Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137733
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de C. J. V., con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Se difiere, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Fernando Oscar Herrera, por su labor ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.733, "V., C. J. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 118.229 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Kohan.
De las actuaciones digitalizadas, se desprende que el Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de San Martín, el 23 de mayo de 2022, condenó a C. J. V. a la pena de catorce (14) años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante calificado por el vínculo, reiterado en dos oportunidades (arts. 5, 12, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 45, 55 y 119 párrafos 2° y 4° inc. "b", Cód. Penal).
El abogado defensor de V., el doctor Fernando Oscar Herrera, interpuso un recurso de casación que fue concedido en la instancia. La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 6 de septiembre de 2022, luego de tratar los agravios, rechazó el recurso y confirmó la condena contra V. en todos sus términos.
Frente a lo así resuelto, el defensor particular, presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el cual fue declarado parcialmente admisible por resolución del Tribunal de Casación del 25 de octubre de 2022, sin que contra ello se hubiese deducido queja (v. informe inicial de 9-XI-2022).
Oído el señor Procurador General mediante el dictamen del 16 de mayo de 2023, dictada la providencia de autos el 8 de junio del mismo año, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Dado el alcance de la resolución de admisibilidad referida en los antecedentes, solo corresponde analizar el planteo relativo a la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, ya que los referidos a la denuncia de arbitrariedad de sentencia y a la errónea aplicación del art. 119 segundo párrafo, del mismo texto legal, quedaron marginados (v. resol. de 25-X-2022).
II. El defensor particular de C. J. V. denunció una doble valoración prohibida pues —a su juicio— ciertas pautas agravantes ya se encontraban contenidas como elementos estructurales del tipo penal que fue aplicado al caso.
II.1. En primer lugar, criticó que se tuviese en cuenta la edad de la víctima como aumentativa de la pena. Adujo que lo normado en el art. 119 del Código Penal se adecua a cualquier edad de la víctima menor a trece años, por lo que, al valorar la edad para agravar el monto de la pena, se habría vulnerado la prohibición del doble juzgamiento con transgresión de los citados arts. 40 y 41 del Código Penal, en violación de los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional.
II.2. De igual modo cuestionó la ponderación de "...la preeminencia física del adulto" por sobre el niño pues esgrimió que cuando existe un abuso sexual llevado a cabo por una persona mayor de edad hacia un menor "...se contempla, por sí mismo, que haya una distinta composición corporal", destacando que —en el caso— V. fue condenado por la agravante establecida en el art. 119 párrafo cuarto inc. "b" del Código Penal "...por tratarse del ascendiente de la víctima".
II.3. Por último, se agravió de que se valore como severizante al daño psicológico producido a la víctima al explicar que todos los hechos relativos a delitos contra la integridad sexual conllevan daño en la salud mental, y que su consideración como agravante del tipo exige la prueba de una extensión de daño superior del que implica el suceso en sí, circunstancia que —en su criterio— no surge acreditada.
Agregó que, de estimarse lo contrario, no se debe soslayar la declaración de la madre de la víctima, M. G. M., acerca de que la fiscalía, luego de que K. recibiera un tratamiento ordenado por aquella, no se volvió a comunicar con la familia ni tampoco hizo un seguimiento del caso. Advirtió que ello obedeció a un mal actuar por parte del Estado al no propiciar las condiciones para la contención del menor durante la sustanciación de la causa y, en consecuencia, este debe responder por ello —y no el imputado—.
En suma, solicitó que se dejen sin efecto las circunstancias agravantes referidas y que se disminuya la pena al mínimo legal.
III. La Procuración General aconsejó rechazar el recurso (v. dictamen digital de fecha 16-V-2023).
IV. Coincido con lo así dictaminado, en tanto la impugnación resulta manifiestamente insuficiente (conf. art. 495, CPP).
IV.1. El Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de San Martín, por sentencia dictada el 23 de mayo de 2022, condenó a C. J. V. a la pena de catorce años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante calificado por el vínculo, reiterado en dos oportunidades (art. 119 —t.o. según ley 25.087—, párrafos 2° y 4° —en función del apdo. "b"—, Cód. Penal).
Al momento de valorar las pautas agravantes, estimó aplicables —en lo que aquí interesa— "...la corta edad de la víctima" (6/7 años al comienzo), con sustento en que el rango de edad del menor a la época de los abusos, implicó un injusto más grave por la mayor indefensión de la víctima, teniendo en cuenta un tipo legal que abarca como sujetos pasivos, hasta menores de trece años.
Además, valoró "...la preeminencia física del adulto, que le impide al niño resistir", fundado en que aun cuando para el caso el sujeto activo siempre se trata de una persona mayor de edad "...en hechos de las características de la realización como éste, la preminencia física tiene su grado de incidencia por las menores posibilidades de defensa -de oposición física- que supone".
También ponderó "...el daño psicológico causado" con base en los informes de la especialidad y el propio relato de la víctima, señalando que sus secuelas "aún hoy modifican y condicionan su vida". En esa dirección, explicó que "...si bien es cierto el planteo de la Defensa [-en referencia a que esa parte alegó que todos estos hechos contra la integridad sexual causan un daño psicológico-], lo que aquí se trata de mensurar es la extensión del daño y no el daño en sí mismo. Y si la extensión puede considerarse mayor al de la media de casos similares, como claramente aquí se evidencia, la pena debe ser mayor (art. 41 inc. 1°, C.P.)".
IV.2. En la instancia revisora, el Tribunal de Casación abordó los planteos específicos referidos a la doble valoración de las mencionadas pautas agravantes, y los descartó, para luego —atendiendo al resto de las pautas mensurativas de la pena que no fueron motivo de recurso— avalar la determinación de la pena efectuada por el órgano de mérito dentro de la escala legal prevista en función de la subsunción legal reprochada, confirmándola.
En la impugnación traída a esta instancia, el recurrente se limitó a reeditar los planteos llevados a la instancia anterior, sin ocuparse de tomar en consideración las razones expresadas por el sentenciante para desestimar su pretensión y convalidar las referidas agravantes por estimarlas de entidad autónoma con relación al delito que fue atribuido al imputado. Media, pues, insuficiencia (art. 495, CPP).
Efectivamente, con relación a la "edad de la víctima", surge de los fundamentos del fallo que el tribunal revisor estimó que el art. 119, primer párrafo, del Código Penal solo establece un hito en trece años de edad que priva de validez a todo consentimiento prestado por el niño por debajo de aquel, pero añadió que ello no pone en pie de igualdad a todos los niños, en razón del nivel de su maduración física y psicológica, enfatizando que, en el caso, la edad de K. al momento de los hechos, seis y ocho años, significó un mayor menoscabo en ambos aspectos.
El recurrente se desentendió por completo de tal línea argumental desplegada por el juzgador, circunstancia que constituye un mecanismo ineficaz para conmover lo decidido (art. 495, CPP).
Lo propio acontece con la siguiente pauta agravante, referida a la "preeminencia física del adulto", pues la misma se enlazó con la argumentación anterior, en el entendimiento de que la edad de la víctima y su falta de maduración en el supuesto en juzgamiento, facilitó la consumación del hecho; por su parte, el defensor insiste en señalar que dicha circunstancia ya se encuentra abastecida en la norma, por tratarse del ascendiente de la víctima (art. 495, CPP).
Por último, con relación al "daño psicológico" el pronunciamiento del órgano casatorio hizo pie en la acreditación del mismo a partir de las constataciones que surgen de los informes practicados por las dos psicólogas que evaluaron a la víctima y su persistencia luego de siete años, frente a lo cual las postulaciones de la parte solo trasuntan una mera opinión discrepante a la del sentenciante que no logra evidenciar las vulneraciones legales denunciadas.
En definitiva, la recurrente no demostró que la decisión del tribunal revisor escape a lo que tiene dicho esta Corte acerca de que si bien es cierto que no corresponde valorar nuevamente en la medición de la pena las circunstancias que ya fueron tomadas en cuenta por el legislador al determinar el alcance del tipo penal —"prohibición de doble valoración"— pues al establecer aquel una escala penal ha contemplado los diversos grados posibles de gravedad que puede presentar el delito en su concreción. También lo es que la forma o el modo en que se ha manifestado el hecho, no resulta indiferente para determinar la mayor o menor gravedad del ilícito y, por ende, el reproche de culpabilidad que corresponde formular a su ejecutor (doctr. causas P. 128.070, sent. de 21-XI-2018 y P. 135.876, sent. de 9-II-2023).
Cabe recordar que la naturaleza de la acción, los medios empleados para ejecutarla y la extensión del daño causado previstos en el citado art. 41 "...son claras referencias al grado del injusto, por lo que constituyen el punto de partida para su graduación" (conf. D’Alessio, Andrés José; "Código Penal", Comentado y Anotado, Parte General [arts. 1 a 78 bis], La Ley, Buenos Aires, 2005, págs. 427/428), debiendo computarse en estos rubros las circunstancias que implican un matiz diferencial de ejecución idóneo para poner de relieve un accionar más o menos grave. El juzgador al convalidar lo actuado dio cuenta de esos matices diferenciales, sin que se advierta ni la parte logró explicar que se hubiera incurrido en las transgresiones legales denunciadas. Media, pues, insuficiencia (art. 495, CPP).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y Kohan, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de C. J. V., con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Se difiere, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Fernando Oscar Herrera, por su labor ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/03/2025 14:32:46 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/03/2025 09:30:56 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/03/2025 08:38:50 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/03/2025 17:05:13 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/03/2025 08:18:39 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 11/03/2025 08:34:14 hs. bajo el número RS-36-2025 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia