Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138877
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.877, "Maidana, Ricardo Alejandro s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 34.216 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Kohan.
El Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Mercedes, por sentencia del día 5 de mayo de 2008, respecto del hecho correspondiente a la IPP 79.292 -acaecido el día 1 de marzo de 2002, que tuvo por víctima a Liliana Inés Muscagorry- dictó veredicto absolutorio respecto de Ricardo Alejandro Maidana con relación al delito de violación sexual agravada en grado de tentativa que fue materia de acusación fiscal (arts. 42 y 119 párrs. primero, tercero y cuarto inc. "d", Cód. Penal), y al decaer ese antecedente constitutivo de la causa por el cual se lo acusaba del homicidio calificado previsto en el art. 80 inc. 7 del Código Penal, lo condenó en calidad de autor por el delito de homicidio simple (art. 79, Cód. Penal), en concurso real con el delito de hurto calificado de mercadería en tránsito, también en calidad de autor, por el hecho que tuvo lugar el día 26 de febrero de 2002 en perjuicio de Néstor Fabián Babich -correspondiente a la IPP 79.284-, por los que le impuso la pena de diecinueve años de prisión, accesorias legales y costas.
Frente a ese pronunciamiento presentaron recurso de casación tanto la defensa oficial, cuestionando primordialmente la autoría responsable establecida respecto de Maidana en relación con el hecho de la IPP 79.292, así como lo concerniente a las pautas de mensura para la determinación de la pena (legajo 34.216), como el representante fiscal, que se alzó contra el veredicto absolutorio referido al ataque sexual tentado y la consecuente figura de homicidio establecida en relación con el mismo hecho de la IPP 79.292 (legajo 34.415).
La Sala I del Tribunal de Casación Penal -integrada por los doctores Piombo, Natiello y Sal Llargués-, mediante el pronunciamiento dictado el día 11 de junio de 2010, hizo lugar al recurso homónimo interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y -en forma parcial- al de la defensa oficial de Ricardo Alejandro Maidana. En consecuencia, casó el fallo y subsumió el hecho que tuvo por víctima a Liliana Inés Muscagorry en la figura del homicidio calificado criminis causae -sobre lo cual señaló: "[r]especto del ataque a la integridad sexual habida cuenta la imposibilidad de establecer en qué momento del iter criminis sobrevino el ataque a la vida, cabe tenerlo por subsumido en el homicidio aludido"; ello en concurso real con el hurto calificado por el que venía condenado. A su vez, descartó como pautas agravantes de la pena la intensidad del injusto, la no recuperación de lo sustraído y el daño material y moral causado; y, finalmente, condenó a Maidana a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, manteniendo intactas el resto de las declaraciones contenidas en el fallo.
Contra dicha sentencia el señor defensor oficial ante aquella instancia dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue desestimado por la Suprema Corte por extemporáneo (v. resol. de 30-X-2013, causa P. 114.034). Interpuesto contra ello recurso extraordinario federal, este Tribunal también lo denegó por inadmisible (v. resol. de 15-XI-2016).
Deducida queja por denegatoria de recurso federal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por sentencia del día 24 de mayo de 2022, declaró procedente el recurso extraordinario, dejó sin efecto la sentencia de esta Suprema Corte y devolvió las actuaciones para el dictado de un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo allí decidido (expte. CSJ 364/2017/RH1).
Reingresadas las actuaciones a este Tribunal, por resolución del día 30 de junio de 2022, se tuvo por temporáneo el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado en su momento por la defensa, y se aplicó al caso lo resuelto en la causa P. 108.199 (resol. de 24-VI-2015), donde a raíz de lo fallado por la Corte nacional en el expediente "Carrascosa, Carlos Alberto s/ recurso de casación", C. 382. XLIX (sent. de 27-XI-2014), se decidió que una nueva Sala del Tribunal de Casación debía ser la que llevara a cabo la revisión integral de la primera sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Alzada; por lo que se ordenó remitir la causa a la presidencia de ese órgano para que designase los jueces hábiles integrantes de la nueva Sala encargada de llevar a cabo -a la mayor brevedad posible y con la urgencia que el caso reclamaba- la revisión integral de la sentencia dictada por la Sala I, que condenó a Ricardo Alejandro Maidana a la pena de prisión perpetua por considerarlo autor del delito de homicidio calificado criminis causae (IPP 79.292), en concurso real con hurto calificado de mercadería transportada (IPP 79.284).
Corrida la pertinente vista, la señora defensora oficial adjunta interinamente a cargo de la Defensoría de Casación Penal, doctora Ana Julia Biasotti, presentó recurso contra la sentencia de la Sala I (conf. arts. 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP; v. presentación digital de 6 de octubre de 2022).
Ello así, la Sala II de ese órgano, por sentencia de 23 de marzo de 2023, hizo lugar parcialmente al recurso interpuesto y reenvió las actuaciones al tribunal de origen a fin de que, de conformidad con los lineamientos fijados y el criterio sentado por la Corte Suprema en el fallo "Farina, Haydée Susana s/ homicidio culposo", se pronunciase acerca de la vigencia de la acción penal correspondiente al delito de hurto calificado (art. 163 inc. 3, Cód. Penal), de manera tal de posibilitar y garantizar -a todo evento- la instancia recursiva. Asimismo, rechazó por improcedentes los restantes motivos de agravio.
El Tribunal en lo Criminal n° 1 de Mercedes declaró la prescripción de la acción penal en orden al delito de hurto calificado de mercadería transportada y, en consecuencia, dispuso el sobreseimiento de Ricardo Alejandro Maidana a su respecto.
Seguidamente, el órgano casatorio corrió la pertinente vista a la defensa oficial, que había efectuado oportuna reserva de recurrir ante la Suprema Corte los aspectos no alcanzados por el reenvío.
Así, la doctora Biasotti interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el cual fue concedido por el tribunal intermedio por resolución del día 4 de mayo de 2023.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La recurrente denuncia arbitrariedad de la sentencia por apartamiento de las constancias de la causa en la valoración de las circunstancias fácticas, afectación del principio de inocencia y del in dubio pro reo (art. 18, Const. nac.).
Sostiene que la Sala II del Tribunal de Casación Penal incurrió en arbitrariedad al ratificar la valoración llevada adelante por las instancias previas respecto de la acreditación de la autoría de Ricardo Maidana y la comprobación de una situación de tentativa de abuso sexual vinculada al homicidio, que provocó la recalificación del hecho en los términos del art. 80 inc. 7 del Código Penal.
En lo concretamente vinculado a la participación de Maidana, señala que los argumentos de la defensa no eran una mera discrepancia respecto de la valoración probatoria, sino que evidenciaban serias contradicciones e inconsistencias de la prueba y la consecuente falta de respaldo de las inferencias del tribunal en las constancias de la causa.
Sobre la corroboración de la tentativa de abuso sexual -que determinó la recalificación del hecho en los términos del art. 80 inc. 7 del Código Penal-, considera que la Sala II formalizó una errónea revisión de la sentencia, incompatible con la extensión de la garantía convencional, pues se limitó a repetir los argumentos de su antecesor.
Vuelve sobre los elementos que fueron considerados para predicar certeza sobre la participación de Maidana para señalar que las contradicciones y/o inconsistencias se vinculan con: a) el testimonio de Eduardo Muscagorry (sobrino de la víctima); b) el testimonio de Alan Alihuen Castro (quien al tiempo del hecho estaba jugando junto a Eduardo Muscagorry); c) la declaración de Julio César Amarillo; d) el testimonio de Zulma Carina Gonzálvez, los peritajes hematológico, anatomopatológico y comparativo de ADN y e) los testimonios de descargo de Ditter y Albarracín.
Alude a la declaración brindada por Maidana -quien ratificó su inocencia-, a las declaraciones de las hermanas del imputado y del testigo Graña.
Afirma que se valoraron testimonios que resultaron contradictorios y se dejaron de lado otros que eran consistentes con la reconstrucción exculpatoria de su asistido, por lo que -en su opinión- la sentencia incurrió en una notoria arbitrariedad en la valoración de la prueba, vulnerándose el debido proceso, la defensa en juicio y el principio de inocencia.
En segundo término, critica los fundamentos del revisor para confirmar la situación de abuso sexual y la consecuente recalificación del hecho como un homicidio criminis causae.
Asevera que, en este punto, no se cumplió con el cometido de una revisión amplia de la condena en los términos de la normativa y doctrina convencional (arts. 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP; CIDH caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica; CSJN causas "Casal"; "Martínez Areco" y "Carrera"; y precedentes de esta Suprema Corte P. 126.728 y P. 127.396).
Recuerda los argumentos dados por la Sala II y hace foco en la admisión de que fue el modo en que se halló el cuerpo de la víctima, a la luz de un episodio de acoso anterior, lo que permitió sostener la hipótesis del abuso sexual.
Indica que la Casación, en el control horizontal, se limitó a transcribir y confirmar la interpretación de las pruebas formulada por los integrantes de la Sala I de ese mismo tribunal, pero sin realizar ningún control sobre los elementos de convicción, lo que -en su parecer- evidencia el carácter dogmático de la sentencia y la ausencia de respuesta a las críticas puntuales de la defensa sobre la inexistencia de prueba objetiva del intento de violación.
Rememora que los peritajes concluyeron que el abuso sexual era una "probabilidad" y que el tribunal de mérito, en su argumentación, analizó otras hipótesis, lo que llevó a absolver a Maidana en primera instancia respecto de este delito por aplicación del principio in dubio pro reo.
En definitiva, interpreta que el órgano casatorio, en su primera actuación, no hizo más que invertir el alcance del principio de inocencia, dotando de certeza a una probabilidad, y que ello se hizo más evidente cuando la Sala II reiteró el razonamiento de que el haber ubicado a Maidana acosando a la víctima con palabras y actitudes libidinosas era evidencia de cuál "...ha debido ser" el motivo de ataque.
Sostiene que la Casación no explicitó ningún razonamiento destinado a demostrar que la hipótesis acusatoria explica la totalidad de los elementos probatorios o que los eventos no pudieron ocurrir como afirma la defensa.
En suma, solicita que el pronunciamiento sea anulado, por arbitrario y violatorio de la regla in dubio pro reo.
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
III.1. En lo que es de interés para el abordaje de la vía en trato, el tribunal de grado tuvo por acreditado que, el día 1 de marzo de 2002, "La infausta víctima de autos, de nombre LILIANA INÉS MUSCAGORRY, fue brutalmente agredida por, al menos, un sujeto, que habiéndose ganado hacia el interior de la vivienda de un modo que se desconoce, la atacó en su humanidad hasta cercenarle la vida en forma de degüello: hasta el momento del óbito propiamente dicho -que lo fue casi instantáneo a la herida del cuello- también se estima debidamente probado que la víctima se defendió del ataque protagonizado por el individuo a quien conocía, y ese protagonismo tuvo una dinámica que geográficamente exhibe un desplazamiento que va -cuanto menos- desde el baño al dormitorio, donde finalmente fue hallada, tendida sobra la cama, decúbito dorsal, en medio de un charco de sangre, y desnuda de la cintura para abajo, habiendo quedado su pantalón y prenda interior, a la altura de sus pantorrillas, bien por debajo de sus rodillas.
Su fallecimiento se produjo a consecuencia de un paro cardio-respiratorio traumático, a raíz de las graves lesiones producidas en el cuello por arma blanca, que lesionó paquete vásculo nervioso y tráquea. Se trató de una herida cortante de forma rectangular de 10 cm de longitud y 6cm de ancho como máximo, de dirección oblicua ascendente de izquierda a derecha, ubicada en la cara anterior y lateral izquierdo del cuello, con bordes nítidos casi en su totalidad, con algunas zonas desgarradas ubicados en el borde inferior, y varios cortes tipo rasguños. El corte principal seccionó la tráquea en su totalidad. Asimismo, presentó otras heridas, tales como: herida cortante en borde externo de mano izquierda; ídem de dedo meñique izquierdo; en región de mano izquierda; en pliegue de flexión del pulgar derecho; en región interdigital entre índice y medio de la mano derecha; en el dorso de la misma mano; equimosis en nudillos de: la mano derecha; herida cortante en forma de 'Y' en la cara interna del tercio superior del brazo izquierdo; dos pequeñas heridas punzocortantes en raíz del miembro superior derecho, todas las cuales aparecen de indubitada muestra del carácter defensivo de las mismas.
El cadáver fue hallado por sus dos pequeños hijos y su suegro, en circunstancias en que volvían a la casa, siendo aproximadamente las 20.00 horas, esto es -aproximadamente también- unas tres horas y media de la ocurrencia del Hecho, acaecido en la vivienda familiar sita en calle Yoly nro. 676 de la ciudad de General Rodríguez, partido del mismo nombre".
Asimismo, fueron descriptos integrando la acusación los siguientes presupuestos fácticos: "El acusado ingresó a la vivienda munido de un arma blanca, y, con claros designios de violación sexual amenazó a su víctima -Liliana Inés Muscagorry- para obligarla a que se sometiese a su propósito de accederla carnalmente. Ante la resistencia de aquella, comenzó un forcejo, no obstante lo cual, logró quitarle la ropa, colocándola en la cama en posición de cúbito ventral, en esa misma posición realizó maniobras para 'accederla vía vaginal y anal'. Frente a la resistencia de la misma, '...acabó con la vida de la nombrada, utilizando [...] un arma blanca'...". Tal es lo que, a tenor de la acusación, se tuvo como constitutivo del delito de violación en grado de tentativa, que -se entendió- operaba como calificante del delito de homicidio.
Ahora bien, luego de producido el debate, el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Mercedes absolvió a Ricardo Alejandro Maidana por el delito de "violación sexual en grado de tentativa" (arts. 42 y 119, Cód. Penal), y lo condenó a la pena de diecinueve años de prisión, accesorias legales y costas por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio simple en concurso real con hurto calificado de mercadería transportada (arts. 55, 79 y 163 inc. 3, Cód. Penal).
Cabe señalar que el sentenciante no encontró suficientemente acreditada la culpabilidad de Maidana en el hecho descripto y calificado como violación sexual tentada; esgrimió un estado de duda insuperable y absolvió por imperio del principio de inocencia (arts. 18, Const. nac. y 1, Cód. Penal).
III.2. Contra el pronunciamiento interpusieron recurso de casación tanto la defensa oficial como el representante del Ministerio Publico Fiscal, lo que motivó la revisión del fallo cuestionado por parte de la Sala I de ese tribunal (en su anterior composición). Dicho organismo decidió, en lo que aquí interesa destacar, hacer lugar al recurso fiscal, casar la sentencia del juzgador de mérito, recalificar la conducta atribuida al imputado como homicidio criminis causae en concurso real con hurto calificado e imponer a Ricardo Alejandro Maidana la pena de prisión perpetua.
Luego del tránsito de las actuaciones por las distintas instancias recursivas contempladas por nuestro ordenamiento local que fueron detalladas en los antecedentes, llegaron a la Sala II del Tribunal de Casación Penal a los fines de que se efectuase la revisión horizontal del fallo dictado por la Sala I (conf. precedente "Carrascosa" de esta Suprema Corte).
III.3. La Sala II, por sentencia del día 23 de marzo de 2023, hizo lugar parcialmente al recurso interpuesto y ordenó reenviar las actuaciones al tribunal de origen a fin de que, de conformidad con los lineamientos allí fijados y el criterio sentado por la Corte Suprema en el fallo "Farina", se pronunciase acerca de la vigencia de la acción penal correspondiente al delito de hurto calificado (art. 163 inc. 3, Cód. Penal). Asimismo, rechazó por improcedentes los restantes motivos de agravio.
III.3.a. Para así decidir la señora jueza Budiño, que concitó la adhesión simple del señor juez Mancini, describió preliminarmente los reclamos de la defensa efectuados en el recurso contra la sentencia de la Sala I del Tribunal de Casación Penal del día 11 de junio de 2010.
En lo que aquí importa, mencionó la denuncia de arbitrariedad del pronunciamiento impugnado por considerar que no se encontraba debidamente fundada la autoría de Maidana en el hecho de la IPP 79.292. Pues los magistrados de la Sala I se habrían limitado a reiterar los argumentos brindados por el juzgador de mérito, pero sin ingresar al análisis de la prueba ofrecida, confirmando así una interpretación arbitraria respecto de los elementos de cargo y de descargo. En particular, por la omisión de considerar ciertos tramos decisivos del testimonio de Eduardo Muscagorry, quien relató que vio pasar y luego entrar a un sujeto "pelado" -que luego no pudo identificar en rueda de reconocimiento-, y que en el transcurso del debate dijo que se le había borrado la cara de la persona que vio el día del homicidio. También, por las contradicciones del testigo Alan Alihuén Castro, que en momentos inmediatamente posteriores al hecho indicó que no conocía al sujeto que vio pasar y que nunca antes lo había visto, mientras que, en el debate oral, dijo haber visto pasar a Maidana por la puerta de la casa de la difunta, aportando incluso ciertas características físicas del nombrado. A su vez, en virtud de los dichos de Julio César Amarillo, quien declaró haber visto a Maidana a las 17:15 hs. del día del hecho saliendo de un terreno baldío ubicado entre la casa de la víctima y la de Rosa Benítez (hermana del imputado), lo cual se contraponía con el lugar y el horario que precisaron los jóvenes Castro y Muscagorry respecto de su paradero. Ello sumado a que la descripción física efectuada por los testigos tampoco se correspondía con las demás constancias de autos, ya que Muscagorry describió al hombre como un señor con "pelo rapado, pelado", lo cual quedó plasmado en el identikit confeccionado al efecto, mientras que Castro dijo que "...tenía pelo normal, ni demasiado largo ni demasiado corto", circunstancia que encajaba con la fotografía del imputado acompañada como prueba documental. Y a que Maidana no poseía canas, a contrario del peritaje anatomopatológico, que analizó un pelo de 1,5 cm de longitud de color blanco. Con énfasis, además, en el resultado del peritaje que comparó el ADN obtenido del hisopado vaginal de la víctima con el de Maidana, que arrojó resultado negativo.
Se cuestionó la preminencia de credibilidad que se le confirió al testimonio de los abuelos paternos de los hijos de la difunta por sobre
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