Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137806
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.806, "Galarza, Javier Hernán y Taborda Orozco, Máximo Adrián. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nº 95.673 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Kohan.
De las actuaciones digitalizadas obrantes en el sistema de gestión de expedientes Augusta se desprende que la Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 13 de julio de 2020, rechazó —por improcedentes— los recursos de la especialidad interpuestos por la señora defensora oficial —doctora Gladys Noemí González— y por el señor defensor particular —doctor Damián Flores Ortigoza— en favor de Javier Hernán Galarza y de Máximo Adrián Taborda respectivamente, contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que los había condenado a la pena de veintiún años de prisión, accesorias legales y costas, con más la declaración de reincidencia a cada uno de ellos, por resultar coautores responsables de los delitos de homicidio en ocasión de robo y robo agravado por el empleo de arma cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse, en concurso real entre sí (conf. arts. 50, 55, 165 y 166 inc. 2, párr. tercero, Cód. Penal).
Frente a lo así decidido, la señora defensora oficial adjunta ante el Tribunal de Casación Penal, doctora Ana Julia Biasotti, y el aludido defensor particular, doctor Damián Flores Ortigoza, interpusieron sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, los que fueron declarados parcialmente admisibles por resolución del tribunal intermedio en orden a la denuncia de errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal respecto de Galarza y a los agravios vinculados con el grado de participación criminal que se atribuyó a Taborda —art. 45 del Código Penal— (v. resol. digital de 12-IX-2022). Ello motivó la interposición de queja por la parcela denegada de parte de la defensa oficial en favor del coimputado Galarza, que esta Corte rechazó por improcedente (conf. causa SCBA P. 137.558, resol. n° RR-36-2023, de 16-II-2023).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 6-X-2023), dictada la providencia de autos de 12 de octubre de 2023, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial a favor de Javier Hernán Galarza?
2ª) ¿Lo es el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la defensa particular en beneficio de Máximo Adrián Taborda?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En lo que corresponde resolver a tenor del acotado juicio de admisibilidad que ha sido reseñado en los antecedentes de la presente, la señora defensora oficial adjunta de Galarza denunció la violación de los arts. 40 y 41 del Código Penal.
Expresó que en su escrito de impugnación ante la instancia intermedia esa parte se había agraviado por la pena impuesta a su defendido por considerarla excesiva y desproporcionada y añadió que, en oportunidad de presentar el memorial que prevé el Código adjetivo, apuntaló tal reclamo cuestionando la valoración de los antecedentes condenatorios del encartado como serverizante de la sanción fijada, por considerar que ello vulneraba los principios de culpabilidad, reserva, igualdad, derecho penal de acto y ne bis in idem, y por ser consagratorio tal proceder de un derecho penal de autor.
Reclamó que, al momento de contestar dicho planteo, el órgano revisor no trató la cuestión o lo hizo de un modo parcial, omitiendo cualquier referencia a dicha crítica. Así, explicó que la Casación se limitó a confirmar la decisión del tribunal originario por considerarla válida y por ser facultad de los jueces de mérito evaluar la incidencia de cada circunstancia sobre el monto de pena a imponer, rechazando el recurso de la especialidad con meras expresiones dogmáticas.
Luego —en lo que aquí interesa destacar— se refirió en primer lugar al "...proceso lógico de la construcción de la pena" y en segundo término al requisito de "...'fundamentación' de una pena de prisión". Con ese norte, explicó en torno al primero que —a su entender— es fundamental conocer el iter determinativo de la pena y la manera en que ella se conectó en abstracto con la persona de su defendido. Así, sostuvo —con cita del voto del entonces señor juez doctor Zaffaroni en el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Estévez", sentencia de 8-VI-2010— que, extraída la escala legal aplicable para adecuarla al caso concreto, se obtiene un punto fijo del cual partir -llamado punto de ingreso- a los efectos de ponderar desde allí las atenuantes y agravantes (conf. art. 40, Cód. Penal), debiendo asignarse a cada una de esas pautas un monto de punición para luego ser sumados y debitados y llegar así al monto fijo final que corresponde aplicar.
En orden a la fundamentación de la pena, adujo que el tribunal intermedio no trató los cuestionamientos referidos a esa cuestión, como tampoco brindó ningún análisis sobre la escala penal en sí ni sobre cómo impactaron en ella cada una de las circunstancias de mensura de la pena ponderadas, por lo que coligió que sus afirmaciones fueron infundadas y la sanción establecida fue excesiva y desproporcionada.
II. El señor Procurador General dictaminó propiciando el rechazo del recurso. Coincido con su opinión.
III.1. El pronunciamiento del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora -que resultó confirmado por la casación— tuvo por debidamente acreditados los siguientes sucesos: "HECHO I.- El día 30 de julio del año 2016, aproximadamente a las 17.00 hs., dos individuos del sexo masculino, mayores de edad que se movilizaban a bordo de un automotor marca Renault modelo Logan, patente colocada JLB-313, color gris; por la Localidad de San José, partido de Lomas de Zamora; coactuando al efecto y dividiéndose los roles; decididos a cometer ilícitos contra la propiedad a mano armada, acordaron detener la marcha en inmediaciones de las arterias Quilmes y Don Bosco, descendiendo uno de ellos —quedando el restante a la espera comandando el rodado—, caminar por esta última calle aludida; donde intercepta a los ciudadanos Alejandro Javier Zalazar y Yanina Soledad Creaney, quienes se hallaban en la vía pública haciendo una mudanza en el domicilio sito en Don Bosco [...] y; previo intimidarlos con una arma de fuego del tipo revolver que el asaltante detentaba en la oportunidad, los desapoderó ilegítimamente de efectos personales de valor; siendo que en dicha circunstancias, con motivo y en ocasión del robo perpetrado le efectúa al citado Zalazar un disparo con el arma de fuego que poseía, impactándole el proyectil a la altura del pecho, provocándole lesiones de tal magnitud que le produjeron su casi inmediato deceso; para darse a la fuga del lugar con el producto del delito; volviendo a la carrera y ascendiendo al vehículo Renault Logan, en el cual esperaba su consorte, escapando ambos juntos de la escena con la finalidad de lograr impunidad", y "HECHO II.- 'Minutos después de haber ejecutado el Hecho I, los mismos individuos, siempre transitando con el automotor Renault Logan, patente JLB-313, interceptan ahora al ciudadano Oscar Alberto Reynoso, en momentos en que caminaba por la arteria 30 de septiembre (ex Divisoria) entre calle Frías y 25 de mayo, en la localidad de Temperley, partido de Lomas de Zamora y; volviendo a utilizar idéntica estrategia, uno de los asaltantes desciende del auto (mientras el restante al comando de la unidad lo aguarda a los pocos metros) y previo arremeter e intimidar al citado trabajador con un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido acreditarse a la fecha, lo desapodera ilegítimamente de efectos personales y de valor —celular y billetera— para luego subirse nuevamente al Renault e iniciar raudo escape junto a su compinche'" (veredicto condenatorio, primera cuestión planteada).
Al momento de determinar la pena a imponer, el tribunal de grado no ponderó atenuantes en razón de que "...las partes los han descartado en sus alegatos y tampoco los advierto" (veredicto cit., cuestión cuarta) y, como agravantes, valoró las circunstancias referidas a "...la extensión del daño causado en materia psicológica y económica" y los "...precedentes condenatorios firmes que registran [ambos imputados]" (veredicto cit., cuestión quinta).
Sobre esta última pauta de agravación, expresó que el acusador público "...refirió los sinnúmero de precedentes condenatorios firmes que registran [ambos consortes de causa]" a partir de los informes obrantes en la causa, y estimó que "Tales antecedentes por delitos graves (amén de convertirlos en reincidentes), ponen de manifiesto la peligrosidad de los agentes, volviendo los mismos a recaer en actividades delictivas —como expresara la Fiscalía—, resultando ello demostrativo de la falta de adaptabilidad de los enjuiciados a la ley y a las normas de las conductas exigidas por una sociedad a la fecha hipersensibilizada por los hechos ilícitos, instaurando aún más temor en la conciencia colectiva, acentuando así la inseguridad en que se encuentra la sociedad. En tal sentido entiendo, siguiendo los principios de la lógica, la psicología y la experiencia común, que [e]ste tipo de hechos aumenta la peligrosidad social, ocasionándole un importantísimo daño a la misma" (veredicto cit., cuestión quinta).
Tal como fue reseñado en los antecedentes de la presente, Galarza fue condenado a la pena de veintiún años de prisión, accesorias legales y costas con más la declaración de reincidencia, por resultar coautor responsable de los delitos de homicidio en ocasión de robo y robo agravado por el empleo de arma cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse, en concurso real entre sí (v. sent. de origen, primera y segunda cuestión planteada).
III.2. Al interponer el recurso de casación, la señora defensora oficial de Galarza objetó —en lo que aquí interesa— que la sanción impuesta era muy elevada y que no se tuvieron en cuenta las pautas que surgen de los arts. 40 y 41 del Código Penal, en tanto entendió que la labor de mensura debía serlo por el hecho en cuestión y no por la reincidencia que tuviera Galarza, ya que se juzga en el caso un delito penal de acto y no de autor, y solicitó que se aplique a su defendido la pena mínima de los delitos enrostrados.
En la memoria que autoriza el art. 458 del Código Procesal Penal, la señora defensora oficial de Galarza mantuvo los cuestionamientos articulados en el recurso de casación, efectuó diversas consideraciones generales en torno a que la peligrosidad como fundamento de la pena es tributaria de un derecho penal de autor abiertamente incompatible con el principio de culpabilidad por el hecho que recoge nuestra carta magna (arts. 18 y 19, Const. nac.), y concluyó que, si se entendiese que la aplicación del art. 41 del Código Penal permite la evaluación de circunstancias agravantes fundadas en las condenas anteriores, en contradicción con la prohibición del ne bis in idem y el principio de culpabilidad, debería declararse su inconstitucionalidad (v. memorial cit., apdo. "a").
III.3. En el abordaje de dicho reclamo, la Sala II del Tribunal de Casación —a través del sufragio emitido por el doctor Mancini, que concitó la adhesión simple de la doctora Budiño— descartó que se encuentre presente un vicio de arbitrariedad o absurdo en la determinación fáctica de las circunstancias evaluadas en el proceso de dosimetría de la pena, una errónea aplicación de la respectiva norma sustantiva o una vulneración a garantías constitucionales que puedan incidir en la determinación del monto de pena, tornándola inusitada o desproporcionada y habilitando de tal manera su control ante esa instancia.
Explicó que "...estando facultados los jueces de mérito a evaluar la incidencia que cada circunstancia tiene sobre el monto de pena a imponer sin que ello resulte un proceso matemático, debe rechazarse el reclamo que se limita a sostener que el monto punitivo es elevado".
Adunó a ello que "La sanción se encuentra dentro de la especie y escala legal de los delitos por los que se condenó a los encartados Galarza y Taborda y no constituye trasgresión de las reglas que disciplinan el proceso de determinación judicial de la pena la no imposición del mínimo previsto, desde que el plexo normativo no establece un punto de ingreso fijo a la escala legal, siendo la intensidad antijurídica del hecho, entre otros aspectos, los que deben determinar la cuantía sancionatoria sobre la que operarán en definitiva las atenuantes y severizantes que se computen en cada caso".
Concluyó que los magistrados de la instancia de mérito fundaron suficientemente la determinación del monto de la pena de prisión impuesta —veintiún años de prisión—, contemplando las pautas de las normas denunciadas "...fijando una sanción que no luce desentendida de la magnitud del hecho enjuiciado ni las circunstancias que confluyen en el sub examine", por lo que procedió a desestimar el recurso de casación deducido por la parte por la manifiesta insuficiencia de sus planteos tendientes a poner en evidencia que el monto de la pena escogida sería elevada, arbitraria, irrazonable o fijada en transgresión a las facultades que la ley le confiere al juzgador de mérito.
Recordó que en el veredicto condenatorio no se valoraron atenuantes, mientras que con cariz severizante se ponderaron la extensión del daño causado y los antecedentes condenatorios respecto de ambos encausados —Galarza y Taborda—, aspectos estos de la decisión que "...también fueron abordados anteriormente sin que hayan logrado ser conmovidos por el impugnante", y advirtió que el sistema de determinación judicial de la sanción contemplado en los arts. 40 y 41 del Código Penal no se traduce en un aumento o disminución de cantidades fijas de pena, puesto que la última norma mencionada establece una serie de pautas según las cuales el sentenciante debe fijar la penalidad dentro de los límites de la escala penal sin quedar sujeto a moldes tasados en torno al monto de pena a aplicar y sin que tampoco se encuentre legalmente estipulado un "punto de ingreso" a la escala penal respectiva para efectuar la fijación del monto sancionatorio, siempre que tal operación respete los límites impuestos por la escala, extremos que estimó verificados en el caso concreto.
Expresó, respecto del reclamo por el cual la parte pretendió objetar que se hubiera valorado como agravante los mismos antecedentes condenatorios que se tuvieron en cuenta a fin de declarar la reincidencia de ambos imputados —Galarza y Taborda—, que "...se trata de dos aspectos distintos del pronunciamiento dictado. Por un lado la ponderación —como severizante— de la condena anterior firme que registran ambos imputados sirvió de base para individualizar el reproche conforme los arts. 40 y 41 del C.P., lo cual aparece ajustado a derecho si se tiene en cuenta que resulta una circunstancia válidamente mensurable a la luz de esa normativa, por cuanto la insistencia delictual, como circunstancia independiente del anterior delito —independencia—que desvanece el argumento que pudiera esgrimirse relativo a la supuesta violación del 'ne bis in idem'-, denota un mayor reproche derivado de la mayor peligrosidad evidenciada en el nuevo hecho concreto, sin que deba interpretarse este último concepto conforme los parámetros 'peligrosistas' del positivismo jurídico, que resultan inaceptables dentro de nuestro diseño constitucional".
Añadió que tal circunstancia resulta una pauta específicamente mensurable en el art. 41 inc. 2 del Código Penal, que alude expresamente a "...los demás antecedentes y condiciones personales [del inculpado]" y que, como se afirmó anteriormente, "...ese antecedente puede ser válidamente tenido en cuenta a fin de declarar reincidente al acusado, pues ello no podría importar una doble valoración prohibida al referirse a distintos aspectos de la pena que en definitiva se impuso".
Destacó que los antecedentes condenatorios que registran ambos encartados fueron correctamente valorados a fin de establecer el monto punitivo por los hechos enjuiciados de la presente causa, con independencia de haberse verificado los presupuestos para la declaración de reincidencia.
Finalmente, dijo que la reincidencia constituye un "estado" que se configura de pleno derecho a partir de la verificación de los presupuestos contenidos en el art. 50 del Código Penal, con independencia de que uno de los extremos necesarios para su dictado (condena anterior firme) resulte mensurable a fin de determinar la pena.
Por las razones expuestas, procedió a desestimar el reclamo formulado por la defensa oficial en el ámbito de la dosimetría de la pena.
IV. El recurso no prospera.
IV.1. En virtud de lo reseñado, se advierte que el motivo de agravio por el cual la defensa oficial de Galarza pretendió poner en evidencia que el tribunal recurrido en su labor revisora dejó de considerar determinados planteos inherentes a la mensura de la sanción llevados a su conocimiento —que han sido reseñados en el punto I de la presente—, se sustenta solo en una visión diferente sobre la manera en cómo debe efectuarse el proceso de determinación judicial de la pena, lo que no puede prosperar tomando como premisa que —tal como lo advirtió el tribunal intermedio— el digesto sustantivo no contiene un determinado sistema legal para llevar a cabo la dosimetría, ni un punto de ingreso a la escala penal dentro del marco de las escalas previstas para las penas divisibles en razón del tiempo o de la cantidad por los arts. 40 y 41 del Código Penal (conf. doctr. causas P. 74.318, sent. de 7-V-2003; P. 67.662, sent. de 10-IX-2003; P. 105.758, sent. de 3-III-2010; P. 111.426, sent. de 12-IX-2012; P. 112.326, resol. de 17-IV-2013; P. 112.514, resol. de 24-IV-2013; P. 125.842, sent. de 17-VIII-2016; P. 127.780, sent. de 18-X-2017; P. 126.852, sent. de 11-IV-2018; P. 131.375, sent. de 4-XII-2020; P. 133.244, sent. de 23-XII-2021; P. 134.798, sent. de 30-VI-2022; P. 135.382, sent. de 13-VII-2022; P. 134.211, sent. de 22-IX-2022; P. 135.688, sent. de 13-XI-2023; P. 136.666, sent. de 26-III-2024; P. 136.309, sent. de 3-IV-2024; e.o.).
IV.2. Por otra parte, el planteo según el cual se cuestionó la ponderación del antecedente penal como pauta agravante y la afectación del principio de culpabilidad por el acto y de la garantía de ne bis in idem, tampoco procede
Tiene dicho esta Suprema Corte que el cómputo como agravante de la condena anterior —contrariamente a lo pretendido por la parte— no vulnera el principio de culpabilidad (conf., en lo pertinente, causas P. 100.577, sent. de 22-X-2008; P. 102.267, sent. de 29-XII-2008; e.o.).
En igual sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Gago, Damián Andrés s/causa nº 2175", sentencia de 6-V-2008 —por remisión al dictamen del señor Procurador Fiscal— ha resuelto que "...el desprecio por la pena anterior se refleja en una mayor culpabilidad, que autoriza una reacción más intensa frente al nuevo hecho (Fallos: 311:1451)".
Además, se ha resuelto reiteradamente que ponderar los antecedentes condenatorios como pauta aumentativa de pena y utilizarlos —a su vez— para la declaración de reincidencia, no implica vulnerar el principio del ne bis in ídem, pues la reincidencia resultante de los antecedentes —no computada paralela e independientemente de aquellos como agravante— conlleva otras consecuencias diferentes que no guardan relación con la cuantía de la pena impuesta (conf. doctr. causas P. 112.817, sent.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.