Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 139438
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de nulidad deducido a favor de Jonathan De Jesús Sosa, con costas (arts. 491, en sentido contrario, 493 y concs., CPP).
Asimismo, se desestima la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley por manifiestamente insuficiente, con costas (conf. art. 495, CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 139.438, "Sosa, Jonathan De Jesús. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 115.221 del Tribunal de Casación Penal, Sala V"; y su acumulada P-139.480-Q, "Sosa, Jonathan De Jesús. Queja en causa N° 115.221 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
La Sala V del Tribunal de Casación, mediante sentencia dictada el 13 de marzo de 2023, rechazó el recurso de la especialidad presentado por la defensa oficial de Jonathan De Jesús Sosa contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de La Plata que lo condenó a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual seguido de muerte.
Frente a lo así decidido, el señor defensor oficial, doctor José María Hernández, presentó recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley.
La casación, mediante resolución dictada el 10 de agosto de 2023, por un lado, declaró admisible el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley en lo que respecta a la tacha de inconstitucionalidad "...de la aplicación de la pena de prisión perpetua -respecto de la norma contenida en el art. 80 del CP.- [...] por cuanto el delito por el cual recayera condena no permitiría, acorde con el art. 14 del CP, la obtención de la libertad condicional". Por otra parte, declaró la inadmisibilidad del carril extraordinario de nulidad; ello derivó en la presentación de una queja en los términos del art. 486 bis del Código de rito.
Este Tribunal, mediante resolución de fecha 3 de noviembre de 2023, concedió la vía extraordinaria de nulidad en el marco de la cual se denunció la ausencia de mayoría de opiniones.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto por la defensa oficial?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el recurso extraordinario de nulidad, el señor defensor oficial, doctor José María Hernández, luego de citar textualmente tramos del fallo en crisis, denuncia ausencia de mayoría de opiniones al tratar el embate relativo a la inconstitucionalidad de las penas perpetuas.
En tal sentido, puntualiza que "...mientras que el primer voto (Dr. Maidana) tiene por piedra angular de su decisión la imposibilidad de darle un alcance numérico a una pena perpetua -toda vez que ello importaría arremeter contra la naturaleza jurídica de dicho instituto-...", en sentido contrario, el doctor Violini sostiene que "...por imperativo constitucional, no existe óbice alguno para establecer una fecha de agotamiento a la pena de prisión o reclusión perpetua, cuestión sobre la que de todos modos no corresponde expedirse en este momento, toda vez que ella no ha sido materia de recurso o pedido alguno por parte de la impugnante".
Indica que el punto sobre el que recae dicha divergencia es esencial, habiendo sido oportunamente articulado.
Concluye que el Tribunal de Casación Penal al expedirse dictó un pronunciamiento que trasluce un acuerdo aparente de opiniones y ello ha provocado la nulidad de la sentencia por ausencia de mayoría sobre una cuestión esencial, y la correlativa vulneración del derecho de defensa de su asistido y del debido proceso (art. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.).
II. Coincido con la Procuración General: el recurso no prospera.
III. La vía emprendida es improcedente (conf. art. 491, en sentido contrario, CPP).
Previo a ingresar al fondo del reclamo, resulta necesario realizar una reseña de los antecedentes del caso:
III.1. La defensa oficial, en el recurso de casación —en lo que aquí importa— denunció que la pena de prisión perpetua viola el art. 18 de la Constitución nacional.
En su apoyo, hizo una cita textual de Zaffaroni de la que se desprende que las penas a perpetuidad se asimilan a los tormentos psíquicos —art. 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumana y Degradantes— y que no respetan el fin de la reinserción del art. 1 de la ley 24.660.
III.2. Frente a ello, el Tribunal de Alzada, mediante el voto del juez Maidana, al que adhirió el juez Violini con algunas consideraciones, rechazó la tacha de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua.
En primer lugar, Maidana indicó que lo planteado configura una reedición de lo llevado en la instancia anterior.
De seguido, señaló que no deben confundirse las penas divisibles con las indivisibles y destacó que éstas últimas "...por definición, son aquellas que afectan la libertad ambulatoria durante el tiempo de vida del condenado y consecuentemente son absolutas, por estar sustraídas a la mensuración o individualización judicial al momento de su imposición".
Sin perjuicio de ello, trajo a colación el fallo "Giménez Ibañez" de la Corte nacional del cual surge que la "...pena privativa de libertad realmente perpetua lesiona la intangibilidad de la persona humana en razón de que genera graves trastornos de la personalidad, por lo que resulta incompatible con la prohibición de toda especie de tormento consagrada en el art. 18 [de la Constitución nacional]".
En tal sentido, destacó que "...el Código Penal, ya en la versión original del momento de su sanción en el año 1921, contemplaba que los penados a reclusión o prisión perpetua podían acceder a la libertad condicional (art. 13 CP), lo que se mantiene hasta la actualidad, estando prevista incluso la extinción de la sanción transcurrido un tiempo determinado legalmente sin que la libertad condicional haya sido revocada (art. 16 C.P.)".
Afirmó que dentro de los supuestos a los que hace referencia la Corte nacional en el citado precedente, están los casos de los condenados a penas de prisión perpetua que se encuentran impedidos de acceder a la libertad condicional (arts. 14, Cód. Penal y 56 bis, ley 24.660).
Sentado todo lo anterior, indicó que la finalidad esencial de la pena privativa de libertad es la prevención especial o "readaptación social" por lo que impedir al condenado a prisión o reclusión perpetua la posibilidad de acceder en algún momento a la libertad importa negar que la ejecución de la pena pueda surtir efecto resocializador (conf. arts. 75 inc. 22, Const. nac.; 10.3., PIDCP y 5.6., CADH).
En razón de lo expuesto, sostuvo que no resulta posible convertir una pena indivisible en divisible pues tienen diversa esencia, siendo que la prisión perpetua, en realidad, es una pena relativamente indeterminada, pero determinable de ahí que no resulta posible fijar una fecha de agotamiento concreta de la sanción.
De seguido, destacó que la declaración de inconstitucionalidad de una norma debe emplearse como último recurso, en casos de estricta necesidad. En razón de ello, la pena en cuestión debe compatibilizarse con los arts. 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 4.2., 5.2., 5.3., 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6.2., 10.1., 10.3. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (conf. arts. 18 y 75 inc. 2, Const. nac.).
Consideró que la prisión perpetua aplicada a Sosa no constituye un acto cruel, inhumano ni degradante de los que prohíbe el art. 16.1. de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (conf. art. 1.1. de dicha Convención). Y que tal especie de pena es admisible "...en la medida que el Estado autorice una revisión periódica del encierro que sufre el condenado, de modo que -más allá del nomen- exista la posibilidad de acceder a una liberación anticipada y que, en caso de denegación, la misma esté supeditada a un control regular".
Insistió en que "...ninguna sanción es ejecutable de por vida, de acuerdo a nuestra normativa, habida cuenta que, incluso en los casos de reclusión o prisión perpetua, está reglado el derecho a favor del penado de obtener una libertad condicional, bajo una serie de requisitos que hacen a la progresividad del tratamiento hacia la inclusión de la persona en la sociedad (cfr. art. 13 del CP)".
Por último, sostuvo que el análisis de las limitaciones previstas en el art. 14 inc. 2 del Código Penal no reviste actualidad "...pues requeriría, para permitir su abordaje, que la liberación haya sido denegada, en torno a dicha causal. Deviene, entonces, prematuro su actual planteamiento".
Por su parte, el juez Violini manifestó que "A diferencia de lo sostenido por [su] colega [...] por imperativo constitucional, no existe óbice alguno para establecer una fecha de agotamiento a la pena de prisión o reclusión perpetua, cuestión sobre la que de todos modos no corresponde expedirse en este momento, toda vez que ella no ha sido materia de recurso o pedido alguno por parte de la impugnante" (el destacado me pertenece). "Luego, con esta aclaración, adhiero en todo lo demás al voto del doctor Maidana, por sus fundamentos".
IV. La impugnación no prospera (conf. art. 491, en sentido contrario, CPP).
La cuestión respecto de la cual el juez Violini dejó asentada una postura divergente en lo que hace a la fijación de un límite temporal a la pena de prisión perpetua, no invalidó la mayoría de fundamentos sobre la que se asienta el rechazo del planteo llevado por la defensa oficial.
En efecto, tal cual surge de la reseña efectuada en el punto anterior, en el recurso de casación la defensa oficial se limitó a formular un planteo genérico en torno a la supuesta contradicción entre la pena de prisión perpetua y el art. 18 de la Constitución nacional, sin hacer ningún tipo de consideración en torno a la necesidad de fijar un límite temporal a la pena de prisión perpetua, tal como advirtió el juez Violini en su voto de adhesión. De ahí que no es posible señalar que dicho aspecto configure una cuestión sustancial a decidir pues —precisamente— no integró el planteo llevado por la parte (v. punto III.1.).
En tal sentido, la mayoría de fundamentos radica en que el voto del juez Maidana —al que adhirió el juez Violini— afirmó que la pena de prisión perpetua —para ser constitucionalmente admisible— debe permitir a quien la ejecuta la posibilidad de acceder a la libertad anticipada y estar sujeta a estrictos controles judiciales. Bajo tales parámetros, se afirmó que se respetan los fines de resocialización sobre los que se deben apoyar las penas dentro de nuestro ordenamiento jurídico y que no configura un trato cruel, inhumano y degradante (v. punto III.1.; conf. arts. 5.6., CADH; 10.3, PIDCP y 75 inc. 22, Const. nac.).
En definitiva, ambos jueces coincidieron en la constitucionalidad de este tipo de penas, en que no son de por vida —pues la persona debe gozar de la posibilidad de acceder a la libertad anticipada— y que no configuran un trato cruel, inhumano y degradante, dando así cabal respuesta al embate genérico llevado en el recurso de casación (v. punto III.1.).
Por todo lo expuesto, se concluye que el recurso resulta improcedente desde que, en el caso, con el voto del juez Maidana al que adhirió el juez Violini con consideraciones adicionales, se configuró la mayoría necesaria de opiniones en las cuestiones esenciales a revolver, de ahí que no se encuentran abastecidos los recaudos para la pretendida anulación de la sentencia de casación (conf. arts. 168, Const. prov. y 491, en sentido contrario, cit.).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la defensa oficial en primer lugar, recordó que en el recurso de casación denunció "...la inconstitucionalidad del art. 80 del [Código Penal], en la medida que establece una pena perpetua toda vez que dicha especie de pena violenta la intangibilidad de persona humana e impone un sufrimiento compatible con un tormento y, en consecuencia, se encuentra vedado su uso".
Sentado lo anterior, denuncia la "...inconstitucionalidad de los arts. 80 y 14 del [Código Penal]", arbitrariedad y violación de los principios de culpabilidad e intangibilidad de la persona humana, sin perjuicio de insistir con la ausencia de mayoría de opiniones formulada en la vía del art. 491 del Código de rito-.
En tal sentido, sostiene que en el voto inaugural del fallo casatorio se afirma la constitucionalidad de la pena de prisión perpetua sobre la base del "control judicial del encierro y el eventual acceso a la libertad".
Frente a ello, alega que el problema radica en que el art. 14 del Código Penal impide el acceso a la libertad condicional en este tipo de delitos. "Ergo, la única manera de salvar la posibilidad de aplicar la pena contemplada en el art. 80 del CP, sin darle un monto numérico, ni derivar en un encierro sine die [...] es declarar la inconstitucionalidad del art. 14 del [Código Penal]". Por tales motivos, se agravia de que el Tribunal de Alzada haya sostenido que el tratamiento de la constitucionalidad del art. 14 citado no reviste actualidad.
De seguido, manifiesta que al declarar prematuro el abordaje de la constitucionalidad del citado art. 14 "...la validez de la norma bajo estudio -art. 80 del CP- queda supeditada a una eventual declaración de inconstitucionalidad que, eventualmente, podría dictar un órgano jurisdiccional". Por tales motivos, afirma que el fallo en crisis es autocontradictorio.
Insiste en que "...si la única manera de compatibilizar la naturaleza absoluta de la pena impuesta con la prohibición de las penas efectivamente perpetuas es la posibilidad de acceder a la libertad condicional, es ahora -cuando se está discutiendo la constitucionalidad de la norma que establece dicha sanción- el momento de expedirse en torno a la validez del art. 14 del CP, de lo contrario los mentados extremos entran en colisión lógica".
Concluye que lo expuesto genera un agravamiento de las condiciones de detención y quebranta los principios de culpabilidad, proporcionalidad e intangibilidad de la persona humana —prohibición de tormentos— (arts. 18, 19 y 75 inc. 22, Const. nac.; 2, Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y 4.1. y 5.6., CADH).
II. La Procuración General aconsejó rechazar la impugnación. Una vez más, coincido con lo así dictaminado.
III. El recurso es manifiestamente insuficiente (conf. art. 495, CPP).
En primer lugar, tal como lo afirma la Procuración General, la defensa denuncia la inconstitucionalidad del art. 80 del Código Penal cuando ello no guarda relación alguna con las particularidades del caso en tanto Sosa fue condenado por el delito de abuso sexual seguido de muerte (conf. art. 124, Cód. Penal).
A dicho déficit —que evidencia un notorio apartamiento de las constancias del caso— se agrega que la importancia que según la defensa oficial tenía el abordaje de la constitucionalidad del art. 14 del Código Penal, se desentiende de que, en el recurso de casación, no se hizo ningún planteo en tal sentido que obligara al Tribunal intermedio a pronunciarse sobre el punto, sino que fue una consideración efectuada de oficio por el a quo (art. 495, CPP).
En adición, el hecho de que la casación no se haya pronunciado sobre la constitucionalidad del art. 14 del Código Penal —tópico sobre el que, se insiste, el a quo hizo una referencia de oficio dado que no había sido llevado por la defensa en su recurso— no inhabilita los argumentos sobre los cuales se afirmó la constitucionalidad de la pena de prisión perpetua. Esto es: que no implica un encierro de por vida; que se debe garantizar la posibilidad de acceder de manera anticipada al medio libre; y debe estar sujeta a estrictos controles judiciales, criterio conteste con diversos pronunciamientos de esta Suprema Corte en casos análogos al presente (conf. mutatis mutandi, voto de la jueza Kogan en causas P. 120.347, sent. de 14-X-2015 y P. 138.973, sent. de 3-VI-2024).
Por lo dicho, la tacha de arbitrariedad y las denuncias de violación a los principios de culpabilidad, intangibilidad de la persona humana y proporcionalidad quedaron huérfanas de sustento argumental.
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de nulidad deducido a favor de Jonathan De Jesús Sosa, con costas (arts. 491, en sentido contrario, 493 y concs., CPP).
Asimismo, se desestima la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley por manifiestamente insuficiente, con costas (conf. art. 495, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/02/2025 12:58:38 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/02/2025 14:29:38 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/02/2025 19:08:03 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/02/2025 10:54:20 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/02/2025 11:07:26 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 12/02/2025 11:49:58 hs. bajo el número RS-11-2025 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia