Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa 138640
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.640, "Hurtado José Luis y Bustos Carlos Eduardo s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 118.141 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño.
De las actuaciones digitalizadas, se desprende que la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante pronunciamiento dictado el 3 de febrero de 2023, rechazó los recursos homónimos interpuestos por las defensas oficiales de José Luis Hurtado y Carlos Eduardo Bustos contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de La Matanza que los había condenado a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso, manteniendo la condición de reincidente para Hurtado, por haber sido encontrados coautores penalmente responsables de los delitos de encubrimiento agravado por resultar el hecho precedente especialmente grave (hecho 1), robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio agravado criminis causae (hecho 2), y robo agravado por el empleo de arma de fuego (hecho 3), todos en concurso real entre sí (arts. 40, 41, 41 bis, 45, 50, 55, 80 inc. 7, 166 inc. 2 segundo párrafo y 277 apdo. 3 inc. "a" en función del apdo. 1 inc. "c" del mismo artículo, Cód. Penal).
Frente a ello, el señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en favor de Carlos Eduardo Bustos, e igual remedio impugnativo dedujo el señor defensor oficial adjunto de Casación, doctor José María Hernández, en beneficio de José Luis Hurtado; ambos fueron declarados admisibles por la Sala recurrida (v. resol. digital de 23-III-2023).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de 23-XI-2023), dictada la providencia de autos, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por el señor defensor oficial adjunto a favor de Carlos Eduardo Bustos?
2ª) ¿Lo es el presentado por la defensa oficial en beneficio de José Luis Hurtado?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La defensa oficial de Carlos Eduardo Bustos formuló dos agravios.
I.1. En primer lugar, denunció la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal por considerar que, en el caso, no se verificó la ultrafinalidad dolosa requerida por el homicidio calificado en el suceso individualizado como "Hecho 2".
Juzgó que, al contrario de lo argumentado por el tribunal intermedio, en el transcurso del despojo aparecieron situaciones inesperadas, desesperadas y no queridas para los imputados —esto es, un funcionario policial armado—; y que, en particular para Bustos, en el devenir del suceso surgió el riesgo concreto de ser ultimado por el policía, entendiendo —en definitiva— que obró para salvaguardar su vida o integridad física y no para asegurar el resultado de otro delito.
Explicó que no se podía tener por acreditada la ultraintención que conecta los tipos penales con la mera enumeración de las ultrafinalidades que hacen al tipo penal más gravoso.
Con cita de doctrina de autores a los efectos de dilucidar el tema de la finalidad homicida, destacó que los hechos probados no permitían la calificación legal escogida, y que "...no basta con la existencia de la afectación al bien jurídico vida, sino que es menester acreditar finalidades específicas que exceden del dolo homicida".
En virtud de ello, solicitó que se case la sentencia impugnada declarando erróneamente aplicado el art. 80 inc. 7 del Código Penal y, en consecuencia, se subsuma el hecho en la figura del art. 165 del mismo Código.
I.2. En segundo término, denunció la errónea revisión de la sentencia de condena por la violación a la obligación de fundar los pronunciamientos judiciales que deriva de la razonabilidad republicana (art. 1, Const. nac.) y del derecho de defensa (art. 18 y concs., Const. nac.), en punto a la inobservancia del art. 165 del Código Penal.
Argumentó que la decisión de la instancia revisora constituyó un tránsito aparente que frustró el derecho al doble conforme, ya que, ante los planteos efectuados en el recurso que reclamaban la errónea calificación legal del "Hecho II" y la revisión del modo en que se tuvo por acreditada la participación de Bustos en tal suceso, la respuesta consistió en una reiteración de las razones brindadas por la instancia de grado a las que se agregó alguna propia de la sala designada para intervenir —no exenta de arbitrariedad—, y no en una verificación sobre la correcta aplicación del método histórico.
Destacó que el fallo impugnado no logró establecer, más allá de afirmarlo arbitrariamente, que Bustos hubiera consentido la producción de la muerte de la víctima como medio para lograr la impunidad en la concreción del robo.
Concretamente, reprochó al tribunal revisor el incumplimiento de la garantía de la revisión amplia, al no verificar la aplicación del método histórico, con el límite normativo que a este impone el principio in dubio pro reo.
En apoyo de su reclamo, citó los fallos Herrera Ulloa vs. Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "Casal" y "Martínez Areco" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como lo resuelto en las causas P. 99.084 y P. 89.939, entre otras, de este Tribunal.
Solicitó, en definitiva, que se anule la sentencia en crisis y se reenvíe para el dictado de un nuevo pronunciamiento que —revisando la decisión de origen— acoja o responda de manera eficaz las críticas formuladas a través del recurso de casación.
II. El señor Procurador General propició el rechazo del remedio en examen. Coincido con él.
Con relación a ese suceso, los señores jueces encontraron a José Luis Hurtado y Carlos Eduardo Bustos coautores del delito de robo agravado por el empleo de arma de fuego en concurso real con homicidio agravado criminis causae (arts. 45, 55, 80 inc. 7 y 166 inc. 2 segundo párrafo, Cód. Penal).
Para así decidir dicho encuadre legal, el sentenciante consideró que "...la conexión subjetiva o psicológica entre el homicidio y el robo ventilados (HECHO 2) se desprende con claridad de los dichos vertidos por la testigo Ramírez, quien manifestó que ni bien el Oficial de Policía Iván Leonel Triveño dio la voz de 'Alto Policía', uno de los delincuentes -el que oficiaba de conductor- efectuó varios disparos contra su hijo, lo cual deja en evidencia el claro propósito de asegurar el resultado del ilícito que acababan de perpetrar y procurar su impunidad".
III.2. En el recurso de casación, la defensa de Bustos —entre otros planteos— discutió la calificación legal atribuida al "Hecho 2" por considerar que no era posible establecer la concurrencia del dolo específico que exige el tipo penal del art. 80 inc. 7 del Código Penal, solicitando que se recalifique el referido suceso como constitutivo del delito de robo agravado por homicidio resultante, en los términos del art. 165 del Código Penal.
III.3. Para fundar el rechazo del recurso sobre dicho extremo, la Sala IV del Tribunal de Casación Penal —a través del sufragio inaugural emitido por el señor juez Kohan, que concitó la adhesión simple del señor juez Natiello— indicó inicialmente que el homicidio criminis causae se conecta ideológicamente con otro delito, como sucedía efectivamente en el caso traído a estudio.
Con cita de doctrina de autor, explicó que en el supuesto en examen "...el homicidio intentado fue cometido para procurar la impunidad para los sujetos activos del delito respecto del robo agravado, basando esa conclusión en el plexo probatorio que fuera oportunamente reseñado en el apartado que antecede".
Continuó señalando que "...la procuración de la impunidad [...] puede estar dada tanto para el autor material del delito de homicidio como para terceros" y que la fórmula de dicha figura legal "...extiende a toda procuración de impunidad, respecto de cualquier sujeto, con referencia a delitos en que el homicida no haya participado, incluidos desde ya en los que sí haya participado".
Luego de expresar que en el homicidio finalmente conexo se mata "para" conseguir una de las finalidades enunciadas en la ley y que la existencia de dicha conexidad subjetiva basta para agravar el homicidio, argumentó que no era aplicable al caso el art. 165 del Código Penal, pues en dicho tipo penal ocurre un homicidio durante el transcurso de un robo "...es decir que al robar -o al intentar hacerlo- se mata, a diferencia del homicidio criminis causae, donde los activos matan para robar".
Refirió que en el homicidio agravado los sujetos activos matan para lograr un fin relacionado con el otro hecho criminoso, y que no se detienen en su propósito de lograr el fin perseguido (que en el caso fue procurar la impunidad por el delito de robo agravado), aun habiendo previsto que será conveniente o necesario para tal fin el cometer el homicidio.
Sostuvo que correspondía apartarse de la figura de homicidio en ocasión de robo "...porque del propio contexto de la acción incriminada, se pierde la posibilidad que se trató de un acto no querido, puesto que, de la modalidad evidenciada, surge que la intención estuvo dirigida al resultado mortal".
Indicó que en la figura del art. 165 del Código Penal la muerte aparece como consecuencia de una situación no prevista, impensada, accidental o no querida, lo cual no se verificaba en autos. También descartó que, para que opere la agravante del caso (art. 80 inc. 7, Cód. Penal), deba existir una preordenación deliberada y resuelta con anterioridad de cometer el homicidio en la psiquis del delincuente, pues "...el agravante se configura al corroborarse una conexión ideológica y subjetiva". Por lo tanto, subrayó que "...no requiere indefectiblemente una reflexión sino sólo una decisión, que puede incluso producirse súbitamente en la ejecución del hecho...", con cita autoral y jurisprudencial en el sentido indicado.
Expresó que el delito reprimido en el citado art. 80 inc. 7 se configuró dado que los dos delitos en cuestión —homicidio y robo— estuvieron conectados por medio de un "nexo psicológico", esto es, que el homicidio se relacionó directamente con el robo, siendo dicha comunicación un estrecho punto de contacto donde el primero fue consecuencia de un evento ocurrido a raíz del segundo.
Concluyó que en el caso había dudas respecto al dolo directo en el homicidio cometido, evidenciándose el desprecio por la vida humana por parte de los imputados, cuyo designio criminal fue motivado a partir de la activa intervención del funcionario policial, quien intentó impedir la consumación del asalto que se encontraba en curso, es decir, que la agresión armada desatada contra el nombrado resultó durante el curso de la ejecución misma del hecho; y que, de conformidad con las pruebas discutidas en el debate, era incuestionable que el accionar de los acusados fue doloso y dicho dolo fue el directo de matar, queriendo el resultado típico de la muerte del oficial Triveño.
IV.1. El primer agravio por el que se cuestionó la calificación legal asignada al "Hecho II" no prospera.
Frente a lo resuelto por la Casación, el recurso se revela ineficaz para conmover la calificación legal del referido hecho en los términos del citado art. 80 inc. 7 del Código Penal, ya que las discrepancias planteadas, bajo la denuncia de errónea aplicación de la norma de fondo, están dirigidas a cuestionar el valor otorgado a la prueba en las instancias anteriores —dando para ello una particular interpretación de lo sucedido y de los elementos de convicción tenidos en cuenta— a efectos de lograr un cambio en la calificación legal, y por ello escapan al acotado ámbito de la competencia revisora de esta Corte (art. 494, CPP).
Al respecto, cabe señalar que, si bien es cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede derivar en una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la subsunción legal, salvo supuestos de absurdo o arbitrariedad, claramente alegados y demostrados, no corresponde a este Tribunal revisar los supuestos errores de hecho invocados (conf. doctr. causas P. 98.594, sent. de 20-VIII-2008; P. 81.789, sent. de 13-V-2009; P. 116.231, sent. de 23-XI-2016; P. 132.452, sent. de 20-XI-2019; P. 133.140, sent. de 10-VI-2021; P. 134.707, sent. de 24-IX-2021; P. 134.725, sent. de 1-XII-2021; e.o.).
En el caso, la defensa se limitó a exponer una opinión discrepante con el abordaje efectuado por el tribunal intermedio, sostenida nada más que en una particular interpretación sobre la realidad de lo acontecido y en ello asentó su postura sobre la falta de acreditación de la ultrafinalidad requerida por la citada norma, pero de esa forma incurrió en la insuficiencia de no refutar las determinaciones probatorias efectuadas en sentido contrario por el sentenciante, mediante alguna crítica seria y razonada que justifique su revisión extraordinaria. Así entonces, corresponde su rechazo (art. 495, CPP).
En definitiva, el elemento subjetivo específico del tipo puesto en crisis quedó debidamente acreditado, sin que la defensa hubiera logrado rebatir las concretas respuestas brindadas por la Casación en cuanto a que el homicidio se cometió para procurar la impunidad para los sujetos activos del delito respecto del robo agravado, conforme el plexo probatorio allí reseñado.
De cualquier forma, cabe destacar que lo resuelto por el tribunal intermedio es coincidente con la inveterada doctrina legal de esta Corte que, en reiteradas ocasiones, ha sostenido que para que resulte aplicable dicha figura "...debe demostrarse la existencia en el ánimo del autor de cualquiera de las finalidades que contempla" (conf. causas P. 121.266, sent. de 17-V-2017; P. 127.647, sent. de 9-V-2018; P. 131.546, sent. de 6-XI-2019; P. 131.772, sent. de 20-XI-2019; P. 132.303, sent. de 26-II-2020; P. 134.008, sent. de 7-V-2021; e.o.) y que "...no resulta, ni expresa ni implícitamente, que su elemento subjetivo del tipo deba concurrir antes de iniciarse la ejecución del otro delito" (conf. causas P. 106.440, sent. de 31-X-2012; P. 113.545, sent. de 19-XII-2012; P. 111.820, sent. de 31-VII-2013; P. 132.776, sent. de 8-IV-2021; P. 135.059, sent. de 4-IV-2022; P. 134.660, sent. de 3-XI-2022; P. 134.461, sent. de 16-III-2023; P. 135.376, sent. de 11-IV-2023; P. 138.159, sent. de 19-IV-2024; e.o.).
En efecto, el modo de actuar descripto en la materialidad del hecho es congruente con la concurrencia de al menos una de las finalidades previstas por la figura en cuestión y tenidas por probadas en las instancias previas, esto es, la de procurar la impunidad para los sujetos activos del delito respecto del robo agravado ante la intervención del funcionario policial armado, a la que refirió el fallo del Tribunal de Casación.
Finalmente, las consideraciones del recurrente relacionadas con que el comportamiento típico reprochado —en referencia a los disparos de arma de fuego efectuados en el caso por parte del imputado Bustos— acaeció para salvaguardar su vida o integridad física en virtud de la inesperada intervención del funcionario policial no resultan un argumento válido, ya que esta Suprema Corte tiene dicho que si la muerte se produce a consecuencia de la resistencia (o intervención) de la víctima (o terceros) esa circunstancia no obsta ni al dolo de matar (evidente al efectuar conscientemente disparos en una zona vital de la humanidad de la víctima) ni a la relevancia de la ultrafinalidad típica constatada (conf. doctr. causas P. 117.199, sent. de 4-XI-2015; P. 121.266, sent. de 17-V-2017; P. 127.176, sent. de 27-XII-2017; P. 128.192, sent. de 9-V-2018; P. 133.946, sent. de 24-VIII-2021; P. 134.856, sent. de 3-XI-2021; P. 135.745, cit.; P. 135.295, sent. de 11-IV-2023; P. 136.598, sent. de 9-II-2024; e.o.).
En consecuencia, corresponde rechazar la propuesta de que se subsuma el hecho en la figura del art. 165 del Código Penal, pues no se demostró la errónea aplicación de la ley sustantiva (art. 80 inc. 7, Cód. Penal).
IV.2. El segundo planteo referente a la errónea revisión de la sentencia de condena también debe rechazarse.
El impugnante, más allá de su insistencia respecto de la insuficiencia de los elementos probatorios ponderados, no ha logrado evidenciar un supuesto de excepción que justifique la intervención de este Tribunal en el terreno probatorio y la eventual descalificación del fallo recurrido como acto jurisdiccional válido. Pues, en definitiva, con fundamento en todo lo antes transcripto, el órgano revisor se pronunció por la desestimación del planteo defensista mediante el cual se criticó el encuadre jurídico asignado al "Hecho II", confirmando lo decidido por el sentenciante de grado. Por consiguiente, desplegó su competencia revisora sin mallas formales desnaturalizadoras, abordó el argumento de la parte, lo descartó y proporcionó las razones por las cuales asumía tal temperamento decisorio. El recurrente no ha logrado evidenciar la restricción cognoscitiva denunciada en función de la doctrina y jurisprudencia que cita.
Así, la afirmación de la defensa en torno a que el escrutinio llevado a cabo significó un "tránsito aparente" por dicha instancia, no se condice con lo sucedido en el caso, porque —como ya se dijo— el tribunal revisor abordó los planteos formulados y dio fundadas razones para descartarlos. En efecto, el planteo resulta huérfano de todo sustento argumental y, por tanto, indemostrado.
En consecuencia, a tenor del alcance de las respuestas que exhibe el pronunciamiento en crisis —que fueran antes transcriptas— para arribar a la confirmación de la calificación legal cuestionada, se advierte que el tribunal efectuó una revisión compatible con los parámetros impuestos en el precedente "Casal" de la Corte federal, en tanto incluyó un juicio crítico de las constancias probatorias (conf. doctr. causa P. 98.459, sent. de 3-IV-2008).
IV.3. Por último, lo alegado en derredor de la afectación de la garantía del in dubio pro reo carece de un desarrollo argumental autónomo, ante su vinculación con la pretensión antes desestimada, por lo que también debe ser rechazado (doctr. art. 495, CPP).
Sin perjuicio de ello, esta Corte tiene dicho reiteradamente que la sentencia de condena solo puede ser
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