Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137650
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, se revoca la decisión de la Sala II del Tribunal de Casación Penal y se reenvía a esa instancia para que expida un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho conforme lo aquí resuelto (art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.650, "D'Gregorio María Laura -fiscal interina ante el Tribunal de Casación Penal-. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 118.289 del Tribunal de Casación Penal, Sala II, seguida a Hugo Daniel Ojeda", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Maidana.
De las actuaciones digitalizadas obrantes en el sistema de gestión de expedientes Augusta se desprende que la Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 18 de agosto de 2022, declaró inadmisible el recurso homónimo interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Pergamino, que condenó a Hugo Ariel Ojeda a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y costas -sin costas en esa instancia-, por resultar autor responsable del delito de lesiones graves culposas (conf. arts. 448, 452 inc. 2, 456, 464, 530, 531, 532 y concs., CPP).
Contra lo así decidido, la señora fiscal interina ante la aludida instancia, doctora María Laura Elvira D'Gregorio, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. archivo digital en presentación de 6-IX-2022); el cual fue declarado admisible por resolución n° RR-299-2022 de 18 de octubre de 2022.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 20-X-2023), dictada la providencia de autos el 23 de octubre de 2023 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la representante del Ministerio Público Fiscal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La señora fiscal ante la aludida instancia denunció en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en tratamiento que el tribunal intermedio dictó una sentencia arbitraria por omisión de tratamiento de agravios de carácter constitucional oportunamente llevados a su conocimiento y decisión, habiéndose producido tal falencia -a su criterio- en razón de haber antepuesto cuestiones estrictamente formales vinculadas a una interpretación restrictiva del art. 452 del Código Procesal Penal, imposibilitando de ese modo la revisión de una sentencia que portaba la denuncia de arbitrariedad fáctica y normativa.
Refirió que la invocación realizada por el tribunal a quo en torno a las previsiones del art. 452 del Código de rito para cercenar la vía recursiva de la parte acusadora desconoce la jurisprudencia de esta Suprema Corte como del Alto Tribunal federal en materia de impugnabilidad de las resoluciones cuando el recurso porta agravios de naturaleza federal como es el caso en estudio.
Destacó que el temperamento adoptado por la Casación importó la consolidación de una sentencia arbitraria que valoró la prueba de modo parcial y fragmentado, como así también omitió ponderar elementos probatorios determinantes para la correcta solución del caso -reseñados pormenorizadamente en la pieza recursiva- y, en ese marco, señaló la violación de las reglas de los arts. 106, 210 y 373 del Código de forma.
Subsidiariamente, planteó que el fallo cuestionado incurrió en arbitrariedad por deficiente aplicación del art. 94 del Código Penal, en tanto consideró que el tribunal casatorio al no abrir la vía recursiva homónima deducida por esa parte, imposibilitó la revisión de la sentencia de primera condena que -a su modo de ver- era portadora del vicio de arbitrariedad normativa.
Así, explicó que esa situación quedó configurada en autos en la medida en que en el delito de lesiones culposas previsto en el art. 94 del Código de fondo la pena de inhabilitación se debe imponer conjuntamente con la pena de prisión, no siendo posible para el juzgador arrogarse una interpretación normativa diversa consistente en aplicar una de ellas -la de prisión-, sin dictar la otra -inhabilitación-, por lo que el tribunal originario "Con este proceder [...] ha sustituido al legislador en su tarea, cuestión absolutamente vedada[,] pues debe aplicar la norma tal como el legislador la concibió".
Concluyó en que al no abrirse la vía recursiva de la especialidad por parte de la Casación en los términos en que ha sido descripto, se vulneró el derecho al recurso de ese Ministerio Público Fiscal y se imposibilitó la revisión de sentencia de condena; razón por la cual solicitó se deje sin efecto el fallo recurrido de la Sala II del tribunal intermedio por arbitrario y se devuelvan los autos a la instancia anterior para que, una vez declarado admisible el recurso fiscal, se resuelva de conformidad con lo allí peticionado.
II. El señor Procurador General aconsejó hacer lugar a la impugnación (v. dictamen digital cit.).
III. Coincido con lo dictaminado.
Liminarmente, cabe recordar que esta Suprema Corte, excepcionalmente, puede controlar la interpretación y aplicación realizada por el tribunal inferior en lo tocante a las normas procesales que regulan la materia recursiva, a efectos de que no se vulneren el debido proceso y el derecho de defensa en juicio (art. 18, Const. nac.; conf. doctr. causas SCBA P. 108.244, sent. de 4-IX-2013; P. 131.163, sent. de 14-X-2021; P. 132.677, sent. de 21-II-2022; e.o.); y que más allá de la excepcionalidad de la doctrina que se invoca -arbitrariedad de sentencias-, no debe olvidarse que ella también procura asegurar, respecto del Ministerio Público Fiscal, la plena vigencia del debido proceso que se dice conculcado (conf. doctr. CSJN Fallos: 299:17 y 331:2077), exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente (conf. CSJN Fallos: 311:948 y 2547; 313:559 y 321:1909; doctr. causas SCBA P. 131.163, cit.; P. 134.027, sent. de 16-V-2022; P. 135.804, sent. de 10-X-2023; P. 136.648, sent. de 6-III-2024; P. 137.441, sent. de 14-III-2024; e.o.), lo que no se aprecia en el caso.
Veamos.
III.1. El Tribunal en lo Criminal n° 1 de Pergamino condenó a Hugo Ariel Ojeda a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y costas, por resultar autor responsable del delito de lesiones graves culposas (art. 94 primer párrafo, Cód. Penal).
Dicha decisión fue recurrida por el señor fiscal titular a cargo de la UFI descentralizada de Colón n° 2 del aludido departamento judicial, doctor Ignacio Uthurry, quien denunció -en prieta síntesis- que el fallo inobservó y quebrantó normativa constitucional, de fondo y de forma -conforme arts. 18 y 120 de la Constitución nacional; 15 y 171 de la Constitución provincial; 41 bis, 80 inc. 9, 90 y 94 del Código Penal y 106, 209, 210, 371 y 373 del Código Procesal Penal- (v. archivo adjunto en presentación digital de 26-V-2022).
Particularmente, se agravió por la absurda valoración de la prueba y de la errónea aplicación de la ley sustantiva, como así también argumentó que la calificación del hecho propuesta por ese ministerio, lesiones graves agravadas dolosas, se basó en las circunstancias previas al hecho, en la calidad del experto tirador que reviste un agente de policía y en la necesidad de ajustar su proceder a determinados principios que prevé la ley de actuación policial (conf. leyes 12.155, sus modif. y 13.482). De modo subsidiario, se quejó por la errónea aplicación de un precepto legal -en referencia al art. 94 del Código Penal- vinculado con la falta de imposición en la condena de la pena de inhabilitación de manera conjunta a la de prisión de tres años.
III.2. De la lectura del fallo impugnado se advierte que la Sala II del Tribunal de Casación Penal -a través del voto emitido por la señora jueza doctora Budiño, que concitó la adhesión simple del señor juez Mancini- si bien destacó que el recurso fiscal abastecía las exigencias relativas al tiempo y la forma de su interposición, consideró que era inadmisible por falta de legitimación del impugnante.
En ese sentido, sostuvo que cuando la ley distingue entre las diversas partes "...la legitimación para recurrir le asiste a quien le es expresamente conferida (art. 421 del Código Procesal Penal)", y en el caso del recurso de casación cuando se trata de sentencias condenatorias "...el Fiscal solo puede recurrir si la pena impuesta es inferior a la mitad de la requerida, supuesto que no se configura en el caso de autos, ya que la sanción escogida por la sentenciante resulta ser de tres años de prisión, no siendo así inferior a la mitad de los cinco años y seis meses solicitados por el Ministerio Público, conforme surge del acta de debate del 4 de mayo de 2022".
Agregó que "La limitación objetiva del inciso segundo del art. 452 del CPP impide que el Fiscal recurra en supuestos en [...] los que obtuvo una condena a una pena privativa de libertad que no se aleje en forma considerable de la que había solicitado, pues en ese caso la ley considera que cualquier agravio resulta entitativamente ineficaz para habilitar el conocimiento recursivo de este Tribunal, criterio que podrá o no compartirse pero que de ninguna manera resulta irrazonable. Cuando no concurre entonces la condición prevista en la parte final del inciso segundo del art. 452, el Fiscal no puede recurrir la sentencia condenatoria, del mismo modo en que no puede recurrir la absolutoria si no pidió la condena y estas limitaciones no pueden ser soslayadas mediante la interpretación extensiva de alguno de los restantes incisos del artículo 452, pues ello importaría desconocer el carácter excepcional de las facultades recursivas y derogar la norma específica -inciso 2 referido a sentencia condenatoria- mediante la aplicación prevalente de la más genérica -inciso 4-".
Sumó a lo expuesto que esa limitación del art. 452 inc. 2 del Código Procesal Penal carecería de sentido "...si pudiera ser obviada con la sola condición de que se invoque alguno de los motivos de los artículos 448 o 449, CPP, cuya concurrencia configura un requisito ineludible para el progreso de cualquier planteo casatorio; y resultaría paradójico aceptar que el citado inciso segundo solo limita el interés para controvertir los aspectos centrales del fallo -monto de la pena, carácter condenatorio- pero no para hacerlo respecto de cuestiones de importancia secundaria -modalidad de cumplimiento de la pena principal, penas accesorias, declaración de reincidencia, imposición de costas, decomiso, etc.- siendo que, por otra parte, el citado inciso no se refiere a los eventuales motivos del recurso, sino a los supuestos de excepción en los que una clase de decisorios -sentencias condenatorias- pueden ser recurridas por el Fiscal".
Por otro lado, adujo que "...siempre sería inaplicable el inciso segundo si se entendiese que la limitación en él contenida únicamente opera cuando se discute el carácter condenatorio del fallo, puesto que si el agravio se refiere a la condena, el planteo sería entonces en favor del imputado y la legitimación del impugnante se regiría por las reglas del artículo 454 [del CPP]. La regla del artículo 452 inc. 4 [del Cód. cit.], si bien en principio parece sobreabundante, pues repite una disposición general sobre la procedencia del recurso y altera el sentido que trae el artículo referido a limitaciones objetivas sobre la naturaleza de la resolución, en verdad responde a la necesidad de no limitar la facultad impugnativa del Ministerio Público sólo a los casos previstos en los tres primeros incisos".
Concluyó en que el Ministerio Publico Fiscal podría recurrir ante Casación "...en los supuestos de los arts. 448 y 449 del CPP que no sean aquellos de los incisos 1, 2 y 3 del artículo 452 como en el caso del artículo 450 segundo párrafo, pero cuando se trate de la sentencia condenatoria, sólo podrá hacerlo con las limitaciones del inc. 2, del mismo modo en que [cuando] se trata de una sentencia absolutoria sólo puede hacerlo cuando haya solicitado la condena (conf. art. 452 inc. 1 del CPP)".
IV. Como se puede apreciar del pronunciamiento recurrido, con la sola invocación de ese fundamento vinculado a la limitación objetiva del inc. 2 del art. 452 del Código Procesal Penal, el tribunal a quo resolvió la inadmisibilidad del recurso de casación y, en esa faena, omitió pronunciarse sobre aquellas cuestiones constitucionales que la fiscalía había invocado en su impugnación, las cuales -más allá de lo que corresponda resolver en torno a su procedencia- hacen excepción a la regla de admisibilidad que aplicó la Casación, no solo para esa instancia, sino eventualmente, de cumplir con los debidos presupuestos, incluso para esta Sede extraordinaria a efectos de transitar los carriles necesarios para el acceso a la Corte federal.
En otros términos, si de conformidad con la doctrina de los fallos "Strada", "Christou" y "Di Mascio" (CSJN Fallos: 308:490; 310:324 y 311:2478), los supremos tribunales de cada provincia no pueden invocar las limitaciones contenidas en normas locales para obviar el tratamiento de cuestiones federales oportuna y suficientemente articuladas, de igual modo se aplica esto a la instancia revisora intermedia en el orden provincial, el Tribunal de Casación (conf. doctr. causas SCBA P. 80.570, resol. de 17-VII-2003; P. 87.203, resol. de 22-IX-2004; P. 96.735, resol. de 24-V-2006; P. 101.238, resol. de 5-XII-2007; P. 121.732, sent. de 2-III-2017 -v. voto del ministro ponente doctor Soria-).
Por tanto, propongo revocar la decisión impugnada y reenviar la causa al Tribunal de Casación Penal para que expida un pronunciamiento ajustado a derecho conforme lo aquí resuelto (art. 496, CPP).
Voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Maidana, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, se revoca la decisión de la Sala II del Tribunal de Casación Penal y se reenvía a esa instancia para que expida un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho conforme lo aquí resuelto (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese y notifíquese (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/10/2024 13:18:39 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/10/2024 13:45:23 - MAIDANA Ricardo Ramon - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/10/2024 14:36:47 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/10/2024 12:37:39 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/10/2024 13:06:44 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia