Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138695
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial de Adrián Antonio Schmidt, con costas (art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.695, "Schmidt, Adrián Antonio s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa 83.314 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Budiño.
El Tribunal en lo Criminal n° 5 de La Matanza, mediante sentencia dictada con fecha 27 de diciembre de 2016, en el marco de la causa n° 1119/11-0763, condenó a Adrián Antonio Schmidt a la pena única de treinta y siete años de prisión, accesorias legales y costas, comprensiva de la pena única de treinta y cuatro años de prisión, accesorias legales y costas, que a su vez comprende la pena de veinticinco años de prisión, accesorias legales y las costas del proceso dictada en la citada causa n° 1119/11-0763, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse de ningún modo por acreditado (tres hechos), robo agravado por el uso de arma blanca y asociación ilícita, todos en concurso real (hechos cometidos los días 3, 11, 17 y 28 de septiembre de 2007 y el acaecido con anterioridad al 5 de mayo de 2007) y la pena de diez años y tres meses de prisión, accesorias legales y costas del proceso dictada en la causa n° 24.763 por la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías de Lomas de Zamora en orden al delito de robo agravado por el empleo de armas de fuego y por haber causado lesiones graves, calificadas a su vez por su comisión en lugar poblado y en banda; y de la pena de tres años y diez meses de prisión accesorias legales y costas, dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 6 de Lomas de Zamora por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de robo calificado por su comisión en poblado y en banda -causa n° 951/06- robo calificado por su comisión en poblado y en banda -causa n° 1041/6-, portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal -causa n° 1041/6- y uso de documento falso -causa n° 1459/6-, todos ellos en concurso real.
Frente a lo así decidido, la defensa oficial dedujo recurso de casación.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, el 14 de febrero de 2018, rechazó la impugnación por improcedente y confirmó la unificación practicada.
El señor defensor oficial ante la aludida instancia, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
El Tribunal de Alzada, luego de diversas anulaciones y reenvíos dispuestos por esta Suprema Corte a los juicios de admisibilidad realizados con anterioridad por la Casación, por no cumplir debidamente con las exigencias del art. 486 del Código Procesal Penal, con fecha 11 de abril de 2023, efectuó un nuevo examen de la impugnación y afirmó que se cumplió tanto con la exigencia del monto de la pena del art. 494 del Código de rito así como también con la naturaleza de los agravios dado que se denunció la errónea aplicación de los arts. 40, 41, 55 y 58 del Código Penal. Por último, desestimó por insuficientes los agravios de pretenso cariz federal.
Contra el tramo de la impugnación declarada inadmisible, la defensa oficial no dedujo queja (conf. informe de fecha 29-V-2023).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Teniendo en especial consideración el alcance con el que fue concedido el recurso, se reseñarán los agravios.
I.1. En primer término, la defensa oficial de Schmidt denunció la violación del art. 55 del Código Penal.
Luego de reproducir los agravios llevados en el recurso de casación y la respuesta del revisor, afirmó que, si bien es determinante para la aplicación de las reglas del art. 55 del Código Penal que se recurra a la pena más alta prevista en la parte especial, no resulta aceptable la interpretación que realizó la Casación de los arts. 79 y 227 ter del Código Penal.
Agregó que la sanción impuesta rompe con la sistemática del Código Penal al convertir la reclusión y prisión perpetua en una penalidad de menor gravedad que la pena privativa de libertad divisible (conf. arts. 5, 6, 57 y concs., Cód. Penal).
De seguido, indicó que, luego de la sanción de la ley 23.077, se mantuvo la vigencia del monto de los veinticinco años establecida desde 1921. En función de ello, criticó la interpretación que efectuó la Casación por no respetar de manera armónica y sistemática las normas en su conjunto.
Asimismo, indicó que se incurriría en las mismas inconsistencias en la reducción de las escalas penales conforme las reglas de la tentativa y de la participación quedando en peor situación que una persona condenada a prisión o reclusión perpetua (conf. arts. 44, 46 y concs., Cód. Penal). De igual manera, en lo que respecta a las penas de inhabilitación absoluta y especial perpetuas y el tiempo necesario para la rehabilitación (conf. art. 20 ter, Cód. cit.).
En función de ello, sostuvo que el citado art. 227 ter se aplica a las escalas penales que no llegan a veinticinco años, y agregó que es una agravante genérica y que no debería estar en la parte especial del Código.
En definitiva, requirió la readecuación de la pena única en veinticinco años de prisión (conf. arts. 55, 58 y 79, Cód. Penal).
I.2. Como segundo agravio, denunció la violación de los arts. 40, 41 y 58 del Código Penal.
Recordó que en el recurso de casación se había planteado que se violaron las reglas de concursos de delitos, ya que, al momento de practicar la unificación, se debieron revisar las agravantes referidas a la "...peligrosidad demostrada en la producción del evento atento a la utilización de armas de fuego y la puesta en riesgo de la vida de numerosas personas" (causa n° 24.763 de la Sala II de la Cámara de Lomas de Zamora); la "nocturnidad" y "la extensión del daño psicológico causado" (causa n° 1119-11 del Tribunal en lo Criminal n° 5 de La Matanza).
Concluyó que la decisión del Tribunal de Casación de considerar que tales pautas agravantes llegaron firmes, se apartó de la debida interpretación del art. 58 del Código Penal que prevé que ante una unificación de condenas "...el principio de cosa juzgada cede a favor de la pena total".
En esa línea, destacó que las pautas agravantes contenidas en las sentencias pudieron haber sido alteradas por el órgano jurisdiccional que procedió a dictar la única condena.
II. Coincido con la Procuración General en que el recurso no puede prosperar (conf. art. 495, CPP).
III.1. Dejando a salvo las consideraciones que cabría formular respecto a la falta de oposición o manifestación concreta alguna por parte de la defensa oficial de primera instancia ante el pedido fiscal de unificar la pena en treinta y siete años y seis meses de prisión (v. antecedentes reseñados en la sentencia de unificación de pena del Tribunal en lo Criminal n° 5 de La Matanza, sent. de 27-XII-2016), lo cierto es que la denuncia de errónea interpretación del art. 55 del Código Penal -expresamente abordada por la Casación- no procede (art. 496, CPP).
III.2. Frente a idéntico planteo al ahora reeditado, la Sala IV del Tribunal de Casación Penal -mediante el voto del juez Kohan, a quien adhirió simplemente el juez Natiello- rechazó el planteo de la parte por considerar que la interpretación conjunta de los arts. 55, 79 y 227 ter del Código Penal permiten aplicar una pena única como la impuesta en el presente.
En tal sentido, con remisión a lo expuesto en la causa n° 57.345 del registro de ese tribunal, afirmó que "...el artículo 55 del código de fondo es una disposición de carácter general cuyo enunciado (previo a la sanción de la ley [25.928] de 2004) no determinaba con precisión cuál e[ra] el máximo de las penas privativas de libertad, limitándose a establecer un enunciado general consistente en que el máximo de la escala punitiva aplicable en caso de concurso real de delitos '...no podrá exceder del máximum legal de la especie de pena de que se trate' [...] Entonces, para la consecución de tales fines deberá recurrirse a las figuras penales previstas en la parte especial del Código Penal".
En tal sentido, recordó que la ley 23.077 introdujo al Código Penal el art. 227 ter que dispone que "...el máximo de la pena establecida para cualquier delito será aumentada en un medio". En consecuencia, estimó que la pena de veinticinco años de prisión, prevista para algunos delitos de la parte especial del Código Penal, se incrementa en un tercio en tanto el citado art. 227 ter se aplica a "cualquier delito", alcanzando los treinta y siete años y seis meses de prisión.
Por tales motivos, concluyó que la pena única fijada en treinta y siete años de prisión resultaba ajustada a derecho.
III.3. De lo expuesto en los puntos precedentes se desprende que las manifestaciones de la parte no trascienden de un mero criterio divergente con lo decidido que no logra evidenciar la errónea aplicación de la ley sustantiva que denuncia.
Por el contrario, el temperamento adoptado por el órgano de mérito, luego confirmado por la Casación, se corresponde con pronunciamientos anteriores de esta Suprema Corte en supuestos análogos al presente.
En efecto, resultan aplicables al caso las siguientes consideraciones formuladas por esta Suprema Corte, mutatis mutandi, en la causa P. 134.709 (sent. de 24-VIII-2021, del voto de la doctora Kogan, al que presté adhesión; v. también mi voto en P. 135.658, sent. de 6-IX-2023).
Allí se dijo que este Tribunal, ya en otras oportunidades, ha desestimado por insuficientes argumentos que pretendían poner en jaque una interpretación como la realizada en autos, basándose en las incongruencias que generaría una pena temporal superior a los veinticinco años respecto del cálculo de diversas instituciones como la libertad condicional, la tentativa, la participación, o la rehabilitación para las penas de inhabilitación (v. causas P. 127.708, sent. de 13-XII-2013; P. 116.101, sent. de 12-III-2014; e.o.).
Por otro lado, aun sin desconocer que los planteos de la defensa comulgan con la opinión razonada de una corriente del pensamiento doctrinario especializado, la misma no ha sido nunca reconocida por nuestro legislador.
Por el contrario, hace ya más de quince años que el Congreso nacional definió como pena máxima de prisión divisible la de cincuenta años (art. 55, Cód. Penal; conf. ley 25.928, B.O. de 10-IX-2004). Y si bien también se modificó el requisito temporal para acceder a la libertad condicional para el caso de penas indivisibles (ley 25.892, B.O. de 24-V-2004), otras asimetrías pueden observarse aún hoy entre el tope punitivo expresamente vigente e institutos de la parte general (v.gr. arts. 42, 44 y 46, Cód. Penal; e.o.), lo que no abastece por sí solo como un fundamento constitucionalmente invalidante de la norma.
Corresponde destacar que el Máximo Tribunal del país ha tenido oportunidad de expedirse desestimando planteos que objetaban -desde el prisma constitucional- una postura similar a la asumida aquí por el órgano de juicio y confirmada por la Casación.
Efectivamente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que: "...el propio art. 55 -en la redacción que aquí interesa- exige al intérprete indagar en la parte especial a fin de establecer el máximo legal previsto para la especie de pena de que se trate", agregando que por sí misma, "...esta sola circunstancia no basta para considerar violado el mandato de certeza (art. 18 de la Constitución nacional), toda vez que el establecer los alcances y matices de los textos legales frente al caso concreto constituye una característica propia de la tarea de aplicación del derecho" (CSJN Fallo "Estévez", sent. de 8-VI-2010; conf., en el sentido indicado, lo resuelto por esta Corte en los precedentes P. 127.708, sent. de 13-XII-2013 y P. 116.101, sent. de 12-III-2014).
Por todo lo expuesto, corresponde desestimar por improcedente la denuncia de errónea aplicación del art. 55 del Código Penal (t.o. anterior a la ley 25.928), ya que la interpretación sistemática de dicha norma, junto con los arts. 227 ter y 79 del citado cuerpo de leyes efectuada por las instancias anteriores, resulta ajustada a derecho (conf. art. 496, cit.).
IV. Los embates vinculados a la violación de los arts. 40, 41 y 58 del Código Penal tampoco proceden.
V. En lo que aquí importa, la Casación reafirmó que en el caso se trató de un supuesto de unificación de condenas por violación a las reglas del concurso de delitos. Asimismo, destacó que para la unificación se tomaron en consideración las pautas agravantes que habían llegado firmes y que se empleó el método de la composición -y no la suma aritmética-.
Frente a ello, las críticas de la parte relativas a que no es posible afirmar que las agravantes adquirieron firmeza por haberse violado las reglas de concurso de delitos son improcedentes (art. 496, cit.).
En efecto, la actuación del órgano de mérito, confirmada por el tribunal intermedio, que se remitió a las agravantes fijadas en las respectivas sentencias cuyas condenas unificó -conforme lo requerido por el fiscal sin que conste oposición de la defensa (v. sent. de unificación del Tribunal Criminal n° 5 cit.)-, es conteste con la doctrina de esta Suprema Corte sobre el punto sin que el impugnante haya agregado ningún argumento novedoso apto para conmoverla (conf. causas P. 69.230, sent. de 10-IX-2003; P. 129.738, sent. de 27-II-2019; P. 135.078, sent. de 10-XI-2022; e.o.).
Como lo expresa el señor Procurador en su dictamen, en el marco de la causa P. 129.738 (cit.), se resolvió que no viola lo dispuesto por el art. 58 del Código Penal la sentencia unificatoria que se remite, como en el presente caso, a las circunstancias agravantes declaradas en las condenas a unificar.
Las pautas agravantes que el órgano de mérito tuvo en consideración configuran hechos que la sentencia unificatoria no puede alterar. Lo que sí puede hacer el fallo de unificación es dar un peso distinto a esas circunstancias, lo que efectivamente ocurrió en el caso, pues la condena única es menor a la suma aritmética de las penas originarias, tal como lo puso de manifiesto la Casación (conf. causas P. 69.230 y P. 129.738, cits.; P. 135.623, sent. de 28-XII-2023).
En definitiva, la etapa de unificación del art. 58 del Código Penal no brinda una oportunidad para volver a discutir la existencia de las agravantes y atenuantes consideradas en los fallos originarios.
Los argumentos que trae la parte en el recurso extraordinario constituyen en rigor la exposición de un criterio diferente al del juzgador con el monto de la pena única impuesto. Y es sabido que el mero disenso o la señalización de pareceres diversos no importan un medio de cuestionamiento idóneo desde el ángulo de la técnica del carril intentado (causas P. 130.029, sent. de 16-V-2018; P. 131.620, sent. de 4-XII-2019; P. 131.910, sent. de 19-IX-2020; P. 134.484, sent. de 30-VI-2022; e.o.). Media, pues, insuficiencia (art. 495, CPP).
Por todo lo expuesto, cabe concluir que la unificación de condenas cumplió con las exigencias del art. 58 del Código Penal pues, previo garantizar el contradictorio entre las partes, tomó en consideración las agravantes ponderadas en las sentencias cuyas condenas unificó aplicando el método composicional, lo que da cuenta que asignó un distinto peso a dichas pautas.
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Soria y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial de Adrián Antonio Schmidt, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/12/2024 14:38:36 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/12/2024 14:59:13 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/12/2024 11:46:38 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/12/2024 09:04:31 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/12/2024 09:35:53 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 12/12/2024 12:26:57 hs. bajo el número RS-215-2024 por SP-VARVERI LUCIANO JOSE.
Fin de la sentencia