Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 139250
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Matías Emmanuel Monzón, con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 139.250, "Monzón, Matías Emmanuel. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 118.942 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Maidana.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, el 2 de marzo de 2023, rechazó el recurso de la especialidad presentado por el señor defensor oficial de Matías Emmanuel Monzón contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de San Nicolás que lo condenó a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas por resultar autor penalmente responsable de los delitos de homicidio criminis causae (hecho I), robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no fue acreditada (hecho II) y robo calificado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no fue acreditada y por el uso impropio del arma (hecho III).
Contra dicho pronunciamiento, el señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
El Tribunal de Alzada, mediante resolución de fecha 6 de julio de 2023, declaró admisible la impugnación por estimar que la denuncia de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua cuenta con la suficiencia necesaria para superar la etapa de admisibilidad.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Teniendo en consideración el alcance con el que se admitió la impugnación, se reseñará únicamente el agravio vinculado a la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua.
Sentado lo anterior, la defensa oficial denuncia que la condena impuesta a su defendido "...constituye una pena a perpetuidad efectiva, como consecuencia de la aplicación de los artículos 13 y 80 inciso 7° del Código Penal, ello conjugado con la edad que tiene el imputado (37 al día de la fecha), lo que contraría el fin resocializador de las penas privativas de la libertad, y vulnera la prohibición de imponer penas crueles, inhumanas y degradantes -arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N y 5.2 y 5.6 de la CADH-".
Afirma que se incumple con el mandato resocializador de las penas privativas de libertad, con el principio de culpabilidad y configura la imposición de una pena cruel o infamante, ya que por la conjunción de los arts. 80 (inc. 7), 13 y 14 del Código Penal, y la edad de Monzón, este habría condenado, en definitiva, "...a pasar el resto de su vida en prisión, lo que implica, [...] la violación del derecho a la vida -art. 4.1 CADH- a la par que importa la imposición de una pena cruel, inhumana y degradante-".
De seguido, tilda de arbitrario el fallo en cuanto indicó que su asistido podría acceder a la libertad condicional cuando el art. 14 del Código Penal lo prohíbe en este tipo de delitos. Sin perjuicio de ello, argumenta que, en razón de la edad de Monzón, recién "…tendría la posibilidad de obtener la libertad, eventualmente, pasados los sesenta años", lo cual equivale a reconocer la casi imposibilidad de retorno al medio libre. No obstante, dice, "…esa eventual posibilidad fue uno de los argumentos centrales en los que se basó el fallo impugnado para rechazar el recurso de casación".
Recuerda que las "...normas constitucionales y convencionales que garantizan el derecho a la vida, establecen el fin resocializador de las penas privativas de libertad, y vedan la posibilidad de imponer penas crueles, inhumanas y degradantes" (conf. arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 4.1, 5.2 y 5.6, CADH) se contraponen a la pena de prisión perpetua impuesta a Monzón en tanto implica que este deberá "...pasar el resto de su vida en prisión".
I.1. En lo que respecta a la violación del derecho a la vida (conf. art. 4.1., CADH), una vez más, hace alusión a la edad de su asistido y a que la pena impuesta no permite acceder a la libertad (conf. arts. 13, 14 y 80, cits.).
De seguido —sin perjuicio de lo anteriormente expuesto— sostiene que su defendido, "...podría acceder a la libertad condicional, eventualmente, a partir de los sesenta y cinco años, con lo cual, teniendo en consideración la expectativa de vida de una persona en nuestro país, máxime en el ámbito carcelario donde las mismas disminuyen considerablemente siendo ello un hecho notorio, la pena impuesta es efectivamente perpetua". Ello quebranta el derecho a la vida consagrado en el art. 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En su apoyo, cita jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vinculada al derecho a la vida no solo desde el punto de vista biológico sino como la posibilidad de "...desarrollar o continuar un proyecto de vida".
Alude al vínculo existente entre el derecho a una vida digna y el resguardo que debe poseer toda persona privada de su libertad contra la tortura o trato cruel inhumano o degradante, enunciado en el artículo 5.2 de la Convención Americana.
Resalta que la situación de privación de libertad hasta los últimos días de la vida de su asistido, se empeora aún más en virtud de "...la realidad carcelaria argentina y, específicamente, la de la provincia de Buenos Aires" (conf. Comunicado de Prensa Nro. 64/10 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; caso "Lori Berenson Mejías vs. Perú", CIDH, entre otros).
Afirma que la afectación al derecho a la vida que ocasiona el encierro a perpetuidad, convierte a la sanción penal en una verdadera "pena de muerte" (conf. caso "Hilaire, Constantine y Benjamín y otros vs. Trinidad y Tobago", CIDH); en contravención de los arts. 1, 2 y 4 inc. 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
I.2. Por otra parte, en lo que respecta a la violación del art. 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, manifiesta que la pena de prisión perpetua conlleva el encierro de por vida, transformándose en una "pena de eliminación social" mediante la cual su defendido es apartado para siempre de la sociedad (conf. arts. 18, Const. nac.; 5.6, CADH; 10.3, PIDCP y 80, 13 y 14, Cód. Penal).
Concluye que ello viola el derecho a la dignidad personal y el fin resocializador de las penas pues su defendido no cuenta con la posibilidad de acceder en algún momento a la libertad (art. 5.6, CADH).
I.3. A su vez, alega que la pena impuesta es cruel, inhumana y degradante en tanto implica "...una tortura en la psiquis" frente a la certeza de que no recuperará jamás su libertad (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.). En su apoyo, cita el fallo "Giménez Ibáñez" de la Corte nacional.
I.4. Finalmente, sostiene que el planteo es actual toda vez que la propia sentencia condenatoria es la que frustra el derecho a la vida, a la dignidad y a la integridad de su asistido (conf. arts. 4.1 y 5.6, CADH), pues manda a cumplir la totalidad de la pena en encierro impidiendo la posibilidad de acceder a la libertad.
Aclara que si se sostuviera que los agravios son prematuros "...no habría certeza en punto a cuándo correspondería solicitar la libertad del imputado -con los pedidos de inconstitucionalidad que pudieran corresponder-. Luego, debe paralelamente admitirse que, independientemente del momento en que corresponda efectuar dicha petición -verbigracia treinta y cinco años-, si se esperase hasta dicha oportunidad [su] asistido para entonces habrá cumplido ya el lapso temporal exigido para acceder a la libertad condicional; de modo que obligarlo a solicitar su libertad sólo en esa oportunidad implica constreñirlo a continuar cumpliendo pena en encierro mientras la inconstitucionalidad de la pena impuesta se debate".
II. El señor Procurador General aconsejó rechazar la impugnación. Coincido con lo dictaminado.
III. El recurso es insuficiente (conf. art. 495, CPP).
Resulta pertinente hacer una breve reseña de hitos relevantes del caso:
III.1. Cabe destacar que de la sentencia de mérito no surge pronunciamiento alguno en torno a la constitucionalidad de la pena de prisión perpetua ni se advierte que la parte haya hecho un planteo en tal sentido en los alegatos finales.
Sin perjuicio de ello, en el recurso de casación, la defensa oficial tachó de inconstitucional la pena de prisión perpetua con sustento en los principios de culpabilidad —por consistir en una pena fija que impide la ponderación de las particularidades del caso—; de legalidad —pues, no existe certeza respecto del momento de vencimiento de la pena—; de división de poderes —porque el poder legislativo le impide al judicial merituar las particularidades de cada caso—; por contradecir los fines de resocialización de las penas —en tanto el condenado no cuenta con la posibilidad de recuperar su libertad— y la prohibición de imponer condenas crueles, inhumanas o degradantes —una pena de por lo menos treinta y cinco años de duración afecta la dignidad humana en tanto no existe certeza que una vez cumplidos esos años de encierro, la persona pueda acceder a la libertad condicional—.
III.2. Frente al planteo de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua, la casación recordó que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o decreto debe ser considerada como última ratio y afirmó que la denuncia de violación de garantías constitucionales resulta genérica pues no demostró cómo estas se quebrantaron en el caso concreto.
De seguido, indicó que "Nuestro ordenamiento legal prevé la posibilidad jurídica de cese de la coerción personal en cierto momento de la ejecución de la pena, mediante el cumplimiento de ciertos requisitos o condiciones". En su apoyo, citó el fallo "Giménez Ibáñez" de la Corte nacional.
Agregó que la referencia del recurrente de que "…en el caso no existe certeza de que al cabo de los treinta y cinco años de encierro que prevé el artículo 13 del Código Penal…", el condenado Monzón pueda acceder a la libertad condicional, deviene prematura. El eventual perjuicio del imputado recién se produciría —a todo evento y conforme las postulaciones defensistas— cuando se estime procedente el acceso a la libertad condicional, momento en el cual recién podría tener lugar el impedimento que genéricamente invoca.
De seguido, refirió que la defensa tampoco se hizo cargo de demostrar que la pena prevista para el delito del art. 80 inc. 7 del Código Penal por el que fue condenado Monzón no guarda relación con la conducta típica o con las particulares del encausado, no logrando evidenciar —en definitiva— que la condena resulte desproporcionada o irracional.
Por último, indicó que la pena de prisión perpetua tampoco se contrapone al Estatuto de Roma.
IV. Como se adelantó, el recurso no puede prosperar.
IV.1. Dejando de lado las consideraciones que cabría formular respecto a la oportunidad en que la defensa introdujo la tacha de inconstitucionalidad, lo cierto es que, en el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley, se plantearon argumentos novedosos al sostener que la pena impuesta viola el derecho a la vida (conf. art. 4.1, CADH), y que en el caso se agrava debido a la situación carcelaria de la provincia de Buenos Aires.
Ese matiz argumental no fue llevado a conocimiento del Tribunal de Casación, ocasión en la cual se pretendió fundar la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua con sustento en la violación de los principios de culpabilidad, de legalidad, de división de poderes, de resocialización y prohibición de penas crueles, inhumanas y degradantes.
En definitiva, dicho argumento resulta extemporáneo en tanto recién se introdujo en la impugnación en examen sin que exista un pronunciamiento previo sobre el punto (conf. art. 451, CPP).
IV.2. Por otra parte, las alegaciones del recurrente vinculadas a que la pena de prisión perpetua viola el principio de culpabilidad, incumple con los fines de resocialización y se transformaría en una pena cruel, inhumana y degradante, resultan genéricas y dogmáticas en tanto —como lo puso de manifiesto la casación— no tienen un mínimo anclaje en las particulares características del caso.
En efecto, el señor defensor oficial, más allá de la referencia a la edad de su asistido —recién introducida ante esta sede—, no se hizo cargo de analizar las contingencias del caso para así demostrar por qué motivo la pena impuesta resultaba violatoria de los principios constitucionales alegados.
De esta manera, los embates aparecen limitados a esgrimir una opinión discrepante en orden a la imposición de la sanción perpetua, y a denunciar una supuesta violación a distintos principios y garantías constitucionales y convencionales de manera meramente genérica, de allí la insuficiencia recursiva (conf. mutatis mutandi, causas P. 136.193, sent. de 5-IV-2023; P. 134.793, sent. de 10-VII-2023; P. 136.742, sent. de 19-IV-2024 y P. 136.862, sent. de 15-V-2024; art. 495, cit.).
V. Para más, encuentro oportuno destacar —tal como lo hizo la casación— que, según arraigada doctrina de la Corte federal la declaración de inconstitucionalidad de las leyes es la más delicada de las funciones que cabe encomendar a un tribunal de justicia, al importar el desconocimiento de los efectos de una norma dictada por otro poder del Estado, que goza de presunción de legitimidad. Se trata de un acto de suma gravedad institucional que debe ser utilizado como última medida del orden jurídico, por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados (CSJN Fallos: 321:441; 327:831 y 328:4542, entre muchos otros).
Entonces, su procedencia requiere que el planteo pertinente tenga un sólido desarrollo argumental y cuente con no menos fuertes fundamentos, al extremo de proponer un análisis inequívoco y exhaustivo del problema, de manera que, si la parte recurrente no demuestra cuál es el alcance de sus derechos y por qué razones cree que lo actuado por quienes legislan es incorrecto, no cabe atenderlo.
Por último, siguiendo jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, corresponde remarcar —en consonancia con lo puesto de realce por el tribunal intermedio—que las penas perpetuas no son realmente tales, porque de lo contrario lesionarían la intangibilidad de la persona humana, por lo cual deberá fijarse, eventual y oportunamente, el momento de su agotamiento (CSJN causa "Giménez Ibáñez", sent. de 4-VII-2006; SCBA causas P. 84.479, sent. de 27-XII-2006; P. 94.377, sent. de 18-IV-2007; P. 133.630, sent. de 28-X-2020; e.o.), y ello más allá de la posibilidad de acceder a alguno de los institutos previstos dentro del régimen de progresividad (conf. mi voto en causa P. 136.193, cit.; v. también causa P. 136.862, sent. de 15-5-2024).
En todo caso, la parte tampoco se ocupó de demostrar de qué modo la alegada "incertidumbre" ocasionaría las denunciadas afectaciones legales y convencionales que invocó en la impugnación en tratamiento (conf. mi voto en causa P. 136.862, cit.; art. 495, cit.).
Por todo lo expuesto, voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Maidana, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Matías Emmanuel Monzón, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/02/2025 13:11:02 - MAIDANA Ricardo Ramon - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/02/2025 17:00:54 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/02/2025 18:33:40 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/02/2025 19:48:07 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/02/2025 08:05:20 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 21/02/2025 09:10:58 hs. bajo el número RS-25-2025 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia