Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138936
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.936, "Dell'Arciprete, Carlos Omar. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 117.453 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Carral.
El Tribunal en lo Criminal n° 2 de Bahía Blanca, en el marco de un juicio por jurados, condenó a Carlos Omar Dell'Arciprete como autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por el vínculo y por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de dieciocho años de edad (Hecho I); abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de dieciocho años de edad, en concurso real con dos hechos de abuso sexual con acceso carnal también agravado por esas dos mismas circunstancias (Hechos II.A y B); y abuso sexual agravado por el vínculo, dos hechos en concurso real (Hecho III), todos los que concurren materialmente entre sí, a la pena de veintitrés años de prisión, accesorias legales y costas del proceso (arts. 5, 12, 29 inc. 3, 40, 41, 45, 55 y 119 primero, segundo y tercer párrafos, en relación al cuarto párrafo incs. "b" y "f", y quinto párrafo, Cód. Penal).
A su turno, la Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 30 de junio de 2022, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la entonces defensa particular del imputado.
Frente a lo así resuelto —y operado el cambio de patrocinio letrado— el señor defensor oficial adjunto ante aquella instancia, doctor José María Hernández, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
El Tribunal de Casación Penal, el 18 de mayo de 2023, admitió el recurso en punto a la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. Teniendo en consideración lo referido en los antecedentes, solo corresponde reseñar los agravios por los cuales fue admitido el recurso extraordinario (esto es, la errónea aplicación de los arts. 40 y 41, Cód. Penal). Los tópicos de pretenso cariz constitucional desarrollados por la defensa oficial (revisión aparente de la sentencia, infracción a la garantía de la doble instancia, falta de fundamentación de la pena —art. 18, Const. nac.—), quedaron marginados de dicho examen y la defensa no interpuso recurso de queja contra esa decisión.
I.2. Sentado lo anterior, el impugnante denunció la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal.
Se quejó de la desconsideración por parte del revisor de la edad del imputado (sesenta y dos años) y sus problemas de salud como pautas atenuantes de la pena, esgrimiendo para ello que dichas circunstancias no se vinculan con las puntuales de las distintas materialidades ilícitas.
Aseveró que el art. 41 inc. 2 del Código sustantivo establece atenuantes y agravantes a la luz de las condiciones y situaciones personales del autor del hecho, y que, en el caso puntual, la avanzada edad de Dell'Arciprete como sus problemas de salud deberían incidir al momento de mensurar la sanción.
Por último, agregó que ello se relaciona en forma directa con la necesidad de prevención especial de la pena —esto es la resocialización del imputado (art. 5.6., CADH)—, por lo cual, en su parecer, deviene un contrasentido la imposición de una pena de veintitrés años de prisión a una persona que se encontraría en condiciones de recuperar su libertad a sus ochenta y tres años, momento en que prácticamente culminará su vida.
Solicitó que se anule la sentencia impugnada por haber aplicado erróneamente los arts. 40 y 41 del Código de fondo, dictando o mandando a dictar un nuevo pronunciamiento acorde a derecho.
II. El señor Procurador General postuló el rechazo del recurso interpuesto. Comparto lo dictaminado en cuanto a que el planteo no es de recibo.
III.1. El tribunal de mérito tuvo por acreditado que, en fechas no precisadas, entre el 2004 y el 2008, en reiteradas oportunidades, el imputado Carlos Omar Dell'Arciprete le efectuó tocamientos en la vagina por debajo de la ropa a su hija Janet Evangelina Dell'Arciprete y le apoyó su pene en los glúteos por encima de la ropa (Hecho I). Los hechos fueron cometidos cuando la víctima tenía entre once y quince años de edad, por las noches aprovechando que la menor dormía, generalmente entre la una y las tres de la mañana, en el domicilio en que ambos convivían en la localidad de Indio Rico.
También se tuvo por probado (Hechos II.A y B) que entre el año 2005 y el 2012, en reiteradas oportunidades en el domicilio de Indio Rico, Carlos Omar Dell'Arciprete le efectuó tocamientos en los glúteos, le introdujo los dedos en la vagina y le apoyó el pene en los glúteos a su hija Rocío Beatriz Dell'Arciprete. Los hechos tuvieron lugar cuando la víctima tenía entre cinco y doce años. Asimismo, cuando Rocío Beatriz tenía ocho años de edad y también a sus doce años, Dell'Arciprete —al menos en dos oportunidades— la penetró con su miembro viril en la vagina, en el domicilio antes mencionado. Finalmente se tuvo por acreditado el hecho III, consistente en que, entre el 2008 y el 2011, en dos oportunidades, Carlos Omar Dell'Arciprete le efectuó tocamientos en los senos y la vagina a su hija Norma Abigail Dell'Arciprete entre sus cinco y siete años. El primero de los hechos mencionados tuvo lugar en un campo donde trabajaba el imputado en la localidad de Indio Rico y el segundo en la casa del imputado en la localidad referida.
Los sucesos fueron calificados como abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por el vínculo y por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de dieciocho años de edad (Hecho I); abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de dieciocho años de edad, en concurso real con dos hechos de abuso sexual con acceso carnal también agravado por esas dos mismas circunstancias (Hechos II.A y B); y abuso sexual agravado por el vínculo, dos hechos en concurso real (Hecho III), todos los que concurren materialmente entre sí y se condenó a Carlos Omar Dell'Arciprete a la pena de veintitrés años de prisión.
III.2. La entonces defensa particular del imputado impugnó el fallo y se agravió del monto de pena, el que estimó desproporcionado y violatorio de los principios de lesividad y razonabilidad. Indicó que, si se tenía en cuenta la propuesta de juicio abreviado efectuada por el mismo Ministerio Público Fiscal a comienzos del mismo año —de nueve años y seis meses de prisión—, no debería ser admisible que la jueza impusiera luego una pena de más de dieciocho años. Añadió que en la sentencia tampoco se tuvo en cuenta, como atenuante, la falta de antecedentes penales del imputado, como tampoco sus características personales, enfermedades y patologías debidamente acreditadas en autos, y por supuesto agravadas por las condiciones de encierro, como tampoco su avanzada edad —sesenta y dos años—. Respecto a esta última contingencia añadió que las posibilidades de que el imputado continúe con vida a los ochenta y tres años —edad que tendría al momento del acceso a la libertad— eran pocas, por lo que consideró que la sanción era cruel y contraria a la Constitución nacional. Por otra parte, alegó que el imputado era una persona trabajadora desde muy temprana edad, con numerosos vínculos sociales y laborales y un excelente concepto. Agregó que debió tenerse en consideración los problemas de salud (hipertensión, gota, problemas respiratorios) agravados por el encierro. Solicitó la reducción de la pena debiendo determinarse el monto en ocho años de prisión.
III.3. El Tribunal de Casación Penal abordó el recurso y rechazó los cuestionamientos contenidos en él.
Para así decidir indicó que la magistrada sentenciante al fundamentar la pena, además de tener en cuenta la calificación legal de los distintos hechos en concurso real, se ocupó, en primer término, de tratar la cuestión vinculada a las circunstancias atenuantes para luego explicar detalladamente la valoración de agravantes.
El revisor compartió la apreciación en cuanto a que las contingencias de edad y problemas de salud del imputado no fueron vinculadas de modo directo con la culpabilidad mostrada por el acusado en los hechos juzgados, y añadió que, al menos en principio y sin otras explicaciones adicionales, dichas situaciones no encuentran amparo en la normativa de los arts. 40 y 41 del Código Penal.
Señaló que la defensa no había controvertido de modo puntual lo señalado por la magistrada, lo que obstaculizaba el reclamo al no haber rebatido los fundamentos de la decisión.
Agregó que tampoco abordó exitosamente la consideración de la jueza de grado en el sentido de que tales contingencias no venían vinculadas de modo directo con la culpabilidad mostrada por el acusado en los sucesos puntualmente juzgados.
Explicó que las circunstancias enunciadas no aparecían encapsulables en la normativa denunciada como transgredida (arts. 40 y 41, Cód. Penal), por no vincularse con las distintas materialidades ilícitas juzgadas.
Recordó que la magistrada había desarrollado de manera amplia —citando la prueba pertinente— el daño psicológico causado a las víctimas como circunstancia agravante, también la diferencia de edad entre las víctimas y el imputado en tanto demostrativa de la superioridad física del atacante y el aprovechamiento de esto para la concreción de su accionar —considerando que los hechos se iniciaron cuando las víctimas tenían muy corta edad, cinco años en el caso de una de ellas—. Asimismo, que había computado como pauta severizante el contexto de violencia familiar y de género en que los hechos abusivos tuvieron lugar y, en cuanto a las circunstancias de realización, el hecho de que el imputado entregara dinero a su hija, a la voz de "muy bien hijita" luego de accederla vaginalmente, al configurar para la niña una mayor humillación y degradación.
Por ello, luego de repasar los fundamentos del fallo aseveró que no encontraba verificadas las defecciones denunciadas en el recurso.
Explicó que a la hora de fundar la sanción se habían brindado los motivos que sustentaron el monto de pena escogido. Destacó que no existía otro límite superior que el máximo de la escala penal aplicable al caso (lo que descartaba la alegación vinculada con conductas procesales previas del Ministerio Público Fiscal), y la imposición del mínimo legal no era obligatoria en modo alguno para el órgano de primera instancia lo cual, en el caso puntual, se había reforzado por la consideración de distintas pautas agravantes.
Mencionó que la pena dictada se encontró dentro de los límites legales pudiendo conocerse sin dificultad, los motivos desarrollados por la sentenciante a la hora de fijar el reproche, sin que se comprobara arbitrariedad alguna a su respecto.
Recordó que la facultad de imponer pena (monto y especie) con correcta subordinación al encuadre legal del hecho juzgado y con arreglo a las pautas emergentes de los arts. 40 y 41 del Código Penal, pertenece exclusivamente al tribunal de primera instancia.
Finalmente señaló que no bastaba con invocar vulneraciones a principios constitucionales, sino que debía explicarse circunstanciadamente con sustento en las constancias comprobadas del caso cómo se habrían producido tales infracciones.
IV. El reclamo vinculado con la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, no es de recibo.
Se advierte una reedición de los agravios llevados ante la Casación respecto de la desconsideración en el carácter de pautas atenuantes de la edad del imputado y sus problemas de salud, sin rebatir adecuadamente los fundamentos brindados por aquel órgano intermedio. De modo que el planteo solo espeja la formulación de una opinión discordante, ineficaz para conmover lo decidido (conf. causa P. 127.349, sent. de 14-VI-2017).
Ninguna refutación idónea expresa sobre las consideraciones vertidas en el pronunciamiento en crisis susceptibles de modificar lo decidido en sentido contrario a la pretensión de la parte.
Cabe recordar que, en lo concerniente al monto de pena aplicado, es doctrina de esta Corte que el Código Penal no contiene un determinado sistema legal para efectuar la cuantificación punitiva, ni un punto de ingreso a la escala penal dentro del marco de las escalas previstas para las penas divisibles en razón del tiempo o de la cantidad por los arts. 40 y 41 del Código Penal (conf., entre otras, causas P. 74.318, sent. de 7-V-2003; P. 67.662, sent. de 10-IX-2003; P. 105.758, sent. de 3-III-2010; P. 111.426, sent. de 12-IX-2012; P. 112.316, resol. de 17-IV-2013 y P. 112.514, resol. de 24-IV-2013).
El criterio divergente de la parte respecto de la incidencia sobre la determinación del monto de la pena a aplicar de las circunstancias atenuantes y agravantes computadas, no implica ni significa violación legal alguna (conf. causas P. 43.015, sent. de 25-II-1992; P. 55.688, sent. de 31-X-1995; P. 64.969, sent. de 12-III-2003; P. 73.338, sent. de 25-VI-2003; P. 130.081, sent. de 5-XII-2018; entre muchas).
Por todo lo expuesto, voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y Carral, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/11/2024 14:39:28 - CARRAL Daniel Alfredo - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/11/2024 17:03:32 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/11/2024 09:06:54 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/11/2024 11:06:27 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/11/2024 11:10:47 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 27/11/2024 12:02:16 hs. bajo el número RS-201-2024 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia