Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138436
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido a favor de Edgardo José Cabrera, con costas (conf. art. 495, CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.436, "Cabrera, Edgardo José s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 111.552 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño.
El día 11 de junio de 2021, el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Zárate Campana —en el marco de un procedimiento de juicio abreviado— condenó a Edgardo José Cabrera a la pena de cuatro años de prisión, multa de cuarenta y cinco unidades fijas, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización.
El señor defensor oficial, doctor Marcelo Enrique Costa, interpuso un recurso de casación que fue concedido y la Sala III del Tribunal de Casación, mediante sentencia dictada el día 24 de mayo de 2022, lo rechazó confirmando así la condena.
Frente a ello, el señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
El Tribunal de Alzada, mediante resolución dictada con fecha 16 de febrero de 2023, declaró admisible la impugnación.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso fue admitido únicamente a los fines de examinar el planteo de inconstitucionalidad de la pena de multa establecida en la figura de tenencia con fines de comercialización de estupefacientes, por violación del principio de legalidad.
II. El señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, denunció que la multa prevista en el art. 5 de la ley 23.737, viola el principio de legalidad formal en tanto delega indebidamente en el poder ejecutivo aspectos esenciales vinculados a la pena de multa que —como tales— son propios del Poder Legislativo (conf. arts. 18, 75 incs. 12 y 22, 76 y 99 inc. 3, Const. nac.). En su apoyo, citó jurisprudencia.
Puntualizó que la discusión radica en los límites entre la función de legislar por parte del Poder Legislativo y la de reglamentar las leyes penales por el Poder Ejecutivo.
En este contexto, aseveró que el Ministerio de Seguridad no tiene la facultad de definir los montos de las multas establecidas para el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, dado que formaría parte de la sanción penal, que es tarea exclusiva e indelegable del Poder Legislativo.
Consideró que la "actualización" de la multa es un pretexto para disponer una delegación indebida del Poder Legislativo al Ejecutivo. Citó precedentes jurisprudenciales del Máximo Tribunal nacional y sostuvo que el legislador tiene la posibilidad de proceder directamente a la indexación económica de las multas a fin de que no se desnaturalice la sanción o mediante la remisión a un parámetro de movilidad objetivo.
Destacó que luego de la reforma introducida por la ley 27.302, el Poder Ejecutivo efectuó sucesivas reformas —detalló cada una de ellas— generando una notable variación económica en la fijación de las multas todo lo cual tuvo un fuerte impacto en la conversión de la pena de multa en pena de prisión. A su entender, ello, a su vez, afectó el fin resocializador que deben tener las penas (conf. art. 5.6., CADH).
Resaltó que las facultades ejercidas por el Ministerio de Seguridad dan muestra de una efectiva delegación de facultades legislativas en las distintas resoluciones dictadas por el Poder Ejecutivo que han aumentado de forma "alarmante" los montos de multa, como así también que la conversión del mínimo de la multa en días de prisión permite visibilizar que la Administración manipuló la escala penal alterando el juicio de desvalor de la conducta prohibida formulado por el legislador.
En suma, manifestó que no se cuestiona la composición de una escala penal mediante unidades fijas susceptible de ser actualizada, sino la circunstancia de que el contenido de dichas unidades fijas (y por lo tanto de la escala penal) sea determinado por el Poder Ejecutivo.
Por todo lo expuesto, concluyó que la "laxitud" de la remisión efectuada por la ley 27.302 al Poder Ejecutivo configura una delegación indebida de la facultad legislativa en aquél.
III. La Procuración General aconsejó rechazar la impugnación; coincido con lo así dictaminado.
IV. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley resulta insuficiente (conf. arts. 451, 495 y concs., CPP).
Tal como lo puso de manifiesto la Procuración General, el agravio de la defensa exhibe un viraje argumental que impide expedirse sobre su procedencia.
IV.1. En el recurso de casación, la defensa oficial denunció que la pena de multa impuesta a su defendido, equivalente a doscientos cuarenta y tres mil pesos ($243.000), viola el principio de proporcionalidad con respecto a la gravedad del hecho cometido, quebranta el principio de culpabilidad y no tiene en consideración la capacidad económica de su asistido (conf. art. 21, Cód. Penal). En su apoyo, citó jurisprudencia.
Afirmó que la multa no puede ser de imposible cumplimiento por quien la sufre pues se apartaría del art. 5 inc. 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En subsidio, solicitó la conversión de la pena de multa en diez días de prisión, computando la suma de trece mil quinientos pesos ($13.500) por cada día de encierro.
IV.2. Frente a tales planteos, el Tribunal de Casación, en primer lugar, destacó que las propias partes habían acordado la pena de multa que luego homologó el señor juez de primera instancia, sobre la que la defensa consideró —en su impugnación— inconstitucional.
Sin perjuicio de la oportunidad de tal planteo y en respuesta concreta al agravio, expresó que la multa podía amortizarse mediante trabajo o pago en cuotas, según la condición económica de cada condenado (con cita del art. 21 del Código Penal).
A su vez, estimó que el mínimo legal previsto por la norma no configuraba una pena cruel o degradante, que excediese los límites de la culpabilidad. En tal sentido, explicó que la multa responde a cuestiones de política criminal —inobjetadas por la defensa— que reflejan que, para el legislador, la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización conlleva una afectación de mayor gravedad de los bienes jurídicos que la simple tenencia o la tenencia para consumo personal.
Adunó que tampoco podía sostenerse vulneración alguna al principio de legalidad, ya que este exige la clara y total descripción de la conducta punible en la ley penal antes del hecho del proceso y lo único delegado en tal caso es la actualización de la multa con un valor de referencia.
En definitiva, enfatizó que la multa se impuso en el mínimo legal previsto, lo que no resultaba irracional o desproporcionado con el disvalor de acción y resultado del caso individual analizado.
Por último, agregó que el recurrente no había acreditado la imposibilidad económica del encausado sobre la cual pretendió fundar la inconstitucionalidad.
V. Previo a todo se advierte que, en el acuerdo de juicio abreviado la defensa propuso —voluntariamente— junto con la fiscalía, la figura penal respecto de la que luego planteó la inconstitucionalidad de la sanción de multa que allí se prevé. Al así proceder omitió efectuar el pertinente planteo constitucional en el momento oportuno (esto es, ante el órgano de primera instancia) en lugar de cuestionarlo ante el tribunal revisor, sorteando así una instancia (conf. mis votos en causas P. 116.679, sent. de 29-XII-2014; P. 119.015, sent. de 17-VI-2015; P. 128.425, sent. de 29-VIII-2018 y P. 135.113, sent. de 16-II-2023).
A pesar de tal déficit, el tribunal revisor brindó una respuesta; sin embargo, de la reseña efectuada queda en evidencia que aquí la defensa cambia los argumentos sobre los que planteó la inconstitucionalidad de la multa, lo que conlleva a que el agravio traído sea novedoso.
En efecto, mientras en el recurso de casación se planteó la inconstitucionalidad de la pena de multa por quebrantar los principios de culpabilidad, proporcionalidad y por no reparar en la particular situación económica de Cabrera, requiriendo —en subsidio— su conversión en diez días de prisión (v. pto. IV.1.); en el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley se denunció la violación del principio de legalidad.
Así, las críticas desarrolladas en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, se asientan en una nueva justificación que no podría ahora ser objeto de evaluación originaria ante esta instancia por no haber sido sometida —pudiendo hacerlo— ante el Tribunal de Casación (doctr. art. 451, CPP; causas P. 129.795, sent. de 21-XI-2018; P. 131.470, sent. de 27-VII-2020; P. 133.916, sent. de 18-VIII-2022; P. 136.087, sent. de 19-XII-2022; entre muchas).
Por lo demás, si se entendiera que el argumento vinculado al principio de legalidad fue introducido por el propio tribunal intermedio en su respuesta y, por lo tanto, la exigencia de oportunidad en los términos de la doctrina de los agravios federales no resultase un obstáculo (conf. CSJN Fallos: 338:155; 315:129; 310:1597 y 304:1109), de todos modos, tal como lo afirma el señor Procurador General, esta Corte ya ha rechazado planteos similares.
En efecto, esta Suprema Corte sostuvo: "...la técnica legislativa escogida en las normas cuestionadas no vulnera el principio de legalidad (art. 18, Const. nac.), pues en su texto se encuentran debidamente enunciadas las conductas prohibidas y se fijan las penas para cada delito, estableciendo —en lo que importa para el caso— un piso y un máximo de unidades fijas, quedando de ese modo delimitada la escala punitiva para cada infracción. Además, la unidad fija escogida no resulta caprichosa, sino que se encuentra establecida en la propia ley al sujetarla al precio del formulario de inscripción en el Registro de Precursores Químicos, siendo entonces su valor idéntico para todas las conductas [...] De esta manera, se evita que la norma sufra desactualizaciones por el transcurso del tiempo, sin dispendios legislativos innecesarios" (conf. doctr. causa P. 133.549, sent. de 27-V-2022, voto del doctor Torres a quien adherí).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria y Torres y la señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido a favor de Edgardo José Cabrera, con costas (conf. art. 495, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/11/2024 08:57:17 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/11/2024 10:36:15 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/11/2024 10:48:38 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/11/2024 11:55:37 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/11/2024 11:57:50 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 22/11/2024 14:00:55 hs. bajo el número RS-198-2024 por SP-VARVERI LUCIANO JOSE.
Fin de la sentencia