Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138737
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.737, "Naranjo, Benjamín Eduardo y Ramírez, Pedro Luis s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 91.069 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
De las actuaciones digitalizadas se desprende que, en una primera intervención del Tribunal de Casación, el día 23 de noviembre de 2017, su Sala V -en el marco de la causa 79.963- hizo lugar parcialmente al recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial de Benjamín Eduardo Naranjo y Pedro Luis Ramírez contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de San Martín, que había condenado al primero, a la pena de once años y un mes de prisión, accesorias legales y costas; y al segundo, a la pena de diez años y once meses de prisión, accesorias legales y costas, por hallarlos coautores penalmente responsables del delito de abuso sexual con acceso carnal, calificado por la pluralidad de intervinientes, en los términos del art. 119 párrafo 3 en función del párrafo 4 inc. "d" del Código Penal. En consecuencia, casó la decisión impugnada por haberse aplicado erróneamente los arts. 40 y 41 del Código Penal, suprimió la agravante referida a la falta de utilización de preservativo en los abusos, y dispuso el reenvío de la causa al juzgado de origen a fin de que jueces hábiles fijen la pena a imponerse, confirmando el fallo en todo lo demás que fuera motivo de agravio.
En cumplimiento de ello, el día 20 de marzo de 2018, se pronunció el Tribunal en lo Criminal n° 4 departamental -en la causa 3.904-, readecuó la pena oportunamente impuesta al nombrado Naranjo, en diez años y once meses de prisión, y la del mencionado Ramírez, en diez años y nueve meses de prisión.
Deducido un nuevo recurso de casación por el señor defensor oficial, en el que efectuó planteos en el nivel de la determinación de la pena, la Sala V del mencionado Tribunal de Casación Penal, el día 13 de noviembre de 2018, lo declaró admisible y lo rechazó por improcedente -en la causa 91.069-.
Contra las aludidas sentencias de los días 23 de noviembre de 2017 (leg. casatorio 79.963) y 13 de noviembre de 2018 (leg. casatorio 91.069), la defensa oficial interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el cual fue declarado admisible por el tribunal intermedio.
Esta Suprema Corte dictó sentencia el día 27 de abril de 2021 (registrada como causa P. 133.343) por la que hizo lugar parcialmente al remedio extraordinario deducido. En consecuencia, revocó el fallo impugnado en el nivel de la determinación de la pena y dispuso el reenvío al órgano de origen a fin de que resuelva conforme a derecho (arts. 496, CPP; 40 y 41, Cód. Penal).
Como consecuencia de ello, la Sala V del Tribunal de Casación, con fecha 6 de octubre de 2022, resolvió rechazar el recurso interpuesto por la defensa.
Lo así decidido motivó la deducción de un nuevo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue declarado admisible por el tribunal intermedio (v. resol. digital de 27-III-2023).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 21-XI-2023), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En primer lugar, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal se agravia de la revisión efectuada en el nivel de la determinación de la pena, por convalidar la afectación de la garantía de la prohibición de reformatio in pejus y -en subsidio- por confirmar la arbitrariedad en la que incurrió el tribunal de instancia con afectación del derecho de defensa en juicio (art. 18, Const. nac.).
I.1. En lo que hace al planteo principal, alega que la decisión impugnada omite considerar las consecuencias jurídicas de la originaria sentencia recurrida por la defensa y consentida por el Ministerio Público Fiscal, en la que el tribunal de grado fundó expresamente la determinación de la pena identificando el punto de ingreso a la escala penal y el valor específico en tiempo de cada circunstancia agravante y cada atenuante.
En su criterio, el tribunal en lo criminal que intervino a consecuencia del reenvío y que debía evaluar cuánto correspondía disminuir la pena impuesta en virtud de la agravante eliminada "...tenía un piso mínimo de un año y dos meses" más allá de analizar la existencia de circunstancias atenuantes posteriores -pues dicho monto de pena fue el que el tribunal criminal de origen le había asignado a la agravante por la no utilización de preservativos-.
Argumenta que el perjuicio se ocasiona no obstante la reducción de la pena impuesta originariamente, porque "...correspondía aplicar una menor en función del valor nominal otorgado a la agravante descartada".
En aval de su postura, invoca los precedentes "Escudero" y "Olmos" del Máximo Tribunal federal.
Señala que la jurisdicción del órgano reenviado no podía utilizar un diferente método de determinación de pena, ingresar a la escala penal por otro punto, ni reevaluar el valor asignado a las restantes circunstancias del caso, dado que había adquirido firmeza para la acusación y sobre ello el tribunal no tenía jurisdicción.
I.2. En subsidio, denuncia que el órgano revisor, utilizando fórmulas dogmáticas, convalidó la arbitrariedad de la sentencia de mérito que no brindó fundamento alguno que explique el proceso lógico de individualización de la pena impuesta.
Estima que el a quo interpretó que el requisito de fundamentación establecido en los arts. 40 y 41 del Código Penal se abastecía con la mera remisión a las circunstancias atenuantes y agravantes, y siempre que se la fije dentro de la aludida escala penal no tendría el deber de expresar cómo llega a dicho monto.
Explica que la única interpretación constitucionalmente válida de los arts. 171 de la Constitución provincial, y 106 y 210 del Código Procesal Penal, conduce a afirmar que la facultad del juez de fijar la pena dentro de la escala legal, valorando atenuantes y agravantes, no lo relevan de fundar su decisión y explicar por qué decidió imponer un monto de pena y no otro. De otro modo, sostiene, se privaría a la defensa de cuestionar la logicidad y razonabilidad de esa parcela de la sentencia (art. 18, Const. nac.), provocando que el imputado quede a merced de la discrecionalidad del juzgador.
En sustento de su postura, cita los precedentes "Laportilla" y "Ruiz" de esta Suprema Corte de Justicia, y "Castillo", "Ramírez" y "Romano" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En resumen, concluye que el tribunal oral debió brindar razones suficientes que le permitan a esa parte comprender por qué la pena se disminuyó solo en dos meses y no en un año y dos meses, y que tal omisión de fundamentación debió llevar al órgano revisor a descalificar a la sentencia de condena como acto jurisdiccional válido respecto de la determinación de la pena.
II. En un segundo tramo, denuncia la errónea aplicación del art. 168 de la Constitución provincial y afectación de la garantía de la revisión amplia de la sentencia condenatoria al asumir competencia positiva y rechazar la solicitud referida a la ponderación del tiempo de duración del proceso como pauta atenuante (arts. 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCP). En subsidio, estima que se convalidó la afectación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable al rechazar arbitrariamente dicho planteo (arts. 40 y 41, Cod. Penal y 8.1, CADH y 9.3, PIDCP).
II.1. Por un lado, alega que la decisión impugnada al asumir competencia positiva y resolver directamente sobre el fondo de dicho reclamo, limitó las posibilidades revisoras de sus defendidos.
En su parecer, el sentenciante debió anular la resolución del Tribunal Oral por falta de tratamiento de ese planteo y remitirla a esa sede para tal cometido. Trae a cuento los precedentes "Martínez Areco" y "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y peticiona el reenvío de los autos para el abastecimiento de la garantía que entiende conculcada.
II.2. En cuanto al planteo en subsidio, denuncia que el a quo debió considerar la situación actual de sus asistidos, máxime cuando el tiempo transcurrido entre la interposición del planteo y la resolución no hizo más que agravar la afectación constitucional referida.
Tras una breve reseña del iter recursivo, destaca la excesiva duración del proceso de -a ese momento- ocho años y seis meses, de los cuales, se queja, seis años transcurrieron en etapa recursiva.
Cuestiona que el tribunal revisor le cargue a sus asistidos la responsabilidad de la demora en el proceso, cuando ellos se limitaron a interponer los recursos que prevé el Código de forma y a reclamar por el correcto tratamiento de las cuestiones federales denunciadas.
Aluden, bajo tal marco, a lo expuesto por la Comisión Interamericana en el informe 12/96 en el que sostuvo que: "...el acusado [...] que utiliza todos los recursos disponibles se está limitando a ejercer su derecho legal. Por lo tanto la demora en la tramitación del proceso no se puede atribuir al detenido".
Por todo lo expuesto, solicita que esta Corte case la sentencia dictada, asuma competencia positiva haciendo lugar a la ponderación de la excesiva duración del proceso como circunstancia atenuante de la pena y reenvíe los autos a la instancia a fin de que -debidamente integrado-, dicte una nueva decisión conforme a derecho.
III. El señor Procurador General se pronunció por el rechazo del recurso, postura con la cual coincido.
IV.1. Conforme surge del relato de antecedentes -en lo que ahora interesa destacar-, tras el ingreso de las actuaciones al ámbito local, esta Suprema Corte dictó sentencia en la causa P. 133.343, por la que resolvió hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial de Naranjo y Ramírez, y revocó el pronunciamiento dictado por el tribunal revisor del día 13 de noviembre de 2018 en el nivel de la determinación de la pena.
Allí sostuvo -en lo medular- que el órgano de alzada no había abordado los puntuales planteos de la defensa vinculados a la falta de ponderación de la duración del proceso como pauta atenuante sobreviniente, así como tampoco la denuncia de violación del principio contra la reformatio in pejus, originada en el modo en que se redujo la pena luego de la obliteración de la agravante.
IV.2. Merced a dicho pronunciamiento, la Sala V del Tribunal de Casación Penal, en el fallo ahora impugnado, abordó las cuestiones señaladas por la defensa, aunque concluyó en su rechazo.
IV.2.a. Con relación a la postulada violación de la prohibición de reformatio in pejus, el sentenciante sostuvo que la reducción de la pena efectuada por el tribunal criminal como consecuencia del reenvío había sido inferior al valor nominal otorgado por el juez de mérito a la circunstancia agravante eliminada, pero destacó que la cuestión a resolver era si la tabulación aritmética efectuada por el juez de mérito debió condicionar -o no- la decisión que adoptó el tribunal criminal encargado de determinar la nueva sanción, anticipando que el mismo no estaba constreñido a seguir el criterio de sus colegas de la misma instancia.
En esa senda, explicó que "...es claro que debió realizar un nuevo análisis global para lograr su cometido, en sentido general, concretó un nuevo juicio de mensura punitiva, que fue lo que ocurrió [...] pues consideró aquellas pautas que merecieron oportuna confirmación, [...] como circunstancias atenuantes, '...la falta de antecedentes penales para ambos encausados y el buen concepto vecinal respecto de Naranjo...', mientras que, como agravantes, '...el tiempo de duración del hecho, la especial violencia y contenido vejatorio...' -fs. 11 vta.-. Luego de algunas disquisiciones generales referidas a la dogmática vinculada al juicio de determinación de la pena, consideró las penas finalmente discernidas, en base a '...las pautas mensurativas antes aludidas...' -fs. 12 vta.-".
Puntualmente, rechazó que pudiera configurarse la violación de la garantía de reformatio in pejus pues, en definitiva, dicho órgano jurisdiccional "...debió realizar un nuevo juicio de graduación para determinar las penalidades, en el sentido de especificar la pena concreta a imponer a cada enjuiciado; lo cual implica una valoración concreta y personal [...] pero que, en cualquier caso, no significó un agravamiento de la extensión ni calidad de la pena".
Añadió que, si el tribunal en su integración originaria consideró por separado el valor de cada pauta atenuante y agravante, esta fue "su" valoración, la cual "...no puede atar al tribunal reenviado más allá del tope punitivo antes alcanzado, [...] pues ello implicaría una indebida invasión de la independencia que deben ejercer los magistrados al establecer el monto de la pena, al cumplir con el reenvío dispuesto".
Destacó que esa metodología "tabulada" si bien puede ser utilizada por los jueces en ocasión de la individualización de la pena, ese criterio ciertamente no se viene legalmente impuesto. De modo tal que "...no liga a los posteriores jueces que puedan integrar el órgano de grado, a fin de determinar una nueva pena...".
Concluyó que, en el caso "...se observa una coherencia y proporción entre el monto punitivo establecido para cada acusado, la gravedad del injusto y la intensidad del reproche, inclusive, las penas se encuentran relativamente cerca del mínimo legal de la escala pertinente".
Por todo ello, estimó que no advertía en el caso violación alguna del principio de reformatio in pejus.
IV.2.b. En lo concerniente a la valoración del plazo razonable como pauta atenuante de la sanción, el tribunal revisor recordó que tal planteo fue introducido por la defensa en las vistas previas a dictarse la segunda sentencia, de modo que resultaba inconducente hablar de una excesiva demora del proceso que pueda aparejar un gravamen a los imputados.
Tras efectuar un racconto del iter procesal de la causa -que comprendió la sentencia del tribunal de grado dictada el 12 de julio de 2016, la revisión de esa Sala V del 23 de noviembre de 2017, el fallo del tribunal de grado del 20 de marzo de 2018 a instancias del reenvío, el nuevo fallo del órgano revisor del 13 de noviembre de 2018, la intervención de esta Suprema Corte que acogió parcialmente el remedio extraordinario del 27 de abril de 2021, y el dictamen del señor Procurador General dictado en consecuencia-, estimó que la fundamentación del recurrente era deficiente en tanto que se encontraba desprovista de una mínima descripción, advirtiendo además que el tiempo transcurrido se explicaba en el estudio que resultó necesario para resolver los distintos requerimientos de la defensa, y que dicho tribunal se pronunció en los términos procesales correspondientes (art. 451, CPP), así como que el recurrente ha recibido una respuesta positiva a sus reclamos.
Luego, apartándose del criterio del tribunal de grado, dijo que "...es lógico que cuando el exceso del plazo en la tramitación de la causa se esgrime como un motivo sobreviniente, no pueda mantenerse una rígida posición respecto a su eventual ausencia anterior [...] simplemente porque con antelación la situación no se había configurado".
Por otra parte, sostuvo que -según la doctrina más moderna- las lesiones de derechos constitucionales que son consecuencia de un desarrollo irregular del proceso, en el caso dada la dilación que se extrae de su extensión temporal no imputable al acusado, deben ser abonadas en la pena pues tienen también un efecto compensador de la parte de culpabilidad por el hecho extinguida por dicha pérdida de derechos. Remarcó que en dicha dirección se ha expedido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Eckle (STEDH de 15-VII-1982).
Concluyó que, sin perjuicio de ello, no se advertía que la duración del proceso obedeciera a criterios que puedan tildarse de "excesivos", como tampoco surgían evidenciadas circunstancias por las cuales la eventual demora aparezca fundada en actividades ajenas a la parte que, en todo caso, ejerció su legítimo derecho de solicitar la revisión de diversos pronunciamientos definitivos, con el consecuente tiempo que dichas tramitaciones conllevan.
V. Como adelantara, el recurso no prospera.
V.1. El agravio federal por el cual el recurrente pretende acreditar la violación de la garantía de la reformatio in pejus, no ha sido articulado con la suficiencia y la carga técnica necesaria para que esa pretensión sea considerada en esta sede (arts. 15, ley 48 y 495, CPP).
En efecto, cabe tener en consideración que en virtud de lo resuelto mediante la sentencia que oportunamente eliminó la pauta agravante referida a la falta de utilización de preservativos en los abusos sexuales, los magistrados del Tribunal en lo Criminal n° 4 departamental desinsaculados para la readecuación de la pena, la disminuyeron en dos meses para cada uno de los imputados, Naranjo y Ramírez (de once años y un mes de prisión a diez años y once meses de prisión en el caso del primero; y de diez años y once meses de prisión a diez años y nueve meses de prisión, respecto del segundo).
Y tiene dicho esta Corte que, en estos casos, para poder encuadrar en un supuesto de infracción de la prohibición de reformatio in pejus, la parte debe realizar un esfuerzo significativo tendiente a explicar y demostrar acabadamente por qué pese a la disminución de la sanción, la apertura revisora requerida sólo por su parte irrogó un perjuicio al imputado (causa P. 125.894, sent. de 28-XII-2016, de conformidad con el criterio de causas P. 76.215, sent. de 6-VII-2005; P. 60.325, sent. de 5-IV-2006; P. 73.199, sent. de 20-VI-2007 y más recientemente en P. 117.331, sent. de 24-II-2016).
Dicha carga procesal no ha sido evidenciada por el recurrente, pues más allá de las circunstancias del caso, el embate reposa sobre una visión diferente acerca de la elección del método de determinación judicial de la pena, lo que no puede prosperar tomando como premisa que el digesto sustantivo no contiene un determinado sistema legal para llevar a cabo la dosimetría, ni un punto de ingreso a la escala penal dentro del marco de las escalas previstas para las penas divisibles en razón del tiempo o de la cantidad por los arts. 40 y 41 del Código Penal (conf. causas P. 74.318, sent. de 7-V-2003; P. 67.662, sent. de 10-IX-2003; P. 105.758, sent. de 3-III-2010; P. 111.426, sent. de 12-IX-2012; P. 112.326, resol. de 17-IV-2013; P. 112.514, resol. de 24-IV-2013; P. 125.842, sent. de 17-VIII-2016; P. 127.780, sent. de 18-X-2017; P. 126.852, sent. de 11-IV-2018; e.o.).
V.2. La tacha de arbitrariedad traída en subsidio del primer planteo, no corre mejor suerte.
Es sabido que la doctrina sobre la arbitrariedad de las sentencias es particularmente restringida y que, en ese sentido, la parte que aduce la existencia de una cuestión federal bajo aquel cauce debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de esa cuestión por esa excepcional vía, sin que tales recaudos se encuentren abastecidos en la especie.
Es que, la sentencia impugnada cuenta con fundamentación suficiente para ponerla a salvo de la tacha intentada, pues, en todo caso, la discrepancia se traduciría, en la incidencia que la pauta agravante suprimida oportunamente por el a quo debió tener en la determinación de la sanción, asunto que, por vincularse con el ejercicio por parte de los magistrados de sus facultades para graduar las sanciones dentro de los límites ofrecidos para ello por las leyes respectivas involucra
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