Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 139701
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 139.701, "Broyard, John -Fiscal General de San Isidro- s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 83.770 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Isidro, Sala II, seguida a González, Daniel Iván", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño.
Del expediente digital surge que, el Juzgado Correccional n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro, por sentencia del 25 de junio de 2021, -en el marco de un procedimiento abreviado- condenó a Daniel Iván González a la pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento y diez años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores y costas, por resultar autor responsable del delito de homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo automotor bajo los efectos del alcohol, por exceso de velocidad, por la pluralidad de víctimas fatales, y por fuga o ausencia de socorro a la víctima (arts. 5, 26 en sentido contrario, 29 inc. 3, 40, 41, 45 y 84 bis, Cód. Penal).
Frente a ello, la defensa oficial en representación de González presentó un recurso de apelación.
La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, hizo lugar al recurso, revocó la sentencia dictada por el Juzgado en lo Correccional n° 1 y absolvió a Daniel Iván González en orden al delito atribuido (v. sent. de 7-X-2021).
Contra lo así decidido, el señor Fiscal General del Departamento Judicial de San Isidro, doctor John Broyard, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue admitido por la Sala impugnada (v. resol. de 11-XI-2021).
Oído el señor Procurador General -quien acompañó la pretensión fiscal-, dictada la providencia de autos, acompañada la memoria por parte de la doctora Ana Julia Biasotti, defensora adjunta de la Defensoría de Casación Penal (v. presentación digital de fecha 22-IV-2024) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. Como primer motivo de agravio, el señor Fiscal General recurrente denunció arbitrariedad en la valoración de la prueba. Sostuvo que el revisor no realizó un análisis integral de la prueba porque fragmentó las circunstancias del caso y, para fijar las responsabilidades de los intervinientes, estudió en forma separadas las conductas del imputado y de las víctimas cuando -según adujo- se requería un examen conglobado.
En tal sentido explicó que el caso demandaba una valoración global de los elementos de prueba, como así también un delicado análisis de los deberes infringidos por cada protagonista en el suceso, lo que, de haber sido realizado, habría propiciado un juicio de imputación diverso.
Advirtió también que la Cámara, para eximir de responsabilidad a González, habría recurrido al análisis de supuestos punibles ajenos al caso individual y examinó el obrar del conductor de la moto -Ledesma- sin considerar el actuar de González.
I.2. Como segundo déficit, aseveró que el Tribunal de Alzada utilizó un método inadecuado de imputación basado en la relación de causalidad cuando, a su juicio, la solución demandaba la aplicación de estándares dogmáticos de mayor cientificidad, elaborados a un nivel normativo y basados en la generación de riesgos jurídicamente desaprobados, a lo que sumó que las citas de doctrina formuladas en el fallo fueron inadecuadas.
Señaló que el hecho de que se hiciera foco en cuestiones tales como la "previsibilidad", el "grado de contribución en el resultado lesivo", la "concurrencia de culpas" o la "causación", y que fueran estos los factores determinantes para la solución, evidenció que la metodología usada se focalizó en lo causal, lo que poco aporta a la imputación normativa. Afirmó que en el caso hubo una clara concurrencia de riesgos en la medida en que ambas conductas -tanto la de González como la de Ledesma-, resultaron ser causa adecuada del resultado lesivo, y agregó que lo importante no era entonces determinar qué conducta causó el impacto, sino a quien le era jurídicamente imputable.
Destacó que, si bien la víctima atravesó un cruce con semáforo en rojo y con ello creó un riesgo desaprobado, esa resultó ser una entre varias contingencias que las personas deben atender en el tráfico.
Agregó que, en materia penal la culpa de la víctima, si bien es relevante, no siempre excusa al autor en la producción del hecho cuando la creación de riesgos jurídica y socialmente desaprobados está muy por encima de lo que el derecho y la sociedad están dispuestos a tolerar. Asimismo, sostuvo que el deficiente proceso de imputación derivó en una errónea aplicación de la ley penal.
I.3. Finalmente, planteó que la Cámara, para resolver como lo hizo, se apoyó en argumentos aparentes, sin un real correlato ni vinculación con el caso.
En tal sentido, aseveró que el resultado lesivo fue producto del riesgo concurrente, toda vez que la conducta del imputado importó, por sí misma, la comisión de un injusto con relevancia penal suficiente como para realizar el juicio de imputación al tipo objetivo. Concluyó que el imputado al conducir un vehículo de mayor potencial lesivo en infracción de las normas de tránsito creó un riesgo de mayor entidad que las infracciones cometidas por la víctima, por lo que -en su caso- debió analizarse esto último en la determinación de la pena pero no pudo haber sido fundamento para la atribución de responsabilidad jurídico penal de González.
II. El señor Procurador General sostuvo el recurso articulado y postuló su acogimiento.
Por su parte, la señora defensora oficial adjunta ante la instancia intermedia, doctora Ana Julia Biasotti, acompañó la memoria y solicitó se declare la insuficiencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, y se confirme la absolución cuestionada (v. presentación digital de 22-IV-2024).
III. Desde mi punto de vista, el recurso no prospera pues no se demostró la configuración de un supuesto de valoración parcial y fragmentada de la prueba susceptible de descalificar al pronunciamiento objeto de examen como acto jurisdiccional válido (conf. art. 18, Const. nac.).
III.1. En primera instancia, el Juzgado en lo Correccional n° 1 de San Isidro, en el marco de un juicio abreviado, tuvo por acreditado que "...el día 15 de agosto del año 2020, siendo aproximadamente las 00.40 horas, en circunstancias en que Daniel Iván González, se encontraba conduciendo el automóvil Renault Megane II [...] de manera imprudente y negligente al circular sin el cuidado y prevención correspondiente en forma antirreglamentaria y en clara violación al deber objetivo de cuidado que le imponen el art. 84 bis del Código Penal y la Ley de Tránsito de la Provincia Buenos Aires Nº 13.927 que adhiere a la Ley Nacional nº 24.449 y modificatorias- habida cuenta que circulaba a priori a una velocidad excesiva a la permitida ..., conduciendo bajo los efectos del alcohol (0.79 % alcohol en sangre), con la merma en los reflejos y capacidades de conducción que eso produce; es que [al] llegar a la intersección de calle Juan Domingo Perón - arteria por la cual circulaba- y [El] Salvador de la localidad de Benavídez, partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires colisiona con el frente del rodado a una motocicleta CG Titan color roja [...] en la cual circulaban Ananda Giselle Barrio y David Fabián Ledesma, del cual, producto del impacto sufrido, [...] salen despedidos del motovehículo impactando sus cuerpos en la cinta asfáltica ocasionándoles politraumatismos graves que generaron su óbito, sin que el aquí imputado preste auxilio toda vez que luego del impacto, continuó con su marcha abandonando el vehículo en el cual circulaba a los pocos metros en un estado inutilizable".
Consideró a Daniel Iván González autor responsable del delito de homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo automotor bajo los efectos del alcohol, por exceso de velocidad, por la pluralidad de víctimas fatales, y por fuga o ausencia de socorro a la víctima. Lo condenó a la pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento y diez años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores.
Para así decidir, luego de reseñar y valorar la prueba obrante en la causa, señaló que había quedado probado que González conducía su auto por la avenida Juan Domingo Perón a una velocidad superior a la permitida y con una ingesta alcohólica prohibida por la ley de tránsito, lo que elevó el riesgo. Que en esas circunstancias, al llegar a la intersección con la calle El Salvador (localidad de Benavídez, partido de Tigre), colisionó contra la moto en la que circulaban David Fabián Ledesma y Amanda Giselle Barrio, y producto de ello, ambos fueron despedidos de la moto impactando en la calle, lo que les causó politraumatismos graves que les generaron el fallecimiento.
Indicó que González, luego del choque, continuó con su marcha y a los pocos metros abandonó su vehículo -en un estado inutilizable-, sin prestar auxilio o asistencia a los damnificados.
Resaltó que la conducta del sujeto que comandaba la moto -Ledesma- también había incidido directamente en el resultado porque había ingerido alcohol por sobre el límite legal (2.87 g/l), se desplazaba a exceso de velocidad y cruzó la encrucijada sin detener su marcha a pesar de que el semáforo le habría vedado el paso, además de que no llevaba -ni él ni su acompañante- el casco reglamentario.
Sin embargo, consideró que el obrar de Ledesma no fue suficiente como para descartar la elevación del riesgo jurídicamente desaprobado del imputado.
Indicó que la conducción "...en franca violación a la normativa vigente", significó la creación de un peligro jurídicamente relevante, aún con el aporte de Ledesma, por cuanto González, en altas horas de la noche condujo su vehículo a exceso de velocidad, en un estado de ingesta alcohólica y en una esquina con visibilidad disminuida.
Sostuvo que el cruce intempestivo de la moto debía haberle resultado previsible y por lo tanto, evitable.
Explicó que si se hubiese mantenido dentro del riesgo permitido (sin ingesta alcohólica y respetando el límite de velocidad) habría tenido un "...mayor dominio de su rodado" y el resultado no habría acaecido, aún mediando el aporte de Ledesma.
Destacó que el cruce intempestivo de la motocicleta en las condiciones apuntadas, no era un hecho extraordinario, por lo que negó que pudiese acudirse al principio de confianza dado que la colisión no existió solo por la imprudencia del motociclista sino que el imputado, "...ante la ingesta alcohólica debió omitir ponerse al frente del volante y circular a una velocidad excesiva, (lo que determinó menor posibilidad de control) y ello implicó asumir bajo su auto o propia responsabilidad que ante cualquier infortunio (propio de una actividad riesgosa como el tránsito) no contaría con la capacidad suficiente para sortear el obstáculo".
Concluyó así que el choque necesitó, fundamentalmente, de la actuación imprudente y antirreglamentaria de ambos conductores, quienes no respetaron normas de tránsito que les impedían manejar sin superar el límite de velocidad o hacerlo habiendo ingerido alcohol más allá de lo autorizado, con la consecuente disminución en el control del vehículo, sin perjuicio del eventual cruce en rojo que se le atribuyó al motociclista (v. veredicto condenatorio de 25-VI-2021).
III.2. La Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, mediante el voto del juez Pitlevnik (que concitó la adhesión simple del juez Cayuela) hizo lugar al recurso de la defensa oficial de Daniel Iván González y lo absolvió.
III.3. Luego de relatar los hechos que se tuvieron por probados, el fallo resaltó que las pericias determinaron que el auto que manejaba González iba por la avenida Juan Domingo Perón a una velocidad -como mínimo-, de 75 km/h -pericia accidentológica de la policía científica- o no menor de 70 km/h -informe del perito de la Dirección de Investigación Accidentológica de la Agencia Nacional de Seguridad Vial-.
Circulaba con semáforo en verde y González tenía alcohol en sangre superior a lo permitido: 0.79 (según test de alcoholemia).
Por la calle El Salvador (sentido hacia la avenida Juan Domingo Perón) circulaba David Fabián Ledesma en una moto Honda Titán y llevaba como acompañante a Amanda Giselle Barrio. Al llegar a la intersección con la avenida Perón, Ledesma cruzó con el semáforo en rojo donde fue impactado por el Renault Megane conducido por González.
Destacó que si bien la pericia accidentológica no pudo determinar la velocidad en la que circulaba la moto de Ledesma, el juez de la instancia había concluido -a partir de las imágenes fílmicas del evento-, que ninguno de los rodados detuvo su marcha en la encrucijada, destacando la violencia del impacto. A ello sumó el informe pericial que probó que Ledesma registraba 2.87 g/l de alcohol en sangre, mientras que a su acompañante Barrio se le detectó 1.9 g/l de alcohol etílico en sangre.
También se tuvo por probado que las víctimas no llevaban puesto casco y subrayó que a través de los informes de autopsia había quedado establecido que la causa de la muerte -de ambos- fue traumatismo cráneo cervical grave.
De seguido el magistrado ponente se refirió a las consideraciones y conclusiones del juez de primera instancia, de las que se apartó dado que, desde su punto de vista, el aporte de la víctima no podía soslayarse en la producción del hecho. Así, afirmó que no solo se había acreditado una maniobra temeraria por parte del motociclista -el cruce de una avenida con semáforo en rojo, previo a una maniobra en "U"-, sino también la falta de utilización del casco reglamentario por ambas víctimas, a lo que agregó la cantidad de alcohol en sangre, con un porcentaje que casi triplicaba al del imputado cuando la norma establecida por la ley 24.449 fija un límite de 500 miligramos por litro de sangre para la conducción de vehículos en general y 200 miligramos por litro de sangre para motocicletas y ciclomotores (norma vigente al momento de los hechos).
Refirió que la doctrina y la jurisprudencia han puesto en duda la imputación del resultado frente a aportes de envergadura de la propia víctima que desplacen la infracción del imputado. Aludió a que las denominadas "acciones de propio peligro" relevan de responsabilidad al causante del daño en los casos en que la víctima asume voluntariamente un riesgo, y que la omisión del uso del casco o el cinturón de seguridad es un supuesto de pluralidad de competencias entre autor y víctima que libera al primero en el juicio de imputación.
Con cita de doctrina y jurisprudencia manifestó que el exceso en 0,29 gramos de alcohol en sangre con más el exceso de velocidad de 10 ó 15 km sobre el máximo permitido -infracciones reprochadas al imputado- tendrían incidencia jurídico penal si el resultado lesivo hubiera sido el producto de una disminución de reflejos o cuidados que tales irregularidades pueden generar en la circulación. Empero, consideró que en el caso, la no evitación del resultado tuvo lugar a raíz de que las propias víctimas se habían puesto en una situación de riesgo mayúsculo al desentenderse de las reglas mínimas de cuidado.
Especificó que no se trataba de negar las infracciones cometidas por González, sino de determinar el grado de contribución que estas tuvieron en el resultado lesivo para establecer si, frente a una conducción diligente, el resultado se habría podido evitar.
En las condiciones descriptas, estimó dudoso que la infracción al deber de González haya sido la que causó el resultado fatal, a lo que agregó que la "lamentable" fuga posterior del imputado no modificó su aporte previo al choque. Confirmó -a partir de las imágenes- que la maniobra que realizó Ledesma (la que calificó de "peligrosísima") resultó temeraria e intempestiva y no -como lo manifestó el juez correccional- "...un incidente propio del tráfico vehicular previsible por quien circula por la avenida".
Estimó así que el riesgo creado por Ledesma tuvo una densidad suficiente como para completar el juicio de imputación objetiva y dejar fuera al de González en la contribución del resultado lesivo.
Culminó, con invocación del principio de legalidad mediante, revocando el pronunciamiento condenatorio y dictó la absolución del imputado, sin costas, en orden al delito por el cual había sido condenado.
IV. Como lo adelanté, el recurso no puede progresar (art. 495, CPP).
El impugnante, al invocar valoración parcial y fragmentada de la prueba, hizo pie en la doctrina de la arbitrariedad de sentencias edificada por la Corte federal, pero esa afirmación no se vio reflejada en argumentos que demuestren un supuesto de ese tenor, es decir, que el fallo presente desaciertos u omisiones graves en el tratamiento y evaluación de las constancias del caso para arribar al veredicto absolutorio (art. 495, CPP).
Se advierte que, al tratarse de un procedimiento de juicio abreviado, los jueces de la Cámara -para dar respuesta al planteo de la defensa- se valieron de los mismos elementos de prueba y circunstancias fácticas tenidas por acreditadas por el magistrado originario, es decir que estuvieron en paridad de condiciones para valorar la prueba del caso. En línea con ello, no se advierte que se haya omitido una estimación global de la prueba.
Indiscutida entonces la cuestión fáctica (en la que coinciden ambos fallos) la controversia se reduce a la evaluación que los decisores realizaron de los aportes riesgosos del imputado y de la víctima. En ese marco, la Cámara concluyó que los riesgos no permitidos introducidos por el conductor de la motocicleta -Ledesma- fueron tan drásticos que tuvieron una entidad suficiente como para completar el juicio de imputación objetiva incluso por fuera de las infracciones cometidas por el conductor del automóvil -Iván González-.
El recurrente, por el contrario, plantea que la absolución es errada pues, -según sostiene a la luz de un conjunto de extractos de citas de obras y autores-, la dogmática penal, frente al conjunto de riesgos no permitidos introducidos por ambos protagonistas del suceso prescribiría una única solución: la atribución de responsabilidad penal del imputado (con, acaso, una merma en la determinación de la pena en virtud de los riesgos introducido por la víctima).
Sin embargo, como se dijo, la argumentación es insuficiente por los siguientes motivos.
Primero porque el impugnante no alcanza a explicar "...de qué modo la porción de los riesgos no permitidos introducidos por el imputado se realizaron en el resultado muerte, frente a la probada existencia de otros riesgos no permitidos introducidos por la propia víctima" (conf. mi voto en un caso similar, causa P. 110.901, "Paxote", sent. de 20-VIII-2014).
Segundo, porque aun cuando desde hace tiempo se hayan venido desarrollando una serie de categorías enfocadas a este tipo de casos de confluencia de conductas que generan riesgos prohibidos, no se aprecia que exista una solución de tal tenor impuesta por la comunidad dogmática penal contemporánea (doctr. art. 495, CPP).
Por último, resta señalar que el recurrente silenció toda crítica al argumento de la observancia del principio de legalidad al que también aludiera el revisor. En efecto, a la luz de ese mandato constitucional, la Cámara estimó que, aun comprobadas las infracciones concurrentes del agente -conducción bajo la ingesta alcohólica y por encima del límite de velocidad- estas eran insuficientes para hacerlo responder penalmente de conformidad con la atribución normativa del resultado "muerte"
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.