sin brindar una vinculación con las particulares circunstancias de la causa a fin de avalar su postura de que se trató de un hecho "único". Es decir, sus argumentos no pasan de ser una oposición personal divergente a la del voto mayoritario de la Casación. Por tal déficit, no logra justificar la errónea aplicación de la ley sustantiva que pregona. Pues, el tribunal recurrido a partir de la descripción de la materialidad ilícita antes reseñada, no obstante la proximidad temporal y espacial entre los hechos señalada por el recurrente, concluyó que se trataba de dos hechos independientes, tal como lo requiere el art. 55 del Código Penal, y no de una misma unidad fáctica como pretende la defensa (conf. causa P. 130.761, sent. de 20-II-2019, conf. voto del señor Juez Negri al que adherí).
III.3. Finalmente, los embates vinculados a la errónea aplicación del art. 166 inc. 2 del Código Penal y al pedido de aplicación del art. 166 inc. 1, sin perjuicio de lo ya dicho, son una réplica textual del recurso de casación, lo que deviene ineficaz para conmover lo actuado (conf. art. 495, cit.).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por el defensor particular en favor de José Enrique Buitrón, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Se regulan los honorarios profesionales del doctor Francisco Manuel Aguirre en veinticuatro (24) jus por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/09/2024 12:23:18 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/09/2024 17:24:46 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/09/2024 09:02:21 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2024 11:26:25 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2024 11:29:30 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 20/09/2024 11:55:24 hs. bajo el número RS-164-2024 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia