Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 139631
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial a favor de Ezequiel Antonio Sotelo, con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 139.631, "Sotelo, Ezequiel Antonio s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 115.024 y acum. n° 115.025 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño.
De las actuaciones digitalizadas, se desprende que la Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 16 de agosto de 2022, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial de Ezequiel Antonio Sotelo, contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que lo había condenado, mediante el procedimiento de juicio abreviado, a la pena de cuatro años de prisión, multa de cuarenta y cinco (45) unidades fijas, accesorias legales y costas como coautor de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (art. 5 inc. "c", ley 23.737).
Contra ese fallo, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, presentó un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue admitido por la Sala recurrida (v. resol. digital de 31-VII-2023).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 12-IV-2024), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El señor defensor oficial denunció el arbitrario rechazo por parte del órgano intermedio del planteo de inconstitucionalidad de la pena de multa de cuarenta y cinco (45) unidades fijas impuesta en el caso, mediante el cual había postulado la afectación del principio de legalidad. Según su criterio, la revisión efectuada por la Casación infringió la obligación de fundar los pronunciamientos judiciales que deriva de la razonabilidad republicana y del derecho de defensa (arts. 1 y 18, Const. nac.) y constituyó un mero tránsito aparente por esa instancia, que vulneró el derecho al doble conforme (arts. 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCP).
Adujo que el órgano intermedio expuso meros formulismos vacíos de contenido con los que se pretendió evitar ejercer el control de constitucionalidad.
Indicó que existe un juicio constitucional expreso que encomienda exclusivamente al Congreso la función legislativa en materia penal (art. 75 inc. 12, Const. nac.) y que le prohíbe expresamente la delegación de dicha facultad (arts. 76 y 99 inc. 3, Const. nac.); y que el juicio del constituyente prevalece por sobre cualquier decisión del legislador y, por tal motivo, la delegación de la facultad de establecer el monto de la escala penal no puede formar parte de un juicio de oportunidad o conveniencia del Poder Legislativo, que es ajeno al control judicial.
En segundo orden, denunció infracción al principio de legalidad formal, la afectación de la división de poderes y reclamó la declaración de inconstitucionalidad de la pena de multa en cuestión.
Se explayó sobre la tarea constitucional del Congreso de individualizar las conductas prohibidas y establecer la escala penal de la sanción que correspondería aplicar; trajo a colación el fallo "Legumbres S.A. y otros s/ contrabando" de la Corte nacional para patentizar las exigencias de "ley anterior" y la diferencia entre legislar y reglamentar una norma, puntualizando que el Ministerio de Seguridad no tiene la facultad de definir los montos de las multas estipuladas para el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización puesto que ello forma parte de la predeterminación legislativa de las sanciones penales, tarea exclusiva e indelegable del Congreso.
Argumentó que, bajo el pretexto de "actualización de la multa", se ha dejado librado al Poder Ejecutivo la elección de la entidad de la pena en relación con la gravedad del ilícito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Recordó que, previo a la sanción que incorporó la "unidad fija" que establece el valor referencial del formulario de inscripción al Registro Nacional de Precursores Químicos, la multa contemplada en la ley 23.737 fue actualizada por ley 23.975, lo que demuestra que el legislador puede proceder directamente a su indexación; remarcó que el valor de la unidad fija fue modificado varias veces desde la sanción de la ley 27.302, que conllevó un incremento notorio de la escala de la multa, y conjeturó acerca de lo que ocurriría si hubiera que transformar la pena de multa en días de prisión para el caso de que el condenado no pudiera pagar, con lo que pretendió demostrar que el Ministerio de Seguridad manipuló la escala penal, alterando esencialmente el juicio de desvalor de la conducta prohibida hecho originalmente por el legislador.
Advirtió una falta de conexión entre dichos aumentos de la escala de la multa y el fin constitucional de resocialización de las penas y la proyección de la política criminal; aludió al debate parlamentario de la ley en cuestión y dijo que los sucesivos aumentos dispuestos por el Ministerio de Seguridad no guardaban relación con la necesidad de actualizar multas, sino que refieren a costos operativos, evidenciando la discrecionalidad de la Administración.
La defensa puntualizó que no discutía la composición de la escala penal mediante unidades fijas susceptibles de ser actualizadas, sino que cuestionaba que el contenido de esas unidades (con directa incidencia en la escala penal) fuese determinado por el órgano administrador.
Solicitó que se anule el fallo impugnado y se mande a dictar un nuevo pronunciamiento.
II. La Procuración General aconsejó rechazar el recurso extraordinario (v. dictamen digital de 12-IV-2024).
III. Coincido con su opinión. Desde mi punto de vista, el recurso es insuficiente para revertir lo resuelto (conf. art. 495, CPP).
