Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 140269
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 140.269, "Alfano, Julián Ernesto s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 41.452 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Nicolás", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño.
El Juzgado en lo Correccional n° 1 del Departamento Judicial de Zárate Campana, el día 20 de abril de 2020 dictó veredicto absolutorio —en el marco de un procedimiento abreviado— en favor de Julián Ernesto Alfano respecto del delito de homicidio culposo por el cual venía imputado. El Ministerio Público Fiscal y el representante del particular damnificado apelaron esa decisión y la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Zárate Campana, mediante sentencia dictada el día 12 de julio de 2021, hizo lugar a los recursos y revocó el veredicto absolutorio y condenó a Alfano a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional, seis años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores, costas e imposición de las reglas de conducta del art. 27 bis del Código Penal, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo automotor.
Frente a lo así decidido, la señora defensora oficial, doctora Fabiana Elisa Florentín, dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (presentación efectuada el 28-VII-2021). La Cámara desestimó por inadmisible el primero y concedió el segundo (resol. de 28-XII-2021).
Esta Suprema Corte, mediante resolución dictada el día 8 de marzo de 2022, extendió mutatis mutandi el criterio sentado en el precedente P. 108.199, y devolvió las actuaciones a la presidencia de la Cámara de origen para que, mediante jueces hábiles, llevara a cabo el examen integral de la sentencia en dicha sede.
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Nicolás —una vez resueltos los planteos de incompetencia formulados por la defensa oficial y luego de que la Sala II del Tribunal de Casación, en el marco de la causa 121.935, recondujera como recurso de apelación la presentación efectuada por la parte para que efectuara el examen horizontal del veredicto condenatorio (resol. de 28-II-2023)—, mediante sentencia dictada el día 17 de noviembre de 2023, rechazó el recurso deducido por la señora defensora oficial, doctora Karina Paola Dib, articulado con fecha 15 de julio de 2022.
Frente a ello, el señor defensor oficial, doctor Maximiliano Horacio Costa, articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
La Cámara, mediante resolución dictada el día 14 de diciembre de 2023, admitió la vía extraordinaria en lo que respecta a los agravios de índole federal.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial en favor de Julián Ernesto Alfaro?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el señor defensor oficial, doctor Maximiliano Horacio Costa, en primer lugar, afirmó que luego de la reconducción efectuada por la Sala II del Tribunal de Casación, la Cámara de Apelación y Garantías de San Nicolás omitió correr traslado a la defensa a los fines de que pudiese adecuar la vía recursiva en los términos del art. 439 del Código Procesal Penal; lo que, a su entender, tornó nulo el fallo en crisis por afectación del debido proceso y el derecho de defensa en juicio (art. 18, Const. nac.).
I.2. En subsidio, tachó de arbitraria la valoración de la prueba y se agravió de la violación del debido proceso, del derecho de defensa en juicio, del principio in dubio pro reo y de la garantía de imparcialidad.
Alegó que no existió certeza positiva sobre la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria del vehículo por parte de Alfano y que no se cumplió con el estándar de la revisión amplia puesto que, a su entender, no se analizaron los elementos de descargo introducidos por la defensa, los que configuraban una situación de duda razonable que exigía la absolución.
En particular, denunció que no se valoró la declaración de la testigo Sabrina Solange Ledezma y a su vez, trajo a colación los dichos de los testigos presenciales Néstor Gabriel Guzmán y Diego Nicolás Teruel.
Aseveró que no era posible tener por desvirtuada la versión de los hechos brindada por aquellos pues, en su parecer, se demostró que Alfano posicionó su auto hacia la izquierda sin invadir el carril contrario, y que la víctima perdió el control de la motocicleta "...por causas que no se conocen" impactando en la parte delantera derecha del auto del imputado, quien —afirmó— realizó la maniobra previo a cumplir con todos los recaudos legales.
Por otra parte, cuestionó el modo en que se valoró el dictamen pericial elaborado por la licenciada Gisela Alfonso de Souza y afirmó que fue la sumatoria de riesgos creados por la víctima ("excesiva velocidad, falta de casco y sujeto embistente") la que hizo que esta asumiera imprudentemente un peligro previsible y evitable.
Asimismo, tildó de arbitrario el alcance dado por la Cámara a lo expuesto por el doctor Geijo, médico forense de la Asesoría Pericial, en cuanto a los efectos que habría tenido la utilización del casco por parte del motociclista.
En definitiva, solicitó la aplicación del principio in dubio pro reo y sostuvo que la confirmación del fallo de condena incurrió en arbitrariedad pues no se demostró que su asistido haya efectuado una conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria.
I.3. Finalmente, denunció la infracción de los arts. 40 y 41 del Código Penal por falta de debida fundamentación de la pena y sostuvo que se quebrantó el principio de culpabilidad y el derecho al doble conforme (conf. arts. 8.2.h, CADH; 14.5, PIDCP y 75 inc. 22, Const. nac.).
Recordó que la defensa oficial al momento de presentar el acuerdo de juicio abreviado había solicitado que se contemplara como atenuante la ausencia de antecedentes condenatorios, pauta que señala que era esencial y que no fue tratada al momento de la condena, lo que podría haber repercutido favorablemente en la determinación de la pena de seis años de inhabilitación especial, pues adujo que la respuesta de la Cámara revisora sobre el punto (consistente en que sí fue considerada dicha pauta al momento de determinar el modo de ejecución de la pena de prisión) no justificó su falta de incidencia en la pena de inhabilitación que se fijó en un año por encima del mínimo.
En suma, requirió se compute la atenuante en cuestión y se fije la pena de inhabilitación en el mínimo de la escala penal.
II. La Procuración General aconsejó rechazar la impugnación; coincido con lo así dictaminado.
III. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es manifiestamente insuficiente (conf. art. 495, CPP).
En primer lugar, el agravio vinculado a una pretensa afectación de la garantía del debido proceso y del derecho de defensa en juicio —por no haberse corrido traslado a la defensa oficial para adecuar el recurso de casación a los recaudos del art. 439 del Código Procesal Penal— luce dogmático —en tanto no demuestra un perjuicio concreto—, a la vez que se desentiende de la propia conducta procesal asumida por esa parte.
Es que, de los antecedentes del caso surge que una vez revocada la absolución e impuesta la condena en la instancia revisora (por la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial de Zárate Campana), la defensa oficial interpuso recursos extraordinarios que esta Corte dispuso readecuar a los fines de garantizar la revisión horizontal por ante otros jueces de esa misma instancia (v. pto. V, resol. de 8-III-2022).
Sin embargo, frente a tal escenario, fue la señora defensora general (doctora Karina Dib) quien, en la oportunidad legal de adecuar la vía impugnativa en los términos que ahora el recurrente aduce omitidos —una vez radicado el expediente ante la Cámara de Apelación y Garantías del vecino Departamento Judicial de San Nicolás—, no sólo no lo hizo, sino que en su lugar interpuso un recurso de casación, e insistió con tal criterio trabando una contienda de competencia a pesar de la clara y consolidada doctrina vigente respecto a la revisión horizontal para el fuero correccional que esta propia Corte había determinado en el caso concreto (v. doctr. causas P. 111.748, resol. de 18-XI2015; P. 126.100, resol. de 2-III-2016; P. 129.014, resol. de 14-VI-2017; entre muchas otras).
De manera que el planteo además de carecer —como se dijo— de una demostración de perjuicio alguno en lo referido al nomen juris de la impugnación, confronta el principio de unidad de defensa. En tal sentido corresponde recordar que el aludido principio determina que los sucesivos letrados que representan a un acusado se encuentran —por regla— condicionados por la actuación de sus predecesores (conf. causas P. 95.974, resol. de 28-IX-2011; P. 116.448, resol. de 4-IV-2012; P. 127.748, sent. de 14-VI-2017; P. 137.365, sent. de 27-VI-2023; e.o.).
IV. La denuncia de arbitrariedad en la valoración de la prueba y violación de la garantía de presunción de inocencia, tampoco proceden (conf. art. 495 cit.).
IV.1. Para una mejor explicación corresponde traer aquí el hecho que se tuvo por probado, consistente en que: "...el día 25 de enero del año 2016, siendo aproximadamente las 00:30 hs. Julián Ernesto Alfano conducía su automóvil marca Ford, modelo Ka sobre la arteria Fructuoso Díaz de la localidad de Garín, partido de Escobar, con dirección sur acompañado de Sabrina Solange Ledezma y que a la altura de la calle Lavalle, en oportunidad en que al girar a la izquierda e ingresar a dicha arteria se produjo una colisión con una motocicleta marca Honda modelo YBR-125 que era guiada por Luis Andrés Miñarro que se desplazaba también por calle Fructuoso Díaz en sentido contrario al que lo hacía el encartado de autos, impactando la moto con el lado derecho del vehículo mayor lo que le causó al conductor de la moto politraumatismo y traumatismo craneoencefálico severo que le derivó en su óbito el día 4 de febrero del año 2016".
La Cámara de Apelación y Garantías de San Nicolás, abordó la totalidad de los planteos llevados a su sede por la defensa oficial y sin anteponer ningún obstáculo formal, y procedió —en paridad de condiciones, dado el procedimiento abreviado— la condena de sus colegas de la Cámara de Zárate Campana.
Del fallo se advierte que al dar respuesta a los agravios, los magistrados revisores coincidieron en la valoración de los elementos convictivos que daban cuenta de que, si bien ambos vehículos venían circulando en sentido opuesto en una avenida de doble circulación que no contaba con semáforos, ni con carteles indicativos de velocidad ni de giro, la condena resultaba ajustada a derecho en tanto reflejaba la certeza de que la imprudencia en la maniobra del imputado generó el riesgo no permitido que se concretó en el resultado muerte.
En particular, se hizo referencia al dictamen pericial elaborado por la técnica superior en criminalística, con especialidad en accidentología vial, Gisela Alfonso de Souza del cual surgía el lugar en que se produjeron los impactos en cada uno de los vehículos.
También, luego de recordar que el imputado no dio versión alguna de los hechos —pues optó por ejercer su derecho a no declarar— se resaltó la importancia de la declaración de los testimonios de diversas personas que presenciaron los hechos.
En primer lugar, se trajo a colación la declaración de Sabrina Solange Ledezma (acompañante del acusado) a cuyos dichos —en coincidencia con el fallo de condena— se les negó entidad convictiva. En particular en cuanto a que la moto había colisionado de frente al auto en que circulaba, dado que, las restantes evidencias —incluidas las fotografías del vehículo— desmentían un impacto frontal.
De seguido, se hizo referencia a los dichos de Diego Nicolás Teruel de cuyo relato la Cámara extrajo que el acusado puso luz de giro a la izquierda, prácticamente detuvo su marcha para doblar en ese sentido, así como también que el auto quedó "...cruzado en medio de los dos carriles" (el destacado figura en el original) invadiendo el de la víctima, lo que se consideró demostrativo del obstáculo que representó el vehículo del imputado para la mano contraria.
A su vez, trajo a colación los dichos de Hugo Falcón quien a mano hizo un croquis en el que dio cuenta de la posición del auto y de la moto, coincidentes con la mecánica imputada por la acusación.
Luego, citó el testimonio de Gustavo Damián Coronel que se consideró congruente con lo expuesto por Falcón.
Sentado lo anterior, el órgano revisor estimó que, de la valoración conjunta del informe pericial, de las placas fotográficas y de los citados testimonios se desprendía que el vehículo conducido por Alfano, al pretender girar a la izquierda en una arteria de doble vía, invadió con su parte frontal derecha el carril de circulación por el cual venía circulando la víctima Luis Andrés Miñarro ocasionando con tal proceder la colisión a consecuencia de la cual falleció este último.
Concluyó que la maniobra de giro a la izquierda en una arteria de doble mano configura un accionar altamente riesgoso que, como tal, exigía tomar los máximos recaudos para no obstruir ("...como en definitiva lo hizo") la circulación de quien venía en sentido contrario. Aclaró que si bien Alfano colocó la luz de giro a la izquierda ello no lo eximía de responsabilidad pues "...interfirió sin derecho la línea de circulación de la víctima siendo en definitiva el giro a la izquierda que efectuó el automotor por el conducido, en el modo que lo hizo, es decir, sin tomar todos los recaudos para tal peligrosa maniobra, lo que en definitiva motivó la colisión".
En tal sentido, ratificó la norma aplicada por el fallo de condena (el art. 39 de la ley 24.449), el que consideró claro en cuanto señala que cualquier maniobra se debe realizar "...con precaución, sin crear riesgos ni afectar la fluidez del tránsito" (el destacado figura en el original). Frente a ello, reafirmó que, aunque Alfano colocó la luz de giro a la izquierda, no obró con la precaución exigida dado que emprendió la maniobra de uno modo en el que no sólo afectó la fluidez del tránsito en el sentido de su circulación, sino que también lo hizo respecto de quienes venían en sentido contrario, creando un riesgo innecesario que fue el que en definitiva se tradujo en el resultado mortal.
Por tales motivos descartó que la sentencia de condena hubiera incurrido en absurdo o en arbitrariedad en la valoración de los hechos y de la prueba.
Por otra parte, desestimó las manifestaciones de la defensa vinculadas a la responsabilidad de la propia víctima por no tener el casco reglamentario, negando que dicha circunstancia en el caso, atemperara la responsabilidad del enjuiciado y en su apoyo, citó jurisprudencia de esta Suprema Corte.
IV.2. Los argumentos aquí someramente resumidos demuestran que no es acertada la afirmación que realiza el impugnante respecto a que hubo una valoración arbitraria de la prueba con afectación de la defensa en juicio o la regla del in dubio pro reo. Se trata en verdad de una mera opinión discrepante respecto al alcance dado a la prueba producida (en particular, de las testimoniales de Ledezma, Guzmán, Teruel, Coronel y Falcón; como así también del informe pericial elaborado por Alfonso de Souza y manifestaciones del doctor Geijo) y de allí, al modo en que se tuvieron por acreditados los hechos (conf. art. 495 cit.).
Como quedó expuesto, la Cámara de San Nicolás desestimó el planteo de la defensa por el cual sostenía que la muerte de la víctima se explicaba por su autopuesta voluntaria en peligro al no llevar el casco reglamentario colocado. Contrariamente, estimó que el imputado al intentar girar a la izquierda en la avenida que circulaba, realizó una maniobra sin el cuidado debido pues, si bien puso la luz de giro, no obró con la debida precaución al afectar la fluidez en la circulación de su propio carril y al invadir el carril contrario, creando así un riesgo no permitido que se encarnó en el resultado fatal.
Las manifestaciones de la defensa oficial insisten en esta instancia extraordinaria en aspectos que hacen a la estimación de cuestiones fácticas que ya fueron descartadas con doble conformidad por los jueces que poseen la competencia amplia y apta para conocer tales aspectos (conf. art. 495, CPP).
Para más, cabe recordar que si bien la sentencia de condena solo puede ser el resultado de un convencimiento que esté más allá de toda duda razonable acerca de la responsabilidad del acusado por un hecho punible, no basta la invocación de cualquier versión contrapuesta sobre la fijación de los hechos para objetar el análisis de la prueba a tenor del principio favor rei, si no es posible poner en evidencia que el análisis razonado y detenido de toda la prueba en conjunto —tal como ha sido expuesto en el caso por el tribunal revisor— impide alcanzar ese grado de convencimiento, de modo de habilitar el cuestionamiento de esa certeza subjetiva (doctr. causas P. 120.286, sent. de 31-VIII-2016; P. 127.647, sent. de 9-V-2018; P. 129.785, sent. de 8-V-2019; entre muchas otras).
En definitiva, el recurrente no logró conmover el modo en que el sentenciante ponderó los elementos de prueba y descartó los de descargo ni evidenció vicio alguno en el procedimiento de revisión (conf. art. 495 cit.).
V. Finalmente, lo que respecta a las críticas vinculadas a la determinación judicial de la pena, tampoco procede. La parte citó los arts. 40 y 41 del Código Penal y reiteró la queja llevada ante el órgano revisor vinculada a que no se valoró la ausencia de antecedentes penales como atenuante para reducir la pena de inhabilitación impuesta.
Sin embargo, del fallo surge que la Cámara de San Nicolás, al confirmar la determinación de la pena de prisión y de inhabilitación, rechazó el planteo referido a la presunta omisión de valoración de la falta de antecedentes de Alfano. En esa tarea, se destacó que surgía de las actas correspondientes que luego de prestar conformidad con la calificación legal y con la pena, la defensa había solicitado que se valorara como atenuante la carencia de antecedentes penales y en base a ello puntualmente requirió: "...que la pena de prisión a imponer a Alfano sea dejada en suspenso...". Es decir que el revisor interpretó que la defensa claramente solicitó que la ponderación de tal extremo se efectuara a los fines de aplicar el modo de ejecución condicional de la pena de prisión, petición que justamente fue receptada en la sentencia de condena (v. apdo. 3 inc. "b" de la misma donde expresamente se consignó que: "Con relación al modo de ejecución de la misma, valorando que el imputado carece de antecedentes penales [...] será de ejecución condicional o en suspenso...").
VI. De este modo, se advierte que hubo una revisión y una respuesta fundada sobre el punto en línea con lo concretamente peticionado, sin que —como ya expusiera— el recurrente se encargue de rebatirla.
Por lo demás, la cita dogmática de los principios constitucionales de culpabilidad y doble conforme, sin un mínimo desarrollo argumental que los vincule con el reclamo de reducción de la pena de inhabilitación, deja este tramo del reclamo fuera de la competencia de esta Suprema Corte, abierta para el abordaje de agravios de pretenso cariz federal (conf. art. 486, CPP).
Por todo lo expuesto, voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria y Torres y la señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamen
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