Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 139729
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 139.729, "Balderrama, Víctor Hugo s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 119.709 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Violini.
El Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de La Matanza, el 11 de mayo de 2022 condenó a Víctor Hugo Balderrama a la pena de cincuenta años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual calificado por tratarse de un sometimiento gravemente ultrajante hacia la víctima, agravado por haberse cometido contra un menor de dieciocho años aprovechando la situación de convivencia con el mismo; abuso sexual calificado por acceso carnal agravado por haber sido cometido contra un menor de dieciocho años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo; abuso sexual calificado por acceso carnal agravado por haber sido cometido contra un menor de dieciocho años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo; abuso sexual calificado por su duración o circunstancias de su realización, constitutivo de un sometimiento sexual gravemente ultrajante y agravado por haber sido cometido contra un menor de dieciocho años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo; producción de imágenes de menores dedicado a actividades sexuales explícitas con fines predominantemente sexuales, calificado por tratarse de menores de trece años; distribución de imágenes de menores dedicado a actividades sexuales explícitas con fines predominantemente sexuales, calificado por tratarse de menores de trece años; facilitación a la corrupción de menores reiterado en dos oportunidades; tenencia de imágenes de menores dedicado a actividades sexuales explícitas con fines de distribución, calificado por tratarse de menores de trece años, todo ello en concurso real, en los términos de los arts. 55, 119 primer, segundo, tercer y último párrafo e inc. "f", 125 primer, segundo y tercer párrafo y 128 primer, tercer y último párrafo del Código Penal.
La defensa oficial de Balderrama interpuso un recurso de casación y la Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del día 21 de abril de 2023, lo rechazó por improcedente.
Frente a lo así decidido, el señor defensor adjunto ante dicha instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación digital de 22-V-2023), el cual fue concedido por resolución del tribunal intermedio (v. resol. digital de 26-IX-2023).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 2-V-2024), dictada la providencia de autos (v. proveído de 6-V-2024), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor defensor de Casación adjunto formuló dos motivos de agravio contra el fallo reseñado en los antecedentes.
I.1. En primer término, denunció la infracción a los arts. 40 y 41 del Código Penal por la errónea desconsideración de circunstancias atenuantes solicitadas por la defensa, relativas a la ausencia de antecedentes penales y al reconocimiento de los hechos efectuado por su asistido.
Luego de rememorar los antecedentes del caso, esgrimió que resulta arbitrario descartar tales pautas atenuantes con base en que la defensa no criticó los fundamentos dados, ni tampoco logró evidenciar arbitrariedades, ilegalidad o ilogicidad en la motivación.
Expuso que a la luz de la normativa vigente no se exige a la defensa que acredite de qué manera tal pauta pudo influir en el juicio de reproche pues ello importaría invadir la competencia del juzgador, concluyendo que no es posible achacarle a esa parte que "...no demostró por qué tal circunstancia en cuestión debió operar como minorante de la pena impuesta".
Citó los fallos "Casal" y "Maldonado" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la medida que la vía casatoria no puede ser obstaculizada a través de exigencias formales y que la pena debe ser proporcional a la culpabilidad del autor.
Adunó a ello, que no comprendía la dificultad hallada por el Tribunal de Casación Penal para visualizar por qué las circunstancias apuntadas no debían ser valoradas como atenuantes.
De tal forma, estimó que el vicio de arbitrariedad descripto implicó el dictado de un pronunciamiento lesivo del derecho a la revisión de la sentencia de condena (art. 8.2.h., CADH).
En definitiva, solicitó que se compute la circunstancia atenuante solicitada, y se reduzca proporcionalmente el monto de pena impuesto.
I.2. Como segundo agravio, denunció la errónea revisión de la sentencia de condena en cuanto a la ausencia de fundamentación y desproporción del monto de pena impuesto y la infracción a la obligación de fundar los pronunciamientos judiciales que deriva de la razonabilidad republicana, del debido proceso legal y del derecho de defensa (conf. arts. 8.2.h., CADH y 14.5., PIDCP; 1, 18 y 28, Const. nac.).
Centró su crítica en lo expuesto por esa parte en el recurso de casación —que transcribió en lo pertinente— y en el requisito de "fundamentación" de una pena de prisión. En cuanto a la aludida revisión de la fundamentación, adujo que la Casación se limitó a expresar que no se evidenciaba en el caso un supuesto de notoria arbitrariedad o desproporción en la pena impuesta, pero no brindó una sola razón de cómo y por qué arribó a tal conclusión, ni explicó el modo en que las circunstancias atenuantes y agravantes impactaron en el monto fijado, por lo que —a su entender— las afirmaciones del tribunal resultaron infundadas.
Sostuvo que el órgano casatorio efectuó un examen parcial y arbitrario de los agravios llevados a su conocimiento. Señaló que no deben confundirse los fundamentos por los cuales se considera una circunstancia como atenuante o agravante con la fundamentación de cómo ellas impactan en el monto de pena. Tampoco con la fundamentación que debe dar cuenta respecto de por qué establece una pena de determinado monto dentro de la escala penal.
Afirmó que el Tribunal de Casación debía verificar la ausencia o no de fundamentación de la pena —calificada por la parte como excesiva e infundada—, y al no hacerlo, provocó la desnaturalización del derecho al recurso de su defendido en un aspecto fundamental como lo es el monto de pena a ejecutar.
En función de ello, estimó que Casación efectuó una revisión aparente, desnaturalizando el derecho al recurso y quebrantando el debido proceso y el derecho de defensa en juicio (conf. arts. 8.2.h., CADH y 14.5., PIDCP; CIDH caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica).
En lo que respecta a la falta de debida fundamentación del monto de pena, citó los precedentes "Ruiz" de esta Suprema Corte, y "Miara" (sent. de 15-VII-1997) y "Squilario" (sent. de 8-VIII-2006) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por lo expuesto, solicitó que se case la sentencia dictada y se reenvíen los autos a la instancia anterior para que —debidamente integrado— dicte una nueva sentencia de conformidad con lo expuesto.
II. La Procuración General aconsejó rechazar la impugnación. Coincido con lo así dictaminado.
III. En primer lugar, la decisión del Tribunal de Casación respecto del pronunciamiento de la instancia, según se verá, cumple con los estándares emergentes de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de las normas nacionales y supranacionales cuya transgresión se denuncia, en tanto abordó y se expidió sobre los motivos de agravio llevados a su conocimiento.
III.1. Al interponer el recurso de casación (v. presentación digital de 31-V-2022), el señor defensor oficial de la instancia, doctor Hernán Vázquez, denunció la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, por resultar arbitraria la imposición de la pena al haber superado el tope punitivo permitido, y por haberse omitido las pautas sobre las que se ha fijado aquella en cincuenta años de prisión, accesorias legales y costas.
En lo medular, cuestionó la decisión que descartó la ponderación de las pautas atenuantes relativas a la falta de antecedentes penales y la confesión realizada por Balderrama, y por haber omitido pronunciarse en torno a la valoración del grado de socialización precario de su asistido. En cuanto a la aplicación de la agravante referida al "patrón de vida" del acusado y la cosificación de las niñas víctimas, adujo que ello formaba parte de los delitos por los cuales se lo condenó, y que no resultaba una modalidad utilizada sistemáticamente desde los inicios de vida del nombrado.
Por otra parte, postuló la inconstitucionalidad del actual art. 55 del Código Penal en pos de poder armonizar los topes máximos establecidos para los delitos, pues el límite de cincuenta años superaba la expectativa de vida de una persona y era de imposible cumplimiento.
III.2. A su turno, conforme se expuso en los antecedentes, el Tribunal de Casación Penal abordó el recurso casatorio deducido por la defensa y lo desestimó.
Para arribar a esa decisión, tras recordar que se encontraban incontrovertidos los extremos relativos a la materialidad ilícita, la autoría responsable y la calificación legal de los hechos, transcribió —en extenso— los nueve hechos que se tuvieron por acreditados, los que —para ser breve— cabe dar aquí por reproducidos (v. págs. 5/14, sent. de Casación).
Luego reprodujo los argumentos desarrollados por el tribunal de mérito para descartar la existencia de pautas atenuantes.
En lo concerniente a la falta de antecedentes penales, recordó que dicho órgano sostuvo que tal circunstancia no incidió ni en pro ni en contra de las realización de las conductas endilgadas, y —con cita de un precedente del órgano revisor— añadió que la ausencia de condenas anteriores resulta una contingencia neutra en virtud de que lo esperable es que las personas se comporten en sus contactos sociales de acuerdo a las pautas del ordenamiento jurídico y que no se encuentra establecido que deba necesariamente atenuarse el reproche, sin perjuicio de su incidencia en otros institutos del Código Penal.
En cuanto a la confesión del imputado, el sentenciante de grado estimó que esta fue bastante relativa, no cooperó en nada para viabilizar la investigación y se manifestó tardíamente cuando nada podía argumentar para esconder o encubrir los hechos. Adunó a ello, que el dictamen de la psicóloga Ortega lo define como perverso y manipulador, que se presenta como una persona adaptada socialmente pero funciona como una persona inadaptada, concluyendo que no existió tal arrepentimiento por parte de Balderrama.
Sentado ello, los magistrados del Tribunal de Casación coincidieron con lo resuelto por el juzgador de mérito, estimando que la decisión se encontraba fundada por cuanto había dado cuenta de los motivos que lo llevaron a descartar ambas circunstancias atenuantes postuladas por la defensa.
Con relación a la ausencia de antecedentes postulada, la jueza ponente, doctora María Florencia Budiño, añadió que "...no se advierte que configuren un atenuante de culpabilidad frente a la multiplicidad de hechos acreditados [...] los que se prolongaron en el tiempo existiendo una diferencia de años entre la primera de las fechas de comisión fechada en el año 2011 (hecho 4) y la culminación de los mismos en octubre de 2020..." (págs. 15 y 16).
Y en cuanto al arrepentimiento del imputado, dijo que "...tampoco se observa cómo esa circunstancia posterior a los hechos deberían obrar de manera automática como un atenuante de la pena. Máxime si a criterio de los tres jueces que intervinieron en el debate la misma no estuvo dirigida a las víctimas o sus familias, ni coadyuvó a resarcir los sufrimientos causados", en concordancia con doctrina de esta Corte sobre el tópico, que citó.
Respecto de la omisión del tribunal de grado de ponderar la pauta vinculada al grado de socialización precario de Balderrama, sostuvo que ese extremo no había sido acreditado por el recurrente, ya que la cuestión no había sido efectivamente planteada en esos términos y que el impugnante tampoco había demostrado los motivos por los que la misma debería operar como atenuante en el caso "...ante la característica y reiteración de los hechos imputados". Culminó señalando, como generalidad, que para que tengan la virtualidad de atenuar el reproche, los factores que se aleguen en cada caso requieren de la demostración concreta y efectiva del peso que han tenido en la culpabilidad del sujeto para disminuirla.
De seguido, repasó las razones que dieron sustento a la aplicación de las pautas agravantes referidas a la reiteración delictual, a que el imputado utilizó a miembros de su propia familia para la comisión ilícita, y al "patrón de vida" del nombrado, dando cuenta que estas fueron consideradas con relación a su incidencia en el concepto "protección integral del niño" y su "formación integral" que da cuenta el art. 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la República Argentina por ley 23.849, enfatizando que "El ataque para alterar dicha etapa constituye un ataque al seno constitutivo de la Sociedad y consecuentemente impone la evaluación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, en concierto con ello" (pág. 18).
Al respecto, advirtió que "...la defensa no critica los fundamentos dados, ni tampoco logra evidenciar arbitrariedades, ilegalidad o ilogicidad en la motivación" y concluyó que el órgano de grado explicó el significado y alcance de las pautas valoradas en el marco de los arts. 40 y 41 del Código Penal, y vinculando de manera concreta su fundamentación con los antecedentes de la causa.
En suma, estimó que el sentenciante de grado cumplió con la exigencia de fundamentar su decisión, y que ello impedía afirmar que la elección del monto de pena haya sido irrazonable en el caso (arts. 106, CPP y 40 y 41, Cód. Penal). Con sustento en doctrina de esta Corte, refirió que no existe un punto de ingreso a la escala penal y que el criterio divergente de la parte respecto de la incidencia sobre el quantum de la pena a aplicar de las circunstancias atenuantes y agravantes computadas no implica ni significa violación legal alguna.
A continuación, abordó la denuncia de inconstitucionalidad de la pena en la actual redacción del art. 55 del Código Penal.
En tal sentido, argumentó que la tipificación de conductas y los mínimos y máximos establecidos en las escalas penales emergentes resultan topes vinculantes para el juzgador sin evidenciarse en el caso concreto alguna colisión normativa que justificase la declaración de inconstitucionalidad peticionada.
En lo concreto, sostuvo que no se puso en evidencia que la pena impuesta, fuera desproporcionada o irracional, desde la óptica constitucional postulada por la defensa, con relación a la naturaleza de la conducta típica atribuida.
Estimó que el recurrente opuso interpretaciones dogmáticas sin establecer las circunstancias particulares del hecho o del autor que habiliten la solución peticionada, evidenciando la ineficacia del planteo.
Y precisó que la implementación del Estatuto de Roma no implica que deban obligatoriamente modificarse la legislación penal en lo referido al juzgamiento de los delitos comunes, por lo que descartó que ese argumento tuviese consecuencias prácticas sobre la sanción que disponga el legislador para esta clase de delitos.
En rigor, destacó que los planteos sobre la afectación de los criterios de proporcionalidad o razonabilidad constituían un mero disenso con la cuantía de la sanción impuesta, sin lograr evidenciar que se hubiera incurrido en transgresión legal alguna al establecerse la pena correspondiente a Balderrama; y que la parte tampoco pudo demostrar que tal sanción no guardara racional vinculación con la gravedad de los ilícitos juzgados.
Por último, también rechazó el reclamo en orden a que la sanción comprometería toda la vida del imputado, señalando que el eventual perjuicio tendría lugar —a todo evento— al momento de analizar la procedencia de institutos que procuren obtener la libertad condicional o a otro tipo de incidencias.
IV. De la reseña efectuada resulta que la decisión en crisis abordó los agravios llevados a la instancia intermedia y revisó de manera amplia la pena impuesta, sin oponer limitaciones formales que evidencien una afectación al derecho al recurso, como denunció la defensa.
En efecto, el órgano revisor desestimó el reclamo vinculado con la dosimetría judicial de la pena confirmando lo decidido por el sentenciante de grado, conforme los fundamentos que han sido detallados en la presente, examinando las críticas respecto de las atenuantes postuladas —las que rechazó— y proporcionando las razones por las cuales asumía tal temperamento, sin que se advierta —ni el recurrente ha logrado evidenciarlo— la restricción cognoscitiva denunciada (art. 495, CPP).
IV.1. Así es que, respecto de la ausencia de antecedentes postulada como atenuante, la doctora Budiño —a la que prestó adhesión simple el doctor Mancini— además de coincidir con lo resuelto por el tribunal de grado, tomó en consideración la multiplicidad de hechos acreditados y su prolongación en el tiempo de los mismos, y en cuanto al arrepentimiento del imputado, justificó por qué dicha circunstancia no se aplicaba de modo automático, ello tomando en cuenta lo sostenido por los tres jueces que intervinieron en el debate en orden a que el mismo no fue dirigido a las víctimas o sus familiares, ni coadyuvó a resarcir los sufrimientos causados, que halló corroborado con la doctrina de esta Corte que ha decidido que la confesión del procesado no constituye necesariamente una circunstancia atenuante, ya que la misma puede existir sin obedecer a reserva moral alguna, ni arrepentimiento, ni a menor peligrosidad (conf. causas P. 46.633, sent. de 3-III-1992; P. 53.852, sent. de 18-II-1997; P. 90.481, sent. de 12-III-2008; P. 94.264, sent. de 5-V-2010; P. 121.430, sent. de 20-IX-2017; e.o.).
Por lo demás, la referencia a que "...la defensa no critica los fundamentos dados, ni tampoco logra evidenciar arbitrariedades...", fue dada por el órgano revisor respecto de las pautas agravantes valoradas —tal como el propio recurrente lo reconoce—, y no de las atenuantes desconsideradas y que resultan motivo de agravio, lo cual pone en evidencia la insuficiencia del reclamo (art. 495, cit.).
En definitiva, frente a lo resuelto, la defensa se limitó a reeditar dogmáticamente las manifestaciones llevadas a conocimiento del órgano revisor sin controvertir eficazmente los argumentos expuestos (art. 495, CPP).
La tacha de arbitrariedad, directamente vinculada con la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva, queda huérfana de sustento argumental en atención a lo referido anteriormente.
IV.2. La misma suerte adversa ha de seguir el reclamo dirigido contra la falta de cuantificación del significado asignado a las pautas aplicadas.
Al respecto, cabe consignar que lo indicado por la Casación en lo tocante a la determinación de la pena se corresponde con asentada jurisprudencia del Tribunal que establece que no existe legalmente un "punto de ingreso" fijo a la escala penal, y la única restricción a la cual debe su apego el órgano jurisdiccional se encuentra además de su fundamentación y razonabilidad (art. 1, Const. nac.) en la escala impuesta por el Código de la materia, sea para cada tipo penal en particular o la que resulte de lo normado por los arts. 54 y 55 del mismo ordenamiento (conf. causas P. 98.529, sent. de 15-VII-2009; P. 127.403, sent. de 28-XII-2016; e.o.).
Cabe añadir, que la nece
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