Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138142
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por incurrir el pronunciamiento atacado en arbitrariedad en la respuesta brindada a la denuncia de afectación al principio de congruencia, y sin que lo dicho implique un adelanto de opinión, se revoca el pronunciamiento dictado por la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, y se devuelve a dicha instancia a fin de que jueces hábiles brinden una respuesta ajustada a derecho (art. 496 y concs., CPP).
Se regulan los honorarios profesionales de los doctores Martín Augusto Arias Duval y Hernán Pablo Silva en quince (15) jus para cada uno por el trabajo desarrollado ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.142, "C., J. C. s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° RE 22227/II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo penal de Bahía Blanca, sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Budiño.
De las actuaciones digitalizadas, se desprende que la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Bahía Blanca, mediante el pronunciamiento dictado el 21 de octubre de 2022, rechazó el recurso interpuesto por la defensa particular contra la sentencia del Juzgado en lo Correccional N° 1 departamental que había condenado a J. C. C. a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional y costas, por resultar autor responsable del delito de defraudación por administración fraudulenta (art. 173 inc. 7 del Cód. Penal). Asimismo, modificó la cuantía del monto de la pena impuesta y lo condenó a un mes de prisión bajo la modalidad de cumplimiento condicional y costas del proceso.
Contra esa decisión, la defensa particular del nombrado, doctores Martín Augusto Arias Duval y Hernán Pablo Silva, dedujeron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que fue declarado admisible por el Tribunal de Alzada mediante resolución del 26 de diciembre de 2022.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 14-VII-2023), dictada la providencia de autos en 31-VII-2023 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Liminarmente, cabe destacar que, de conformidad con el auto de admisibilidad, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley fue concedido a los fines de abordar las cuestiones federales vinculadas con los principios de imparcialidad y de congruencia, la afectación al derecho de defensa en juicio y la denuncia de absurdo y arbitrariedad con relación a la valoración de la prueba y principio de inocencia. Por lo que en dicho marco será abordado y resuelto el recurso interpuesto.
II.1. Los defensores particulares de J. C. C. denunciaron -primer término-, el desconocimiento del principio de congruencia debido a que los hechos que fueron sometidos a debate y respecto de los cuales tanto la acusación como la defensa ofrecieron prueba y ejercieron sus ministerios, estaba circunscripto al período comprendido entre el 11 de julio de 2012 y el mes de enero de 2015, lapso durante el cual C. se desempeñó como administrador judicial de la sucesión de su padre; sin embargo, el tribunal entendió que “… la maniobra fraudulenta del encartado se consuma con anterioridad a esas fechas …”, entre los días 19 de octubre de 2010 y 29 de noviembre de 2011, y que la desaparición de nueve toros acaeció con anterioridad a que nuestro asistido tomara posesión del cargo de administrador judicial de la sucesión (cursiva en el original).
Sostuvieron que el juicio se llevó a cabo por su actividad como administrador de la sucesión de su padre, y sobre ello se ejerció la defensa material, por lo que la extensión temporal decidida por la Cámara redundó en una sorpresa para esa parte y un cercenamiento de la garantía de defensa en juicio y principio de congruencia, en tanto fue más allá de los límites temporales de la acusación fiscal.
II.2. Por otro lado, denunciaron que el Tribunal de Alzada incorporó y valoró prueba que no fue ofrecida por las partes ni sometida a examen durante la audiencia de debate, privando a esa defensa de ejercer el debido contralor y alegar sobre su mérito.
Alegaron que la Cámara dispuso como medida de mejor proveer solicitar al archivo departamental de Bahía Blanca el expediente caratulado “C., J. C. s/insania y curatela” n° 201.551; y ello -a juicio de la defensa- fue "indiscutible" para tomar la decisión utilizando prueba que no pudo ser controlada por el imputado y su defensa, aún pretendiendo disimularlo con la expresión “ vía presuncional periférica ”, ya que a partir de dicho expediente concluyeron que J. C. R. C. tenía un trastorno cognitivo severo.
Concluyeron que la incorporación de prueba de oficio, su valoración y la imposibilidad de que esa defensa pudiera enfrentarla, lesionó no sólo el derecho de defensa sino también el principio de imparcialidad del juzgador.
II.3. Por último, invocaron absurdo y arbitrariedad en la valoración de la prueba por desconocimiento de las reglas de la sana crítica, como también la vulneración a la revisión amplia del fallo de condena por no haberse tratado los planteos de esa defensa destinados a optimizar el control de los errores de la sentencia de condena.
En ese marco, hicieron mención a las actas de vacunación valoradas por el Tribunal de Alzada discrepando con la conclusión arribada en torno a la faltante de animales (acta n° 36.229).
Finalmente, se refirieron a lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos “González Arroyo” y “Martínez Caballero”.
III. El señor Procurador General, dictaminó y aconsejó rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado (v. dictamen digital en 14-VII-2023).
IV. No comparto lo dictaminado, pues en mi opinión el recurso prospera en los términos que a continuación expondré (conf. art. 496, CPP).
Veamos.
IV.1. El juzgado Correccional tuvo por acreditada la materialidad ilícita imputada consistente en que “…en el marco temporal comprendido entre el día 11 de julio de 2012 y el mes de 2015, y en su carácter de administrador designado en la sucesión que tramita en el Expte. 101.081 caratulado ‘C. J. C. R. s/ sucesión ab intestato’ de trámite por ante el Juzgado Civil y Comercial Nro. 6 departamental, en clara violación a los deberes de obrar con lealtad y buena fe que su cargo le imponía para tener a su cargo el manejo y la administración de los bienes e intereses pecuniarios del acervo hereditario, haber disminuido el stock ganadero perteneciente a la sucesión C. RENSPA 01.097.0.00291/01 y haber acrecentado el stock ganadero propio perteneciente al RENSPA 01.097.0.00291/00, en perjuicio de la coheredera M. E. C., perjuicio que se extendió temporalmente más allá del período antes citado, mediante las siguientes maniobras: haber omitido entregar a la coheredera M. E. C., las crías nacidas de las 46 vacas que le correspondieron por adjudicación en la sucesión de su padre y por la cesión de bienes propios y gananciales efectuada por su progenitora, que le correspondían en la sucesión referida; haber traspasado 9 toros que figuraban en la sucesión de J. C. R. C. a su propio rebaño, sin rendir a su hermana M. E. C. su parte proporcional. Que el ganado no rendido lo incorporó en su RENSPA (Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios) 01.097.0.00291/00 como de su propiedad, conforme surge de las actas de vacunación y los informes de SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) y FUNSASA, (Fundación Saavedrense para la Sanidad Animal) obteniendo para sí un lucro indebido. Que como consecuencia de dichas maniobras su hermana dejó de percibir el producto de las sucesivas pariciones que dichas crías hubieran tenido, causando a la nombrada un grave y evidente perjuicio de carácter patrimonial, el que se estima a la fecha en aproximadamente la suma de pesos un millón cuatrocientos treinta y cuatro mil novecientos cincuenta y cuatro con treinta y cinco centavos ($ 1.434.954,35.-)”.
El juzgado de origen sostuvo también que C. fue el autor penalmente responsable del hecho reseñado, el cual fue calificado como defraudación por administración fraudulenta (art. 173 inc. 7, Cód. Penal); finalmente, impuso una pena de dos años de prisión en suspenso.
IV.2. Contra ello, la defensa particular interpuso recurso de apelación invocando análogos agravios a los aquí traídos. Puntualmente, se quejaron de que su asistido fue condenado por hechos que tuvieron lugar con fecha anterior a su designación como administrador de la sucesión de su padre, cargo que -según dijeron- asumió el 11 de julio de 2012. En ese contexto, entendieron que la denuncia de M. E. C. -hermana del imputado- consistente en que se le habrían entregaron 23 vacas sin sus crías, suceso presuntamente ocurrido en el mes de marzo de 2012, implicó una construcción de la materialidad ilícita y ponderación del material de prueba equivocada.
IV.3. El Tribunal de Alzada, a través del pronunciamiento que fuera reseñado en los antecedentes, rechazó los agravios llevados por la defensa de C. aunque acogió de modo favorable la queja sobre el monto de pena impuesto, que -como ya se vio- fue readecuada en un mes de prisión.
V. Desde mi punto de vista los defensores particulares aciertan en cuanto plantean la arbitrariedad en la respuesta brindada por la Cámara respecto al agravio sobre la afectación al principio de congruencia.
Efectivamente, de las constancias reseñadas como del expediente digital surge que el hecho sometido a debate y respecto del cual tanto la acusación como la defensa ofrecieron prueba y concretaron sus pretensiones, fue el siguiente: “... en el marco temporal comprendido entre el día 11 de julio de 2012 y el mes de enero de 2015, y en su carácter de administrador designado en la sucesión que tramita en el Expte. 101.081 caratulado “C., J. C. R. s/ sucesión ab intestato de trámite por ante el Juzgado Civil y Comercial Nro. 6 departamental, en clara violación a los deberes de obrar con lealtad y buena fe que su cargo le imponía por tener a su cargo el manejo y la administración de los bienes e intereses pecuniarios del acervo hereditario, haber disminuido el stock ganadero perteneciente a la sucesión C. RENSPA 01.097.0.00291/01, y haber acrecentado el stock ganadero propio perteneciente al RENSPA 01.097.0.00291/00, en perjuicio de la coheredera M. E. C., perjuicio que se extendió temporalmente más allá del periodo citado, mediante las siguientes maniobras: haber omitido entregar a la coheredera M. E. C., las crías nacidas de las 46 vacas que le correspondieron por adjudicación en la sucesión de su padre y por haber traspasado 9 toros que figuraban en la sucesión de J. C. R. C. a su propio rebaño, sin rendir a su hermana M. E. C. su parte proporcional. Que el ganado no rendido lo incorporó en su RENSPA 01.097.00291/00 como de su propiedad... obteniendo para sí un lucro indebido...” .
Por lo tanto, los concretos acontecimientos que quedaron comprendidos en la materialidad ilícita se circunscribieron al período comprendido entre el 11 de julio de 2012 y el mes de enero de 2015, lapso durante el cual el imputado C. se desempeñó como administrador judicial de la sucesión de su padre. Sobre ese espacio temporal la acusación configuró la hipótesis de una administración fraudulenta del acusado. Sin embargo, el juez de la instancia, luego del juicio expresó en su sentencia que tuvo por probada que la desaparición de nueve (9) toros acaeció con anterioridad a que el aludido C. tomara posesión del cargo de administrador judicial de la sucesión: “…la maniobra fraudulenta del encartado se consuma con anterioridad a esas fechas…” , puntualmente entre los días 19 de octubre de 2010 y 29 de noviembre de 2011.
Frente a la configuración fáctica expuesta en la condena, como ya se vio, la defensa planteó la violación al principio de congruencia. La Cámara descartó el planteo argumentando que el fiscal actuante, doctor Marcelo Romero Jardín al describir la exteriorización material del hecho –puntualmente en lo referido a la maniobra presuntamente fraudulenta consistente en haber traspasado el procesado nueve (9) toros que figuraban en la sucesión de su padre J. C. R. C. a su propio rebaño, sin rendir a su hermana M. E. C. su parte proporcional-, indicó que “…el perjuicio se extendió temporalmente más allá del período antes citado”.
Sostuvo la Cámara que, con esa alocución del acusador, las circunstancias de tiempo objeto de imputación quedaron ampliadas a punto tal de abarcar el lapso anterior reprochado por el juez de mérito en su sentencia, previo al específico tiempo en el que C. actuó en carácter de administrador judicial de la sucesión de su padre –como ya se dijo, entre el mes de julio de 2012 hasta enero de 2015-.
De este modo, el órgano revisor avaló la incorporación en la sentencia de condena de las maniobras presumiblemente fraudulentas anteriores a ese plazo. Afirmó que si bien de las constancias de la causa se pudo demostrar que la desaparición de los nueve (9) toros, había sido previa a que el imputado tomase la efectiva posesión del cargo de administrador judicial, debía tenerse por incluida en el objeto de reproche dado que se dio en un lapso en el que el procesado -de todos modos- había gestionado “de hecho” la hacienda de su padre.
Esto último lo tuvo por acreditado a partir de valorar la declaración escrita de la denunciante M. E. C., obrante en el expediente "C. J. C. s/ Incidente de rendición de cuentas" de trámite ante el Juzgado Civil y Comercial n° 6 departamental; la propia declaración del imputado; con el expediente caratulado "C. J. C. R. s/ Insanía y curatela" (causa n° 201.551, que tramitó por el Tribunal de Familia n° 2 de Bahía Blanca); y con dos certificados médicos.
Luego se avocó a valorar la prueba documental -actas de vacunación de FUNSASA- que acreditaron que, en vida de J. C. R. C., el tipo de rodeo que se vacunaba en el establecimiento de su propiedad era de cría, figurando en las referidas actas como responsable su hijo J. C. C.; descartó la excusa ensayada por el imputado en su declaración indagatoria al referir que cuando vivía el padre era éste el que manejaba el campo; sumó a lo anterior, las evidentes condiciones de salud de J. C. R. C. que impedían a ese tiempo que ejerciera el cargo de la administración del establecimiento San José.
Consideró entonces que la condición de administrador de hecho quedó “debidamente intimada” mediante esos elementos de prueba, por lo que entendió que el principio de congruencia que los apelantes denunciaron violentado, se había mantenido a salvo.
VI. Como adelanté, la argumentación –puesta en entredicho por los recurrentes en el recurso en trato- no puede ser avalada.
En primer término, cabe señalar que esta Corte ha afirmado que “… la necesidad de la determinación concreta del suceso histórico que se le imputa a un sujeto integra el estándar constitucional del debido proceso y específicamente, de la garantía de defensa en juicio (art. 18, C.N.) . […] [S]u jerarquización se encuentra intensificada por su reconocimiento en el art. 8, párr. 2, inc. b, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adquiriendo, también por esta vía rango constitucional (art. 75, inc. 22, C.N.) ” (conf. causa P. 85.237, "Gerber, Marcos. Defraudación", sent. de 14-V-2003).
De igual modo se ha expresado que “…la concreta individualización del factum como objeto procesal pone en juego el instituto de la cosa juzgada, en tanto delimita los hechos a los que se les proyectará ese alcance y, en consecuencia, los efectos de la excepción de ne bis in idem . Incluso, algunos autores, consideran que también se ve afectado el principio nemo tenetur se ipsum prodere , pues, cuando el hecho le es atribuido al imputado de manera imperfecta o ambivalente, éste se ve obligado (si es que decide declarar) a aportar elementos para completar esas deficiencias o para mostrarlo de forma distinta a como le viene reprochado, con lo cual puede terminar incriminándose de un modo que no había sido advertido por la acusación (conf. Puppe, Ingeborg, 'La individualización del hecho en el escrito de acusación y la notificación de multa y su corregibilidad posterior', publicado en NStZ, 1982, p. 233 y ss., cito a través de Sancinetti, Marcelo A., 'La nulidad de la acusación por indeterminación del hecho y el concepto de instigación', Ad Hoc, Bs. As., 2001, p. 78, nota al pie nº 46)” (conf. voto del doctor Soria en la causa P. 61.409 “García Mignaco, Jorge y otros. Defraudaciones especiales reiteradas”, sent. de 14-V-2003).
Por eso, ante la trascendencia cardinal que este aspecto del enjuiciamiento posee para validar cualquier pronunciamiento de condena y más aún, frente a la complejidad de la figura reprochada que -como nota característica- exige del autor un poder especial de disposición sobre un patrimonio ajeno -pues sólo quien reviste las calidades exigidas puede infringir el deber-, el alcance temporal exacto de tales facultades debe estar precisamente delimitado.
Sin embargo, el Tribunal de Alzada en un acto lingüístico fallido, avaló la incorporación en el cuerpo del delito de una maniobra anterior al periodo intimado, cuando -tal como lo afirman los recurrentes- si lo que se extiende en el tiempo es el perjuicio, el sentido que razonablemente se le puede asignar es el de una extensión temporal hacia el futuro, es decir, la concreción de consecuencias perjudiciales posteriores a la administración reprochada pero con origen en la gestión delimitada por la acusación (ver, mutatis mutandi causa P. 128.396, sent. de 21-VI-2018).
Por el contrario, la Cámara, le asignó al enunciado “…el perjuicio se extendió temporalmente más allá del período citado ” un significado arbitrario por el cual pretendió que, una presunta maniobra defraudatoria acaecida con anterioridad al periodo en que ocurrió la administración judicial, también resultase abarcado por el sentido de la frase aludida.
Con tal proceder, tergiversó la regla de uso común que se le asigna en nuestro medio lingüístico al enunciado en cuestión, imponiendo en su lugar, una estipulación extensiva del significado sin que hubiese habido una aclaración previa a la defensa. Por lo demás, la incorporación del argumento referido a una administración de “hecho” con su consecuente gestión en una etapa previa a la que formó parte de la acusación nunca resultó incluida en las intimaciones procesales formuladas a la defensa.
En consecuencia, corresponde acoger el planteo (quedando desplazados los restantes agravios subsidiarios), y sin que lo dicho implique un adelanto de opinión, revocar el pronunciamiento dictado y devolver a la instancia anterior a fin de que jueces hábiles brinden una respuesta ajustada a derecho.
Voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Torres y Soria y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por incurrir el pronunciamiento atacado en arbitrariedad en la respuesta brindada a la denuncia de afectación al principio de congruencia, y sin que lo dicho implique un adelanto de opinión, se revoca el pronunciamiento dictado por la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, y se devuelve a dicha instancia a fin de que jueces hábiles brinden una respuesta ajustada a derecho (art. 496 y concs., CPP).
Se regulan los honorarios profesionales de los doctores Martín Augusto Arias Duval y Hernán Pablo Silva en quince (15) jus para cada uno por el trabajo desarrollado ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/09/2024 12:22:49 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/09/2024 17:24:38 - KOGAN Hilda - JUEZA
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.