Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 139526
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 139.526, "Torres, Nahuel Ignacio s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 123.245 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Maidana.
Conforme se desprende del expediente radicado electrónicamente, la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante sentencia dictada el día 13 de abril de 2023, rechazó el recurso de la especialidad presentando por la señora defensora oficial del fuero de responsabilidad penal juvenil del Departamento Judicial de San Martín, en favor de Nahuel Ignacio Torres, contra la decisión de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías de dicha departamental que, a su vez, revocó el auto del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 2 que no había hecho lugar al pedido fiscal de comunicar al Registro Nacional de Reincidencia la unificación de penas respecto del nombrado y su correspondiente cómputo.
Contra lo así decidido, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
La Casación, mediante resolución de fecha 10 de agosto de 2023, declaró admisible el recurso.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal denunció el apartamiento arbitrario del fallo "R., B. S. y otros s/ incidente tutelar" (sent. de 22-XII-2015, CSJN) y de los precedentes P. 114.313; P. 114.153; P. 114.155; P. 115.571; P. 114.583; P. 115.303; P. 128.517; entre otros, de esta Suprema Corte.
Asimismo, se agravió de la violación de las garantías especiales en materia de registro de información establecidas en los tratados internacionales incorporados a nuestra Constitución (arts. 75 inc. 22, Const. nac. y 3, 37 y 40, CDN).
En tal sentido, trajo a colación el art. 40 inc. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el fallo "Maldonado" de la Corte nacional, y afirmó que la ley 22.117 "...no contiene ningún estándar del fuero de responsabilidad penal en su 'diseño', por lo cual, su aplicación generó, un perjuicio de imposible reparación ulterior, que violentó el debido proceso legal (art. 18, C.N.)".
De seguido, citó el fallo "Ruiz" de la Corte nacional (sent. de 23-VIII-2016) y volvió a mencionar los precedentes P. 114.155 y P. 114.312 (debió decir: P. 114.313) de esta Suprema Corte, de los que se desprende la necesidad de respetar el principio de especialidad y la vigencia del corpus iuris de protección de los derechos de los niños hasta la finalización de la causa, con independencia de que en el transcurso del proceso el joven adquiera la mayoría de edad.
Destacó que a su asistido se le siguió un proceso en el marco de las leyes 22.278 y 13.634 por un hecho que se le atribuyó durante su minoría de edad. "Así, la Corte de la Nación fue contundente al remarcar que las normas y principios que rigen en este Fuero de especial protección a los jóvenes, se aplican en la ejecución de la condena impuesta por los jueces especializados independientemente de la edad y hasta la finalización de la causa".
Agregó que la Casación quebrantó el interés superior del niño (conf. art. 3.3, CDN) y se apartó de las particulares circunstancias del caso.
Puntualizó que "El asiento de los antecedentes de los menores en un registro que no cuenta con las garantías impuestas por los instrumentos internacionales, se encuentra vedado", conforme lo resuelto por la Corte nacional y provincial (conf. causas P. 114.313; P. 114.153; P. 114.155; P. 115.571; P. 114.583; P. 115.303; P. 128.517; e.o.).
Concluyó que "Las comunicaciones previstas en el art. 2 de la Ley 22.117, son improcedentes en causas del proceso penal juvenil, las cuales solo cuentan con el registro de Procesos del Niño (arts. 3, 4 y 40 de la CDN, 51 de la ley 13.634, art. 8 del Reglamento del Registro de Procesos del Niño, Res. 3889/08 SCBA)".
De seguido, destacó que en los procesos del fuero de responsabilidad penal juvenil la pena no se asienta en la retribución ni en fines de prevención general. Agregó que, tal cual surge de la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 40.1), no es posible registrar las penas en tanto el principio de publicidad está limitado, debe garantizarse la confidencialidad de los procesos penales y resguardarse la prohibición de difundir cualquier información que permita identificar a niños acusados de infringir leyes penales.
Resaltó que la protección de la privacidad abarca la protección de la identidad durante el proceso (Regla de Beijing 8.2; O.G. 10, párr. 64), la limitación de la publicidad del juicio (O.G. 10, párrs. 65 y 66) así como también restricciones en el "uso de antecedentes o registros juveniles" (Regla de Beijing 21; O.G. 10, párrs. 66 y 67).
Reiteró que las normas especiales del fuero penal juvenil tienen preeminencia por sobre las del fuero de adultos y destacó que "...los menores [...] cuentan con garantías especiales en materia de Registro de información, contempladas en los tratados internacionales incorporados a nuestra Carta Magna..." (conf. arts. 1 y 85, ley 13.634; 75 inc. 22, Const. nac.; 3 y 4, CDN).
Por todo lo expuesto, solicitó la revocación del temperamento adoptado por la Casación (conf. arts. 8.5, 11.2 y 19, CADH; 14.1 y 17.1 PIDCP; 16 y 40.2.b.vii, CDN; 8.1 y 21.1, Reglas de Beijing; 3.12, Reglas de Tokio; OC-17/2002, CIDH).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso.
III. Coincido con lo así dictaminado, en tanto el recurso resulta manifiestamente insuficiente (conf. art. 495, CPP).
Como a continuación se demostrará, la defensa oficial efectuó consideraciones genéricas y dogmáticas que no repararon en las especiales características del caso ni en lo efectivamente resuelto por la Casación.
IV. Previo a ingresar al fondo del reclamo resulta necesario reseñar los antecedentes del caso, por resultar de vital importancia para evidenciar la manifiesta insuficiencia recursiva (conf. compulsa de los expedientes digitales que tramitaron ante el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 2 y el Juzgado de Ejecución n° 2, ambos de San Martín, a través de la MEV).
IV.1 Con fecha 30 de agosto de 2022, en el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 2 de San Martín se celebró audiencia en los términos del art. 4 de la ley 22.278, con relación al auto de responsabilidad que había declarado a Nahuel Ignacio Torres autor penalmente responsable de los delitos de encubrimiento, robo agravado por su comisión en poblado y en banda, robo agravado por el uso de arma de fuego, resistencia a la autoridad y tenencia de arma de guerra, todos ellos en concurso real entre sí.
El señor fiscal manifestó que "...se encuentran cumplidos los requisitos de forma y de fondo exigidos por el art. 4to de la ley 22.278, seguidamente manifiesta que el joven fue detenido el 7/06/2016, que en fecha 12/04/2018 se le otorgaron permisos de salida al domicilio, que en fecha 26/07/2018 se decreta su rebeldía y se dispone su captura, siendo detenido nuevamente el 31/12/20 en el marco de un delito cometido como mayor...".
Destacó que "...tiene en cuenta la reiterancia delictiva lo que se traduce en una reiteración de decisiones delictuales reveladoras de mayor peligrosidad sin que medie reincidencia, tampoco deja pasar por alto la sentencia condenatoria dictada por es[e] Tribunal el 4/11/2016 y la sentencia dictada por el TOC N°4 por el hecho ocurrido el 31/12/2020, es decir que no puede dejar de lado el hecho de que encontrándose sometido al tratamiento tutelar, volvió a reincidir delinquiendo nuevamente. No tiene atenuantes que considerar, ni la menor edad ni la evaluación psíquica se puede considerar. En cuanto a la cuantificación, solicita de conformidad con el art. 58 del C.P. la unificación de la pena con mayores es decir aplicando la regla de concurso, se le pide una unificación de pena en mayor de edad quedando desplazadas todas las normas del fuero de responsabilidad penal juvenil como lo establece el art. 58 [citado] es decir que la pena mínima a aplicar será la de 6 años y 8 meses de prisión y el máximo de pena superará los 50 años de pena, por lo que debe aplicarse a los principios de culpabilidad, racionabilidad, discrecionalidad, por lo que teniendo en cuenta la naturaleza de la acción, los medios empleados para ejecutarla, la edad al momento de la comisión de los hechos delictivos, el grado de instrucción alcanzado, el daño causado, el peligro, entiende que corresponde aplicar una pena única de 7 años de prisión, accesorias legales y costas del proceso comprensiva de la presente y la dictada por el TOC N°4" (el destacado me pertenece).
Frente a ello, la defensa oficial solicitó la absolución del joven Torres y, en caso de considerarse necesaria la aplicación de pena, requirió su reducción. Finalmente, en cuanto al pedido de unificación de penas sostuvo que no correspondía aplicar el art. 58 pues "...son dos penas de distintas naturaleza y además [...] la imposición de pena y la unificación no es respetuosa de los fines del fuero según la [Convención sobre los Derechos del Niño]; más allá que se encuentre detenido como mayor no significa que la normativa de responsabilidad penal juvenil debe de ser descartada; quedando la totalidad de su argumentación registrada en el sistema audiovisual" (conf. compulsa MEV).
IV.2. El Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 2 de San Martín, mediante sentencia dictada el día 5 de septiembre de 2022, encontró reunidos los requisitos del art. 4 de la ley 22.278.
De seguido, aplicó la reducción de la escala penal prevista en la citada norma y, sobre la base de diversas agravantes y atenuantes, condenó a Torres a la pena de cuatro años de prisión, accesorias legales y costas, con fundamento en distintos principios especiales del fuero.
Por último, en lo que respecta al pedido de unificación de penas, sostuvo que "...conforme lo estipula el principio general del art. 58, ambos hechos cometidos por Torres, [...] los de los presentes actuados [...] y los correspondientes a la condena impuesta por el TOC N°4 de San Martín en causa N°4845 en orden al delito de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no se tiene por acreditada, deben ser contemplados en una misma condena, a la luz del concurso de delitos previsto por el art. 55 del CP, estipulándose la escala penal de valoración de la misma, sobre la base del mínimo mayor, resultando la pena impuesta de cuatro años de prisión, accesorias y costas en relación a los hechos sustanciados en la presente causa N° 2159/2016 el mínimo mayor, y el máximo estaría establecido por la pena de 7 años cuya imposición peticionara el Sr. Agente Fiscal".
En definitiva, aplicó el sistema de composición de penas y lo condenó a la pena única de cinco años, un mes y once días de prisión, accesorias legales y costas.
Contra lo así decidido, la defensa oficial no dedujo recurso alguno.
IV.3. Encontrándose firme el fallo de condena, el día 30 de septiembre de 2022 se practicó por secretaría el cómputo de pena y se estableció como fecha de vencimiento el día 28 de enero de 2024. Asimismo, se indicó que no correspondía efectuar mención alguna en cuanto a la caducidad registral "...conforme lo dispuesto por el fallo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en causa P.128.517-RC...".
En esa misma fecha, el Juzgado aprobó el cómputo practicado y en función de "lo normado por el artículo 30 de la Ley 13.634", dispuso formar el "correspondiente incidente de ejecución de la sanción impuesta con copia de las piezas procesales que pudieren corresponder".
IV.4. Sin embargo, con fecha 20 de octubre de 2022, el citado Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil se declaró incompetente para seguir interviniendo en el caso.
Al reseñar los antecedentes, indicó que "...en fecha 30 de septiembre de 2022 se practicó cómputo de vencimiento pena, en el que la pena impuesta a Torres Nahuel Ignacio vencerá el 28 de Enero de 2024, cuya caducidad registral operará el 28 de Enero de 2034 —también firme a la fecha—".
Cabe destacar que, tal cual se advierte de la reseña efectuada en el punto IV.3., en el cómputo realizado por secretaría y luego aprobado por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil, contrariamente a lo ahora expuesto por ese mismo órgano jurisdiccional, se afirmó que no correspondía fijar fecha de caducidad registral por contraponerse a los principios específicos del fuero, con sustento en el alcance dado por dicho órgano jurisdiccional al precedente P. 128.517 de esta Suprema Corte.
De seguido, el Juzgado invocó la causa n° 23.750, caratulada "Leguizamón, Alejandro Daniel" de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías de esa departamental, en la que se resolvió que cuando una pena impuesta en el fuero de responsabilidad penal juvenil se unifica con una pena impuesta por un tribunal oral de competencia ordinaria en la que el encartado ya había alcanzado su mayoría de edad, queda desplazada toda posibilidad de contar con los resortes de contención y especificidad ofrecidos en la ley 13.634 y concordantes.
En función de ello, resolvió que Torres "...ha perdido aquellos resortes propios del fuero minoril, y esto hace que la ejecución de la pena única mencionada deba continuar su tramitación ante el Fuero de Adultos; máxime que el nombrado Torres se encuentra hace tiempo dentro del sistema penitenciario de esta Provincia" (el destacado me pertenece).
De la compulsa de los expedientes digitales no se advierte que la defensa haya deducido recurso alguno contra este pronunciamiento.
IV.5. Por su parte, la fiscalía, con fecha 26 de octubre de 2022, solicitó que una vez firme el cómputo de pena se comunique al Registro Nacional de Reincidencia "...limitando el suministro de esta información a las autoridades judiciales y/o policiales que las requieran...".
IV.6. El Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil, mediante resolución dictada el día 26 de octubre de 2022, rechazó el pedido de informar al Registro Nacional de Reincidencia por estimar que ello incumplía con los principios específicos del fuero de responsabilidad penal juvenil y recordó que para estos casos existe el Registro de Procesos del Niño (conf. art. 51, ley 13.634).
En su apoyo, citó la causa P. 114.153, entre otras de esta Suprema Corte, el fallo "Maldonado" de la Corte nacional, la Convención sobre los Derechos Niño, entre otros instrumentos internacionales.
Contra este pronunciamiento, el Ministerio Público Fiscal, con fecha 27 de octubre de 2022, presentó recurso de apelación.
IV.7. La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías de San Martín, mediante sentencia dictada el día 21 de diciembre de 2022, admitió el recurso fiscal y ordenó informar al Registro Nacional de Reincidencia la pena impuesta a Torres.
En tal sentido, argumentó que se configuró un supuesto de unificación de condenas "...entre la dictada por el Tribunal Oral Criminal n° 4 Deptal., y la impuesta por el Juez sentenciante del fuero minoril. Que el condenado se halla a la fecha cumpliendo la pena única impuesta por este último".
Recordó que el sistema de pena total impide que dos o más penas sean aplicadas de manera simultánea a una misma persona o que esta deba cumplir paralela o sucesivamente más de una, "...más allá de que una de ellas se asienta en parámetros, principios y fines específicos del juzgamiento especializado".
En función de ello, dispuso revocar lo decidido y ordenó al titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 2 disponer las comunicaciones correspondientes al Registro Nacional de Reincidencia, con la prohibición de ser informado a particulares y limitando el suministro a las autoridades judiciales y/o policiales que las requieran.
Contra lo así decidido, la defensa oficial presentó recurso de casación.
IV.8. La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante sentencia dictada el día 13 de abril de 2023, rechazó el recurso de la defensa oficial.
En primer lugar, afirmó que "...el informe de antecedentes penales no contiene en sí mismo ninguna información sobre circunstancias de la vida privada que puedan estar amparadas por el derecho a la intimidad, y menos aún cuando se ha comunicado con la prohibición informar a particulares, limitando así el suministro de esos datos a las autoridades judiciales y/o policiales que las requieran".
De seguido, recordó lo resuelto por esta Suprema Corte en la causa P. 114.153 (resol. de 4-V-2016), y afirmó que dicho temperamento no resultaba aplicable al caso.
Mencionó los principios fundamentales del sistema penal juvenil, entre otros, la finalidad de "...resocialización y recuperación del joven, circunstancia que evidentemente no ha ocurrido, pues [Torres] cometió otro delito" (conf. arts. 37 y 40, CDN; Reglas de Beijing; arts. 68 a 85, ley 13.634; ley 13.298). Aclaró que dicha finalidad no difiere de la perseguida por la pena impuesta a los adultos (conf. art. 1, ley 24.660). Afirmó que "La totalidad de estas cuestiones han devenido abstractas cuando luego de impartido el pertinente tratamiento, la persona ha alcanzado la mayoría de edad y el juez especializado ha considerado necesaria la imposición de pena por aquel delito cometido durante la etapa de menor, con lo cual el tránsito por la justicia especializada no ha tenido el fruto deseado, siendo que esta evaluación es realizada una vez que el sujeto alcanza la adultez en términos legales".
A continuación, aclaró que si bien no fue motivo de agravio, tanto la Corte nacional como la Suprema Corte provincial, así como el Tribunal de Casación, se han pronunciado por la procedencia de este tipo de unificaciones, ya que no existe impedimento alguno conforme las previsiones del art. 58 del Código Penal. A su vez, resaltó que "...el presente caso se diferencia de los precedentes citados por la defensora oficial del fuero de la responsabilidad penal juvenil y por el defensor adjunto de casación, en tanto que en causa P. 114.153, resol. de 4-V-2016 de la SCBA, se estableció la imposibilidad de comunicar el resultado del proceso del menor al Registro Nacional de Reincidencia, dado que nuestra provincia posee el específico Registro de Procesos del Niño (de conformidad con lo dispuesto en el art. 51 de la ley 13.634) [mientras que] en este caso se advierte un panorama diverso a ese escenario, ya que deviene necesario dejar registrada la unificación de penas que diera origen al recurso de casación, pues, efectivamente, la unificación punitiva llevada adelante en el ámbito de la justicia juvenil entre hechos cometidos antes y después de los dieciocho años, no reconoció ningún obstáculo legal y por otro lado, si eventualmente fuera considerada a los fines de la reincidencia, habría que evaluar si esa declaración puede sustentarse en que el condenado la haya cumplido a consecuencia del fallo emitido por el órgano jurisdiccional que lo juzgó como mayor, con prescindencia de la impuesta en el fuero especial...".
En función de ello, concluyó que correspondía inscribir los antecedentes penales en el Registro Nacional de Reincidencia (conf. ley 22.117) aclarando que este organismo "...debe informar solamente a autoridades judiciales y/o policiales que los requieran, mas no podrán comunicar a los particulares que los soliciten".
Finalmente, sostuvo que no se le puede dar supremacía legal a los textos de la ley provincial 13.634 por sobre la ley nacional
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