Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 139822
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 139.822-RC, "Miani, Ramiro Nicolás. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley en causa N° 115.979 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Mancini.
De las actuaciones digitalizadas se desprende que el Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Morón, el 23 de diciembre de 2021 condenó —mediante juicio abreviado— a Ramiro Nicolás Miani a la pena de cuatro años y tres meses de prisión, más multa de ciento treinta y cinco mil pesos ($135.000), accesorias legales y costas, por resultar autor responsable de comercialización de estupefacientes en dosis fraccionadas destinadas al consumo y portación ilegal de arma de guerra —dos hechos— en concurso real (v. archivo digital "02.pdf" en escrito de 17-II-2022).
La defensa oficial de Miani interpuso un recurso de casación y la Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 15 de mayo de 2023, declaró de oficio la nulidad parcial de la condena respecto de dos hechos de portación ilegal de arma de guerra, y devolvió las actuaciones al tribunal criminal para que actúe de conformidad con lo establecido en los arts. 17, 30 y 31 del Código Procesal Penal. Por otra parte, ratificó la sentencia en cuanto condenó a Miani como autor responsable del delito de comercialización de estupefacientes, estableciendo la pena en cuatro años de prisión y ciento treinta y cinco mil pesos de multa, accesorias legales y costas de primera instancia.
Frente a lo así resuelto, el señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación digital de 26-VI-2023), que fue declarado admisible mediante resolución de 25 de agosto de 2023.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 1-VIII-2024), dictada la providencia de autos el día 26 de septiembre de 2024 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso de inaplicabilidad de ley fue concedido a los efectos de abordar la denuncia de vulneración al debido proceso, defensa en juicio y la prohibición de múltiple persecución penal y reformatio in pejus, adicionando la tacha de arbitrariedad y la violación al principio de preclusión y la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijada en los precedentes "Sandoval" y "Alvarado". En ese marco será tratado.
II. En primer lugar el recurrente sostuvo que la sentencia de Casación era arbitraria, transgredió el debido proceso al afectar los principios de preclusión y progresividad, y la defensa en juicio en el marco del derecho al recurso y la prohibición del ne bis in idem (con cita de los arts. 1, 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1, 8.2 "h" y 8.4, CADH y 14.1, 14.5 y 14.7, PIDCP).
A su vez, alegó el apartamiento injustificado de la doctrina de la Corte federal sentada en las causas "Sandoval" y "Alvarado".
En su desarrollo explicó que Casación, al declarar la nulidad parcial del pronunciamiento de condena respecto de dos hechos de portación ilegal de arma de guerra y devolver las actuaciones para que, de conformidad con lo establecido por los arts. 17, 30 y 31 del Código Procesal Penal, se realice por los indicados hechos, un nuevo juicio en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires exorbitó el marco de la revisión amplia de la condena.
Argumentó que el procedimiento de juicio abreviado había sido llevado a cabo sin vulnerar ninguna garantía constitucional, al igual que el veredicto condenatorio recaído, el que a su vez fue consentido por el Ministerio Público Fiscal, quedando con el avance del proceso subsanada la competencia territorial, por lo que la nulidad resultaba extemporánea e injustificada.
Afirmó que el proceder casatorio resultó excesivo, por fuera de los supuestos legales del art. 461 del Código Procesal Penal, e imposibilitó dar curso al juicio de reenvío pues, en rigor, la decisión adoptada implicó retrotraer el trámite a etapas anteriores válidamente superadas.
A ello sumó que el eventual nuevo juicio en otra jurisdicción concedería a la acusación una nueva oportunidad para perseguir penalmente a Miani, a pesar de que su asistido ya había soportado un procedimiento que culminó con una condena que no fue impugnada por la acusación. Estimó que ello era contrario al principio de preclusión de los actos procesales y violentaba la garantía del ne bis in idem.
III. En segundo lugar, denunció -en subsidio- la transgresión del debido proceso y el derecho de defensa en juicio por violación a la reformatio in pejus.
Luego de referirse al alcance del juicio de reenvío en los términos del precedente "Olmos" de la Corte federal, hizo notar que más allá de que Casación redujo la pena de prisión de su asistido en tres meses, la situación de Miani se verá empeorada producto del único recurso de su parte.
Explicó que en el nuevo juzgamiento podría arribarse a una pena de tres o de dos años de prisión —en la hipótesis de que se adoptase la calificación legal más benigna de tenencia de arma de guerra pretendida por esa defensa—. Sin embargo, una vez que se proceda a la necesaria construcción de la pena total en los términos del art. 58 del Código Penal, Miani corre el riesgo de ser condenado a seis o siete años de prisión.
Por lo tanto, concluyó que, sin mediar impugnación fiscal e ignorando la cosa juzgada parcial, Casación dispuso un juicio de reenvío en violación de los límites constitucionales de la prohibición de la reformatio in pejus y de la doctrina "Olmos". Por todo ello solicitó que se deje sin efecto la resolución impugnada y se dicte o se mande a dictar una nueva decisión conforme a derecho.
IV. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso interpuesto (v. dictamen digital de 1-VIII-2024).
V. A fin de un mejor entendimiento de lo acontecido, expondré una breve reseña de ciertos pasos procesales del caso.
V.1. Esta causa se originó a partir de una denuncia anónima que indicaba que varios hombres y mujeres comercializaban estupefacientes en una plaza de la localidad y partido de Ituzaingó. A partir de ese dato, los investigadores de la policía bonaerense de la Delegación de Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de Pilar, bajo la coordinación de la Unidad Funcional de Investigación y Juicio n° 9 de Morón, realizaron tareas investigativas que llevaron a determinar —en lo que aquí interesa— que uno de los sospechosos de participar de esas ventas de droga al menudeo, era Ramiro Miani.
La investigación determinó que este se domiciliaba en Villa Devoto, ciudad de Buenos Aires, donde presumiblemente fraccionaba y también comercializaba estupefacientes.
Según surge del expediente digital, los investigadores se trasladaron asiduamente al radio de la jurisdicción porteña para poder llevar a cabo las tareas investigativas. Como consecuencia de ello, el 13 de febrero de 2019, el juez de garantías interviniente ordenó el allanamiento en el domicilio de Miani, ubicado en la calle Suipacha 774, piso 13, departamento "D" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde, además de la incautación de material estupefaciente, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la investigación, se secuestraron dos armas de fuego cargadas: una pistola calibre 9 mm. marca Bersa TPR (con el número de serie suprimido), y un revolver calibre 38 marca Colt, serie 794908.
Finalizada la investigación y elevada la causa a juicio, lo concreto es que Miani, junto a su defensora oficial, acordaron con la fiscalía un juicio abreviado por los hechos imputados, que quedaron calificados como comercialización de estupefacientes en dosis fraccionadas directamente al consumidor y portación ilegal de arma de fuego de guerra —dos hechos—, en concurso real entre sí.
Como surge de los antecedentes ya relatados, el Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Morón, el día 23 de diciembre de 2021, admitió el acuerdo y condenó a Ramiro Nicolás Miani a la pena de cuatro años y tres meses de prisión, accesorias legales, costas y multa de ciento treinta y cinco mil pesos ($135.000), como autor de los delitos de comercialización de estupefacientes en dosis fraccionadas destinadas directamente a los consumidores y portación ilegal de arma de fuego de guerra —dos hechos—, en concurso real entre sí, hechos ocurridos al menos entre los días 14 de agosto de 2018 y 13 de febrero de 2019 en las localidades de Merlo, Morón e Ituzaingó de la Provincia de Buenos Aires, como así también en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y entre los días 20 de enero de 2019 y el 13 de febrero de 2019 en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en perjuicio de la salud y la seguridad públicas.
V.2. Contra esa condena, la señora defensora oficial del nombrado doctora Juliana Oliva, interpuso un recurso de casación en el que solicitó la absolución respecto de los dos hechos de portación ilegal de arma de guerra en razón de que el juez, únicamente habría considerado como elemento de convicción para la condena, el acta de allanamiento y secuestro. En subsidio, solicitó un cambio de calificación legal alegando que no se había acreditado que las armas —cargadas y aptas para el disparo— hubiesen sido llevadas por el imputado, requiriendo en consecuencia, la recalificación de los hechos en los términos de tenencia ilegal de arma de fuego.
V.3. A su turno, la Sala III del Tribunal de Casación Penal, a través del voto inaugural del señor juez Violini, abordó el cuestionamiento, y si bien compartió con los sentenciantes de mérito que el domicilio donde se incautaran las armas era utilizado por el recurrente para comercializar sustancias estupefacientes, indicó que le asistía razón a la defensa en cuanto a que no se había acreditado que su defendido —ni nadie—, hubiera efectivamente portado las armas cargadas que allí fueran secuestradas.
En función de ello, estimó que la conducta materia de reproche debía recalificarse en los términos del art. 189 bis, inc. 2, segundo párrafo, del Código Penal, tal como lo había solicitado en subsidio la defensa.
Luego, consideró correctas las pautas de mensura valoradas y que arribaban firmes y afirmó que el cambio de calificación no implicaba necesariamente una reducción del monto punitivo acordado, el que estimó ajustado a derecho y por ello lo mantuvo.
Por su parte, el doctor Borinsky —en lo que interesa— propició anular parcialmente el veredicto y la sentencia en lo referido a los delitos contra la seguridad común, pues tuvieron lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por tal motivo, propuso —respecto a los dos hechos calificados en la instancia como portación ilegal de arma de guerra— devolver los autos al tribunal de origen para que actúe de conformidad con lo establecido en los arts. 17, 30 y 31 del Código de rito. Finalmente, apreció justo condenar a Ramiro Nicolás Miani a la pena de cuatro años de prisión y ciento treinta y cinco mil pesos de multa, accesorias legales y costas de primera instancia, como autor del delito remanente de comercialización de estupefacientes.
Llamado a dirimir la cuestión, el juez Maidana, adhirió a la solución propuesta por el doctor Borinsky.
VI. El recurso procede (art. 496, CPP). Desde mi punto de vista, las denuncias de afectación a las garantías ne bis in idem y prohibición de reformatio in pejus, se encuentran enlazadas de tal modo que me llevan a modificar el orden de prelación propuesto por el recurrente.
VI.1. Comienzo por la presunta conculcación de la prohibición de la garantía que protege contra la reformatio in pejus pues corresponde analizar, antes que nada, si hubo una actuación del órgano revisor que, por fuera de la competencia apelada haya perjudicado o perjudique al imputado, único impugnante del caso.
En este punto, más allá del acierto o error en cuanto a la competencia territorial actuada en el caso, lo cierto es que la mayoría del Tribunal de Casación carecía de jurisdicción para pronunciarse sobre un tema que no le había sido planteado por la señora defensora oficial del imputado.
En efecto, la recurrente habilitó la intervención del órgano revisor a los fines de que este evaluara si el juez de la instancia había fundamentado debidamente o no la condena por portación ilegal de arma y —en subsidio— si cabía la modificación de esa calificación legal.
En su lugar, la mayoría del Tribunal de Casación anuló parte de la condena y devolvió las actuaciones al Tribunal de Morón para que decline su competencia en favor de los órganos judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con ese obrar forzó a Miani a enfrentarse con un nuevo juicio ante otra jurisdicción y por los mismos hechos por los cuales había recibido una condena consentida por el Ministerio Público Fiscal.
Entonces, la violación de la garantía que prohíbe la reformatio in pejus se verifica cuando, el órgano revisor propició una anulación parcial del fallo que en definitiva colocó al procesado —único impugnante— en un escenario más gravoso del que tenía antes de recurrir (conf. mi voto en causas P. 115.904, "Albarenque", sent. de 13-VII-2016 y P. 130.934, "Prette", sent. de 29-XII-2020).
Es que, aun cuando la eventual sentencia que resulte del juicio de reenvío —que necesariamente debería luego unificarse con la que mantuvo en pie Casación— t enga como límite, la pena de cuatro años y tres meses de prisión consentida por el Ministerio Público Fiscal (conf. doctr. "Olmos", Fallos: 329:1447); la circunstancia de obligarlo a transitar nuevamente por un juicio que ninguna de las partes requirió respecto de los mismos hechos, cuando no mediaba recurso del acusador, empeoró de manera actual y efectiva la situación que había obtenido el acusado merced al pronunciamiento anterior (conf. doctr. causa CSJN "Albarenque, Claudio Darío s/causa nº 115904", sent. de 19-V-2015 y de Fallos: 344:2459).
VI.2. En segundo lugar, como dije, este agravamiento de la situación procesal de Miani se encuentra íntimamente imbricado con la restante garantía que la defensa adujo vulnerada: el ne bis in idem.
Ciertamente, la decisión que, con fundamento en el respeto por las reglas de competencia territorial, impone al condenado Miani transitar un nuevo proceso ante la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por hechos por los que ya había sido juzgado y condenado en la jurisdicción provincial sin impugnación de la acusación, se ve alcanzado por la prohibición de la múltiple persecución penal.
Al respecto corresponde recordar que esta Suprema Corte ha tenido oportunidad de explicar el rendimiento amplio que la propia Corte federal le ha otorgado a la garantía del ne bis in idem.
En efecto, frente a la tensión que presentan los principios procesales de progresividad y preclusión (v. voto del doctor Soria en causa P. 123.902, sent. de 4-V-2016) hemos concluido que lo que la Corte Suprema ha vedado es la renovación de actos del proceso justamente cuando la declaración de nulidad reposa en "consideraciones rituales insuficientes" o "al respeto exagerado de formas procesales que sólo traducen un rigorismo ritual injustificado" (doctr. in re "García", CSJN Fallos: 305:1701, cons. 3°) y no los supuestos en que las nulidades responden al quebrantamiento de las formas sustanciales del juicio, tal como lo sostuvo al decidir los casos "García", "Weissbrod", "Verbeke" y "Frades" (CSJN Fallos: 312:2434).
VI.3. Así conceptualizado el alcance de la garantía, del examen del expediente surge que delitos reprochados a Miani por el Ministerio Público Fiscal como portación ilegal de armas, tuvieron lugar exclusivamente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dato conocido por todas las partes desde el inicio de la investigación. Sin embargo, ni durante la investigación penal preparatoria ni durante la etapa de juicio, los jueces que intervinieron se declararon incompetentes ni fue planteada la excepción de competencia territorial a su respecto.
De este modo, el caso arribó hasta la etapa de definición y obtuvo una condena que, para el Ministerio Público Fiscal pasó en autoridad de cosa juzgada.
VI.4. Es sabido que, el órgano que advierte una actividad procesal defectuosa, como paso previo debe tener presente cuál sería —dado el contexto del caso—, la garantía o derecho que la formalidad incumplida intenta proteger, y de qué modo la inobservancia de aquella formalidad perjudicó derechos o garantías de los interesados.
Esta tarea no fue desarrollada por el Tribunal de Casación que, en las condiciones aludidas, enarboló como único fundamento de la anulación, la inobservancia de la competencia territorial. Por esta razón, barrió con el veredicto, la sentencia y los actos procesales previos de esa etapa (no así los actos de la investigación, conf. art. 31, CPP), actos que habían sido convalidados por los sujetos procesales intervinientes (aceptación de competencia, integración y citación a juicio del tribunal; ofrecimientos de prueba; pacto de juicio abreviado; e.o.).
Si bien es cierto que las normas que regulan la competencia son de orden público, y que la competencia por razón del territorio (ratione loci; forum delicti comissi) obliga al juzgamiento en el lugar y bajo la ley de donde se comete el delito; también lo es que la Corte Suprema tiene dicho que sin perjuicio del carácter de orden público de aquellas, la misma condición tienen los preceptos legales establecidos en pos de la pronta conclusión de los litigios, en tanto no se contrapongan a principios de rango superior (Fallos: 343:473).
Se suma a ello que las decisiones sobre contiendas de competencia deben atender a los principios de economía procesal y del buen servicio de justicia (Fallos: 271:121; 311:1473; 318:2590; 319:913 y 322:589; e.o.). Análogamente, nuestro Código establece que el órgano judicial "que deba resolver las cuestiones de competencia tendrá en cuenta la mejor y más pronta administración de justicia" (conf. art. 33, CPP), y en tal sentido, el art. 37 fija como límite para el tratamiento de dichas cuestiones "hasta antes de fijada la audiencia para el debate".
Finalmente, no debe olvidarse que las reglas de competencia se vinculan con la garantía de juez natural, sin que, como se dijo, ninguna de las partes, desde el inicio de la investigación, cuestionara la aludida garantía.
Tal como lo ha señalado la Corte federal "la garantía del debido proceso en la que se integra el juez natural determinado por las normas sobre competencia, ha sido consagrada fundamentalmente en favor del acusado, por lo que no es válido recurrir al argumento de la incompetencia para adoptar una decisión que importe someterlo nuevamente a juicio (confr. doctrina de Fallos: 234:786 y 240:456), temperamento éste que lesiona el fundamento garantizador -como tal de raigambre constitucional- que ha inspirado la consagración legislativa de ciertos pilares básicos del ordenamiento penal, entre los cuales se encuentra el principio del non bis in ídem, admitido ya en el caso de Fallos: 272:188" (conf. "Polak", Fallos: 321:2826; el destacado me pertenece).
Consecuentemente, de acuerdo con lo expuesto queda en evidencia que la decisión del Tribunal de Casación Penal que al anular parcialmente —sin fundamento suficiente— la sentencia de condena consentida por el Ministerio Público Fiscal y ordenar el reenvío para que —declinatoria de competencia mediante— se realice un nuevo juicio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incurrió en una vulneración del ne bis in idem
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.