Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 139077
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 139.077, "Armoa, Sergio Ariel s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 118.238 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV.-", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño.
El Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de Morón condenó el día 13 de mayo de 2022 a Sergio Ariel Armoa a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, con declaración de reincidencia, por ser autor y coautor penalmente responsable de los delitos de portación ilegal de arma de fuego de guerra, robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio criminis causae cometido con arma de fuego, en concurso real.
La defensa de Armoa interpuso un recurso de casación y, la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 3 de febrero de 2023, en lo que interesa destacar, luego de atender los reclamos rechazó el recurso confirmando así la condena.
Frente a lo decidido, el señor defensor oficial adjunto ante esa instancia —doctor Nicolás Agustín Blanco— dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación digital de 18-V-2023), el que fue declarado admisible por el tribunal intermedio (v. resol. de 30-V-2023).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 7-III-2024), dictada la providencia de autos el 8 de marzo de 2024 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor defensor adjunto ante el Tribunal de Casación Penal formuló los siguientes agravios:
I.1. En primer lugar, denunció la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal —y la inobservancia del art. 165 del mismo cuerpo legal— en el hecho del que resultó víctima Federico Mariano Rivero.
Luego de reseñar la respuesta dada por la Casación para confirmar la calificación legal puesta en entredicho, adujo que la misma se limitó a sostener el dolo homicida sin corroborar la ultrafinalidad propia del homicidio criminis causa, aspecto que —en su criterio— no fue abordado.
Añadió que el órgano revisor no dio respuestas adecuadas a los planteos llevados respecto del relato de los hechos efectuado por el testigo Correa, acerca de que quien portaba el arma de fuego y finalmente efectuó el disparo fue el entonces coimputado Acosta; como así tampoco se ocupó de lo declarado por la esposa de la víctima, con relación a que no vio a quien llevaba el arma antes del disparo. Concluyó que resultaba imposible afirmar que el disparo producido tuvo el dolo requerido por la figura en cuestión.
I.2. En subsidio, denunció la violación de los arts. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Tildó de arbitraria la confirmación del órgano revisor de la responsabilidad de su asistido como coautor del delito de homicidio calificado (art. 80 inc. 7, Cód. Penal), con sustento en que las afirmaciones del pronunciamiento impugnado no se compadecen con las constancias comprobadas de la causa, o bien no son aptas para conducir a la conclusión arribada por ser contrarias a la lógica o asimismo por aparecer contradictorias con otras afirmaciones realizadas en el fallo, o violatorias del principio in dubio pro reo (art. 18, Const. nac.).
Afirmó que la circunstancia de que los autores del desapoderamiento estuvieran dispuestos a doblegar la oposición de la víctima no implicó la preexistencia de dolo homicida, por el contrario —agregó— los testigos de cargo refirieron a un "forcejeo" entre la víctima y victimario, sin poder observar el momento preciso en que se produjo el disparo.
De lo cual, concluyó que la inexistencia de certezas acerca de lo acontecido ha sido evaluada por el juzgador en contra del imputado, robusteciendo la hipótesis de la parte acusadora, en detrimento del debido proceso, el derecho de defensa y el in dubio pro reo (arts. 1, CPP; 18 y 75 inc. 22, Const. nac.).
Expresó que el razonamiento del revisor sobre el punto se asienta en una mera presunción, e insistió en que las constancias de la causa no permiten afirmar con certeza que el disparo producido en el forcejeo haya tenido el dolo requerido en la figura en trato.
Con cita de jurisprudencia vinculada a la doctrina de la revisión amplia y de sentencias arbitrarias (CSJN causa "Casal", entre otros), culminó solicitando a esta Corte que anule la resolución en crisis y se reenvíe el caso al Tribunal de Casación para el dictado de un nuevo fallo ajustado a derecho.
I.3. Como segundo motivo de agravio, planteó la inconstitucionalidad del art. 50 del Código Penal por violentar el principio de la culpabilidad por el acto y del ne bis in idem.
Afirmó que la reincidencia impone de forma automática y de antemano la pérdida de la posibilidad de que Armoa pueda reclamar el derecho a la libertad condicional, lo que importa un agravamiento frente a aquellos que no han sido declarados en tal carácter.
Alegó respecto a la actualidad del agravio, sosteniendo que de no atenderse en esta instancia se consumaría la violación sin posibilidad de reparación al momento de la denegatoria de la libertad condicional.
Asimismo, sustentó la inconstitucionalidad del instituto de la reincidencia a partir de su confrontación con el principio del ne bis in idem, en tanto hace foco sobre otro hecho ya juzgado y condenado, imponiéndose consecuencias que no responden al nuevo hecho en juzgamiento.
Cuestionó también el instituto por afectación al principio de culpabilidad por el acto y en apoyo de su postura citó el fallo "Maldonado" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estimó, en definitiva, que la declaración de reincidencia no evidencia una culpabilidad agravada del segundo hecho, por lo que el incremento de pena no respondería a la culpabilidad del autor por el segundo hecho, superando la culpabilidad del sujeto.
I.4. Del mismo modo, cuestionó la confirmación de una interpretación —a su juicio— inconstitucional del art. 41 del Código Penal, en tanto permitiría la valoración de la condena anterior como agravante para determinar el monto de pena aplicable.
En sustento de su postura trajo a colación el fallo "Gramajo" de la Corte federal, y precisó que contraviene los datos de la experiencia en cuanto a conciencia del ilícito y ámbito de autodeterminación.
En suma, solicitó que este Tribunal case el fallo impugnado en cuanto aplica el art. 41 del Código Penal de un modo que, al permitir la utilización de la condena anterior como circunstancia agravante, vulnera el principio de culpabilidad por el hecho y la garantía de ne bis in idem, o que se declare su inconstitucionalidad y se reenvíe al a quo a fin de que se dicte nueva decisión conforme a derecho.
Concluyó señalando que, dada una plural valoración de la misma circunstancia fáctica en perjuicio de su defendido, corresponde su descarte con la consecuente reducción del quantum punitivo.
II. El señor Procurador General propició el rechazo del recurso. Coincido con esa postura.
III. Los agravios vinculados con la confirmación del encuadre legal del hecho como homicidio criminis causae, y la responsabilidad del acusado en el mismo, no son de recibo.
III.1. Las instancias previas tuvieron por acreditado el siguiente hecho "...el 16 de junio de 2020, alrededor de las 20 hs., en la intersección de las calles Sucre y Esquiú de la localidad de Libertad, partido de Merlo, de esta Provincia, dos sujetos interceptaron a Federico Mariano Rivero, quien se hallaba a bordo de su camioneta Marca Renault Sandero, dominio JMP-148, y mediante la utilización de un arma de un revólver calibre 38, que uno de ellos portaba sin la debida autorización legal, se apoderaron de una riñonera con documentación, de $ 500 pesos en efectivo y dos celulares de la empresa personal, ambos marca Samsung, modelos J7 y A30. En medio del desapoderamiento, ante la resistencia que Rivero opuso a los agresores, que pedían la llave del vehículo y que éste no entregó, y en su afán de asegurar el resultado del hecho y procurar su impunidad, uno de ellos le disparó, tras lo que siguieron con su accionar, lo tiraron de la camioneta y ya con la presencia de su esposa Norma Andrea Caballero en el lugar, a quien también inquirían, seguían intentando llevársela. Finalmente, se fugaron del lugar con las cosas robadas. El proyectil impactó en la axila izquierda de Rivero, lo que le provocó su muerte minutos más tarde en el Hospital Eva Perón de Merlo".
El suceso fue calificado como portación ilegal de arma de fuego de guerra, robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio criminis causae cometido con arma de fuego, en concurso real (arts. 41 bis, 55, 80 inc. 7, 166 inc. 2 segundo párrafo y 189 bis inc. 2 cuarto párrafo, Cód. Penal).
III.2. En el recurso de casación la defensa de Sergio Ariel Armoa cuestionó —en lo que aquí interesa— el encuadre legal del delito contra la vida, postulando que dada la imposibilidad de determinar que su defendido haya sido quien efectuó el disparo mortal, se imponía la recalificación del hecho en los términos del art. 165 del Código Penal. En lo medular, argumentó que el testigo Marcelo Correa le atribuyó esa acción a Jonathan Acosta y que la testigo Norma Andrea Caballero, esposa de la víctima, no pudo precisar quien fue el autor del disparo.
Asimismo, esgrimió que —en el caso— la calificación legal aplicada quebrantó el principio de culpabilidad, y efectuó diversas consideraciones generales sobre sus alcances.
III.3. A su turno, el Tribunal de Casación Penal —a través del voto del señor juez doctor Natiello, que concitó la adhesión simple del señor juez doctor Kohan— rechazó dicho reclamo.
Para así decidir, sostuvo que la plataforma fáctica no generó dudas respecto a que Armoa junto a un cómplice, para facilitar el desapoderamiento del automóvil y de los objetos de Rivero y su esposa, y procurar su impunidad, le efectuó un disparo a Rivero —lo que le provocó la muerte minutos más tarde—, lo tiraron de la camioneta y luego se fueron con las cosas robadas. Sostuvo que así, quedó abastecida la finalidad y la conexión ideológica que requiere el art. 80 inc. 7 del Código Penal.
Expresó que, conforme la materialidad ilícita acreditada no había quedado duda de que Armoa había sido el autor del disparo mortal, ello con sustento en la declaración de la testigo —esposa de Rivero— que si bien no pudo ver quién disparó, siempre describió a Armoa como el portador del arma, sin advertir que hubiese habido un traspaso ni una manipulación conjunta de la misma.
Continuó señalando que, además debía valorarse el testimonio del policía Matías Gabriel Giménez —que transcribió, en lo pertinente—; el acta de detención de Armoa; y las conclusiones extraídas de la pericia del revólver incautado y el proyectil de plomo deformado extraído en la operación de autopsia de la víctima, en la cual se determinó que el revólver secuestrado al imputado Armoa resultó apto y que el proyectil extraído en la necropsia de la víctima fue efectivamente disparado por esa arma.
Estimó que al sopesar el testimonio de Caballero —esposa de la víctima— se podía reconstruir el ilícito, en el que se dio una conexión ideológica entre el homicidio y el desapoderamiento.
Destacó que, el disparo a Rivero se efectuó por la oposición de este a entregar las llaves del vehículo y que luego de disparar contra la víctima, la intención de Armoa y de su cómplice fue la de llevar a cabo a cualquier costo el robo. Que el imputado Armoa "pisó" el cuerpo herido de Rivero, en cuclillas buscó las llaves del auto y palpó al herido y a su esposa. En síntesis, para el revisor, el disparo no fue un freno para el iter criminal: Armoa y su cómplice buscaban robar el auto y estaban dispuestos a matar para lograr ese objetivo, valorando que llevaban el arma predispuesta para el disparo.
Concluyó que, en el caso, medió un accionar coordinado de los dos atacantes que los colocó en el marco de una coautoría funcional.
Explicó que hallándose acreditada la situación de querer impedir el robo, el imputado no dudó en quitarle la vida a la víctima, en tanto su resistencia hizo peligrar su designio, dándose así la ultrafinalidad típica requerida por el homicidio criminis causae, la cual describió, con apoyo en doctrina de autores, distinguiéndola respecto de la figura del art. 165 de ese mismo cuerpo legal.
Agregó que legalmente no se exige una reflexión, sino puede darse una decisión súbita en la ejecución del hecho, de conformidad con criterio de esta Suprema Corte de Justicia.
Posteriormente, sostuvo que del sistema del art. 80 inc. 7 del Código Penal no resulta que el elemento subjetivo del tipo deba concurrir antes de iniciarse la ejecución del otro delito en forma anticipada, deliberada y resuelta de antemano, la ley solo exige el ánimo del autor al momento del hecho y no la preordenación.
En suma, estimó que en el supuesto al quedar probado que Armoa, ante la negativa de Rivero de entregar la llave de la camioneta, detonó el arma contra el mismo, con lo que probó el dolo directo en el homicidio, para luego de ello, golpearlo una vez que yacía en el piso.
IV.1. En primer lugar, cabe destacar que la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva se apoya en considerar que en el caso no se acreditó el aspecto subjetivo del homicidio criminis causae (art. 80 inc. 7, Cód. Penal), y que el disparo fue efectuado merced a un "forcejeo" entre el victimario y la víctima, proponiendo una calificación alternativa.
Sin embargo, el recurso se revela ineficaz para conmover la calificación de los hechos en los términos del citado art. 80 inc. 7, ya que, más allá de que el reclamo se enunció como de errónea aplicación de la ley sustantiva, el recurrente, en rigor, pretende una reinterpretación de los hechos y de los elementos probatorios a partir de los cuales se convalidó la calificación legal, y ello se encuentra por fuera del marco propio de conocimiento de esta Corte (art. 494, CPP y su doctr.).
Por consiguiente, la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva resulta infundada, ya que la parte, mediante consideraciones particulares y desatendidas de las argumentaciones del tribunal revisor, no replicó adecuadamente las conclusiones del juzgador anteriormente reseñadas (doctr. art. 495, CPP).
Por lo demás, la interpretación jurídica que se ha otorgado a los hechos que aquí arriban firmes se condice con la doctrina de esta Corte que sostiene que para la aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal "...debe demostrarse la existencia en el ánimo del autor de cualquiera de las finalidades que contempla" (conf. causas P. 121.266, sent. de 17-V-2017; P. 127.647, sent. de 9-V-2018; P. 131.546, sent. de 6-XI-2019; P. 131.772, sent. de 20-XI-2019; P. 132.303, sent. de 26-II-2020; P. 134.008, sent. de 7-V-2021; e.o.) y que "...no resulta, ni expresa ni implícitamente, que su elemento subjetivo del tipo deba concurrir antes de iniciarse la ejecución del otro delito" (conf. causas P. 106.440, sent. de 31-X-2012; P. 113.545, sent. de 19-XII-2012; P. 111.820, sent. de 31-VII-2013; P. 132.776, sent. de 8-IV-2021; P. 135.059, sent. de 4-IV-2022; P. 134.660, sent. de 3-XI-2022; P. 134.461, sent. de 16-III-2023; P. 135.376, sent. de 11-IV-2023; e.o.).
En efecto, el modo de actuar descripto en la materialidad del hecho es congruente con la concurrencia de al menos una de las finalidades previstas por la figura en cuestión y tenidas por debidamente probadas en las instancias previas, esto es, la de asegurar el resultado del hecho y procurar su impunidad, a la que refirió el fallo del Tribunal de Casación.
Por lo expuesto, corresponde desestimar el planteo de la defensa y mantener la significación jurídica del hecho en los términos del art. 80 inc. 7 del Código Penal conforme fuera confirmada en la instancia previa, en tanto el requisito típico quedó debidamente acreditado, sin que la parte logre conmover eficazmente los argumentos brindados, aunque adversos a su pretensión (art. 495, CPP).
IV.2. Por otra parte, la disconformidad del recurrente con la solución adoptada por el tribunal casatorio no es eficaz para demostrar la violación al derecho al recurso, con los alcances que la Corte nacional le otorgara a partir del precedente "Casal" —que este Tribunal también ha hecho propios— (conf. causas P. 91.308, sent. de 3-V-2006; P. 86.183, sent. de 12-VI-2006; e.o.).
Más allá de expresar su oposición a la actividad valorativa tenida en vista o, por el contrario, desconsiderada por el juzgador, no demuestra que lo decidido sea fruto de la mera voluntad de los jueces o se asiente en premisas falsas, indefectiblemente inconducentes o inconciliables con la lógica y la experiencia. En definitiva, no pone en evidencia que la sentencia padezca de algún vicio que, desde la óptica de la pretoriana jurisprudencia del Máximo Tribunal federal, encasille en el elenco de supuestos que quedan incluidos en el amplio catálogo de la doctrina de la arbitrariedad.
Al efecto no es ocioso recordar que ella no está destinada a corregir en tercera instancia fallos equivocados, "...sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234).
Luego, la aducida vulneración de la regla in dubio pro reo no corre mejor suerte. La defensa exhibe su disconformidad con el criterio de valoración probatoria realizado y confirmado por los magistrados de casación, pero no ha evidenciado vicio o defecto alguno que justifique la intervención de este Tribunal en el terreno probatorio y la eventual descalificación del fallo recurrido como acto jurisdiccional válido.
Si bien la sentencia de condena solo puede ser el resultado de un convencimiento que esté más allá de toda duda razonable acerca de la responsabilidad del acusado por un hecho punible, no basta la invocación de cualquier versión contrapuesta sobre la fijación de los hechos para objetar el análisis de la prueba a tenor del principio favor rei, si no es posible poner en evidencia que el análisis razonado y detenido de toda la prueba en conjunto —tal como ha sido expuesto en el caso por el Tribunal de Alzada— impide alcanzar ese grado de convencimiento, de modo de habilitar el cuestionamiento de esa certeza subjetiva (doctr. causas P. 120.286, sent. de 31-VIII-2016; P. 127.647, sent. de 9-V-2018; P. 129.785, sent. de 8-V-2019; P. 135.042, sent. de 13-IX-2022; e.o.).
V. Tampoco prospera el segundo motivo de agravio vinculado con la decisión del tribunal revisor de confirmar la ponderación de la condena anterior que registra el imputado, en calidad de agravante de la pena.
V.1. Ante el órgano casatorio la defensa —en lo que aquí importa— adujo que la confirmación de la aplicación de la condena anterior como agravante para determinar el monto de pena, transgrede los principios de culpabilidad por el acto y ne bis in idem, porque se lo sanciona dos veces, una para graduar el monto de sanción y otra para declarar la reincidencia.
V.2. En respuesta a ello, el tribunal intermedio comenzó señalando que los antecedentes condenatorios constituyen un extremo fáctico verificado cuya existencia no ha sido cuestionada por la defensa.
Estimó que su valoración como agravante constituye un índice cierto de la mayor culpabilidad del sujeto, derivada de su reiterada oposición a los mandatos normativos.
Sostuvo que la jurisprudencia de ese tribunal intermedio ha sostenido en reiteradas ocasiones que no se viola la prohibición de doble valoración cuando se ponde
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