Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 139112
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la defensa oficial de F. D. A. y se revoca la decisión del Tribunal de Casación en cuanto dispuso la comunicación de la sentencia de condena y del cómputo de pena del nombrado al Registro Nacional de Reincidencia (art. 496, Cód. cit.).
Asimismo, por intermedio de quien corresponda, se deberá poner en conocimiento del Registro de Procesos del Niño el fallo de condena y el respectivo cómputo de pena de A.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 139.112, "A., F. D. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 122.647 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante sentencia dictada el 7 de marzo de 2023, hizo lugar al recurso de la especialidad presentado por el fiscal, doctor Marcelo Javier Tonelli, contra la sentencia de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías de San Martín que, por mayoría, confirmó el auto del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 2 que desestimó el pedido del Ministerio Público Fiscal de comunicar al Registro Nacional de Reincidencia la condena recaída oportunamente sobre F. D. A. y su correspondiente cómputo.
En consecuencia, el Tribunal de Casación ordenó al citado Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil que libre oficio al Registro Nacional de Reincidencia informando la condena impuesta a., y su correspondiente cómputo, debiendo agregar "...la prohibición de ser informado ello a particulares, limitando el suministro de es[a] información a las autoridades judiciales y/o policiales que las requieran".
Contra lo así decidido, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Nicolás Agustín Blanco, presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
La instancia anterior, mediante resolución de fecha 28 de abril de 2023, declaró admisible el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La defensa oficial en el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley denuncia que el Tribunal de Casación, al ordenar la comunicación de los antecedentes del joven A. al Registro Nacional de Reincidencia, inobservó precedentes de la Corte provincial y de la Corte nacional (conf. causas "R., B.S. y otros s/ incidente Tutelar", sent. de 22-XII-2005; "Ruiz", sent. de 23-VIII-2016, CSJN y causas P. 114.313; P. 114.153; P. 114.155; P. 115.571; P. 114.583; P. 115.303; P. 128.517; e.o., SCBA).
Asimismo, alega que la decisión en crisis puso en tensión la ley 22.117 con la Convención sobre los Derechos del Niño, desnaturalizando la finalidad del fuero de responsabilidad penal juvenil en tanto la ley 22.117, no se adapta a los estándares específicos del fuero.
Agregó que "El criterio de la Sala IV del TCP ignora directamente las disposiciones legales que regulan el tema, construyendo un criterio que no solo restringe derechos especialmente reconocidos del joven imputado sino que además, no fundamenta la afectación que para el ministerio público ocasiona la no comunicación al Registro Nacional de Reincidencia. El fallo se encuentra por debajo de los estándares especiales que rigen este fuero (conforme arts. 3, 12, 37 y 40 CDN, Reglas de Beijing, Fallo ‘Maldonado’ CSJN y caso ‘Mendoza vs. Argentina’ Corte IDH)".
Destacó que en el presente caso a su asistido se le siguió un proceso en el marco de la ley 22.278 y de la ley 13.634, por un hecho que se le atribuyó durante su minoría de edad. Destacó que la Corte de la Nación "...fue contundente al remarcar que las normas y principios que rigen en este Fuero de especial protección a los jóvenes, se aplican en la ejecución de la condena impuesta por los jueces especializados independientemente de la edad y hasta la finalización de la causa. Así, en el caso ‘Ruiz’ sentó postura en cuanto al ámbito temporal de aplicación del bloque normativo penal juvenil cuando los jóvenes alcanzan la mayoría de edad durante el trámite o en la ejecución de la pena si fueron juzgados por hechos cometidos entre los 16 y los 18 años".
De seguido, refiere que el Tribunal de Alzada no resguardó el "interés superior del niño" (conf. art. 3.3., CDN) al disponer el asiento de los antecedentes de su asistido en un registro que no protege las garantías específicas del fuero (conf. jurisprudencia cit.).
Puntualiza que "Las comunicaciones previstas en el art. 2 de la Ley 22.117, son improcedentes en causas del proceso penal juvenil, las cuales solo cuentan con el Registro de Procesos del Niño (arts. 3, 4 y 40 de la CDN, 51 de la ley 13.634 art. 8 del Reglamento del Registro de Procesos del Niño, Res. 3889/08 SCBA)".
A mayor abundamiento, resalta que, en los procesos del fuero de responsabilidad penal juvenil, se pretende limitar el principio de publicidad y garantizar la confidencialidad en miras a evitar la estigmatización que trae aparejado todo procedimiento penal (conf. arts. 8.5, CADH; 14.1, PIDCP y 40.2, CDN).
Por todo lo expuesto, solicita se deje sin efecto el fallo en crisis y se mantenga la prohibición de comunicación al Registro Nacional de Reincidencia dispuesta en la instancia departamental.
II. La Procuración General aconsejó rechazar la impugnación. No coincido.
III. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley procede (conf. art. 496, CPP).
III.1. De la lectura del fallo en crisis se desprende que la Casación resolvió informar al Registro Nacional de Reincidencia la condena y el correspondiente cómputo de pena de A. por estimar que "...el presupuesto fáctico del sistema de la justicia penal juvenil ha desaparecido, dado que el condenado ya no es más un menor de edad, sino un adulto, pasando de la infancia a la adultez con todas las consecuencias que ello implica. Ergo, resulta un contrasentido que se aplique para un adulto preceptos que están reservados a los menores de edad, tales como en lo que respecta a los fines de la pena" (conf. arts. 37 y 40, CDN; 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 5, Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores; 68 a 85, ley 13.634 y ley 13.298).
Por otra parte, aclaró que los fines de resocialización y recuperación de los jóvenes que deben guiar las penas en el fuero de la especialidad, coincide con la finalidad de las penas de los adultos (conf. art. 1, ley 24.660).
En función del deber de confidencialidad que surge de la Regla 21 de Beijing, lo que se comunique al Registro Nacional de Reincidencia estará excluido "...de los informes requeridos en los supuestos previstos en el inciso f) del art. 8 de la ley 22.117".
Finalmente, destacó que, si bien no desconoce lo resuelto por esta Suprema Corte de Justicia en los fallos P. 114.155 y P. 114.312 "...la interpretación que formul[a] resulta novedosa frente a la postura cimentada por el Superior. Además de ello, entiendo que no puede darse supremacía legal a los textos de la ley provincial 13.634 que supere a su par nacional 22.117 desde que la segunda, por el orden de prelación legislativa, debe imperar sobre la primera, la que debe entenderse como complementaria instalando un nuevo Registro que no suprima ni suplante al nacional, sino que lo suma, llevando cuenta de los procesos por hechos delictuosos cometidos por personas menores de edad (art. 51)".
III.2. Como lo solicita la defensa oficial, corresponde aplicar al caso lo resuelto por este Tribunal en la causa P. 114.313 (resol. de 30-III-2016), donde a raíz de lo fallado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el expediente "R., B. S. y otros s/ Incidente tutelar" (sent. de 22-XII-2015, CSJN), se decidió revocar la decisión que había confirmado la comunicación de la resolución por la que no se aplicó sanción a los menores al Registro Nacional de Reincidencia.
Además, dicho temperamento fue reafirmado en numerosos pronunciamientos posteriores en casos análogos al presente, sin que los argumentos expuestos por el Tribunal de Alzada resulten eficaces para conmoverlo (P. 114.153, resol. de 4-V-2016; P. 114.155, resol. de 15-VI-2016; P. 115.571, resol. de 17-VIII-2016; P. 114.583, resol. de 5-X-2016; P. 115.303, resol. de 8-III-2017; P. 128.517, resol. de 31-V-2017; e.o.).
En efecto, más allá de que la información fruto de la comunicación ordenada al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal carezca de relevancia para la declaración de reincidencia (arts. 50, Cód. Penal y 5, ley 22.278), la decisión impugnada —contrariamente a lo sostenido por la Casación— no permite resguardar el régimen diferenciado que poseen menores con relación a los adultos así como tampoco las garantías especiales que en materia de registro de información imponen al Estado argentino los tratados internacionales incorporados a nuestra Constitución respecto de niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal (arts. 75 inc. 22, Const. nac.; 3 y 40, CDN).
Tal como se puntualiza en el recurso bajo estudio, el "interés superior del niño" y el derecho a la intimidad alcanzan especial relieve para asegurar la reserva y confidencialidad de los datos vinculados con los procesos que involucran a este especial colectivo y tienden a resguardar los postulados rectores del régimen de responsabilidad penal juvenil con marcada orientación hacia la restricción de los efectos estigmatizantes del proceso penal y a la reinserción social (arts. 1, 2 y 4, ley 22.278).
Frente a ello, los argumentos desarrollados en el fallo en crisis no resultan suficientes para cambiar la suerte de lo decidido ni aportan argumentos novedosos eficaces para conmover el consolidado criterio de esta Suprema Corte en casos análogos al presente (conf. jurisprudencia cit.).
Finalmente, cabe recordar que la Provincia de Buenos Aires posee un registro específico, el Registro de Procesos del Niño, que tiene por finalidad la centralización de toda la información de las causas que tramitan ante el fuero de responsabilidad penal juvenil, a cuya entidad —por intermedio de quien corresponda— debe ponerse en conocimiento el fallo y respectivo cómputo de pena del joven A. (art. 51, ley 13.634 y resol. 3.889/08, SCBA).
En consecuencia, se acoge el recurso y se revoca la decisión de Casación en cuanto dispuso la comunicación de la sentencia de condena y del cómputo al Registro Nacional de Reincidencia (art. 496, Cód. cit.).
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la defensa oficial de F. D. A. y se revoca la decisión del Tribunal de Casación en cuanto dispuso la comunicación de la sentencia de condena y del cómputo de pena del nombrado al Registro Nacional de Reincidencia (art. 496, Cód. cit.).
Asimismo, por intermedio de quien corresponda, se deberá poner en conocimiento del Registro de Procesos del Niño el fallo de condena y el respectivo cómputo de pena de A.
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/11/2024 08:57:26 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/11/2024 10:36:17 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/11/2024 10:48:41 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/11/2024 11:55:40 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/11/2024 11:57:52 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia