Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 140676
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 140.676, "Iribarren, Cosme Sebastián -fiscal general adjunto de San Isidro- y O., M. -particular damnificada- s/ recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley en causa n° 19.083 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, Sala I, seguida a Napolitano, Luciano Emilio Juan", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Budiño.
El Juzgado en lo Correccional n° 4 de San Isidro, en el marco de un procedimiento de juicio abreviado, mediante sentencia dictada el 28 de diciembre de 2022, condenó a Luciano Emilio Juan Napolitano a la pena de 3 años y 8 meses de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo autor de los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, amenazas, privación ilegal de la libertad agravada y tenencia de arma de guerra (hecho 1) y amenazas agravadas por el uso de armas (hecho 2), todos en concurso real entre sí (arts. 45, 55, 89 -en función de los arts. 92 y 80 incs. 1 y 11-, 142 inc. 1, 149 bis párr. 1 y 189 bis inc. 2 párr. 2, Cód. Penal).
Frente a lo así decidido, la defensa particular dedujo recurso de apelación.
La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, mediante sentencia dictada el 28 de diciembre de 2023, hizo lugar al recurso de la defensa y absolvió libremente y sin costas al acusado respecto de todos los delitos por los que venía condenado.
Contra lo así decidido, la particular damnificada, con el patrocinio letrado del doctor Gonzalo Pedro Escaray, así como también el fiscal adjunto de San Isidro, doctor Cosme Sebastián Iribarren, presentaron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley.
La Cámara, mediante resolución dictada con fecha 19 de marzo de 2024, declaró admisibles ambas impugnaciones por considerar que, a pesar de no darse los requisitos del art. 494 del Código Procesal Penal, tratándose de un caso en el que se revocó una condena por hechos cometidos en un contexto de violencia de género, y a la luz del deber especial de protección reforzada de las mujeres asumido por la República Argentina, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley constituía un cauce válido de impugnación por arbitrariedad de sentencia (conf. criterio sentado por la CSJN en "Ortega", Fallos: 338:1021).
Oído el señor Procurador General, quien acompañó la pretensión fiscal y de la particular damnificada, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Son fundados los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos por la fiscalía y por la particular damnificada?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por el fiscal adjunto de San Isidro.
La fiscalía denuncia arbitrariedad en la valoración de la prueba e incumplimiento de la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer (conf. art. 7 inc. "b", Convención de Belém do Pará; ley nacional 26.485; ley provincial 14.509).
Ante los cuestionamientos de la Cámara relativos a que no se citó a declarar a las hijas menores de edad del acusado, testigos presenciales de los hechos, el apelante alega que el tribunal no tuvo en consideración "...que precisamente había sido propuesto por la Fiscalía la realización de la instrucción penal suplementaria a efectos de que personal del CAV [Centro de Asistencia a la Víctima] entrevistara a las menores y determinara si se encontraban en condiciones de declarar en virtud del artículo 102 bis del [Código Procesal Penal], circunstancia que devino abstracta con la presentación por parte de la Defensa Técnica del encartado -al que adhirió el Ministerio Público Fiscal- del pedido de juicio abreviado".
Por otra parte, cuestiona que no se tuvieran en consideración las declaraciones testimoniales de quienes, a través de lo percibido por sus sentidos, refrendaron el relato de la damnificada.
A su entender, se efectuó una valoración deficitaria de la prueba, lo que derivó en que la Cámara otorgara verosimilitud a los dichos del imputado contra los de la víctima, apartándose de los estándares que imponen actuar con debida diligencia reforzada en este tipo de casos y con perspectiva de género. En su apoyo, cita precedentes de la Corte nacional y provincial.
Luego de efectuar una profusa reseña del fallo de Cámara, refiere que las conductas desplegadas por Napolitano no fueron contextualizadas adecuadamente y que la ponderación de la prueba se fragmentó en favor del acusado y en desmedro de la víctima, "...desatendiendo indicadores específicos que determinaban la correspondencia de la condena solicitada tanto por el Ministerio Público Fiscal como por el imputado con su defensa técnica en el acuerdo de juicio abreviado".
Puntualiza que a pesar de que las lesiones sufridas por O. se acreditaron, se absolvió al acusado como consecuencia de una "...fragmentación de la prueba, porque no se reparó en las conductas llevadas a cabo por Napolitano, que demostraban sin margen de dudas que la Sra. O. había sido sometida a un contexto de violencia".
Agrega que la forma de abordar el caso carece de un enfoque adecuado, pues al examinar la conducta de Napolitano "...se coloca a las partes en un pie de igualdad, pero de igualdad formal, presentando el caso cual si se trataran de dos personas en igualdad de condiciones". Invoca la causa P. 132.936 de este Tribunal y el precedente "Leiva" de la Corte nacional.
A su vez, hace referencia al testimonio de M. O.. En particular, recuerda que la nombrada relató los episodios de violencia y la privación ilegítima de la libertad padecidos el 24 de mayo de 2021. A su vez, hizo referencia a un hecho anterior, acontecido el 21 de noviembre de 2020. Mencionó la buena relación que ella tenía con las hijas del acusado, quienes estuvieron presentes el 24 de mayo, y que intentaron frenarlo mientras este la golpeaba. Incluso, recordó un mensaje que intercambió con una de las nenas, mientras estaba encerrada, en el que esta se lamentaba por no poder ayudarla. Asimismo, informó que Napolitano tenía armas de fuego en su casa, con las que la había amenazado en oportunidades anteriores. Agregó que su familia estaba al tanto de la violencia que sufría, que la madre del imputado, Gloria, también lo sabía, pues presenció algunos episodios y recibió un llamado y una foto de ella el 24 de mayo que retrataba el golpe en la mandíbula. A su vez, afirmó que estando encerrada pidió ayuda a su progenitora, M. A. F. S., quien le refirió que en un rato Napolitano iba a llevar la llave y le iba a abrir el portón para que se fuera, pero nunca llegó; sostuvo que al principio no quiso llamar a la policía porque creyó que le iban a ir a abrir, le dio tiempo al acusado, no quiso hacer la denuncia para que no le sacaran a los chicos. Sin embargo, al día siguiente, cuando quedó claro que nadie iría, llamó al 911, y para salir de la casa los agentes tuvieron que levantar el alambrado porque él la había dejado encerrada dentro del predio.
A continuación, el fiscal indica que el juzgado correccional, junto con los dichos de la víctima, ponderó lo expuesto por el personal policial que intervino en el procedimiento, por la madre de O., así como también el acta donde se consignaron las capturas de pantalla de las conversaciones de la víctima con su madre, todo lo cual reafirmó la hipótesis de cargo. A su vez, se valoró la ficha de intervención del Sistema de Emergencia Social y los informes elaborados por el CAV, que hacen referencia a una situación de violencia de género a través de distintos indicadores: por ejemplo, la licenciada Amallo advirtió "...una situación de violencia de género bajo la modalidad de violencia de tipo psicológica en forma preponderante, con escalada abrupta a la violencia física, observándose diversos indicadores de riesgo como la presencia de arma de fuego, amenazas de muerte, violencia física y lesiones visibles, aislamiento extremo".
Destaca la declaración del hermano de M. O., J. M., quien "...a través de sus sentidos, tuvo cierto conocimiento respecto de los hechos llevados a cabo el 21 de noviembre de 2020".
En lo que respecta a la tenencia ilegal del arma de fuego, recuerda que, en lo que sería un estudio de grabación, se secuestraron "22 municiones intactas calibre 38 special, dieciséis de ellas marca Winchester y seis marca R-P y seis vainas servidas del mismo calibre marca Winchester", un arma de fuego tipo revólver marca Taurus, calibre 38 con 5 alveolos en su tambor, con cuatro municiones intactas calibre 38 y una vaina servida. Añade que también se constató con los informes del RENAR (actualmente, ANMAC) la ausencia de debido registro. Por lo que considera que este delito también se acreditó, y tilda de infundada la decisión del Tribunal de Alzada de absolver a Napolitano por falta de dolo.
En cuanto al delito de amenazas, sostiene que su capacidad de condicionar la voluntad de la víctima exige tomar en consideración el contexto en que se produjeron, y en el caso ello no ocurrió, sin que resulte aceptable sostener que las partes estaban en pie de igualdad, porque tal igualdad era formal pero no real ("igualdad de trato en igualdad de circunstancias").
Insiste con que las lesiones sufridas por Oleiro a manos del acusado se probaron a partir de su relato pero también con el informe de la doctora Cecilia Aguirre (médica de policía), quien "...el día 25 de mayo de 2021 de manera on line por el contexto de pandemia y por fotos dijo que observaba respecto de quien fue identificada como M. O. equimosis subclavicular de aproximadamente 0,5 centímetros de extensión, equimosis en brazo izquierdo, lóbulo auricular izquierdo, región submentoniana derecha y muslo izquierdo y caracterizó esas lesiones como de entidad leve".
Por todo lo expuesto, afirma que la prueba invitaba a alcanzar una conclusión decididamente opuesta, y solicita que se descalifique por arbitraria la decisión de la Cámara.
I.2. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la particular damnificada.
M. O., con el patrocinio letrado del doctor Escaray, denuncia arbitrariedad en la valoración de la prueba por entender que, contrariamente a lo afirmado por la Cámara, se arribó al estado de certeza necesario para condenar.
En tal sentido, afirma que con el informe médico, las declaraciones testimoniales -tanto de cargo como de descargo-, las actas labradas por funcionarios policiales, los dictámenes profesionales, las fotografías y videos, se acreditaron las lesiones, producidas "...en un contexto de conflicto y violencia de parte de Napolitano".
Destaca que la versión de la defensa se basó en los "cambiantes" e "inverosímiles" dichos del acusado, apoyados en la declaración de un familiar directo (su madre) y sus amigos, quienes solo intentaron mejorar su posición sobre la base de ataques a O., "...de manera tal que el ejercicio de violencia se sostuvo durante todo el proceso".
Luego de transcribir extractos de las declaraciones de la víctima y destacar los momentos de angustia que experimentó al relatar lo sucedido, así como también la explicación que dio para no llamar inmediatamente al 911, alega que el fallo en crisis "...pone en permanente cuestionamiento el proceder de O. sin razón alguna, la coloca como una mujer mendaz, le exige una determinada conducta, y en ello se basa para explicar una duda que no existe". Agrega que los fundamentos de la Cámara carecen de perspectiva de género, y que incumplen con los deberes que impone la Convención de Belém do Pará.
A continuación, afirma que Napolitano ejercía un maltrato constante contra O., tanto físico como psicológico, colocándola en una situación de inferioridad. Asegura que la denigraba y era permanentemente agresivo con ella. Cita textualmente sus dichos: "...el lunes 24 me levanto en la casa de Benavídez más o menos a las 11 de la mañana y desayuno en el living junto con L. de 13 años y J. de 7 años, las dos hijas de él y su ex mujer [...] L. se fue a bañar, esperamos que se [calentara] el agua y yo me puse a sacarle los piojos, en ese momento llegó Luciano con dos individuos que estaban en una moto roja y se pusieron a cortar leña para el hogar que está dentro del quincho. Ahí Luciano entró a la casa, nos vio y nos di[jo] '¿qué hacen?' L. dijo que le estaba sacando los piojos y él dijo algo como que estaba molesto y se fue a un cuartito y se encerró.
Cuando los muchachos se van nosotras nos quedamos y como tenía que ir a comprar comida para mis animalitos le pido las llaves de la camioneta prestadas. Ahí él me dice, 'Qué te pasa hija de puta' [...] Yo me quedo sorprendida y le pregunto por qué me dice eso y él me empezó a gritar [...] No le hice nada. Veníamos re bien, lo acompañé al velorio [de su abuela]. Le cociné a los hijos, le sacaba los piojos. Estuvo la mamá unos días antes por lo que pasó con la mamá [...] A preguntas que se le formularon respecto a qué se refería cuando le dijo a G. 'esto va a terminar mal' respondió: 'A que se iba a pudrir todo con respecto a los chicos. Yo pensaba en eso porque cuando él se fue yo ya estaba a salvo.
Antes que se fuera sí tuve miedo, de todo; del nivel de violencia, arrancó ahorcándome. Yo pensé que me iba a matar' [...] Al ser preguntada para que diga si hubo otros hechos de violencia de género respondió: 'Sí, en octubre, no me acuerdo la fecha exacta, era al mediodía. Estábamos en la casa de Tigre, nosotros vivíamos en la casa de G., nosotros abajo y ella arriba, y [él me] empezó a tirar todas mis cosas a la calle; fue el mismo día que me partió el cuadro en la cabeza, me tiraba todo a la calle y me cagó a trompadas, la madre y los chicos vieron cómo me pegaba, lo vieron desde la ventana. Después me apuntaba con el arma, con la misma con la 38 y me decía que me iba a matar. Yo lo llamé a mi hermano para contarle lo que pasaba y ellos me vinieron a buscar.
Vino mi hermano J. M. O. que bajó y se puso a hablar con él, pero Luciano nunca salió, nunca dio la cara, hablaba desde la ventana y mi hermano J. I. B. [...] se quedó en el auto y yo subí mientras mi otro hermano hablaba desde el patio con él. Yo no hice la denuncia porque mis hermanos me convencieron [de] que no la hiciera y yo estaba convencida [de] que iba a cambiar'".
Sentado lo anterior, la parte refiere que ese testimonio, que da cuenta del contexto de violencia de género en que se encontraba M. O., fue respaldado por las declaraciones testimoniales de su madre y su hermano, quienes mencionaron la violencia física y psicológica, la vieron golpeada, y se explayaron sobre el círculo de violencia en que se encontraba inmersa en la relación con el acusado; incluso, contaron que tras el hecho ocurrido en noviembre de 2020, les pareció que lo mejor era que solucionara el conflicto de otra manera y la convencieron de que no hiciera la denuncia, pero que finalmente fue la forma en que intervino la justicia y la policía lo que "la liberó", le permitió salir de esa relación.
En tal sentido, cita extractos textuales del testimonio de J. M. O., del cual surge que el 21 de noviembre de 2020 fue a buscar a su hermana luego de que esta le avisara a su familia de un grave episodio de violencia sufrido a manos del acusado; durante el camino recibió otro llamado de M. muy asustada diciéndole que fuera rápido porque Napolitano había efectuado un disparo al aire en medio de la discusión; cuando llegaron a la casa "...ella estaba sola y desde afuera se escuchaban los gritos de Luciano que la agredía constantemente, la insultaba, le decía loca, estás enferma y cosas así. Cuando yo voy me pregunta quién es y me abre el portón, pero me atiende desde el primer piso, no me abrió la puerta porque entendía que yo estaba bastante enojado. Yo entré y vi que estaba todo tirado. A él se lo notaba enloquecido, estaba en cuero, fuera de sí. Encima estaba con los chicos. Yo no podía creer que estuviera[n] los chicos ahí y él hiciera lo que hizo y el estado en el que estaba. Estaba fuera de sí en serio. Yo estaba re caliente pero me comporté porque estaban los hijos. Me dijo más de lo mismo, que mi hermana estaba enferma. Me hablaba cosas sin sentido de celos, me hablaba de un perro que tenía mi hermana y que no era de la persona que ella le había dicho que era sino de otro, todo por celos [...] a medida que iba hablando conmigo la insultaba a mi hermana a los gritos mientras mi hermana estaba afuera llorando".
Por otra parte, la apelante trae a colación el informe del CAV, del que se desprende una "...modalidad vincular donde los episodios de violencia física se desarrollan en abrupta escalada (con presencia de los indicadores de riesgo) por lo que la entrevistada podría estar expuesta a nuevas situaciones de violencia en caso de retomar cualquier tipo de contacto con el denunciado. Frente a ello, y teniendo en cuenta que toda predicción de conductas futuras [es] de carácter valorativo, se infiere una situación de ALTÍSIMO RIESGO para la víctima en caso de continuar en contacto con el imputado".
Agrega que los informes del CAV son contestes con las declaraciones testimoniales y el resto de la prueba colectada, pues de allí surge que Napolitano venía cometiendo actos de violencia de forma reiterada contra O. y en el seno familiar.
Recuerda que también se incorporó por lectura la IPP 14-01-2710-20/00 de la cual surge que "...las partes involucradas resultan ser las mismas que en este proceso; y que la Sra. O. denunci[ó] que [...] Napolitano pretendía que ella se fuera de la vivienda, por lo que tras una discusión ella decidió volver a ingresar, la esperó con un palo a la voz 'ah viste que volviste', insultándola y agraviándola, haciendo ademanes con tal palo, para luego golpearla con un cuadro con una tela en su cabeza sin lesionarla. En tal oportunidad, la víctima no instó la acción penal y dijo que el nombrado no era agresivo". Asegura que este comportamiento se explica por la dinámica de la violencia de género en el ámbito de la pareja, donde la primera denuncia tiene por objeto avisarle al agresor que debe detenerse, sin la intención de terminar la relación o de colocarse en una situación de no retorno; por eso la damnificada, inicialmente, no actúa convencida ni busca una sanción.
De igual manera, critica que no se hayan evaluado como indicios otros hechos violentos contra el grupo familiar, como la causa n° 22037 del Juzgado de Familia n° 2 de Tigre, caratulada "Sfeir Buscaron, Gabriela F. c/ Napolitano Luciano Emilio J. s/ Ejecución de sentencia" (cuyas copias obran en el anexo documental). Indica que de allí surge que, con fecha 11 de junio de 2021, se ordenó: "OTORGAR en forma cautelar el cuidado personal en forma unilateral de D.A.N., L.F.N. y J.A.N., a su progenitora la Sra. Gabriela Florencia SFEIR BUSCARON [...] SUSPENDER el régimen comunicacional a favor del progenitor Sr. Luciano Emilio Juan Napolitano, homologado el 10/03/2016 en los autos 'SFEIR BUSCARON GABRIELA FLORENCIA C/ NAPOLITANO LUCIANO EMILIO JUAN S/ ALIMENTOS' (expte. n° 21387), y modificado el 04/12/2019 en autos 'SFEIR BUSCARON GABRIELA FLORENCIA C/ NAPOLITANO LUCIANO EMILIO JUAN S/ MEDIDAS PRECAUTORIAS' (expte. n° 21437) [...] SE ORDENÓ al Sr. Luciano Emilio Juan NAPOLITANO que inicie a la mayor brevedad posible y sostenga en el tiempo en forma prolongada tratamiento médico psiquiátrico y psicológico, en el que también aborde su consumo problemático de sustancias psicoactivas; y asista a un espacio de abordaje para hombres que ejercen violencia, con informes bimestrales de evolución de los tratamientos dispuestos, y con su resultado ev
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.