Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138996
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.996, "Flores, Natalio. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 120.207 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Kohan.
De las actuaciones digitalizadas, se desprende que la Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 17 de abril de 2023, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por la defensa particular contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de La Plata que había condenado a Natalio Flores a la pena de trece años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal calificado por haberse cometido contra una menor de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente.
Contra esa decisión, el defensor particular, doctor Gastón Maximiliano Nicocia, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación digital de 3-V-2023), el que, por resolución del Tribunal de Casación Penal del día 24 de mayo de 2023, fue declarado admisible (v. resol. digital registrada en esa sede bajo el n° RR-171-2023).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital en 11-IX-2023), dictada la providencia de autos el día 12 de septiembre de 2023 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Liminarmente, cabe destacar que, de conformidad con el mencionado auto de admisibilidad de fecha 24 de mayo de 2023, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado en beneficio de Natalio Flores fue concedido en virtud de la denuncia de errónea aplicación de los arts. 40, 41 y 119 del Código Penal.
Ahora bien, cuando —como en el caso— las cuestiones vinculadas con la incorrecta aplicación de las normas sustantivas y la arbitrariedad y el absurdo denunciados junto con aquella vienen inescindiblemente ligadas, corresponde abordarlas a fin de evitar una ruptura en la unidad conceptual de la argumentación de la parte recurrente, lo que demuestra la necesidad de analizar íntegramente los planteos articulados (conf. CSJN Fallos: 340:1149; SCBA —mutatis mutandis— causas P. 133.182, resol. de 11-III-2020; P. 133.084, sent. de 15-XII-2020; P. 133.631, sent. de 13-IV-2021; P. 134.007, sent. de 7-XII-2021; P. 134.864, sent. de 28-XII-2021; e.o.).
II. Sentado ello, en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en estudio la defensa particular formuló los siguientes agravios.
II.1. En primer lugar, denunció la absurda valoración de la prueba con cita de los arts. 210 y 373 del Código Procesal Penal, debido a que —a su juicio— habría quedado en evidencia que los errores incurridos en el fallo respecto de la acreditación del acceso carnal y las agravantes del delito imputado fueron sobre la base de testimonios ex auditu alieno, que no fueron corroborados con prueba que acredite esas declaraciones, configurándose de tal modo una transgresión a la citada normativa.
Indicó que los elementos probatorios fueron absurdamente ponderados por el órgano revisor, pues los mismos carecían —según su criterio— de la fuerza de convicción necesaria para fundar un pronunciamiento que afirme la existencia de un acceso carnal y la participación de su defendido como sujeto activo del hecho, en tanto sus conclusiones fueron insuficientemente motivadas y fundadas en elementos convictivos producidos en el debate que resultaron contradictorios y fragmentados.
Refirió que un hecho o circunstancia no puede tenerse por probado con un único testimonio —el de la propia víctima—, cuando en el debate oral no se pudo acreditar bajo ningún aspecto el acceso carnal que se describió en la materialidad ilícita.
Destacó que la decisión aquí recurrida se limitó a remarcar las restricciones propias de la inmediación y a reeditar la valoración de la prueba que se efectuó en la instancia de origen, sin realizar ningún esfuerzo en demostrar que existiera un obstáculo a los efectos de llevar adelante la concreta revisión que se había planteado en función de la denuncia de arbitrariedad al momento de ponderar el complejo probatorio reunido. En ese contexto, sostuvo que el fallo cuestionado incurrió en la omisión de dar un tratamiento amplio a ese agravio, pues aludió a él de un modo tangencial y superficial.
Concluyó, en esta parcela de la queja, que toda la condena se basó en el testimonio único de la víctima, en tanto destacó que la Casación si bien se encontraba impedida de revisar aspectos ligados a la comunicación directa y a cuestiones singulares de la percepción de la prueba recibida oralmente por razones inherentes a la inmediación, relegó el deber de documentar y exponer los motivos de su convicción según las reglas de la sana crítica racional.
II.2. Por otro lado, denunció la errónea aplicación del art. 119 inc. 3 del Código Penal e insistió con la denuncia de absurdo en la valoración de la prueba que sirvió, a su modo de ver, para acreditar la existencia del acceso carnal atribuido a su defendido y de un marco de género y violencia contra la mujer víctima del evento en juzgamiento.
Sostuvo que el tribunal revisor no respetó el principio de motivación de las sentencias, ya que realizó una mera opinión dogmática e infundada sobre el hecho denunciado.
Argumentó que la Casación valoró la prueba de manera fragmentada con relación a la existencia de los elementos típicos requeridos por la figura aplicada en el caso (art. 119, inc. 3, Cód. Penal), y consideró absurdo afirmar que existió el acceso carnal sobre la base de un único testimonio —el de la propia víctima—, cuando dicho elemento aparece desligado de los hechos indicadores de carácter periférico y sin poder fortalecer la hipótesis acusatoria.
Puntualizó que, por fuera del relato de la damnificada, no se contó en autos con un solo elemento de convicción que acredite el elemento típico de la penetración, el acceso carnal y/o las lesiones o improntas en el cuerpo de aquella, característicos de este tipo de ilícitos.
Manifestó que, por las razones expuestas, el fallo en revisión incurrió en contradicción por encontrarse fundado absolutamente sobre la base de prueba indirecta, dado que en el supuesto de autos los indicios obtenidos fueron ambiguos, lo cual condujo —a su criterio— a un mero estado de probabilidad e incertidumbre sobre lo realmente acontecido en el hecho investigado y en particular respecto de la ocurrencia de un acceso carnal.
Sostuvo que en el caso se violó el principio lógico de razón suficiente, pues, de la conjunción de las circunstancias valoradas por el tribunal revisor, no surgió inequívocamente la autoría responsable de Natalio Flores en el acceso carnal, advirtiéndose —en consecuencia— una errónea utilización de la figura en aplicación y una violación de las reglas de la experiencia, la lógica y el sentido común que regulan la valoración de la prueba.
II.3. Por último, volvió a tachar de arbitraria la sentencia dictada por el Tribunal de Casación Penal por indebido contralor en el proceso de determinación de la pena impuesta, e invocó la inobservancia de los arts. 40 y 41 del Código Penal y, consecuentemente, la afectación de las garantías del debido proceso legal y de la defensa en juicio (art. 18, Const. nac.).
Elaboró su crítica sobre dos ejes: i) en primer lugar, afirmó que no existió ninguna circunstancia ni elemento de convicción que acredite que haya habido un acceso carnal y la agravante derivada del "aprovechamiento del retraso madurativo" y "la no utilización de preservativo", de allí que, ante la falta de ellos, la construcción fáctica sobre la que reposaba su existencia y la atribución de responsabilidad en el grado de autor de su asistido, se construyó en forma errónea y absurda por falta de prueba al efecto; y ii) en segundo término, adujo que la pena aplicada fue arbitraria —trece años de prisión—, pues dicho monto fue seleccionado sobre la base de una escala penal sin prueba que acreditara las agravantes computadas y agregó que el órgano revisor se equivocó al pretender determinar la pena en función de la existencia del único testimonio de la pretensa víctima.
En consecuencia, alegó que debe ser objeto de revisión en esta sede extraordinaria el capítulo de la sentencia recurrida dedicado a la individualización de la pena fijada, en razón de la aducida errónea aplicación de la ley sustantiva (conf. arts. 40 y 41, Cód. cit.) y por haberse incurrido en una absurda valoración de los elementos de prueba referidos a las circunstancias atenuantes y agravantes tenidas en consideración.
Señaló que en la audiencia de debate la defensa técnica requirió que se compute con cariz atenuante de la pena la circunstancia vinculada con "la falta de antecedentes" del imputado y que tanto el tribunal de origen como luego la Casación no la tuvieron en cuenta en tal carácter, no obstante dar por acreditado ese extremo. Entendió, además, que las pautas atenuantes —por poco que sea— debieron disminuir en mayor medida la sanción impuesta y que se ponderaron agravantes que no debieron ser computadas.
Concluyó, entonces, que el tribunal intermedio aplicó erróneamente la referida ley sustantiva al no haberse computado las pautas atenuantes solicitadas y descartarse las agravantes no probadas (arts. 40 y 41, Cód. cit.), razón por la cual solicitó casar la sentencia, modificar —anulando— la significación jurídica del hecho enjuiciado de abuso con acceso carnal y, una vez determinada la nueva calificación, disminuir la sanción penal descartando las agravantes erróneamente aplicadas y teniendo en consideración las atenuantes inobservadas.
III. El señor Procurador General propició el rechazo del recurso (v. dictamen en soporte digital de 11-IX-2023). Coincido con él.
IV. El recurso extraordinario de inaplicabilidad es manifiestamente insuficiente (conf. art. 495, CPP).
IV.1. El Tribunal de Casación Penal, el día 17 de abril de 2023, rechazó por improcedente el recurso articulado por la defensa particular de Flores contra la condena de primera instancia, conforme se hiciera referencia en los antecedentes del caso.
IV.1.a. En primer término, descartó el agravio dirigido contra la acreditación de la exteriorización material del hecho —acceso carnal— y la autoría responsable asignada a Flores por considerarlo insuficientemente formulado. En tal sentido, afirmó que el planteo era una reedición de la tesis postulada en el debate que fue debidamente abordada y descartada por el tribunal originario y resaltó que, aun haciendo el máximo esfuerzo revisor posible, dichos extremos emergían correctamente demostrados a partir de la ponderación conjunta de los elementos probatorios analizados a lo largo del veredicto.
Recordó que el sentenciante de origen tuvo por probado en relación con la exteriorización material del hecho que "...durante el año 2015 en el interior del domicilio sito en calle [...] de Melchor Romero, La Plata, un sujeto de sexo masculino mayor de edad que residía en esa vivienda, junto a su pareja y la hija de ésta M.B.L. —quien al momento contaba con 12 años de edad y posee un retraso madurativo moderado—, aprovechando la situación de convivencia preexistente con la misma, abusó sexualmente de la niña, accediéndola carnalmente".
Destacó que tal plataforma fáctica fue sostenida por el sentenciante de mérito mediante la apreciación de la prueba producida en la inmediación y la incorporada por lectura en el debate. Así, destacó como elementos de prueba que fueron valorados dentro del primer grupo: la declaración de la víctima, la de su madre —Celia Rosario Leiva—, la de la perito médica de policía —Natalia Elizabeth Pomares— y la de la maestra de la niña —Gabriela Andrea Massan—; mientras que en el segundo grupo de las probanzas reunidas resaltó: el certificado de discapacidad referido a la damnificada, el informe médico practicado a la niña víctima por la doctora Pomares, la pericia psicológica de la joven llevada a cabo por el licenciado Gustavo Martínez Carrizo, el acta y la declaración de la víctima en Cámara Gesell y el informe social confeccionado por la licenciada Silvia Marisa Zuluaga (v. pto. III de sent. digital de Casación).
Luego de efectuar una reseña del contenido de las declaraciones expuestas por la víctima, su madre, la perito médica y la maestra de la niña, el tribunal revisor señaló que "...la prueba en que el [tribunal oral] sustenta la convicción de ocurrencia de los extremos cuestionados, fue adecuadamente considerada y reflexionada en oportunidad de plasmar el razonamiento que lo llevó a concluir por su concurrencia afirmativa, con respeto debido de las reglas de la sana crítica (arts. 106, 371, 373 y ccdtes. del CPP)". En concreto, fundó tal aserto en que "...fueron abordados los planteos críticos que la defensa dirigió contra la testimonial de [la víctima] —y que ahora reitera—, concluyendo el juzgador [de origen] por su credibilidad, en el marco de un sincero y concreto relato de lo sucedido, en el que los detalles dieron coherencia y verosimilitud a su exposición; a la vez que halló correlato en los dichos de su madre y lo expuesto a la perito médica, así como a su maestra, quienes también se expresaron en el debate".
Seguidamente, se refirió a la complejidad de los hechos denunciados y la carencia de testigos presenciales distintos a la víctima y a la persona que cometió el comportamiento enjuiciado, resaltando la declaración de la primera como aquella de singular trascendencia y descartó, con anclaje en disposiciones del actual proceso penal bonaerense y en precedentes jurisprudenciales de esa Sala, la postura esbozada por la defensa en cuanto a la imposibilidad de apreciar los dichos de un testigo único.
Es así que consideró en orden a la materialidad ilícita —capítulo de la decisión condenatoria cuya acreditación había objetado la parte— que "...de las declaraciones de su madre, de la profesional médica interviniente y de su maestra, surge que [la damnificada] realizó señalamientos acerca de los hechos de abuso y su autor, que muestran correspondencia y correlación con lo depuesto en juicio".
Señaló que la defensa no había logrado desvirtuar la conclusión del tribunal de la instancia basada en el análisis del conjunto de prueba producido y reunido en la causa, en la medida que ese órgano sostuvo que tal complejo probatorio fue de cargo y ofrecido por la parte acusadora, habiendo ejercido la defensa el debido contralor de su producción —sin presentar probanzas propias— y basado su estrategia defensiva en restar credibilidad al testimonio de la víctima.
Resaltó que en la sentencia de origen se había destacado la credibilidad de las manifestaciones vertidas por la joven víctima, toda vez que "...a la par de sostener su versión en el tiempo, y ante diversas personas; las mismas fueron acompañadas de impacto afectivo y vergüenza, y frente al interrogatorio y contrainterrogatorio concretados en el debate, a la par de ser espontáneas, también guardaron coherencia y fueron pormenorizadas", y consideró asimismo que "...la precisión y el detalle brindados resultan compatibles con lo expuesto como sucedido —secuencia, haber sentido dolor—, y dieron cuenta de haberse vivenciado dicha experiencia y de la sinceridad de su relato".
Descartó también las argumentaciones de la defensa sobre ciertos aspectos que la víctima no habría manifestado, así como que su versión no habría tenido corroboración médica. En ese orden de ideas, el tribunal revisor advirtió que "...no aparecen conducentes las objeciones dirigidas contra lo expuesto por M. por no detallar qué día fue el hecho o que su conducta durante casi un año posterior al supuesto hecho, no demostrara haberlo sufrido. No sólo por no restar relevancia ni credibilidad a la exposición analizada, sino —además—, porque afincan en datos no determinantes de lo pretendido por la parte: estar por la inexistencia del hecho".
En relación con los cuestionamientos efectuados respecto de la declaración de la maestra de la niña —en tanto aquella expuso que no detectó cambios de carácter o rendimiento escolar (sí los señaló en ocasión de darse una clase en la que la joven le contó lo que sucedía, así como también los apreció la madre)—, el tribunal casatorio aseveró que ese planteo recursivo trasluciría "...un estereotipo, el de buena víctima, pareciendo adjudicarse a M. no serlo, por no ajustarse su conducta posterior a lo 'esperable' de ésta".
Por lo que, para el tribunal revisor, las referidas críticas vertidas por la defensa eran inconducentes para arribar a la conclusión de inexistencia del hecho, y destacó —en función de los restantes elementos probatorios de los que hizo mención— que la ponderación llevada a cabo por el juzgador de origen en torno a lo referido y detectado en la pericia médica practicada por la doctora Pomares —quien constató que la joven posee retraso madurativo y que le manifestó haber sufrido penetración anal por parte de Flores, que no usó preservativo ni eyaculó— y las declaraciones prestadas tanto por la joven como por su madre, no aparecía apartada de la lógica, ni la parte lograba aportar con su crítica aspecto o rasgo alguno que permita entenderla defectuosa.
Entendió que los elementos de prueba de cargo apreciados en su conjunto y, de tal modo, los extremos fácticos tenidos por acreditados en torno a la existencia del hecho y la participación responsable —en calidad de autor— del encausado Flores, aparecían adecuados a fin de afirmar una relación de pertenencia en función de la condena dispuesta, sin que los pretensos defectos expuestos por la defensa logren desvirtuar la conclusión del tribunal de mérito.
En ese marco, expresó que lo merituado en la instancia de origen "...ha sido la secuencia de datos e indicios relevados a partir de las manifestaciones de los deponentes y el conjunto ponderado y, en particular, los expuestos por la parte fueron tenidos presentes por el [tribunal de origen] y analizados a la luz del principio de unidad de la prueba (arts. 1, 209 y 210 del CPP)", y desestimó —por su falta de razón— el cuestionamiento de la parte por el que entendió que el fallo de mérito no habría abordado de modo adecuado el agravio sobre la ponderación de la declaración testimonial de la víctima.
Igual solución propuso respecto de la invocación de la duda beneficiante, pues —a su entender— se encontraba enlazada a la procedencia del tramo de agravio que había descartado, sin observar "...la existencia de hesitación alguna que haya llevado al Sentenciante a afirmar indebidamente la exteriorización del hecho y la autoría del imputado que se tuvieran por ciertos en las cuestiones respectivas del veredicto, que pudiera evidenciar la inobservancia del art. 1° del CPP".
IV.1.b. A continuación, desechó la mutación a la calificación legal del evento en trato propiciada por la defensa de Flores al sostener que —en el caso— no se advirtió falla en ese tramo del pronunciamiento, en tanto consideró que el juzgador originario había sustentado la configuración del acceso carnal y la imputación acorde a los elementos probatorios que habían sido mencionados, por lo que desechó la ausencia de prueba sobre el punto alegada por la parte o que el tribunal de condena —apartándose de su rol de tercero imparcial— supliera la carga probatoria que atañe a la acusación.
Resaltó que, por fuera de hallarse acreditado el extremo reclamado mediante la declaración de la víctima y lo expresado por la médica Pomares, se complementó con los dichos de la madre de la niña y sin prueba en contra
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.