III.1. Al presentar el recurso de casación contra la sentencia de condena, la defensa oficial denunció —en lo que importa destacar para la solución del caso— la inconstitucionalidad de la pena de multa impuesta a Sotelo.
Adujo que tal pena en el caso concreto de su asistido era confiscatoria e inhumana, en tanto Sotelo registraba regulares condiciones de vida y estaba detenido hacía más de dos años bajo arresto domiciliario sin posibilidad de salir a trabajar. Explicó que ello colocaba a su defendido en una imposibilidad de afrontar dicha sanción y, en definitiva, en la obligación de destinar los ingresos de una parte sustancial de su vida para hacer frente a la multa, con la consecuencia de ver insatisfechas sus necesidades básicas.
Indicó que la pena de multa en abstracto no resultaba pasible de cuestionamientos constitucionales, pero sí lo era en el caso concreto de Sotelo dado que se confrontaba también con el principio de mínima racionalidad, pues, dada la escasa cantidad de droga y la suma dineraria incautada al imputado, no guardaba relación con la magnitud del injusto en cuestión. Agregó que la pena de multa debe estar limitada por la capacidad patrimonial del imputado, la cual estaba excesivamente superada por la pena impuesta y la convertía en confiscatoria y, por tanto, ilegal.
Por tales motivos, requirió que se declare su inconstitucionalidad, se case la sentencia impugnada y se imponga una multa por debajo del mínimo legal que la tornara de posible cumplimiento.
III.2. En lo que aquí importa, la Sala III del Tribunal de Casación —mediante el voto inicial del señor juez Borinsky, con adhesión simple del señor juez Violini— rechazó el planteo vinculado con la pretendida inconstitucionalidad de la pena de multa contemplada por el art. 5 inc. "c" de la ley 23.737.
Para así decidir, destacó que en el caso la declaración de inconstitucionalidad era contraria a los propios actos, toda vez que se había arribado a aquella mediante acuerdo de partes en un juicio abreviado.
Resaltó que "...si el defensor asiste al imputado dando ambos conformidad a la propuesta de abreviado en el que se determina la aplicación de la multa mínima, y dicho acuerdo se homologa, el recurrente incurre en autocontradicción y petición de principio al solicitar la exclusión de una norma cuya aplicación formó parte de lo acordado".
Agregó que no se lograba poner en evidencia que la pena de multa contradijera grave y notablemente alguna norma constitucional, ya que las leyes se presumen constitucionales y, por ende, impera el criterio restrictivo para una eventual declaración de inconstitucionalidad.
Por otro lado, señaló que la multa se podía amortizar mediante trabajo o pago en cuotas, todo lo cual sería autorizado según la condición económica de cada condenado (art. 21, Cód. Penal).
Apuntó que tampoco podía sostenerse vulnerado el principio de legalidad, ya que éste exige la clara y total descripción de la conducta punible en la ley penal antes del hecho del proceso, y en el supuesto cuestionado lo que se delega es la actualización de la pena de multa con un valor de referencia.
Adicionó que no observaba que el mínimo legal previsto por la norma revelara una pena cruel o degradante, que exceda los límites de culpabilidad, y que se trataba de una cuestión de política criminal.
Indicó que en el caso la norma que impone la multa elegida, "...sanciona la posesión de estupefacientes, en cantidad y disposición suficiente para la venta, que no se compadece ni con la mera tenencia ni con el consumo personal, sino con una ultra intención comercializadora que agrava las escalas penales [que] se encuentran expresamente tasadas en la ley, por lo que mal puede sostenerse violación alguna del principio de proporcionalidad si las mismas van aumentando en función de la mayor afectación de los bienes jurídicos".
Finalmente, subrayó que la pena de multa fue discernida, en el mínimo legal previsto para la figura, sin resultar irracional o desproporcionada con el disvalor de acción y resultado verificado en autos.
Destacó que "...los mínimos establecidos en el Código Penal no pueden ser considerados 'meramente indiciarios' [...], pues constituyen parte de la 'ley' en sentido formal y sustancial y, por ende, poseen carácter vinculante, constituyendo, además, la imposición por debajo del tope, el delito de prevaricato —artículo 269 del Código Penal—".
Concluyó que, sin afectación de garantías, los motivos que buscaban la inconstitucionalidad del monto de multa impuesto, que coincidía con el mínimo posible, no progresaban.
IV.1. Como se adelantó, la impugnación debe ser rechazada.
Cabe señalar que el recurrente no logra demostrar que la respuesta dada por el Tribunal de Casación haya sido dictada en violación del derecho al recurso en los términos de los arts. 8 inc. 2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 inc. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y doctrina del fallo "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Puede advertirse que el órgano revisor abordó la cuestión, convalidó la pena de multa impuesta y, con ello, rechazó la petición de inconstitucionalidad, al entender no solo que existió un acuerdo de partes sin que la defensa cuestionara en tiempo oportuno la constitucionalidad de la multa para el caso concreto, sino también a la luz de las posibilidades que brinda la legislación de fondo para su cumplimiento.
De tal modo, lo hasta aquí expuesto, deja huérfana de sustento argumental tanto la alegada violación del derecho al recurso, como la tacha de arbitrariedad por haber rechazado la inconstitucionalidad de la citada norma; quedando igualmente sin apoyo —por formar parte del agravio principal— las denuncias de afectación de las garantías constitucionales postuladas (art. 18, Const. nac.).
Cabe recordar que lo resuelto es conteste con la doctrina de esta Suprema Corte en cuanto a que la declaración de inconstitucionalidad de las leyes solo tiene cabida como último recurso del orden jurídico, de allí que para su procedencia se requiere que el interesado demuestre acabadamente de qué manera las normas cuestionadas contrarían la Constitución causándole de ese modo un agravio. Así, para que pueda ser atendido un planteo de tal índole, debe tener un sólido desarrollo argumental, que no exhibe el presente (conf. causas P. 82.601, sent. de 1-VI-2005; P. 105.301, sent. de 9-VI-2010; P. 119.505, sent. de 21-IX-2016; P. 131.690, sent. de 23-X-2019; e.o.).
En este orden de ideas, los cuestionamientos traídos por la defensa para confutar lo resuelto por el tribunal intermedio no pasan de una interpretación distinta de la norma en trato, que no demuestran de modo inequívoco su contrariedad con la Constitución nacional (art. 495, CPP).
IV.2. En lo que concierne a la denuncia de afectación del principio de legalidad formal, se observa que la defensa respalda el agravio con varios fundamentos que no fueron llevados al órgano intermedio. Es decir, la parte incurrió en un viraje argumental que obsta a la procedencia de su reclamo (doctr. art. 451, CPP).
No obstante, cabe recordar que esta Suprema Corte, ante problemáticas similares a la presente, afirmó que "...las conductas punibles pueden hallarse determinadas, en algún aspecto, de modo genérico en la ley, de forma de hallarse sujetas a la complementación o especificación de otra instancia legislativa o administrativa. Ejemplo de ello es la llamada «ley penal en blanco», categoría que se caracteriza por consistir en una norma-marco que, si bien determina la conminación penal, lo hace en modo tal que su configuración plena supone una cierta integración con otros preceptos a los que aquélla remite, en cuanto a los presupuestos de la punibilidad, siendo factible lograr dicha integración con normas de índole variada (leyes o reglamentos, básicamente). La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que no siempre puede juzgarse inválido el reconocimiento legal de ciertas atribuciones normativas al Poder Ejecutivo, libradas a su arbitrio razonable, en la medida en que la política legislativa haya sido claramente establecida de antemano. En tales supuestos, la salvaguarda del principio de legalidad se satisface con el requisito de una ley previa, conforme a la cual los bienes jurídicos que son merecedores de protección contra ciertas conductas que los afecten y el establecimiento de la medida que debe expresar la amenaza penal para garantizar una protección suficiente (determinación abstracta de la pena), han de estar en algún modo preconfigurados, más allá de que necesiten de alguna especificación ulterior. La fijación de una clara política legislativa, tanto como el establecimiento de las reglas básicas definitorias del supuesto de hecho y de la sanción, tiende, pues, a evitar que a través de normas de menor jerarquía (que algunos autores denominan críticamente «legislación de segundo grado») se amplíen —o desnaturalicen— los tipos legales a la protección de bienes jurídicos distintos a los que el legislador ha considerado necesario tutelar (doctr. causa P. 117.665, sent. de 15-IV-2015)" (causas P. 133.549, sent. de 27-V-2022 y P. 135.825, sent. de 27-X-2022).
Con dicho marco, la multa regulada en el art. 5 inc. "c", en función del art. 45 de la ley 23.737, no vulnera el principio de legalidad (art. 18, Const. nac.), pues "...en su texto se encuentran debidamente enunciadas las conductas prohibidas y se fijan las penas para cada delito, estableciendo —en lo que importa para el caso— un piso y un máximo de unidades fijas, quedando de ese modo delimitada la escala punitiva para cada infracción. Además, la unidad fija escogida no resulta caprichosa, sino que se encuentra establecida en la propia ley al sujetarla al precio del formulario de inscripción en el Registro de Precursores Químicos, siendo entonces su valor idéntico para todas las conductas. De esta manera, se evita que la norma sufra desactualizaciones por el transcurso del tiempo, sin dispendios legislativos innecesarios" (conf. fallos cit.).
Por lo expuesto, voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan, el señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial a favor de Ezequiel Antonio Sotelo, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/02/2025 12:58:39 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/02/2025 14:29:40 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/02/2025 19:08:05 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/02/2025 10:54:21 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/02/2025 11:07:27 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 12/02/2025 11:26:56 hs. bajo el número RS-4-2025 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia