Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138000
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.000, "Farías, Guillermo Raúl s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 115.038 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, el día 30 de junio de 2022, rechazó el recurso de la especialidad presentado por el señor defensor oficial de Guillermo Raúl Farías contra la sentencia recaída en el marco de un procedimiento de juicio por jurados, presidio por la señora jueza Irigoyen Testa, miembro integrante del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Necochea, que condenó al imputado a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio triplemente agravado por el vínculo preexistente, por mediar violencia de género (femicidio) y por el uso de arma de fuego (hecho 1) en concurso real con abuso de armas (hecho 2).
Contra dicho pronunciamiento, el señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
El Tribunal de Alzada, mediante resolución de fecha 8 de noviembre de 2022, declaró admisible la impugnación por estimar que la denuncia de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua cuenta con la suficiencia necesaria para superar la etapa de admisibilidad.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Teniendo en consideración el alcance con el que se admitió la impugnación, se reseñará únicamente el agravio vinculado a la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua.
Sentado lo anterior, la defensa oficial denuncia que la condena impuesta a su defendido "...constituye una pena a perpetuidad efectiva, como consecuencia de la aplicación de los artículos 13 y 80 incisos 1º y 11º del Código Penal, ello conjugado con la edad que tiene el imputado (46 años a la fecha de interposición del recurso de casación), lo que contraría el fin resocializador de las penas privativas de la libertad, y vulnera la prohibición de imponer penas crueles, inhumanas y degradantes -arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N y 5.2 y 5.6 de la CADH-".
Afirma que la pena de prisión perpetua incumple con el mandato resocializador de las penas privativas de libertad, con el principio de culpabilidad e importa la imposición de una pena cruel o infamante, ya que por la conjunción de los arts. 80 (incs. 1 y 11), 13 y 14 del Código Penal, más la circunstancia de tener Farías cuarenta y seis años de edad, el mismo fue condenado "...a pasar el resto de su vida en prisión...", lo que implica, en definitiva, la violación del derecho a la vida (art. 4.1, CADH).
De seguido, tilda de arbitrario el fallo en cuanto indicó que su asistido cuenta con la posibilidad de acceder a la libertad condicional cuando el art. 14 del Código Penal lo prohíbe en este tipo de delitos. Sin perjuicio de ello, argumentó que "...una persona de cuarenta y seis años, tendría la posibilidad de obtener la libertad, eventualmente, a los ochenta y un años, lo cual equivale a reconocer que Farías nunca tendrá la posibilidad de retornar al medio libre, y esa eventual posibilidad fue uno de los argumentos centrales en los que se basó el fallo impugnado para rechazar el recurso de casación".
Insiste en que "...la aplicación en el caso concreto del código penal (arts. 80 incs. 1º y 11º, Cód. Penal, en conjunción con los arts. 13 y 14 del mismo cuerpo normativo) a una persona de cuarenta y seis años de edad, transgrede normas de rango superior, de carácter constitucional y convencional" (conf. normas citadas).
I.1. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto sostiene que su defendido, "...podría acceder a la libertad condicional, eventualmente, a partir de los ochenta años, con lo cual, teniendo en consideración la expectativa de vida de una persona en nuestro país, máxime en el ámbito carcelario donde las mismas disminuyen considerablemente siendo ello un hecho notorio, la pena impuesta es efectivamente perpetua". Ello quebranta el derecho a la vida consagrado en el art. 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En su apoyo, cita jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vinculada al derecho a la vida no sólo desde el punto de vista biológico sino como la posibilidad de "...desarrollar o continuar un proyecto de vida".
Estima que "[e]xiste pues una vinculación entre el derecho a una vida digna y el resguardo que debe poseer toda persona privada de su libertad contra la tortura o trato cruel inhumano o degradante, enunciado en el artículo 5.2 de la Convención Americana".
Resalta que la situación de privación de libertad hasta los últimos días de la vida de su asistido, se resiente aún más en virtud de "...la realidad carcelaria argentina y, específicamente, la de la provincia de Buenos Aires" (conf. Comunicado de Prensa n° 64/10 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; CIDH caso Lori Berenson Mejías vs. Perú; e.o.).
Afirma que la afectación del derecho a la vida que ocasiona el encierro a perpetuidad, convierte a la sanción penal en una verdadera "pena de muerte" (conf. CIDH caso Hilaire, Constantine y Benjamín y otros vs. Trinidad y Tobago).
Concluye que, por lo dicho, se viola la prohibición de imponer una pena de muerte (conf. arts. 1, 2 y 4 inc. 3, CADH).
I.2. En lo que respecta a la violación del art. 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, manifiesta que la pena de prisión perpetua conlleva el encierro de por vida de Farías, transformándose en una "pena de eliminación social" mediante la cual su defendido es apartado para siempre de la sociedad (conf. arts. 18, Const. nac.; 5.6, CADH; 10.3, PIDCP y 80, 13 y 14, Cód. Penal).
Concluye que ello viola el derecho a la dignidad personal y el fin resocializador de las penas (art. 5.6, CADH).
I.3. A su vez, alega que la pena impuesta es cruel, inhumana y degradante en tanto implica "...una tortura en la psiquis" pues tiene la certeza de que no recuperará jamás su libertad (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.). En su apoyo, cita el fallo "Giménez Ibáñez" de la Corte nacional.
I.4. Finalmente, sostiene que el planteo es actual toda vez que la propia sentencia condenatoria es la que frustra el derecho a la vida, a la dignidad y a la integridad de su asistido (conf. arts. 4.1 y 5.6, CADH), pues manda a cumplir la totalidad de la pena en encierro impidiendo la posibilidad de acceder a la libertad.
Aclara que si se sostuviera que los agravios son prematuros "...no habría certeza en punto a cuándo correspondería solicitar la libertad del imputado -con los pedidos de inconstitucionalidad que pudieran corresponder-. Luego, debe paralelamente admitirse que, independientemente del momento en que corresponda efectuar dicha petición -verbigracia treinta y cinco años-, si se esperase hasta dicha oportunidad [su] asistido para entonces habrá cumplido ya el lapso temporal exigido para acceder a la libertad condicional; de modo que obligarlo a solicitar su libertad sólo en esa oportunidad implica constreñirlo a continuar cumpliendo pena en encierro mientras la inconstitucionalidad de la pena impuesta se debate".
II. El señor Procurador General aconsejó rechazar la impugnación. Coincido con lo dictaminado.
III. El recurso es insuficiente (conf. art. 495, CPP).
Resulta pertinente hacer una breve reseña de hitos relevantes del caso:
III.1. Frente al planteo de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua formulado por la defensa oficial en la audiencia de cesura de juicio, la señora jueza técnica que presidió el juicio por jurados, en primer lugar, señaló que la defensa pretendió sustentar su reclamo en la afectación de los principios de culpabilidad, división de poderes, legalidad, resocialización y prohibición de imposición de penas crueles, inhumanas y degradantes.
De seguido, indicó que la fiscalía alegó que dicha sanción no es realmente perpetua pues la parte cuenta con la posibilidad de solicitar la libertad condicional luego de cumplir los treinta y cinco años de encierro por lo que solicitó el rechazo del planteo.
Frente a ello, la señora jueza técnica, en primer lugar, recordó que la declaración de inconstitucionalidad de leyes es un recurso de última ratio y que debe aplicarse de manera restrictiva.
De seguido, afirmó que "...las pretensas y posibles consecuencias disvaliosas y contradictorias con postulados constitucionales [...] no se verificarían en es[e] momento procesal de la imposición de la pena indivisible". En tal sentido, explicó que el plazo ampliado para pedir la libertad condicional, luego de las reformas del año 2004, recién podría cuestionarse "...al momento en que el condenado se encuentre en las originales condiciones" de requerirla, de igual manera en lo que respecta a las salidas transitorias.
En razón de ello, estimó que "...lo que [...] podría eventualmente ser materia de cuestionamiento sería potencialmente la Ley 25.892 y ley provincial 13.177 que modificaron el régimen de libertad condicional y de salidas transitorias, y no el del instituto de la prisión perpetua en sí mismo, constitucionalmente concebido como finito y limitado en el tiempo al momento de su ejecución".
Luego, descartó la violación del principio constitucional de separación de poderes, por considerar que la sanción seleccionada por el Congreso guarda razonabilidad con la gravedad de los hechos y de los bienes jurídicos afectados. En tal sentido, recordó que "...Guillermo Raúl Farías mata a la mujer con quien tuvo una relación afectiva de pareja por años; Guillermo Raúl Farías mata siendo hombre y mediando violencia de género, lo que ubica a la víctima mujer Natalia Bandiera en una situación de degradación y desequilibrio que la hace especialmente vulnerable; Guillermo Raúl Farías mata usando un arma de fuego y descerraja sobre quien fuera su pareja al menos cuatro disparos, el primero a quemarropa apoyando el cañón contra el tórax de Natalia, y el último rematándola en la sien cuando se hallaba caída en el suelo, indefensa, todo en presencia de su hija Emma y su sobrina, ambas menores de edad".
Resaltó que tampoco se quebrantó el "...el principio de legalidad y el mandato de determinación. El límite máximo de la pena de prisión perpetua es de 50 años como toda pena de prisión, según la interpretación sistemática. Es un tiempo importante. Es la contracara de un acto culpable de matar a su expareja en las circunstancias que acabo de mencionar".
A la par, agregó que "No incumple el mandato de resocialización, pues la reforma, readaptación, resocialización, depende de la voluntaria decisión del condenado y es función del Estado arbitrar todos los medios necesarios para lograr esa finalidad; ya que todo condenado a pena privativa de la libertad cuenta con la posibilidad de recuperarla. Además, no se trata de una pena cruel, inhumana ni degradante prohibida por nuestra legislación, por cuanto Guillermo Farías, contará en la ejecución de su pena de prisión, con los institutos que necesite en su calidad de persona detenida en un estado de derecho, en absoluto respeto de sus derechos humanos. En ese sentido, la imposición de pena de prisión perpetua, en modo alguno excluye el resguardo absoluto de los derechos de Farías en su calidad de detenido, lo que además se ve garantizado por la ejecución penal a cargo del poder judicial. A mayor abundamiento, este tipo de pena de prisión está admitida en los tratados internacionales de derechos humanos".
Una vez más, resaltó las particulares características del caso y afirmó que la sanción es respetuosa de las garantías constitucionales que la parte dice afectadas. En tal sentido, afirmó que "...la conducta femicida y el grado de culpabilidad en concreto de Guillermo Raúl Farías al matar a Natalia Bandiera se condice plenamente con la pena de prisión perpetua, por ello no contraría el principio de igualdad, culpabilidad, ni proporcionalidad. La acción de matar de Guillermo Raúl Farías a Natalia Bandiera tal como resultara probada en el juicio oral, se despliega luego de haber mantenido víctima y victimario una relación de pareja con convivencia por espacio de diez años de duración, en la cual el imputado había actuado como padre de los hijos menores de la mujer. Esta relación fue absolutamente signada por la violencia de género. Se ha escuchado la voz de la víctima Natalia Bandiera a partir de los desgarradores audios reproducidos en la sala de debate oral, cuando ella, pidiéndole clemencia a su verdugo Farías, le decía 'HACE 10 AÑOS QUE ME ENCIERRO A LLORAR ROGANDO QUE NO ME HAGAS NADA, COMO CUANDO ME SACASTE EL DEDO; CUANDO ME DISLOCASTE EL CODO, CUANDO ME DESFIGURASTE LA CARA, CUANDO ME DESVANECÍ PORQUE ME QUISISTE AHOGAR'" (el destacado figura en el original).
En función de todo lo expuesto, rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua.
III.2. Por su parte, la Casación afirmó que las alegaciones de la parte configuran una reedición de las formuladas en primera instancia y, como tales, resultan ineficaces para remover los argumentos del fallo de mérito.
De seguido, recordó que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto normativo constituye un último recurso y rechazó que se haya quebrantado el principio constitucional de división de poderes.
Con dicho marco, afirmó que -contrariamente a lo sostenido por la defensa- la pena impuesta no transgrede el contenido de los arts. 16, 28 y 31 de la Constitución nacional. En tal sentido, luego de citar doctrina, indicó que "...la perpetuidad de las penas de encierro no es absoluta. Su imposición involucra la posibilidad de que duren y permanezcan para siempre, pero la admisibilidad de la libertad condicional puede limitar esa duración [...] actualmente a treinta y cinco años".
Agregó que de los tratados internacionales incorporados a la Constitución (conf. art. 75 inc. 22, Const. nac.) no surge que la pena de prisión perpetua sea incompatible con éstos siempre que se cumpla con "...el recaudo de brindar una potencial soltura [...] y siempre que se respete -al igual que en el caso de aquellas temporalmente determinadas- la integridad de la persona condenada" (conf. arts. 5, CADH; 5, DUDH; 7 y 10, PIDCP; 11 y 16, Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes). En su apoyo, citó jurisprudencia.
Señaló, además, que las penas a prisión perpetua tampoco impiden la resocialización del condenado (conf. art. 1, ley 24.660). Así las cosas, se desprende que durante el tiempo en que el condenado permanezca privado de su libertad, es función del Estado arbitrar todos los medios necesarios para lograr esa finalidad, ya que todo condenado a pena privativa de la libertad cuenta con la posibilidad de recuperarla.
Agregó que tampoco quebranta la finalidad de "...reforma y readaptación social del condenado" (conf. arts. 5 inc. 6, PIDCP y 10 inc. 3, PIDCP) "... siempre y cuando se les conceda a los condenados, a su debido momento, la oportunidad de retornar al medio libre".
IV. Como se adelantó, el recurso no puede prosperar (conf. art. 495, CPP).
IV.1. Más allá de las consideraciones que cabría formular, lo cierto es que de los antecedentes del caso reseñados en los puntos III.1. y III.2. se desprende que, según el órgano de mérito, la pena de prisión perpetua tiene como límite máximo los cincuenta años de prisión. A lo que adicionó que, en razón del plazo ampliado de treinta y cinco años para poder solicitar la libertad condicional (art. 13, Cód. Penal), recién podría cuestionarse en el momento de requerirla, de igual manera en lo que respecta a las salidas transitorias. Esto, sin ninguna consideración sobre los alcances del art. 14 del citado cuerpo de leyes sobre el cual -cabe realzar- no hubo pronunciamiento.
Contra tales determinaciones únicamente presentó recurso la defensa oficial de Farías insistiendo en la declaración de inconstitucionalidad de la pena a perpetuidad.
Por ello, sin perjuicio de las consideraciones que cabría formular sobre la fijación del tope máximo de la prisión perpetua en cincuenta años de prisión (arg. art. 435, CPP), la instancia quedó franqueada para abordar el tantas veces mentado caso de constitucionalidad.
IV.2. Así las cosas, el señor defensor introdujo recién en el carril extraordinario el argumento relativo a que la pena impuesta viola el derecho a la vida (conf. art. 4.1., CADH), con énfasis en su agravamiento debido a la situación carcelaria de la Provincia de Buenos Aires.
Con ese matiz discursivo no fue llevado a conocimiento del Tribunal de Casación. En tal ocasión, el planteo de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua se fundó primordialmente en la violación de los principios constitucionales de culpabilidad, división de poderes, legalidad, resocialización y prohibición de penas crueles, inhumanas y degradantes.
En definitiva, dicho argumento obedece a una reflexión tardía que torna inadmisible su tratamiento en esta instancia, en tanto no responde a un agravio vinculado a un pronunciamiento previo sobre el punto (conf. art. 451, CPP).
IV.3. Las alegaciones del recurrente vinculadas a que la pena de prisión perpetua viola el principio de culpabilidad, incumple con los fines de resocialización y se transformaría en una pena cruel, inhumana y degradante, resultan completamente genéricas y dogmáticas sin un concreto anclaje en las particulares características del caso ni se hacen cargo de lo efectivamente resuelto en las instancias jurisdiccionales previas.
En efecto, el fallo de mérito confirmado por la Casación, fijó el límite temporal de la pena de prisión perpetua en cincuenta años y se ponderó que el encausado contaría eventualmente con la posibilidad de solicitar el acceso a la libertad condicional una vez cumplidos los treinta y cinco años de encierro que fija como recaudo temporal el art. 13 del Código Penal. Además, el órgano de mérito fue categórico al sostener que, debido a la gravedad del delito cometido, a la brutal situación de violencia sufrida por la mujer víctima de autos en el marco de lo que fue su relación de pareja con el imputado, agudizados luego de su separación, situación en la que se vieron afectados niños menores de edad, la pena prevista por el legislador para este homicidio triplemente agravado resulta respetuosa de los principios de culpabilidad y proporcionalidad. Sobre esto la parte no hizo ni siquiera una mínima consideración más allá de su alegación dogmática de la violación del principio de culpabilidad.
En definitiva, el señor defensor oficial, más allá de la referencia a la edad de su asistido, desprovista de otro sustento argumental, no se hizo cargo de analizar las particularidades del caso para así demostrar por qué motivo la pena impuesta resultaba violatoria de los principios constitucionales alegados.
V. En suma, las críticas desarrolladas por la parte aparecen limitadas a esgrimir una opinión discrepante en orden a la imposición de la sanción perpetua, y a denunciar una supuesta violación a distintos principios y garantías constitucionales y convencionales de manera genérica y dogmática, de allí la insuficiencia recursiva (conf. causa P. 136.193, sent. de 5-IV-2023, mutatis mutandi; art. 495, cit.).
Por lo demás, según arraigada doctrina de la Corte federal -también invocada en el fallo en crisis- la declaración de inconstitucionalidad de las leyes es la más delicada de las funciones que c
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