Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137953
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto en favor de G. R. G., con costas (doctr. art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.953, "G., G. R.. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 118.873 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Soria , Torres, Maidana .
El Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Dolores, el 22 de junio de 2022 condenó a G. R. G. a la pena única de diecisiete (17) años de prisión, multa de quinientos pesos ($500), accesorias legales y costas, comprensiva de las penas —también impuestas por ese mismo Tribunal— de catorce años de prisión como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por el encargado de la guarda, contra una menor de dieciocho años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente (causa n° 928/6417), y de cinco años de prisión y multa de quinientos pesos ($500), como autor de los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (hecho I) y tenencia simple de estupefacientes (hecho II) en concurso real (causa n° 299/5402 y su acumulada n° 444/5867).
Contra ese pronunciamiento, la defensa oficial de G. interpuso un recurso de casación. La Sala IV del Tribunal de Casación, mediante sentencia dictada el 15 de septiembre de 2022, lo rechazó.
El señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Nicolás Agustín Blanco, presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
El Tribunal de Casación admitió la vía por considerar que se cumplieron los recaudos del art. 494 del Código Procesal Penal tanto en lo que se refiere al monto de la pena como a la naturaleza de los agravios (errónea aplicación del art. 58 del Código Penal y la inobservancia de la doctrina legal, v. resol. de 31-X-2022).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley —de acuerdo con el alcance con que fue admitido, conforme art. 486 del Código de rito— la defensa oficial denunció la errónea aplicación del art. 58 del Código Penal en tanto sostuvo que se unificaron condenas pese a que una de ellas estaba vencida.
En lo que respecta a los antecedentes del caso, destacó que el Tribunal en lo Criminal n° 2 dictó la sentencia unificadora impugnada con fecha 22 de junio de 2022 y, de acuerdo con el cómputo de pena efectuado en el legajo, surgía que la primera pena —de cinco años de prisión— había vencido el día 6 de mayo de 2020.
Alegó que no resulta posible unificar condenas cuando una de ellas está vencida y en su apoyo, citó las causas P. 56.880 y P. 94.132 de este Tribunal.
Concluyó que al dictarse la unificación solo existía una condena en etapa de cumplimiento, por lo que solicitó se deje sin efecto la aplicación del art. 58 del Código Penal.
II. La Procuración General aconsejó rechazar el recurso. Coincido con lo así dictaminado.
III. En lo que respecta a los antecedentes del caso, tal como se reseñó, la propia defensa de G. solicitó al Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Dolores activar el procedimiento de unificación de las dos condenas que registraba el nombrado. Tras la unificación practicada, la impugnó ante el Tribunal de Casación y la Sala IV rechazó el cuestionamiento de la parte, confirmando el pronunciamiento.
A través del voto del doctor Natiello, se recordó que G. había sido condenado por el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Dolores el día 7 de octubre de 2020 a catorce (14) años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por el encargado de la guarda y contra una menor de dieciocho años de edad, aprovechando de la situación de convivencia preexistente. Estos abusos fueron cometidos por G. en el período comprendido entre el 6 de octubre de 2007 y el 14 de octubre de 2015. Se estableció que esta pena vencería el día 25 de septiembre del 2031.
También se precisó que el mismo órgano de la instancia, con anterioridad (el 28 de septiembre de 2017), había condenado al nombrado a la pena de cinco (5) años de prisión y multa de quinientos pesos ($500), por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia simple de estupefacientes —cometidos entre mayo del año 2015 y el día 15 de abril de 2016—, en concurso real entre sí; pena que había vencido el día 6 de mayo de 2020.
Sentado lo anterior, destacó que el pedido de unificación de condenas lo realizó el señor defensor oficial Subrogante de la Defensoría de Ejecución Penal del Departamento Judicial de Dolores, doctor Carlos Alberto Fortini, quien había solicitado a su vez el método composicional, requiriendo una sanción unificada en 14 años de prisión.
Se resaltó que el señor agente fiscal, doctor Gustavo David García, ante las respectivas vistas conferidas, señaló que si bien al momento de dictarse sentencia en el marco de la causa n° 928/6417 (hecho de abuso sexual cometido entre el 6-X-2007 y el 14-X-2015), la pena impuesta en causa n° 299/5402 y su acumulada n° 444/5867 (hechos de tenencia simple y agravada de estupefacientes, cometidos entre mayo del año 2015 y 15-IV-2016) ya estaba vencida, estos últimos hechos habían sido cometidos con posterioridad al ilícito primigenio, tramitando ambos expedientes de forma separada y paralela. Por ello, consideró que correspondía hacer lugar al pedido de la defensa y unificar ambas condenas pues ello podría resultar más beneficioso para G. (conf. art. 58, Cód. Penal). En definitiva, tomando en consideración las características de los hechos y las pautas atenuantes y agravantes valoradas, requirió que se le impusiera la pena única de 17 años de prisión.
De seguido, recordó que —finalmente— el Tribunal en lo Criminal n° 2, aplicando el método de la composición, fijó pena única de diecisiete años de prisión, multa de quinientos pesos ($500), accesorias legales y el pago de las costas procesales.
Sentado todo lo anterior, afirmó que el fallo en crisis resultó ajustado a derecho (conf. arts. 40, 41 y 58, Cód. Penal). En su apoyo, citó los precedentes P. 94.132 y P. 104.126 de esta Suprema Corte, entre otros, de los cuales extrajo que en la unificación de condenas (conf. art. 55, Cód. Penal) no es un impedimento que las penas estén agotadas, extinguidas o compurgadas .
Por último, señaló que el art. 58 del Código Penal tiene por finalidad lograr la unidad de reacción penal por lo que cuando medie un concurso real de delitos —como aconteció en el presente caso— se debe aplicar una pena total (conf. arts. 55 y 56, Cod. cit.).
Por su parte, el juez Kohan adhirió al voto del juez Natiello y agregó que las manifestaciones de la defensa no resultaban aplicables al caso en estudio pues hacían referencia a la unificación de penas y no a un supuesto —como el presente— de unificación de condenas.
IV. Como se adelantó, el recurso no puede progresar, por ser manifiestamente insuficiente (conf. art. 495, cit.).
IV.1. Como primer obstáculo —al igual que lo expuso la casación—, corresponde destacar que fue la propia defensa oficial la que impulsó —durante la etapa de ejecución de la pena de la causa n° 928/6417—, la aplicación del mecanismo previsto en el art. 58 del Código Penal, dándose de esta manera inicio al trámite de unificación (conf. pedido efectuado el 15 de marzo de 2022 por la defensa oficial ante el Juzgado de Ejecución Penal n° 1 de Dolores en el expte. 13.317; solicitud luego ratificada por la defensa oficial ante el Tribunal en lo Criminal n° 2 con fecha 1-VI-2022; conf. compulsa MEV, del expte. 13.317 del Juzgado de Ejecución n° 1 de Dolores y causa 928/6417 del Tribunal en lo Criminal n° 2).
Sobre el punto corresponde además precisar que al momento en que la parte requirió la unificación de condenas (requerimiento efectuado el 15-III-2022 ante el Juzgado de Ejecución Penal n° 1 y ratificado ante el Tribunal en lo Criminal n° 2 el 1-VI-2022), la pena impuesta en el marco de la mencionada causa 299/5402 ya había vencido.
De modo que, es evidente la contradicción en la estrategia desarrollada por la defensa. Pues en primera instancia y pese a que una de las condenas se encontraba cumplida por haberse agotado la pena, accionó el procedimiento unificatorio que luego de haberse llevado a cabo, califica ante la Casación y ante esta Suprema Corte, de "erróneo" precisamente porque —sostiene— una de las condenas se encontraba cumplida al tiempo de procederse a la unificación.
La conducta procesal de la defensa quiebra así el principio de unidad de actuación que la rige (art. 3, ley 14.442) al tiempo que incurre en una confrontación con la doctrina de los actos propios (conf. mis votos en causas P. 119.015, "Miranda", sent. de 17-VI-2015; P. 120.420, "Medina", sent. de 9-IX-2015; P. 122.976, "García", sent. de 22-XII-2015; P. 125.050, "Vega", sent. de 22-VI-2016; P. 126.850, "C.P.D", sent. de 19-IV-2017; P. 130.410, "Cariaga", sent. de 8-V-2019; P. 131.458, "Gerbautz", sent. de 26-XII-2019; P. 135.436, "Medina", sent. de 29-X-2021; P. 134.197, "Epul", sent. de 21-II-2022; P. 135.113, "Jara", sent. de 16-II-2023; P. 137.668, "Pitman", sent. de 21-III-2024; e.o.).
En tal sentido, la doctrina de los actos propios enseña que, la adopción de un temperamento discrecional importa ausencia de gravamen atendible, ya que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (también aplicada por la Corte federal en Fallos: 285:410 y sus citas; 297:27; 299:89; 305:568; 307:599, 635 y 1582; 308:1175 y 2405; 310:884; 315:369 y 317:655).
En efecto, la parte no hizo ninguna consideración tendiente a explicar, por qué motivo en primera instancia —pese a que una de las condenas ya estaba cumplida— promovió la incidencia unificatoria, mientras que en la instancia revisora no solo abandonó tal postura, sino que a través del agravio traído pretende deshacer el trámite unificatorio efectivizado a raíz de su propia conducta (conf. art. 495, cit.).
IV.2. A lo dicho se agrega que las consideraciones expuestas en el recurso resultan dogmáticas y —como tales— ineficaces para rebatir la tesis del fallo relativa a que, habiéndose violado las reglas de concurso de delitos, no resulta un impedimento que una de las penas se encuentre vencida al momento de practicar la unificación, sino que debe aplicarse el art. 58 del Código Penal en miras a garantizar la unidad de reacción penal.
En ese contexto, el planteo queda sin sustento pues, lo resuelto —en definitiva— se condice con la doctrina de esta Corte por la cual se dijo que, en caso de violación a las reglas del concurso, no importa que una de las penas se encuentre extinguida o compurgada (sentada en causa P. 94.132, sent. de 10-VI-2009 y las que le siguieron), a lo que cabe adunar que debe existir algún interés que cimente la pretensión (conf. —en lo que aquí corresponde— mis votos en causas P 104.126, sent. de 14-IV-2010, P. 117.966, sent. de 4-VI-2014, y P. 122.805, sent. de 2-III-2016; también en causa P. 123.926, sent. de 10-V-2017), sin que venga impuesto por la norma del art. 58 del Código Penal que tal interés solo deba ser en beneficio del condenado (conf. mi voto en causa P. 135.038, sent. de 24-X-2023).
Por los argumentos expuestos es que, voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al voto de la señora Jueza ponente doctora Hilda Kogan, en razón de la insuficiencia que le reprocha.
Tal como lo expuso el tribunal intermedio, fue la propia defensa oficial la que impulsó —durante la etapa de ejecución de la pena de la causa n° 928/6417—, la aplicación del mecanismo previsto en el art. 58 del Código Penal, dándose de esta manera inicio al trámite de unificación (conf. pedido efectuado el 15-III-2022 por la defensa oficial ante el Juzgado de Ejecución Penal n° 1 de Dolores en el expte. 13.317; solicitud luego ratificada por la defensa oficial ante el Tribunal en lo Criminal n° 2 con fecha 1-VI-2022; conf. compulsa MEV, del expte. 13.317 del Juzgado de Ejecución n° 1 de Dolores y causa 928/6417 del Tribunal en lo Criminal n° 2). Ello, pese a que, al momento en que esa parte efectuó tal requerimiento (el 15-III-2022 ante el Juzgado de Ejecución Penal n° 1 y ratificado ante el Tribunal en lo Criminal n° 2 el 1-VI-2022), la pena impuesta en el marco de la mencionada causa 299/5402 ya había vencido.
Lo dicho es demostrativo de la contradicción en la estrategia desarrollada por la defensa. Pues en primera instancia y pese a que una de las condenas se encontraba cumplida por haberse agotado la pena, accionó el procedimiento unificatorio que luego de haberse llevado a cabo, califica —ante la Casación y ante esta Suprema Corte— de "erróneo" precisamente porque, sostiene, una de las condenas se encontraba cumplida al tiempo de procederse a la unificación. Tal conducta procesal no solo quiebra el principio de unidad de actuación que la rige (art. 3, ley 14.442), sino que al mismo tiempo incurre en una confrontación con la doctrina de los actos propios, tal como se sostiene en el voto al que adhiero. Ello, sin que la parte hiciera alguna justificación razonable tendiente a explicar la atendibilidad del cambio de estrategia (conf. art. 495, cit.).
También coincido en que las consideraciones expuestas en el recurso resultan dogmáticas y —como tales— ineficaces para rebatir la tesis del fallo relativa a que, habiéndose violado las reglas de concurso de delitos, no resulta un impedimento que una de las penas se encuentre vencida al momento de practicar la unificación, sino que debe aplicarse el art. 58 del Código Penal en miras a garantizar la unidad de reacción penal (art. cit.).
Por ello y demás consideraciones concordantes de la señora Jueza ponente, voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Torres y Maidana , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto en favor de G. R. G., con costas (doctr. art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/03/2025 13:54:21 - MAIDANA Ricardo Ramon - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/03/2025 14:32:43 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/03/2025 18:06:14 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/03/2025 09:18:58 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/03/2025 09:33:56 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 12/03/2025 09:55:19 hs. bajo el número RS-37-2025 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia